Ni Una Menos

Cuando se dio la Ley contra el feminicidio, Martha Chávez dijo algo como que era ilógico tipificar de modo desigual lo que estaba ya cubierto por el homicidio calificado. En buena lógica, tenía razón. Sin embargo, las leyes no sólo deben seguir una coherencia teórica, sino que deben adecuarse a las necesidades y circunstancias de la sociedad sobre la que rigen, pudiendo también ser derogadas cuando cumplan su cometido. De allí la justificación de una ley como aquella: la circunstancia práctica (el alto índice de asesinatos de mujeres por sus parejas) demandaba un trato especial en el corpus penal.

Aparecieron luego quienes sostenían que una ley difícilmente soluciona un problema cultural. Aunque ello no deja de ser cierto, en tanto que se requiere una efectividad de la ley y otros mecanismos más profundos que los normativos, hay un error si se pretende que esto deslegitima a la ley. No se puede confundir la fundamentación objetiva de un ideal normativo y su necesidad, con su eficacia empírica que puede depender de muy diversos factores contingentes. En buen cristiano: que todos sean corruptos no hace de la corrupción algo bueno y que la ley no deba sancionar.

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Es cierto que el feminismo, como cualquier otro movimiento, puede enceguecerse, caer en dogmatismo, ver machismos donde no los hay o no ver otros aspectos que trascienden los de su marco ideológico, pero esto no invalida ni a su causa ni a sus críticas. La marcha feminista de ayer en Lima ha sido importante en varios sentidos: por las eventuales repercusiones en políticas públicas, pero además por lo empático y lo simbólico, que no son poco importantes, como algunos parecen creer, sobre todo en un país altamente conservador como el Perú, en el que se suele considerar a la mujer como naturalmente inferior y a la violencia doméstica como un problema privado y no público.

No obstante, hay quienes, más allá de ciertas bromas, ven en manifestaciones como ésta el reclamo de un privilegio; es decir, una inequidad de fondo, atentatoria del principio de igualdad ante la ley. Quien piensa así, se queda en una concepción tan abstracta como precaria de igualdad. En condiciones ideales, en las que el suelo estuviese parejo para todos, haría falta superar toda diferencia específica y buscar la igualdad en general, simplemente atendiendo a nuestros derechos como seres humanos. El problema, precisamente, es que en la realidad tales condiciones no existen: el suelo es desigual para unos y otros. Por lo tanto, es sólo en función de esas diferencias que tiene sentido la afirmación de la igualdad. La igualdad, pues, no consiste en que todos tengan el mismo trato, lo cual es muy básico, sino que se trate de modo preferencial a quienes están más desprotegidos o son más desfavorecidos en la sociedad. Las altas cifras de violencia contra la mujer deben ser suficientes para entender que el sistema de justicia es especialmente injusto frente a esta violencia específica. Ya es hora de cambiar esto.

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