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Cuando la academia se encuentra con la “ideología” de género

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Un profesor universitario, con todo el saber que le ha dado la academia, escribe lo que sigue:
“Este es el famoso artículo publicado por la revista Jezabel en el que unas mujeres reconoce que le pegó a su novio pero que, además, él se lo merecía. La autora no lo presenta como un hecho dramático sino como algo gracioso. Hay mucha evidencia de cómo la violencia de una mujer contra un hombre es trivializada. Esta evidencia no me permite sin embargo inferir que las mujeres son misándricas y son intrínsicamente violentas. Es más bien evidencia de un hecho ya conocido por los psicólogos sociales: a los seres humanos nos gusta la violencia, es placentero ejercerla y la justificamos”.
No traigo a colación esto por los gazapos y horrores ortográficos y de redacción, lo cual es asunto aparte. Tampoco por la indignación que le genera la justificación y actitud celebratoria o frívola ante la violencia contra un hombre por parte de una mujer. Esa indignación la comparto. Lo que me llama la atención y me parece necesario comentar es la conclusión que, aceleradamente, deduce de ello. A saber: que no hay conexión entre violencia y rol de género. Siendo más específicos (porque a eso se dirige, en realidad): que la violencia contra la mujer por parte del hombre no se debe ni a misoginia ni a machismo. Y apela, abstractamente, a algo que habrían demostrado los psicólogos sociales, a los cuales él sí ha leído porque, claro está, él es un académico de polendas, con veinte años en el asunto: él sabe que sabe. Sin embargo, ¿realmente sabe? Veamos:
  1. El profesor dice que no puede “inferir” que las mujeres que creen que está bien violentar a los hombres y lo celebran sean misándricas. ¿Por qué no? No se lo pregunta, siquiera. Quizás quiera decir que no necesariamente tienen que serlo. Eso sería obvio, pero no toda inferencia tiene que ser un silogismo perfecto (a priori y universalmente válido). Hay mujeres que odian a los hombres y celebran a las maltratadoras, así como también hay hombres que odian que las mujeres gocen de la libertad e igualdad de derechos que ya tienen y las maltratan por ello. Tanto la misandria como la misoginia pueden tener que ver con la violencia entre hombres y mujeres. Un ejemplo claro es el de la infame “manada” en España: a todas luces, un grupo de misóginos y racistas. Se puede argumentar que no es la única razón, desde luego, pero considerar su pertinencia y su grado de relevancia es algo que sólo se puede evaluar en cada caso específico. En los términos generales en los que se maneja el profesor, no se puede ir más lejos de la mera probabilidad del vínculo, el cual sí existe.
  2. Yendo a lo más importante, el profesor dice que no puede afirmar que hombres o mujeres sean “intrínsicamente” (sic) violentos. Es curioso, aunque no sorprendente, que nuestros académicos postmodernos, en su pugna contra los esencialismos y los valores intrínsecos, terminen esencializando eso a lo que se oponen mucho más de lo que harían quienes hablan en términos naturalistas. Estos últimos muchas veces usan lo “intrínseco” como una mera hipótesis de trabajo, al modo de los filósofos modernos con su “estado de naturaleza”. Sin entrar a discusiones escolásticas sobre el ser y la esencia, la evidencia histórica muestra que el ser humano no ha podido eliminar la violencia, ni desde que se bajó del árbol, ni antes de ello, ni después de la Ilustración… Nunca. Aunque el mismo profesor diga -que lo dice- soñar con un mundo así, el único mundo sin violencia es el cementerio. Se cae de una forma u otra en ella y es incluso deseable que la haya, por ejemplo en la vida política de las naciones democráticas. El punto es que la violencia pueda ser controlada y que el ser humano desfogue sus temores, frustraciones, pasiones, etc., con formas de violencia que sean socialmente aceptables, como puede suceder con el arte, el deporte o el juego, o de formas menos violentas que otras. La misma evidencia histórica muestra que en los últimos tiempos el ser humano se ha hecho menos violento de lo que era antes; aunque no nos parezca por la cercanía con que juzgamos nuestra época. En todo caso, parece ser que no nos queda sino hacer como si la violencia nos fuese intrínseca, para luego hacernos conscientes de formas específicas en las que, tanto por cuestiones biológicas como por hábitos socioculturales, podemos hacernos más o menos violentos. Así podemos trabajar sobre ello: nunca desde una mirada totalizadora, sino atendiendo a las perspectivas y los matices de cada circunstancia. Y resulta que allí sí importa la diferencia de género. Por ejemplo, para los estudios (justamente de psicología social*) que evalúan la mayor tendencia de las mujeres a la cooperación y la mayor tendencia de los hombres a la competitividad; siendo esta última una mayor fuente de frustraciones y, por ende, de violencia. En ese sentido, es tan ridículo pretender atributos absolutos para todos los hombres, como lo es decir que, porque ello no es posible, no hay que tomar en cuenta las diferencias de género. Esto último es lo que hace quien afirma que él es hombre y no es violador o quien reclama a voz en cuello que “a los hombres también nos pegan”, como si con ello se trajese abajo la teoría y la agenda feministas. No lo hace. Sólo muestra su propia ridiculez. Revestir eso con cierta pompa académica no hace sino agravar el ridículo.
Una cosa es decir que detrás de la violencia del hombre contra la mujer no sólo hay machismo, sino también otras razones biológicas y culturales que en algunos casos son más determinantes (con lo cual se pide a cierto feminismo no ser simplista y juzgar todo como machismo sin mayor análisis de cada caso), y otra cosa muy distinta es afirmar que en la violencia contra la mujer no hay machismo ni misoginia algunos. Incluso en el Derecho, el problema con el delito de feminicidio no es que no existan hombres odiando la libertad y la igualdad que las mujeres ganaron no hace mucho. Basta con salir a una avenida limeña para ver cómo un hombre le mete el carro a una mujer que maneja con prudencia y le grita: “vete a cocinar”. Lo que se discute en el Derecho Penal es el medio de prueba que puede ser tenido por válido y si la tipificación es correcta o eficaz. Esto ya merece un análisis aparte, pero lo menciono porque, en la misma línea de negacionismo, el profesor en cuestión también afirma que no ve la necesidad de hablar de feminicidio. Negar la diferencia de género como un factor a tener en cuenta en la violencia contra la mujer y la necesidad de políticas especiales, no es sino ser miope y creer que se ve bien. Cómo estaremos de habituados al patriarcado católico en el Perú, que a algunos de nuestros académicos “progres” de la PUCP les cuesta tanto no ser ciprianistas, ¡incluso sin Cipriani!
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* Aun en la prensa (extranjera) se encuentra opiniones que, no por breves y un tanto ligeras, están tan mal formuladas. Hoy, 30 de abril de 2018, ha salido en El País de España un polémico artículo de opinión firmado por Víctor Lapuente y que lleva por título: “Por qué los hombres violamos”. El autor, evidentemente, no cae en la susodicha ridiculez de decir: “¡joder, que no todos, yo no!”, porque entiende el sentido de la generalización y en ese texto la explora (o más bien sugiere algunas líneas para hacerlo). No hay que estar de acuerdo en todo lo que él señala (es un tanto ligero su argumento cuantitativo y no aclara que lo biológico nunca es enteramente determinante), pero opiniones así son las que nos hacen falta para empezar a subir un poco el debate, aunque éste sea en las redes sociales.
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La represión policial y las restricciones al derecho constitucional de reunión

 

En las cuatro marchas que se han realizado contra el indulto a Alberto Fujimori y pidiendo la renuncia del presidente Kuczynski, incluyendo las del 24 y 25 de diciembre, la Policía Nacional ha tenido la orden de reprimir con gases lacrimógenos a los manifestantes que se hubiesen “desviado” de las rutas permitidas. La estrategia ha sido clara desde el inicio, pero se ha ido trasparentando cada vez más con el cierre de la Plaza San Martín (que ha sido centro de asambleas durante los últimos 50 años) y el corte de la electricidad en la Plaza Dos de Mayo durante la última manifestación. La represión del actual régimen, dirigida claramente desde la inteligencia del Estado (hay inclusive ciertos rumores que vinculan al entorno de la presidenta del Consejo de Ministros con el famoso asesor del fujimorato, recluido en la Base Naval), no sólo busca dispersar las manifestaciones, sino que está en el fondo orientada a generar divisiones entre los colectivos que las convocan, a provocar desánimo entre los asistentes y a invisibilizarlas lo más posible.

El peligroso comportamiento, que se está volviendo pan de cada día en este Gobierno y que requeriría la intervención inmediata del Defensor del Pueblo, es la de normalizar la represión policial para toda manifestación que no haya sido previamente permitida por la autoridad. De hecho, antes de cada marcha, se está instalando una suerte de mesa de negociación para acordar las rutas en las que la policía “puede ofrecer garantías”. Como si ella no estuviese obligada a ofrecer garantías siempre y de manera inmediata. Eso es absurdo e inconstitucional. Algunos colectivos han participado de esos acuerdos previos en aras de evitar enfrentamientos que desanimasen a los eventuales manifestantes, pero ni se han reducido las represiones, ni ello lo vuelve algo legítimo. Para aclarar esto, es necesario que evaluemos lo que dispone nuestro ordenamiento constitucional. Ya se está diciendo en las calles que el Tribunal Constitucional determinó que en el Perú no se requiere permiso previo para las protestas. Esto es cierto y está en el meollo del asunto, pero éste es más complejo que sólo eso.

Lo primero que hay que observar es que, en efecto, el derecho a la reunión en espacios públicos es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2º numeral 12 de nuestra Constitución. Este se basa en el reconocimiento de que cada persona, sea individual o colectivamente, debe poder participar activamente “en la vida política, económica, social y cultural de la Nación” (art. 2º num. 17). Garantizar esta exigencia es indispensable para un Estado democrático como el peruano (art. 43º), que debe contar con mecanismos de participación directa (art. 31º). En consecuencia, en su sentencia del expediente Nº 4677-2004 (PA/TC Lima), emitida el 7 de diciembre de 2005, el Tribunal Constitucional estableció que:

El hecho de que (…) el artículo 2º 12 de la Constitución exija un anuncio previo a la autoridad para realizar reuniones en plazas y vías públicas, puede llevar a la errónea impresión de que (…) es imprescindible la autorización previa de algún representante gubernativo, siendo, en consecuencia, un derecho mediatizado en su manifestación a la anticipada aquiescencia expresa de la autoridad pública.

Pues nada escapa de manera más evidente a la constitucional configuración del derecho sub examine. En efecto, el derecho de reunión es de eficacia inmediata y directa, de manera tal que no requiere de ningún tipo de autorización previa para su ejercicio (§8, 15 e).

No hay duda alguna: en varias partes de la sentencia, los magistrados insisten en que las reuniones colectivas en espacios públicos requieren que se informe a la autoridad con anticipación, pero de ningún modo ello puede entenderse como un pedido de permiso ni puede estar sujeto a autorización, lo cual mediatizaría un derecho que, por su carácter fundamental, tiene eficacia inmediata y directa. Huelga decir que la reunión que se considera y protege así es la que se realiza pacíficamente y sin armas. Ahora bien, la sentencia no concluye allí, sino que aborda las posibles restricciones. Desde luego que el derecho a la reunión debe tener ciertas restricciones, toda vez que, “como todo derecho fundamental, no es un derecho absoluto o ilimitado” (§9, 16) y que la propia Constitución establece que la autoridad puede prohibir las reuniones públicas “por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas” (art. 12 num. 2). El argumento de la sanidad tiene una naturaleza objetiva que lo hace menos problemático, pero el de la seguridad es usado con cierta frecuencia por las autoridades para encubrir como una facultad constitucional lo que es mero autoritarismo. Por ello, el mismo Tribunal proporcionó criterios que deben ser tenidos en cuenta. Ellos se pueden resumir en los siguientes puntos:

  1. El fundamento de toda posible restricción al derecho de reunión es, como en otros casos, armonizar su ejercicio con las eventuales restricciones que genere a otros derechos. Esto quiere decir que, si no se afecta a otro derecho, no hay justificación alguna para prohibir o restringir el derecho de reunión. Si se afecta el ejercicio de otro derecho, pero de modo tal que no lo impida, la autoridad debe buscar un equilibrio entre ambos. Es el caso, por ejemplo, cuando se le concede a una manifestación el cierre de un lado de una avenida, siempre que dejen el otro para el tránsito peatonal y vehicular. Los bloqueos de carreteras, por lo mismo, al cortar todo libre tránsito, hacen que esa reunión pueda ser legítimamente reprimida. Lo relevante aquí es que, para que la restricción a una reunión en una plaza o vía pública esté debidamente motivada, la autoridad debe señalar con claridad qué otros derechos concretos está protegiendo y por qué su medida es proporcional. Cabe recordar que la prohibición debe ser siempre la última ratio (§9.2, 18).
  2. En Resolución Defensorial Nº 039-DP-2000, la Defensoría del Pueblo ha observado que el “derecho de reunión y manifestación es esencial para la existencia de un Estado democrático, pues permite a las personas la libre expresión de sus ideas y opiniones, en especial de naturaleza política” (Considerando primero). Esta misma relación esencial es la razón por la que el derecho de reunión no puede ir en contra de la seguridad que requiere el Estado democrático. Dicha seguridad refiere tanto al orden público como a la seguridad nacional. En el caso de lo primero, que es lo más recurrente, se busca proteger especialmente a las personas y bienes. Por eso es importante que las manifestaciones no afecten monumentos o propiedades, para que no se justifique el uso de la fuerza policial. En cualquier caso, la policía debe hacer un uso puntual y mesurado de la fuerza, dirigido exclusivamente a lo que se debe proteger. En cuanto a la autoridad, si ella prohíbe o restringe el derecho de reunión por motivos de seguridad, es necesario que explique el tipo y dimensión de la inseguridad que se generaría, que muestre su relación causal directa con la reunión en cuestión, y que establezca la proporcionalidad entre la restricción y la probada magnitud de la inseguridad. Esto significa que debe guiarse por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que exige el artículo 200º de la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional demanda en su sentencia que “el derecho sólo se vea restringido por causas válidas, objetivas y razonables (principio de razonabilidad), y, en modo alguno, más allá de lo que resulte estrictamente necesario (principio de proporcionalidad)” (§9.2, 18).
  3. A ello se añade que las posibles restricciones no pueden ser generales para todo caso, sino que la autoridad está obligada a evaluarlas y justificarlas para cada caso en concreto. Por eso la sentencia estipulaba que no podía haber zonas restringidas permanentes, ni siquiera en el Centro Histórico de Lima, recordando que “fue el derecho de reunión ejercido, justamente, en el Centro Histórico de Lima, por quienes conocen la manifestación pacífica que le es inherente, el que, de la mano del resurgimiento de otros valores constitucionales, permitió derrocar las dictaduras, incluyendo la de la década pasada” (§10.2, 28).
  4. Siguiendo al constitucionalismo español, nuestro Tribunal Constitucional sostiene asimismo que la autoridad debe siempre buscar favorecer la libertad de reunión, en lugar de impedirla. Se trata del principio de favor libertatis. Eso significa que, en caso de duda sobre si una reunión podría traer efectos negativos para ciertos bienes o personas, es deber de la autoridad ofrecer las garantías para que ello no ocurra, pero actuando en favor del derecho de reunión. La prohibición, por lo tanto, debe ser última ratio. Y la mera posibilidad o sospecha de un efecto negativo no es condición suficiente para restringir este derecho. Por ello, no es una justificación válida para cerrar una plaza pública la sospecha o el temor de que puedan ser vulnerados los monumentos de la misma. Lo único procedente es que la policía se encuentre presente y arreste a aquel que efectivamente afecte a bienes o personas.

A partir de estos criterios y de los análisis que hacen los magistrados en la mencionada sentencia, se pueden extraer las siguientes consideraciones prácticas puntuales:

  1. La sentencia del TC avala la represión policial si no se informa con anticipación a la Prefectura cuáles serán los espacios públicos que ocupará la reunión (§12, 39). Por ello, los manifestantes están en la obligación (única) de informar todas las rutas de las marchas. Si un grupo quiere concentrarse previamente para partir, por ejemplo, de Miraflores, eso también debe ser informado. Así, además, se le quita legitimidad a una eventual represión.
  2. Hay que tener en cuenta que las marchas no pueden bloquear el libre tránsito, que es igualmente un derecho fundamental. Sin embargo, no se puede considerar que ello ocurra si se ocupa toda una calle o avenida pero el tránsito pueda desviarse por rutas alternas sin mayor problema. La sentencia del TC, además, es clara al señalar que el cierre temporal de las calles no es tan grave como prohibir el derecho de reunión: “la inevitable restricción a éste que una congregación llevada a cabo en una vía pública generará, en ningún caso, por si sola, podrá considerarse causa suficiente para prohibir el ejercicio del derecho de reunión” (§10.3, 30).
  3. Es importante que los manifestantes comprendan (y hagan comprender) dos cosas: (1) Aunque un muro sea menos importante que la justicia, el derecho de reunión no admite la afectación de bienes, no sólo del patrimonio cultural (monumentos), sino toda propiedad pública o privada. Se puede desfogar la ira arengando y de maneras creativas que no vayan contra otros derechos. De esa manera, se quita piso a la autoridad para que restrinja zonas y a la Policía para que reprima legítimamente. El “bacancito” que quiere dárselas de revolucionario por hacer pintas durante una manifestación, realmente no ayuda en nada. (2) La autoridad no puede de ninguna manera usar la mera posibilidad o sospecha de afectación de un bien como razón para restringir el tránsito u ocupación de una vía o plaza (§9.2, 18 de la sentencia del TC). A lo más, la Policía puede estar cerca a los bienes que podrían ser afectados y asumir una conducta vigilante.
  4. Ante la probabilidad de que se cierren nuevamente las plazas, con rejas como en la Plaza San Martín o con policías como en la Plaza Dos de Mayo, los manifestantes pueden presentar de manera preventiva una queja ante la Defensoría del Pueblo (por la amenaza al derecho fundamental de reunión), para que ésta realice una diligencia de inspección en las siguientes marchas. Asimismo, se puede presentar una demanda de Habeas Corpus innovativo contra la Municipalidad de Lima, el cual “debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aún cuando éste ya hubiera sido consumado” (García Belaúnde, Domingo, Constitución y política, Lima: Eddili, 1991, p. 148), con el fin de que no se repita.
  5. Es deber de la autoridad probar objetivamente, y siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la necesidad de cualquier restricción, evitando impedir o dificultar la reunión y más bien favoreciendo su desarrollo (principio de favor libertatis). Si no respeta estos principios y pone restricciones o condiciones arbitrarias o injustificadas, se puede presentar queja a la Defensoría del Pueblo y demanda constitucional de Habeas Corpus restringido o conexo para que sea el juez quien ordene a la autoridad abstenerse de impedir injustificadamente un derecho fundamental (y no para que “ordene otorgar el permiso”, como erróneamente dice en ocasiones la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, puesto que, como se ha dicho antes, no hay necesidad de permiso alguno).
  6. Si la Policía rechaza una ruta con el argumento de que “no puede ofrecer garantías” en ella (sin que haya causa objetiva alguna), habría que recordarles que el artículo 3º de la Ley Nº 27686, de conformidad con el artículo 166º de la Constitución, ha dispuesto que la Policía Nacional está obligada a garantizar el ejercicio del derecho constitucional de reunión. Si eso no es suficiente, correspondería, nuevamente, quejarse ante la Defensoría del Pueblo e interponer una demanda de Habeas Corpus preventivo, ya que ello estaría colocando en amenaza cierta e inminente a los manifestantes. Asimismo, el jefe de la ONAGI se hace pasible de denuncia según el artículo 167º del Código Penal, que establece pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36º, incisos 1, 2 y 3 del Código Penal, para el funcionario público que, abusando de su cargo, no autoriza, no garantiza, prohíbe o impide una reunión pública, lícitamente convocada (y recuérdese que el único requisito de licitud para una reunión es su fin pacífico). La Comisión de Constitución del Congreso, por su parte, debería convocar a dicha autoridad y al Ministro del Interior para que respondan por la afectación a este derecho constitucional esencial para la vida democrática de la Nación.
  7. En caso que otra autoridad impida la reunión, como ha sido el caso, en la última marcha, con el corte del alumbrado de la Plaza Dos de Mayo, efectuado por la Municipalidad de Lima (habiendo ENEL observado la normalidad del flujo eléctrico), se le aplica el mismo artículo 167º del Código Penal, además del delito de puesta en peligro. Tengo entendido que esta denuncia ya está realizándose.

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Quizás estas consideraciones puedan ayudar a los colectivos a asumir una postura más firme en la defensa del derecho de reunión, así como para que invoquen la protección de la Defensoría del Pueblo, el sistema jurídico y, eventualmente, de los organismos internacionales competentes.

Caral en venta. Lo tangible de lo intangible

Ruth Shady, la arqueóloga que descubrió las ruinas de Caral, denuncia no sólo el descuido sino también el incentivo estatal para que los vestigios de la ciudad más antigua de América queden al asecho de los traficantes de tierras e invasores:

Como se puede ver en los mapas y fotografías exhibidos, no se trata siquiera de las zonas de amortiguamiento, sino de las mismas zonas arqueológicas que son por ley patrimonio cultural de la Nación y, por ende, zonas intangibles. Lo grave es que esto proceda en parte con autorización del Ministerio de Agricultura, mientras que el Ministerio de Cultura hace mutis por el foro para ocuparse de asuntos obviamente más importantes, como la veloz aprobación de la construcción del “Cristo del Pacífico” o la denominación de cultural del así llamado “Parque de la Cultura” (que de cultural tiene menos que el parque de mi barrio).

Si recordamos los escándalos en que se vieron involucrados miembros y hasta dirigentes del partido aprista por tráfico de tierras, así como las declaraciones del Presidente según las cuales esas culturas primitivas han sido superadas por la ilustrada civilización occidental, no tiene por qué sorprender que se abandonen sus vestigios y que incluso se promueva el destrozo de ellos para producir en su lugar algo económicamente más tangible que el estudio de nuestro pasado. Sin embargo, más allá de la vergonzosa actuación del Estado en estos asuntos y de la inoperancia del ministro de Cultura en particular, creo que tenemos en general un serio problema con lo tangible y lo intangible.

Tangible (que se puede tocar o percibir de manera precisa) es para nosotros básicamente el dinero, al punto que lo sacralizamos con una lógica suprema y omniabarcante. Si incluso Juan Ossio, el ministro de Cultura, recién asumido su cargo, dio unas lamentables declaraciones en las que afirmaba que el objetivo primordial de su ministerio era demostrar que la cultura es rentable.

Intangibles (que no se pueden tocar) son por ley los restos de nuestro pasado precolombino; es decir que no deben ser alterados, invadidos ni mucho menos desaparecidos por ninguna persona, ni siquiera si se encontraran dentro de su propiedad. Pero en nuestra sociedad, determinada por lo útil, esa intangibilidad es poca cosa, un estorbo frente al otro sentido: el de no percibir con precisión su beneficio a no ser que sea una “mina” turística.

Lo curioso con Caral es que en los últimos años ha tenido por su antigüedad una buena difusión mundial y un moderado crecimiento en la cantidad de visitantes. Pero, incluso así, está en la difícil situación en la que se encuentra. Imagínese cómo no estarán otros lugares menos valorados. Si no sabemos valorar las fuentes de estudio de nuestro pasado, al menos el Estado debería garantizar su protección de una manera efectiva.

La ciudad de Caral, en un documental de la BBC de Londres.