El ex-ministro de Economía del gobierno aprista, Luis Carranza, se ha expresado en contra del aumento de la remuneración mínima vital que ha oficializado el gobierno de Humala:
Nuestra historia y la historia reciente nos muestra cómo aumentos salariales que no están sustentados en la productividad llevan inexorablemente al fracaso.
Sobre esta declaración hay unas cuantas consideraciones que cabe hacer. En primer lugar, que no es ajeno este asunto a la acusación constitucional que el Congreso de la República ha planteado contra el ex-ministro. En dicha acusación se estima que Carranza no ofreció una justificación aceptable para no cumplir con la Ley 19264 que disponía reestructurar la deuda agraria a favor de los agricultores. En efecto, el ex-ministro no acató un mandato del Poder Legislativo y debía ser acusado, pero se equivoca el presidente del Congreso al afirmar que Carranza no aplicó la Ley por capricho. Se equivoca porque apela al subjetivismo, que es una explicación causal muy fácil, habiendo en realidad una razón ideológica que es perfectamente posible describir. Cuando Carranza se justificó diciendo que no había presupuesto, daba una razón económica para un asunto que no podía reducirse a la esfera económica. En todo caso, le correspondía al Ejecutivo observar la Ley, pero no el incumplimiento sin más por parte de un funcionario que cree que las razones políticas están sometidas a las económicas. Ese, sin embargo, es el núcleo ideológico de Carranza. Por lo demás, como ha señalado el presidente del Congreso, la Ley preveía la situación considerando que era posible utilizar bonos del Estado, de modo que incluso en el terreno económico incurría el ex-ministro en un reduccionismo simplista.
Lo mismo sucede con las declaraciones de Carranza sobre el anuncio presidencial de aumentar el salario básico. Afirma que dicho aumento no es responsable porque no se basa en un aumento de la productividad. Eso, tomado como idea abstracta, es algo incuestionable (a eso se aferran los defensores de Carranza), pero la realidad es más compleja y finalmente distinta. Para empezar, porque desatiende que el crecimiento de la productividad, si no se condice con un mejor salario, también lleva al fracaso. No presta atención a esto último porque, aun habiendo sido ministro de Estado, reduce lo político a lo económico y todo lo económico a lo macroeconómico. No es que ello esté mal por sí mismo; al contrario, es incluso necesario que así sea, pues se trata de un técnico formado para cumplir sus funciones desde una perspectiva reducida, pero sus declaraciones deben ser tomadas así, no como un discurso mesiánico sino como declaraciones limitadas y ciertamente no desinteresadas o neutras. Por lo mismo sus acciones en el Estado debían ser controladas desde una perspectiva más amplia, que es la del político (sobre todo en una democracia) y no la del mismo técnico. Lo que sucede es que el economista está habituado a la abstracción matemática, elabora sus leyes con igual procedimiento y, cuando vuelve a la realidad para aplicarlas, es la misma abstracción la que manda y restringe su mirada, incluso como si se tratase de una aplicación mecánica. En el caso de Carranza eso es tan evidente que ni siquiera tiene en cuenta otros aspectos también económicos, como que el monto del salario aumentado difícilmente alcanza para cubrir el consumo básico familiar, con lo cual la productividad se vuelve una mala excusa, y, sobre todo, que los aumentos salariales han estado estancados a pesar del crecimiento en la productividad nacional de los últimos diez a quince años. Véanse los siguientes gráficos:
Salario mínimo real. Fuente: CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011.
Tras lo dicho, ¿cómo evitar entonces que las cuestiones políticas se restrinjan a lo económico? Michael Walzer sostiene que el liberalismo debe corregirse desde su propia tradición, en la que se demandó la distinción de esferas con el objetivo de que una no invada los fueros de la otra; por ejemplo, la religión en la política, así como ahora lo hace la economía. Por ello se refiere al liberalismo como un «arte de la separación» que vale la pena rescatar. Creo, sin embargo, que Walzer comete dos grandes errores: (1) Su diagnóstico de la situación actual parte de un enfoque parcialmente incorrecto. (2) La solución que propone basándose en la tradición liberal omite un componente que es, a mi juicio, el indispensable. Me explico brevemente, con cargo a desarrollarlo con detenimiento en otra ocasión.
(1) Walzer cree que lo que se necesita es, por decirlo así, una radicalización del «arte de la separación» del liberalismo porque considera que las transgresiones actuales entre unas y otras esferas son un rezago de los viejos autoritarismos y sus pretensiones totalitarias. Razón no le falta respecto a algunas instituciones y actitudes de cuño premoderno que subsisten en nuestros días; sin embargo, eso no explica suficientemente la actual confusión de esferas ni garantiza una solución que no sea igualmente unilateral. Frente a ello, es posible otra mirada: las confusiones actuales son en gran medida, incluso en casos de instituciones pre-liberales subsistentes, no la falta de liberalismo, sino un efecto coherente del mismo. Era razonable que, en aras del libre intercambio, los límites en todos los ámbitos se fueran haciendo cada vez menos sólidos, como viene pasando. Es un error, por lo tanto, considerar la influencia de una esfera en otra (de las creencias religiosas en la política, por ejemplo) como una persistencia del Ancien Régime. De hecho, así como Tocqueville vio que el componente religioso era nuclear en la democracia norteamericana, hoy en día Habermas cree que las opiniones religiosas pueden tener un lugar legítimo en las deliberaciones públicas. Por eso no debe tampoco sorprendernos que la misma tradición liberal encuentre que algunas de sus sólidas distinciones no están ya justificadas, como el laicismo en entidades públicas, que colisiona con la libertad religiosa que está constitucionalmente protegida. El constitucionalismo contemporáneo, en efecto, supone un cruce a través de todas las esferas de la vida jurídica, incluso de aquellas que se comprendían dentro de la intocable esfera privada. Por otro lado, desde la epistemología actual, cada vez tenemos más razones para relativizar las divisiones que fueron un recurso necesario de la modernidad para evitar excesos, pero que hoy es necesario evaluar a la luz de las continuidades de la conciencia. Habría que reconocer, pues, que es el propio proceso liberal el que nos ha conducido más cerca de las burbujas y la espuma de las que habla Sloterdijk que de las sólidas esferas en las que Walzer aún deposita su confianza. Walzer se encierra en un único aspecto de la historia del liberalismo y juzga que el proyecto liberal está en ese sentido inacabado, cuando en realidad ha tenido un curso entero que está él mismo poniendo de lado.
(2) Lo anterior no quiere decir que no hay que mantener ciertas distinciones fuertes, empezando por aquellas referidas a principios constitucionales; por ejemplo, que no se juzgue a alguien desde una moral religiosa. Pero si hay que volver a la tradición liberal, no es tanto para buscar las distinciones sólidas que fueron necesarias en un tiempo determinado, sino para saber distinguir en cada nueva circunstancia y sin necesidad de límites fuertes, relativizando toda pretensión desmesurada (aquella que olvide su falibilismo y que presente como necesario lo contingente o como fundamental lo accesorio) y haciendo que cada proposición esté enmarcada en su respectivo contexto o perspectiva. El liberalismo incluía este componente escéptico que me parece más oportuno actualmente porque significa poner el énfasis más en la formación de la conciencia, lo que es crucial para cuando las esferas se disuelven o sus límites se hacen poco claros. No hay que olvidar tampoco que las autonomías que tienen ciertas esferas son siempre sentidos constituidos. Esto no significa, como quieren los reaccionarios, que podemos suprimirlas sin más, sino que no debe tomárselas como principios absolutos. En ese sentido, la solución no pasa por colocar murallas chinas entre la economía y la política (o entre otras esferas), porque no puede evitarse que la primera influya fuertemente en la segunda, como lo advierten los estudiosos de la biopolítica, sino que hay que saber colocar esas influencias siempre en perspectiva y sólo desde sus propios sentidos hacer las críticas que corresponda.
Volviendo a Carranza, lo que hay que aclarar a quienes lo han defendido de la acusación constitucional por la razón de que «fue un buen ministro y debemos estar agradecidos con él», es que no pueden confundir así la generalidad de una consideración política propia de encuestas (esto es, de popularidad), con la particularidad de las normas y mandatos que deben ser necesariamente cumplidos en la gestión pública. Como bien dice la sabiduría popular, no hay que confundir papas con camotes.
Arturo Rivas
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