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No mentirás, arzobispo

La Iglesia católica ha adoptado como propio el mandamiento del Éxodo: “No darás falso testimonio contra tu prójimo” (Ex 20, 16). La fórmula catequética, tanto más general, exhorta: “No dirás falso testimonio ni mentirás” (Catecismo de la Iglesia católica, 2051). Sobre esta base, el mismo Catecismo precisa la gravedad de la mentira para un miembro de la Iglesia: “Las ofensas a la verdad (…) son infidelidades básicas frente a Dios y, en este sentido, socavan las bases de la Alianza” (2464). En consecuencia, un discípulo de Cristo debe “rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias” (1 Pe 2, 1). E incluso puede inferirse que es un falso discípulo el que miente contra su prójimo, pues “El discípulo de Cristo acepta ‘vivir en la verdad'” (2470).

La verdad cristiana está vinculada a la justicia y la caridad hacia el prójimo. Partiendo de Aristóteles, Tomás de Aquino señalaba que la virtud de la veracidad implica observar un justo medio según el cual se da al prójimo lo que le corresponde; es un acto de justicia (cf. Summa theologiae, 2-2, q. 109, a. 3). Por su parte, Ignacio de Loyola enfatizaba a la caridad como principio de la verdad: “Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo, que a condenarla” (Exercitia spiritualia, 22). Esto significa que la manifestación y el testimonio de la verdad —que es Jesús mismo— está íntimamente relacionada con la distribución justa y con la apertura hacia el otro. Por ello mismo, como dice Juan, si se afirma estar en comunión con Cristo pero las acciones van en línea contraria, también se miente (cf. 1 Jn 1, 6). Es decir que la práctica en contra de la justicia y la caridad por parte de alguien que se dice cristiano es un testimonio en contra de la verdad, una mentira. Filosóficamente, se diría que se trata de una contradicción performativa.

Ahora bien, ¿qué sucede si el que miente contra su prójimo no sólo es discípulo de Cristo, sino, además, pastor de su Iglesia? Evidentemente el carácter de su mentira se agrava, al menos en términos morales, pues políticamente es más probable que por manejos de poder no reciba corrección o reprimenda alguna y, en consecuencia, la institución eclesiástica misma se vaya desprestigiando. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace años con el actual arzobispo de Lima, Juan Luis cardenal Cipriani. Y en particular es el caso de su enfrentamiento contra la Pontificia Universidad Católica del Perú, que lo lleva a mentir reiteradamente. Por ejemplo, en un boletín oficial del Arzobispado se afirma lo siguiente:

1960
08/04/1960: Ley Universitaria reconoce pertenencia de la PUCP a la Iglesia Católica
La Ley Universitaria Nº 13417 reconoce la pertenencia de la PUCP a la Iglesia Católica. (Cfr. Ley Nº 13417. Art. 80º)

Curiosamente, para consumar el engaño, se ofrece la fuente de confrontación, como para que no se dude de su “veracidad”. Dentro de toda la información ofrecida por el Arzobispado en ese boletín, plagado de falsedades, esa es la más importante, toda vez que la única ley que manda para todas las universidades peruanas es la ley nacional universitaria. Sin embargo, si vamos al texto de la citada Ley Nº 13417, leemos lo siguiente sobre la PUCP:

Artículo 80º.- La Pontificia Universidad Católica del Perú quedará sujeta a las disposiciones del presente ordenamiento con las excepciones siguientes:

1.- Se gobernará por las autoridades que fije su Reglamento.

2.- Su personal directivo, docente y administrativo será designado en la forma que determina su régimen normativo interno, debiendo las personas designadas llenar los mismos requisitos que los fijados para las Universidades creadas por el Estado; y

3.- Los miembros de su personal no tienen carácter de empleados públicos.

La entidad a que se refiere el presente artículo, fijará las condiciones del ingreso de los estudiantes y del régimen de estudios y de exámenes, que no podrán ser menos exigentes que el de las Universidades del Estado.

Si bien había un régimen especial para la PUCP, este artículo no dice nada ni da a entender siquiera una supuesta “pertenencia a la Iglesia”. Al contrario, ese artículo se dirige a aclarar el carácter privado de la PUCP, por lo que en la Ley Nº 23733, que derogó a ésta, se suprime ese artículo y se incorpora (en el art. 6), como diferencia general para todas las universidades, la única diferencia entre régimen público, por un lado, y régimen privado por el otro. Y es tanto así, que el Arzobispado, que deliberadamente deja de lado la Ley vigente, no sólo miente respecto al contenido del artículo 80 de la antigua Ley, sino que, además, oculta el artículo 79 de la misma, en el que se afirmaba:

Artículo 79º.- La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene carácter nacional.

La Ley es bastante clara. La interpretación del Arzobispado no se sigue del citado artículo y se contrapone más bien al artículo precedente, que es en realidad en el que se determina la “pertenencia” de la PUCP a la legislación nacional. Un buen hermeneuta del derecho no puede interpretar tan libremente el artículo de una ley, de modo tal que su interpretación contradiga explícitamente a otro artículo que arbitrariamente deja de lado. Y un buen hermeneuta del derecho sabe que resulta jurídicamente irrelevante lo que haya dicho una ley derogada, puesto que sólo mandan las leyes vigentes. Por si fuera poco, el Arzobispado, buscando un efecto meramente sofístico y con un cinismo desvergonzado, titula a su boletín: “En defensa de la verdad”. ¿Puede quejarse la Iglesia católica de las relativizaciones de la verdad cuando uno de sus pastores, al mentir reiteradamente, provoca ese efecto en su propia feligresía? No sorprende en esa línea tampoco que los conservadores, amparados bajo la sombra de la autoridad, cuando son arrinconados por los argumentos, terminen relativizando todo con la excusa de “cada quién tiene su opinión”. Lo cual, para ser honestos, debiera traducirse por: “ahora que no tengo a la Inquisición, cada quién tiene su opinión, así que no cambio la mía”. La metánoia que anunciaba Juan Bautista y que está a la base de la vida cristiana, que se vaya al diablo.

El propio Catecismo especifica el tipo de mentira del arzobispo Cipriani: la calumnia, que “mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos” (2477), como es evidente que hace el arzobispo para dañar la reputación de las autoridades de la PUCP, elegidas por Asamblea como manda la ley nacional. Y siendo que la calumnia lesiona “las virtudes de la justicia y de la caridad” (2479), se trata de una mentira grave, pues “llega a ser [pecado] mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad” (2484). Por su parte, no le vendría mal a Rafael Rey, escudero y adulón del arzobispo con la excusa de que la Iglesia manda ser “dócil” con la autoridad, recordar que el Catecismo exige proscribir “toda palabra o actitud que, por halago, adulación o complacencia, alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves [como es el caso]” (2480).

Jesús observaba que sus discípulos debían ser reconocidos por sus actos, no por la autoridad que alguien le hubiese conferido. Tanto es así, que aplicaba esto para sí mismo. Es por lo tanto legítimo cuestionar que alguien nombrado como pastor de la Iglesia lo sea realmente si vive en la mentira y la vanagloria. En ese caso, se le aplican las propias palabras de Jesús: “Vuestro padre es el diablo […] porque no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira” (Jn 8, 44).

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¿Cómo debería ser el futuro de la PUCP? por Marcial Blondet

El profesor Mario Castillo Freire, en un artículo publicado en El Comercio el 3 de octubre, sugiere que para que la PUCP siga siendo católica, ella debe adecuar su estatuto a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae (ECE). Me sorprende que el doctor Castillo, siendo abogado y profesor principal de la Facultad de Derecho, no se haya tomado la molestia de leer cuidadosamente ambos documentos para comprobar si el estatuto concuerda (o no) con ECE. El estatuto de la PUCP es, en su esencia, acorde con ECE. Solo faltaría realizar algunos ajustes mínimos al texto sobre asuntos cotidianos de la vida universitaria para que la concordancia sea perfecta. Sin embargo, esto no es suficiente para el Arzobispo, quien exige además que la PUCP esté sometida a su autoridad en temas que no están en ECE, como la elección del equipo rectoral, la aprobación del estatuto, y el control académico, administrativo y económico de la universidad.

El colega afirma también que la PUCP tiene naturaleza dual, pues está sometida simultáneamente a los mandatos de la Santa Sede y a las leyes peruanas. Eso es falso. La PUCP tiene naturaleza jurídica única como institución sin fines de lucro que se rige por las leyes peruanas y por su propio estatuto. Lo que sugiere el artículo al que nos referimos (y también el Arzobispo), que la Santa Sede escoja a los rectores y vicerrectores de entre una terna propuesta por la Asamblea Universitaria, es ilegal pues viola la Ley Universitaria del país, que claramente indica que los rectores y vicerrectores son elegidos por la Asamblea Universitaria.

Le preocupa también al profesor que algún enemigo de la Iglesia Católica pueda ser elegido rector o vicerrector. Sus temores son infundados, pues todos los profesores hemos jurado respetar la identidad católica de la universidad. Si hubiere algún docente enemigo de la Iglesia Católica, él o ella deberían renunciar a la universidad. Este compromiso garantiza plenamente que cualquier docente que cumpla con los requisitos estatutarios pueda ser miembro legítimo del equipo rectoral, tal como ha sucedido durante las últimas décadas. No hay necesidad alguna de que los candidatos rectorales demuestren públicamente su devoción católica y que expongan que llevan una vida acorde con el magisterio de la Iglesia.

La libertad de cátedra en la universidad es absoluta. Dentro del aula se puede discutir sobre cualquier tema, inclusive aquellos desagradables a la Iglesia Católica. En la universidad no atacamos principios, lo que hacemos es discutir, polemizar y enriquecer el debate. Eso es parte esencial de una universidad.

Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Castillo en que en la PUCP se respete completamente la libertad de credo y de pensamiento de todos los profesores, alumnos y trabajadores, y que la vida privada de ellos no sea razón para separarlos de la universidad, salvo, claro está, que hayan sido condenados por actos ilícitos.

La PUCP debe participar en los temas de la agenda política. Fue nuestra universidad, precisamente, una de las pocas instituciones que alzó su voz frente a la dictadura del fujimorismo y la que lideró la CVR, cuyo informe es un referente crucial para lograr la paz entre los peruanos, sin la cual el progreso del país es imposible. Castillo Freire dice que la PUCP se vio muy cuestionada por esa participación, pero muchos peruanos pensamos, por el contrario, que el hecho de haber participado activamente en esa comisión enalteció a nuestra universidad.

Nunca hubiera imaginado una PUCP desvinculada de la Iglesia Católica. Sin embargo, en este momento la jerarquía de la Iglesia no acepta a la PUCP tal como es y nos exige que obedezcamos sin cuestionar a sus demandas de cambio institucional. Pienso que ahora la universidad necesita reflexionar sobre su situación con la jerarquía de la Iglesia y tratar de llegar a una relación más amable, de respeto y tolerancia mutuos, que nos permita mantener el diálogo alturado y conservar el modelo de universidad que hemos desarrollado durante casi un siglo: el de una universidad autónoma, plural y democrática, inspirada en los valores católicos, reconocida internacionalmente por su alta calidad académica y su investigación de punta, comprometida con la formación integral de sus alumnos y con la construcción de un país más próspero, justo y solidario.

Universidad Católica de Lovaina respalda a la PUCP

El pasado 17 de septiembre, luego de una celebración eucarística en la iglesia de Saint-Remy d’Ottignies, Bruno Delvaux, rector de la Universidad Católica de Lovaina, dio en el Aula Magna de la universidad belga su discurso de apertura del año académico 2012-2013, tras el cual mencionó la preocupación de la UCL por la crisis que enfrenta a la Pontificia Universidad Católica del Perú y las autoridades católicas locales, ofreció el respaldo de su universidad a la PUCP y, asimismo, su disposición a ayudar en el diálogo con la jerarquía católica.

La Universidad Católica de Lovaina fue fundada en 1425. Es una de las más antiguas universidades europeas y la primera universidad católica moderna. En ella enseñó Georges Lemaître (mencionado en el discurso de Delvaux), el sacerdote y astrofísico que corrigió y convenció a Einstein sobre la imposibilidad de un universo estable y que sostuvo que el universo se originó en una explosión (el llamado “Big Bang”). El respaldo a la PUCP es el segundo respaldo dentro de la comunidad católica internacional, luego de que el General de la Compañía de Jesús autorizara a su Provincial en el Perú para hacer público el comunicado recientemente divulgado en los medios. En la UCL han estudiado numerosos filósofos de la PUCP, entre ellos su rector emérito, Salomón Lerner Febres, ex-presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. El rector Delvaux dijo lo siguiente:

El rector Delvaux en la inauguración del año académico 2012-2013. (Foto: Serge Haulotte)

Apertura del año académico

Louvain-la-Neuve, 17 de septiembre de 2012

Estando abierto el año académico, quiero iluminar su inicio a la luz del legado de Georges Lemaître haciendo una invocación. Georges Lemaître fue un profesor universitario eminente. Era también sacerdote. Su libertad de pensamiento y su audacia fueron correlativas a su confianza en las capacidades de la inteligencia humana. Matemático y físico, andaba a la búsqueda del sentido del universo. El encuadre de cómo se representaba las relaciones entre su disciplina y la teología se basa en la independencia de las disciplinas, una condición esencial para su diálogo.

En este sentido, yo quisiera expresar la preocupación de la UCL frente al conflicto que enfrenta, en América Latina, una universidad amiga, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a ciertas autoridades religiosas de ese país. La Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con muchos maestros formados en la UCL, entre los que saludo a Salomón Lerner, filósofo de Lovaina, ex-rector y figura destacada de la democracia peruana. Esta institución conduce desde hace años una labor ejemplar de investigación y enseñanza al servicio del Perú, realizando una síntesis fecunda entre la libertad que rige toda empresa universitaria y el diálogo con la tradición cristiana. Cumple con su misión académica. ¡Realiza el trabajo que le toca como universidad! A través de mi voz, la Universidad Católica de Lovaina expresa su profunda solidaridad con su hermana peruana y espera sinceramente que se construya el necesario diálogo destinado a producir una nueva relación entre la universidad y las autoridades religiosas del Perú. Nuestra universidad está dispuesta a ayudar del modo que sea necesario a la búsqueda de una solución justa a esta crisis dolorosa.

El texto original, que puede ser leído en la página Web de la UCL, es el que sigue:

(Foto: Serge Haulotte)

Ouverture de la rentrée académique

Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2012

L’année académique étant ouverte, je veux éclairer son début à la lumière de l’héritage de Georges Lemaître en lançant un appel.

Georges Lemaître était un éminent Professeur d’université. Il était aussi prêtre. Sa pensée libre et son audace étaient corrélatives de la confiance dans les capacités de l’intelligence humaine. Mathématicien et physicien, il était à la recherche du sens de l’Univers. Les contours de sa représentation des rapports entre sa discipline et la théologie étant fondés sur l’étanchéité des champs disciplinaires, prérequis essentiel de leur dialogue.

A ce sujet, je voudrais dire la préoccupation de l’UCL devant le conflit qui oppose, en Amérique latine, une université amie, la Pontificia Universidad Catolica del Peru, à certaines autorités religieuses de ce pays. La Pontificia Universidad Catolica del Peru compte de nombreux enseignants formés à l’UCL, parmi lesquels je salue Salomon Lerner, philosophe de Louvain, ancien recteur et figure marquante de la démocratie péruvienne. Cette institution mène depuis des années un travail exemplaire de recherche et d’enseignement au service du Pérou, réalisant une synthèse féconde entre la liberté qui préside à toute démarche universitaire et le dialogue avec la tradition chrétienne. Elle remplit ses missions académiques. Elle fait son travail d’université ! Par ma voix, l’Université catholique de Louvain exprime sa profonde solidarité avec sa consœur péruvienne et souhaite vivement que se construise le dialogue nécessaire destiné à faire aboutir une relation renouvelée entre l’université et les autorités religieuses du Pérou. Notre université est prête à faciliter de quelque manière que ce soit la recherche d’une solution équitable à cette crise douloureuse.

“La frase de Hegel «Dios ha muerto»” (sumilla) y sobre el VIII SEF

Después de muchos años, y luego de haber participado en otros simposios y congresos, vuelvo a participar este año en el Simposio de Estudiantes de Filosofía de la PUCP. He decidido hacerlo con un tema que llevo trabajando un par de años: la significación de la muerte de Dios, que es un proyecto con el que pretendo, fundamentalmente a partir de la historia de la filosofía medieval y moderna, medir el alcance filosófico de tal “noticia”, analizar las posibilidades de validación de la religiosidad contemporánea más allá de los límites ilustrados, cuestionar las bases epistemológicas del agnosticismo y, sobre todo, abrirle paso a un ateísmo no positivista (en contra de la mayoría de ateos de la actualidad). Mi ponencia, programada para este viernes 21, abordará específicamente el modo como Hegel se apropia de la intuición artística (romántica) de la muerte de Dios y la desarrolla conceptualmente. Para quien pudiera estar interesado, copio a continuación la sumilla:

La primera mención filosófica de la muerte de Dios no corresponde a Nietzsche, que la hace suya en la línea de su ateísmo, sino a Hegel, para quien se trata de la comprensión filosófica de un momento histórico en el que se toma conciencia del acabamiento de la divinidad como ente supremo, como realidad suprasensible, para descubrir luego su transformación, su resurrección como una divinidad que permanece entre los hombres, realizándose en el dominio de la libertad humana; esto es, se trata de la muerte de Dios en el horizonte del saber absoluto y de la eticidad.

Para discernir el significado y alcance de esta concepción de la muerte de Dios, es preciso pues, en primer término, distinguir lo que este fenómeno epocal trae de suyo y el modo como Hegel lo incorpora en su sistema filosófico, elevando su forma representativa propia del arte al concepto. Concluiremos luego con una somera observación del alcance de esta concepción en la tradición posterior a Hegel.

Quisiera aprovechar para decir unas palabras sobre el VIII SEF. En primer lugar, que estoy gratamente sorprendido por la variedad de temas y autores que están siendo trabajados: desde la metafísica platónica hasta los debates filosóficos contemporáneos, pasando por la filosofía trascendental, la ética, la filosofía del arte, la fenomenología, la filosofía política, la filosofía de la historia y la filosofía latinoamericana. A mi juicio, especial mención merecen la ponencia de Juan Pablo Cotrina (UNMSM) sobre la fenomenología de Sartre, que en nuestro ámbito ha sido poco trabajada; la de Erich Luna (PUCP) sobre Quentin Meillassoux, uno de los más sugerentes filósofos franceses de la actualidad pero un gran desconocido en la academia peruana; la de Ethel Barja (PUCP) sobre Georges Didi-Huberman, importante esteta de nuestros días; y la ponencia de Míjail Mitrovic (PUCP) sobre el humanismo y el antihumanismo (contra lecturas excesivamente humanistas de Marx). Lamentablemente no contamos con las sumillas enviadas por los ponentes, que sería bueno que en estos eventos estuviesen colgadas en la Web.

En esta edición del SEF participan también como invitados especiales dos exégetas hegelianos: José María Ripalda y Volker Rühle. El primero disertará sobre la justicia, mientras que el segundo hará lo propio con la historicidad en Nietzsche. Ambas conferencias son el miércoles 19. Al respecto hay que señalar que se trata de dos buenos invitados, sin duda, pero es de lamentar que lo sean no por invitación exclusiva de los propios estudiantes, sino porque ya se encuentran en Lima para participar del Coloquio sobre Hegel que se celebra los días anteriores. Sería bueno que el SEF pudiese traer a sus propios invitados y que los estudiantes, que son finalmente los beneficiados, participen más activamente en este tema.

Por otro lado, se deja extrañar la interdisciplinariedad —que los filósofos tanto suelen elogiar en sus escritos, como la misma presentación del simposio— en las mesas magistrales. Mientras que en la Universidad se siga pensando que el estudiante de filosofía sólo puede dialogar y aprender de otros filósofos, que son además los mismos que escucha en clases, no se motivará a una interdisciplinariedad real. No hay siquiera presencia de filósofos de otras universidades, como para que se trate de un otro más tangible que aquél que teóricamente —dicen— debe interpelarnos. Felizmente ese no es el caso de las mesas de estudiantes.

Otro asunto relativo a una deficiencia generalizada de la profesión es la ausencia, tanto entre alumnos como entre profesores, de ponencias que reflejen trabajos de campo; es decir, filosofía lejos del sillón al lado de la chimenea, más vinculada con el mundo de la vida (el real, no el concepto) y no únicamente productora de exégesis que son necesarias pero insuficientes. El filósofo debiera estar obligado a realizar prácticas pre-profesionales y los simposios bien podrían reflejar los trabajos que realicen. Lamentablemente, el sillón y la chimenea son bastante cómodas y autocomplacientes, y es poco probable que esto cambie. A mi me hubiese gustado presentar el trabajo que estoy haciendo actualmente en la pinacoteca y el taller de arte del Hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera, pero, desafortunadamente, el compromiso de investigación me impide hacerlo antes de su publicación. Desde aquí, sin embargo, hago un llamado a los jóvenes filósofos para que vuelquen su formación al mundo. Véanlo si quieren como un retorno a la caverna. Véanlo como quieran, pero háganlo. Las razones del mundo y no las de la academia son las que demandan un auténtico reto para la filosofía (y no me refiero únicamente a la filosofía política o la ética).

La imagen elegida para el simposio de este año está muy bien (de hecho, mucho mejor que la incomprensible grafía del año pasado). Uno puede o no estar de acuerdo con el trasfondo ilustrado del dibujo de Goya, pero es un hecho que la filosofía debe defender siempre su prerrogativa racional o reflexiva, incluso con aquello que es prerreflexivo. Y, más allá de eso, es un buen síntoma que el mismo afiche (una imagen) dé que pensar.

El VIII Simposio de Estudiantes de Filosofía se realizará los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Auditorio de Humanidades de la PUCP. El programa completo puede ser encontrado en la página Web del Centro de Estudios Filosóficos, la misma página en la que deben inscribirse quienes deseen asistir y no sean miembros de la comunidad PUCP.

Carta de monseñor Bambarén al presidente de la Conferencia Episcopal sobre la PUCP

Lima, 15 de agosto de 2012

Excelentísimo Monseñor

SALVADOR PIÑEIRO GARCIA-CALDERON
Presidente de la Conferencia Episcopal
Presente.-

Muy apreciado Hermano y Amigo:

Estando en Pariacoto del 7 al 10 de agosto para la celebración del Vigésimo Primer Aniversario del Martirio de nuestros Misioneros Franciscanos Conventuales Miguel y Zbigniew, tuvimos una profunda pena al conocer el lamentable comunicado del Consejo Permanente.

No solo es lamentable y penoso en su contenido, sino que nos duele por el daño que se hace a miles y miles de jóvenes y fieles que se sienten decepcionados de sus Obispos y afectados en su pertenencia a la Iglesia. Ustedes no solo han hecho causa común con el Arzobispo de Lima, sino que han asumido su problema y sus intereses como propios de la CEP.

No han valorado el daño que ya está hecho a una numerosa porción de la grey del Señor, que se sienten hoy como “ovejas sin pastor”.

Obediencia y fidelidad plena al Vicario de Cristo y a nuestra Iglesia, SI. ¡Yo por esto daría la vida! Pero fidelidad al Gran Canciller y sometimiento de toda nuestra Conferencia a su conducción en el caso de la PUCP, NO.

Repito: lo que era un problema local entre Arzobispo y PUCP, ha pasado a ser de la Iglesia, que antes fue marginada y ahora es instrumentalizada en daño del pueblo de Dios. Estamos perdiendo la mejor Universidad del Perú.

El caso lo reducen ustedes al ámbito canónico y legal, pero se olvidan de su repercusión pastoral. NO SOMOS LEGISLADORES, SINO PASTORES. ¡Gran responsabilidad!

Muchos nos preguntamos ¿era necesario el “comunicado”, no hubiera sido mejor y suficiente una reunión de la Presidencia de la CEP con el Rectorado de la PUCP?

Nuestras comunidades y parroquias se están desangrando no sólo por esto, sino porque muchos sacerdotes han perdido el celo apostólico, se instalan en sus despachos con horarios de atención, pero están lejos del pueblo de Dios. En cambio, las sectas están activas, van casa por casa robando las ovejas de Jesús. Crece la indiferencia religiosa. Los jóvenes se alejan. Cada día son menos los que frecuentan en sus parroquias la Misa dominical, etc, etc. Conozco parroquias en que el 50% ha dejado la Iglesia. Una profesora me contaba que a comienzo de año pidió a sus alumnos que levantaran el brazo los que eran católicos. ¡De 28 solo 2! En muchos colegios casi la mitad de los niños y adolescentes ya no son católicos.

Esto es lo prioritario y debe dolernos y preocuparnos a los Obispos.

Parece que nada de esto se ha tenido presente para sopesar las repercusiones pastorales del comunicado. Más que la Universidad, pierde nuestra Iglesia.

¡Que pena! ¡Me siento decepcionado!

Te ruego comunicar esta carta a los miembros del Consejo Permanente y a los demás Obispos. Esta carta no es RESERVADA como sí fue la que envié a Su Eminencia el Sr. Cardenal Tarcisio Bertone.

Solo me queda orar, orar, orar.

Que Dios les perdone, les ilumine y les acompañe.

Hermano en Cristo Jesús,

Firmado el original

✠ Luis A. Bambarén Gastelumendi S.J.

Obispo emérito de Chimbote

“Riva-Agüero, la Universidad Católica y el Tribunal Constitucional” por Carlos Ramos Núñez

Carlos Ramos es el más importante estudioso de la historia del derecho civil peruano. El siguiente texto suyo, en realidad, sólo indirectamente es una defensa de la causa que sostiene la Pontificia Universidad Católica del Perú en contra del Arzobispado de Lima. Más directamente es una acertada y puntual defensa del fuero civil frente a la intromisión que el Tribunal Constitucional estaría a punto de cometer sobre este asunto. Como señala Ramos, el respeto a la pluralidad de instancias, que implica el cumplimiento de las distintas etapas procesales, es parte sustancial de la administración de justicia y del derecho al debido proceso. Quiere esto decir que, de aceptarse la cuestionada figura propuesta por el Arzobispado, el TC, que es por definición el máximo defensor de la Constitución, estaría él mismo cometiendo una grave infracción constitucional.

Es necesario observar que los cuestionamientos jurídicos sobre la idoneidad de los magistrados que actualmente conforman el TC, son varios y no se limitan al caso de la PUCP. Es bueno observarlo porque hay aquí dos temas de fondo: 1) el copamiento del TC con magistrados vinculados al partido de gobierno (problema más serio aún tratándose del partido aprista y en especial el magistrado Mesía); y, 2) la importancia (hasta ahora poco enfatizada por los juristas peruanos) del formalismo en el adecuado funcionamiento de la justicia constitucional, toda vez que los principales excesos del TC provienen de las interpretaciones que hacen sobre las materias de fondo, aun cuando pronunciarse sobre ellas no tenga relevancia alguna para el asunto constitucional del que tratan. En ese sentido, es precisamente una función del estudioso del derecho llamar la atención sobre las distorsiones del derecho en las que puede incurrir un juez.

Riva-Agüero, la Universidad Católica y el Tribunal Constitucional

Carlos Ramos Núñez
Abogado y profesor de Historia del Derecho

Un personaje de la novela de Julio Ramón Ribeyro, Los geniecillos dominicales, el doctor Font, fulmina al estudiante de Derecho, Ludo, con una terrible frase:  “En el Perú los grandes juicios se ganan en el palacio de gobierno, no en los tribunales”. El caso PUCP parece ser uno de esos casos. No solo por el cuantioso patrimonio de la Universidad que se persigue, sino también la magnitud de disputa ideológica que se halla de por medio. También se halla en pos de toda la estructura administrativa, editorial y académica de la universidad. No sería extraño entonces que el gobierno anterior hubiera podido influir en el contenido de la sentencia emitida por el TC, del mismo modo como acostumbraba decidir la composición de este organismo del Estado por medio de aprobaciones, vetos políticos o la simple inercia para prolongar el mandato de los magistrados. Muchos políticos del oficialismo, lo mismo que el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Superior, vinculado al partido de gobierno de la época, suscribieron, el 27 de julio de 2010, un comunicado a favor del Arzobispo de Lima, en pleno conflicto judicial.

Precisamente ahora se halla pendiente de expedición una nueva resolución del Tribunal Constitucional acerca del conflicto entre la PUCP y el Arzobispo de Lima. La sentencia anterior del 17 de marzo de 2010, dictada en mayoría, abiertamente favorable al prelado estuvo marcada por la incoherencia discursiva, la parcialidad manifiesta, el grosero rompimiento de la cosa juzgada,  y  las serias dudas sobre su autoría, legitimidad e independencia.  Como ocurrió con otros grandes casos de nuestra historia judicial, ¿emergió esta sentencia acaso en los extramuros de las cortes de justicia? ¿En palacio de gobierno? ¿En un Estudio de San Isidro? ¿En la Universidad de Navarra? La verdad algún día saldrá a luz. Lo que se sabe es que el gobierno anterior colocó estratégicamente estrechos colaboradores del primado en embajadas estratégicas. Desde allí se obtuvieron informes jurídicos favorables para la causa del prelado. Para los embajadores desde la privilegiada posición de agentes del Estado peruano era fácil socavar ante la Santa Sede los créditos de la PUCP e indisponerla ante las autoridades eclesiásticas.

En realidad, no había necesidad de una declaración del Tribunal Constitucional para conseguir el reconocimiento del derecho de propiedad de la PUCP. Es como si el derecho a la vida o la salud exigieran un reconocimiento previo. El disfrute del dominio (y, en consecuencia su plena administración) no requería de un reconocimiento judicial, menos todavía en sede constitucional. Se trata de un derecho per se, intrínseco, que se deriva de los títulos; es decir, la adquisición a título oneroso o gratuito a lo largo del tiempo, como en efecto, se han adquirido los bienes de la Universidad Católica. Irónicamente, el TC ha reconocido y dudo que ahora pueda retractarse la plena titularidad de la propiedad de la PUCP. En ese momento, no se utilizaba la táctica maximalista de considerar tales bienes como eclesiásticos. Esa argumentación vendría más tarde con motivo de sucesivos reveses judiciales del Arzobispado en los tribunales ordinarios.

Una despistada Sala Civil entendió que la parte expositiva de aquélla y no del mandato o parte resolutiva, debía anotarse en el Registro de la Propiedad Inmueble. Algo inaudito, pues ni siquiera el TC lo había ordenado. Por mayoría la Sala Civil dispuso que todos los bienes de la Universidad, procedieran o no de la testamentaria de José de la Riva-Agüero, figurasen a nombre de la Junta de Administración. Existen bienes registrados que fueron adquiridos por la Universidad Católica inclusive antes de la muerte de Riva-Agüero el 25 de octubre de 1944, otros que lo fueron con donaciones particulares, de gobiernos y fundaciones extranjeras o con las pensiones de los estudiantes, sin que tuvieran por causa de la adquisición ni el patrimonio ni los testamentos del gran peruanista. Bastaría para comprobarlo una comprobación registral y contable. Asunto que justamente tiene que ventilarse en los juzgados civiles.

Esta vez la defensa del Arzobispo, por medio de la discutida figura de la apelación por salto, curiosamente aplicado para el caso de la PUCP, insólitamente por la parte demandada, cuando solo podría hacerlo la parte demandante, ha requerido al TC que impida a la justicia ordinaria el conocimiento de cualquier causa que se refiera a la interpretación de los testamentos de don José de la Riva-Agüero. Quiere además que el acuerdo válido del 13 de julio de 1994 celebrado con todas las de ley entre el representante del Monseñor Augusto Vargas Alzamora, el canonista, Carlos Valderrama, y el representante de la PUCP, Salomón Lerner, que limitaba las funciones de la Junta de Administración, esa suerte de albaceazgo perpetuo, contrario a la Ley Universitaria, sea declarado ineficaz no por los tribunales ordinarios, sino por el Tribunal Constitucional.  Eso solo podría hacerse a través de un proceso de conocimiento ante la justicia civil con estación de pruebas incluida. No me sorprendería, sin embargo, si el TC opta por acoger la extraña apelación por salto del Arzobispo. Uno de los magistrados, preguntado sobre su militancia partidaria, sostuvo con ingenio criollo: “Uno no se acuesta hereje y amanece monje”. Sin embargo, tal conversión se materializó. La mayoría de jueces suscribió  una sentencia en la que, refiriéndose a la supuesta voluntad de Riva-Agüero, se lee:

“A este prominente peruano no le asaltó la idea de si la Universidad estaría en manos de Jesuitas, Dominicos o Franciscanos; si encausaban su fe en la línea Opus Dei, del Padre de Andrea, Sodalicio u otros. Él solo pensaba en la Jerarquía Católica, Apostólica y Romana, y punto.”

Con un dogmatismo religioso de este tipo (hasta por las mayúsculas) queda claro que el TC no es un órgano especializado en Derecho Civil. En su seno no existe ningún juez o asesor que la comunidad jurídica reconozca como técnicamente competente para pronunciarse sobre el tema de actos jurídicos, legados y herencias. El conocimiento de los procesos que conciernen a la interpretación testamentaria corresponde a la justicia común. La discusión sobre los testamentos y sus alcances es inherente a la justicia civil a través de sus distintas jerarquías. El TC no podría pronunciarse acerca de la interpretación de las cláusulas testamentarias, más todavía cuando las causas se hallan en pleno proceso y ningún órgano judicial se ha manifestado sobre el fondo del asunto. El TC incumpliría así un elemental principio constitucional: el respeto a la pluralidad de instancias. Avocándose además al conocimiento de causas pendientes. Rompería además el principio del juez natural: un juez constitucional invadiría los ámbitos de un juez civil. Ojalá que la lucidez se apodere de los magistrados del TC y que se disponga que la causa por los testamentos de Riva-Agüero se siga ventilando ante jueces civiles especializados de cuyo ámbito nunca debió salir. De otro modo, las puertas de la justicia supranacional estarían simplemente franqueadas.

“¿Constitución Apostólica versus Constitución Política?” por César Landa

El portal Justicia Viva ha publicado un artículo de César Landa, destacado constitucionalista, no sólo conocedor de la jurisprudencia constitucional sino también de la larga tradición que originó el constitucionalismo moderno, y ex-magistrado del Tribunal Constitucional. En este artículo analiza el profesor Landa el aparente conflicto entre la Constitución Apostólica, según la cual el Estado del Vaticano pretende imponer la elección de autoridades universitarias (aunque en dicha Constitución no se mencione nada al respecto), y la Constitución Política del Perú. Se trata de un conflicto aparente, no porque la primera no vaya en contra de la segunda, como alegan nuestros papistas que hoy como hace casi mil años defienden que la Iglesia debe tener ambas espadas, la espiritual y la secular (lo que en su momento tuvo la brillante oposición de los líderes franciscanos que, desde luego, fueron excomulgados), sino porque las Constituciones Apostólicas de la Iglesia no están al nivel de la Constitución del Estado peruano; son tan sólo normas de derecho privado que deben someterse al derecho público en lo que corresponda. Por lo tanto, no es la PUCP la que debe adecuarse a las normas del Vaticano, sino la Iglesia católica la que debe adecuarse a las leyes peruanas y aceptar -le gusten o no- los estatutos que sólo dependen de la propia asamblea universitaria, según lo que dispone la Ley y la jurisprudencia registral bajo el amparo de la Constitución Política. Aunque lo haya en el ámbito de lo político y de lo moral, no existe pues conflicto alguno en el terreno de lo legal: las universidades peruanas no tienen que someter sus estatutos a la aprobación de nadie más que su propia asamblea. Lo demás es una intromisión política inadmisible desde el punto de vista legal y constitucional. Pero en el Derecho sólo hay conflicto real cuando se trata de normas del mismo rango, y está claro que la Constitución Ex Corde Ecclesiae no tiene para los peruanos, ni siquiera para los creyentes, el mismo rango que la Constitución Política. La primera no genera ninguna obligación ni derecho en el ordenamiento legal, sino, a lo mucho, un deber moral. La segunda, en cambio, rige por encima de todo el ordenamiento público y privado. Frente a ésta, a la Iglesia no le queda más que someterse. El cristiano que ve en ello un imperativo de su propia religión, ha comenzado a comprender de qué se trata en realidad el cristianismo.

Copio a continuación el texto del doctor Landa.

¿Constitución Apostólica versus Constitución Política?

Dr. César Landa Arroyo
Ex-magistrado del Tribunal Constitucional

El largo proceso de la desacralización del poder público fue posible históricamente gracias a la progresiva  constitucionalización de los derechos humanos. No obstante, el Vaticano parece estar reiterando su vieja “doctrina de las dos espadas” –que valoraba la espada espiritual del Papa por encima de la espada terrenal del Emperador- y la “cuestión de las investiduras” –el Papa cuando entronizaba a un rey como Emperador también lo podía destituir-, en su diferendo con la Pontifica Universidad Católica del Perú, al establecer el 8 de abril próximo como el plazo para que el Estatuto de la universidad se adecúe a la Constitución Apostólica ExCorde Ecclesiae.

Sin embargo, la PUCP no fue creada y en consecuencia no pertenece al Vaticano, sino que fue fundada como “Universidad Católica” por cinco civiles y un religioso, registrándose en 1917 como una institución privada regida por el Derecho Público interno –Artículo 402° de la Ley Orgánica de Instrucción de 1899- y no por el Derecho Canónigo; pero, con la finalidad de ofrecer una enseñanza universitaria cristiana. Por ello, la universidad como institución científica, académica y social se encuentra inserta en un principio de autonomía para dichos fines, sin las cuales no podría llevar a cabo su finalidad esencial.

Ello demanda, por un lado, del goce y ejercicio de derechos y libertades para los profesores y alumnos establecidos en la Constitución y las leyes peruanas, así como, por otro lado,  de una garantía institucional para la conducción de la misma por parte de sus autoridades, de acuerdo con su estatuto universitario que consagra su naturaleza de asociación civil sin fines de lucro.

Pero, la libertad, igualdad y autonomía son derechos naturales y fundamentales de todos los miembros de la comunidad universitaria, que se orientan a su finalidad educativa. Las mismas que están inspiradas en los valores y principios humanistas y cristianos, que permiten integrar la ciencia y el bien común con la fe y la razón.

Ahora bien, que el Vaticano haya otorgado el título de Pontificia a la Universidad Católica del Perú (1942), no puede ser interpretado como la sumisión jerárquica a la “espada espiritual” y a la llamada “cuestión de las investiduras”; en virtud de las cuales la Santa Sede considere que corresponde al Cardenal y al Vaticano decidir en última instancia quién debe ser el Rector y  sus profesores, así como, qué materias o temas no pueden ser discutidos o cómo deben ser abordados; amén del manejo directo de su gestión en tanto se consideran propietarios de la universidad y de sus bienes.

La universidad es reconocida en el medio nacional e internacional por haberse ganado un merecido prestigio institucional y académico; el cual se ha logrado en virtud del pluralismo, la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y crítica, a través de la libertad de cátedra e investigación, con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la formación cristiana. Más aún, la universidad ha rechazado toda forma de violencia, intolerancia y discriminación, en el marco de la búsqueda de la verdad y el bien común para la comunidad peruana y las personas más desvalidas.

En la posibilidad de perder o menguar estos logros radica la preocupación de la comunidad universitaria que se ha forjado científicamente en un espíritu humanista y cristiano, con Rectores religiosos y civiles, sin que se haya producido censuras o cuestionamientos a su organización y funcionamiento de la naturaleza que se han presentado a partir del día en que, durante el gobierno de Fujimori, el Vaticano nombró a monseñor Cipriani, cabeza visible del Opus Dei, como Cardenal del Perú, y, en consecuencia, Gran canciller de la PUCP.

Si bien Roma ha hablado y no hay nada que discutir o preguntar –Roma locuta, causa finita-, la PUCP se encuentra constituida y sujeta al Derecho Peruano, desde su fundación y hasta la actualidad. Más aún,  el Vaticano al suscribir el Acuerdo de la Santa Sede con la República del Perú, en 1980, aprobado por Decreto Ley N° 23211, quedó comprometido a respetar  los mandatos de la Constitución Política, la cual garantiza en su primer artículo que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

Por ello, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no puede estar por encima de la Constitución Política, ni menos aún puede ser aplicada en contravención de las competencias de los poderes públicos; que mediante nuestra Carta Magna, la Ley Universitaria y el Estatuto han regulado la autonomía  universitaria,  los derechos fundamentales de las autoridades, profesores y alumnos; en la medida que la Universidad Católica  es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida conforme a la Constitución y las leyes peruanas.