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No, tampoco (1): Las “izquierdas” por el NO

Inicio una serie de notas sobre la consulta de revocatoria o, más precisamente, sobre las campañas políticas de uno y otro lado. Como hay gentes a quienes siempre el entusiasmo les perturba la comprensión lectora, hago en esta primera entrada algunas advertencias preliminares:

El tema de la revocatoria en sí mismo no me interesa. No me interesa tampoco hacer campaña a favor o en contra de la misma. Quien quiera encontrar apoyo emocional o concordancia con su opinión, hace mal en leer lo que escribo y los remito a las columnas de Correo y Perú 21 o de La Primera y La República, según sea el caso. Yo ni siquiera diré cuál será mi voto, o incluso si votaré o no, y espero que ningún iluminado crea que puede deducirlo de estos textos. Digo esto porque no faltan, sobre todo en sociedades como la nuestra —y más aún a través de las redes sociales—, quienes, a pesar de su firme dogmatismo y precisamente por él, tienen tan poca seguridad de sí mismos y de sus creencias, que leen columnas de opinión sólo para reconocerse en “otros”; lo que no significa, lamentablemente, dejarse interpelar por el otro en su diferencia, sino pretender que éste comparta la misma opinión que uno ya ha establecido con certeza, como quien encuentra placer al mirar su reflejo en un espejo.

Por ende, mi interés en el tema es otro: advertir la incomprensión respecto a la naturaleza estética de la política, aquella que se aparta de la racionalidad tanto como de los moralismos y que se aproxima al trasfondo preconsciente de la misma, a su base fundamentalmente sensible. Es un interés exclusivamente filosófico. Y si el título se enfoca en una posición es sólo porque en ella este descuido ha sido especialmente significativo. Por “estética”, desde luego, no me refiero a lo artístico ni tampoco (no únicamente, al menos) a lo publicitario o retórico en la política, sino también a aquello que, en general, se entiende dentro de los conceptos de biopolítica (acuñado por Foucault, como se sabe) y del de antipolítica que tiene un alcance ontológico (semejante al que Kant describiese como un impulso natural a la insociabilidad). Desde que el idealismo (como platonismo popular) ha arraigado tanto en las teorías políticas modernas, estos conceptos y lo que implican no suelen sino ser tomados negativamente, como un lastre que hay que superar o evitar, incluso bajo la creencia de que para ser “criollo” en la política hay que ser también corrupto. Para mí, en cambio, se trata de algo sencillamente humano y, sólo por ello, ya lo suficientemente digno para que la filosofía le tome tal cual es. Para decirlo con Nietzsche: “Donde los demás ven ideales, yo sólo veo lo que es humano, demasiado humano”, ya que, para alcanzar “la libertad de la razón, aunque sólo sea en cierta medida”, es necesario mirar “con ojos bien abiertos todo lo que pase realmente en el mundo”, y no “atar a nada en particular el corazón con demasiada fuerza” (Humano, demasiado humano).

No está de más decir que no es éste tampoco un ensayo de cinismo. Hay cierta intelligentsia que tiene tan mal gusto y poca perspicacia que creen que si uno critica toda falsa certeza es porque, en el fondo, todo le da igual y se puede permitir ser poco serio con todo y coherente con nada. Son los que se toman alegremente eso que le diera pesadillas a Dostoievski — el “todo está permitido”. Para ellos será necesario señalar lo que Camus; a saber, que la denuncia de la hipocresía no puede servir de pretexto para el cinismo. No todo tiene por qué estar permitido, ni siquiera cuando uno se enfoca en lo sensible que está tan lejos de las moralinas. Esto quiere decir que yo sí tomo partido por una posición en este tema, pero creo que hacerlo público sólo ayudaría a la superficialidad que estoy criticando y de la que estoy francamente hastiado, tanto que no he querido por eso participar de campañas que, además de poco lúcidas (una menos que la otra), siento y pienso que son (ambas) poco serias con cuestiones de fondo, fundamentalmente con la democracia misma. En consecuencia, sólo escribo ahora porque no comparto hipocresías que encubren su trasfondo “demasiado humano” con ídolos que ya casi se caen por sí solos. De ello no se puede deducir que todo me dé igual. Hay una decisión que tomar y hay que tomarla seria y responsablemente; no como obispos, tampoco como payasos. No sería filósofo si no creyese que hay que meditarlo bien, pero, por lo mismo, no acepto los prejuicios con que quiere guiarse de uno u otro lado el voto. El lector que honestamente busque razones para inclinarse por una de las opciones, haría mal en guiarse por lo que aquí desarrollo. Mejor hará si piensa bien las cosas por sí solo o, en todo caso, si busca en la prensa a su sofista preferido.

Lima, febrero 2013.

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(1) Las “izquierdas” por el NO

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La izquierda apoyó en su momento la propuesta legislativa en la que se incluía el derecho a revocatoria. Veinte años después, recién a causa de que su uso egoísta es evidente porque ha llegado a Lima (esto se venía denunciando en provincias desde hace muchos años) y sin ningún análisis serio que evalúe la pertinencia de esta figura hoy, la revocatoria se ha convertido, para algunos que dicen ser de izquierda, en una mala palabra. Parece que ahora ella fuese por naturaleza una propuesta antidemocrática y debilitadora de la institucionalidad política (a pesar de que apela al voto democrático y está dentro de esa institucionalidad). ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Según un politólogo recientemente canonizado, la izquierda ha estado “modernizándose”, dejando de ser bruta, achorada y cruenta, para adecentarse yendo hacia un democrático centro “paniagüista” (o toledista). Este buen politólogo sabe decir lo que esa “izquierda” “moderna” y la derecha quieren escuchar (eso tiene de político más que de politólogo). Pero a esa “izquierda” emprendedora (en la que no es casual que entre gente que apoya los abusos de las grandes mineras, como “Nano” Guerra que fue precandidato en Fuerza Social) le han contado un cuento que han creído verídico — un cuento que se llama ideología y según la cual se puede ser tan igualitarista como rico porque se ha entronizado al emprendimiento como el non plus ultra de la ontología social; y según la cual, para ser de izquierda (que es lo “in“), basta con tener “sensibilidad social” (con personas o con gatos, da igual), hacer uno que otro donativo u obra de caridad (por ejemplo colectas en temporada de friaje) y, sobre todo, eso está muy claro (a menos que seas un rojo cavernario con ideas trasnochadas), asumir que la modernidad, la superación de las propias taras y el abandono del violentismo, pasan también por abandonar la crítica del sistema de producción y acumulación económica, la crítica del trabajo alienado, la defensa de los derechos laborales, la actividad reguladora y empresarial del Estado, etc.; es decir, todo aquello que de algún modo puede aún hacer una diferencia objetiva entre derecha e izquierda, especialmente por lo primero. No hay mayor victoria ideológica para la derecha que hacer que los ex-izquierdistas olviden o repriman el que de eso precisamente se trataba ser de izquierda. Por otro lado, creer que se es de izquierda porque algún derechista extremo te dice que estás a su izquierda es claramente una equivocación.

Lo anterior nos lleva entonces a una primera conclusión que acaso sea la más relevante en este tema: gran parte de la denominada “izquierda” ha perdido la brújula y no sabe ya orientarse, posicionarse políticamente. La derecha sigue sabiendo muy bien qué es ser de izquierda y por eso lo censura colocándolo en el mismo paquete de lo que una nueva izquierda peruana sí debería autocriticar y dejar atrás. Incluso ciertas formas de redistribución muy acotada y de programas sociales son mecanismos que la derecha acepta porque no dejan de ser un mero asistencialismo, algo más elaborado quizá, pero asistencialismo al fin y al cabo que se puede empatar bien con la idea del éxito emprendedor y que no supone amenaza alguna a las estructuras socioeconómicas de fondo porque se trata del ripio. La misma ministra Trivelli, que para algún despistado es “izquierdosa”, lo afirma así: “Los programas sociales no tienen como meta sacar a la gente de pobre” (7/2/2013). Lo que los saca de pobre es su propio emprendimiento; por supuesto, asumiendo que todos tienen las mismas  oportunidades que no tienen. ¿Es entonces esta “izquierda” realmente de izquierda? A estas alturas, la pregunta es ya meramente retórica. Evidentemente, no lo es.

La autodenominada “izquierda liberal” o “liberalismo de izquierda”, o también llamada “centro-izquierda” (apelando a una presunta neutralidad) o, de modo más patético aún, “izquierda democrática” (como si fuera del margen puesto por la derecha no hubiese democracia), es en realidad una “derecha de avanzada”, con sensibilidad social pero defensora en última instancia de lo que usualmente se conoce como capitalismo avanzado o tardío. Es en esta derecha, que a lo más llega a ser progresista de un modo bastante confuso, donde en realidad están ubicados los que son calificados también como “izquierda caviar”. Incluso este término da cuenta de la diferencia entre derecha e izquierda, pues en nuestro país, en el que la izquierda real es casi inexistente, suele ser usado sólo por la derecha, pero nació siendo utilizado por la izquierda francesa y el uso desde ese lado, aún hoy, es otro y mucho más claro y preciso. Lo que vemos en el Perú, pues, es una pugna ya larga entre una derecha “bruta y achorada”, lo que en términos menos panfletarios sería una derecha reaccionaria, plenamente anti-igualitaria y en el fondo autocrática (a veces ni tan en el fondo), y otra derecha liberal, progresista, muy igualitaria en cuestiones morales pero no tanto en cuestiones económicas. Dicho progresismo, además, es confuso porque se basa más en un sentimentalismo de la compasión universal que en un pensamiento crítico. Una pugna entre dos tendencias de la derecha: eso es. Por su parte, la izquierda peruana está también dividida (vaya novedad) entre quienes andan políticamente perdidos, no saben muy bien cómo “adecentarse” y lo hacen con un partido (Fuerza Social) que deja de ser partido en tiempo récord y que, aún así, los bota cuando ya no le sirven, y los pocos que sí hacen una pequeña labor de izquierda a través de los sindicatos, por ejemplo, o de los movimientos campesinos.

No deseo extenderme en esto que sí debe ser analizado con más detalle pero no acá, pues a lo que quería ir es a identificar tres, sólo tres ejemplos que muestran que la alcaldesa de Lima y sus defensores acérrimos de “izquierda” no sólo no son de izquierda por lo antes dicho, sino que, además, no tienen una auténtica preocupación social o, en todo caso, que la ponen entre paréntesis con mucha naturalidad cuando no les conviene.

Ejemplo 1: Los parados de La Parada

La alcaldesa Villarán quiere ordenar la ciudad y continuar con las obras que empezó su antecesor. Loable y necesaria labor. Les dijo a los transportistas que no podían competir con la ruta del Metropolitano por el contrato que había firmado la Municipalidad, los sacó de esa ruta, hizo propaganda de su “reforma del transporte” para obtener respaldo ciudadano, y, al final, los transportistas volvieron a la misma ruta, sin que la Municipalidad haga ya algo y sin que sus seguidores, tan prestos para la publicidad por el NO, hagan tampoco algo al respecto (como una campaña de los mismos ciudadanos en las calles, por ejemplo). Luego fue a botar a los comerciantes de La Parada para que se vayan al nuevo mercado mayorista de Santa Anita. Lo empezó a hacer de un modo “democrático”, según sus entusiastas; es decir, no los botó, sólo prohibió a los camiones que ingresaran. El operativo posterior, como es público, fue un fiasco y ella tuvo que asumir su responsabilidad. Ni siquiera el alcalde de La Victoria estaba enterado del operativo que habría en su distrito. Lo que, sin embargo, pasó desapercibido para Villarán en todo momento fue el destino de los comerciantes minoristas, aquellos que estaban impedidos de integrarse al nuevo mercado y que eran los más vulnerables, los de menos recursos, los que su propia teología liberacionista le exhortaba a proteger. Ni siquiera por eso. Tuvo la derecha que, estratégicamente desde luego, ponerse del lado de los minoristas y tuvo que generarse revuelo en la prensa, para que recién la alcaldesa, luego de decir que para ellos habría otros lugares, diera su brazo a torcer y, con el gesto “democrático” que la caracteriza, los aceptara también en el mercado de Santa Anita.

No sé cuántas veces, innumerables ya, le he escuchado a la alcaldesa ponerse en los pies —o eso decía al menos— del ama de casa, la de Carabayllo, la de Comas, la de San Juan… No obstante, en lo de La Parada tampoco pensó en las amas de casa o en las muchas personas que no van a supermercados y que compraban ahí sus productos para sus casas o bodegas porque les salía mucho menos costoso. El pueblo con pocos recursos, no importa. Como diría cualquier facho: el orden es lo esencial. Pero como el dios de los liberacionistas es juguetón y el peruano es fiel al libre mercado, terminó creándose La Paradita, con lo cual la autoridad, una vez más, terminó quedando en ridículo.

"Peso importante", caricatura de Carlos Lavida publicada en El Otorongo.

“Peso importante”, caricatura de Carlos Lavida publicada en El Otorongo.

Ejemplo 2: Lo que el río se llevó

Villarán no tiene mala voluntad, de eso no hay ninguna duda. Pero a veces tampoco tiene una voluntad firme cuando debe, como con la empresa brasilera contratada por la Municipalidad para el Proyecto Vía Parque Rímac. El problema de fondo en lo que a esta nota interesa es éste: la alcaldesa se dice de izquierda pero, en lugar de defender los intereses públicos de los ciudadanos que votaron por ella, exigiéndole a la empresa explicaciones claras y convincentes en nombre de esos ciudadanos por los claros errores cometidos, prefirió ponerse del lado del capital privado y defender al contratista como si fuese la misma Municipalidad la que hacía la obra, poniéndose a dar explicaciones que luego la quemarían a ella sola. Dijo que era una obra de gran ingeniería y que no se estaba filtrando más agua de la prevista para que pasara por los drenajes. Al día siguiente, se rompió el muro y el río inundó la obra. Lejos de corregirse ahí mismo, la señora Marisa Glave hizo el ridículo con una defensa más cerrada todavía, afirmando que esas inundaciones estaban perfectamente previstas y que no había ningún problema, mientras que en la otra mitad de la pantalla se veía a los trabajadores tratando de recuperar los vehículos y máquinas que habían quedado en medio del río, y mientras se mostraba en las redes que en el plan de la concesionaria no había prevista una inundación. Con ello, Villarán y su equipo no sólo demostraban que no tienen astucia para saber torear las situaciones adversas adecuadamente, sino que, sobre todo, tampoco tienen las cosas claras respecto a su lugar como funcionarios y la importancia que tiene para una autoridad que realmente es de izquierda el mantener la independencia de la institución pública sin convertirla en protectora de los intereses de las grandes empresas, como hace por otro lado el Gobierno central prestándole policías a las grandes mineras. Y es que no es sólo una cuestión de olfato político o de “mala comunicación”, como se dice. Es una cuestión de incoherencia entre lo que se dice ser y lo que se es.

Caricatura de Andrés Edery publicada en El Otorongo.

Caricatura de Andrés Edery publicada en El Otorongo.

Ejemplo 3: El soldado desconocido

Si salen revocados la alcaldesa y todos los regidores actuales, entraría como alcalde provisional el primer accesitario por Fuerza Social, el mismo que, según los seguidores de Fuerza Social, es un desconocido al que no han elegido. Resulta que en Fuerza Social, que ya no es partido por no pasar la valla electoral, dicen estar haciendo una política seria, no como “la tradicional”, y sin embargo no sólo no conocen a la gente de su lista a la que, de ser así, sólo habrían metido para llenar cupos, sino que, además, tienen la irresponsabilidad de decir que a él no lo eligieron. Bonita seriedad. Cuando se elige una autoridad se elige también a todo su equipo y a todos los regidores, incluso a los que quedan como accesitarios. Es sumamente irresponsable decir: “yo no conozco a este señor que fue en mi lista”. En realidad no es que no conozcan a Fidel Ríos Alarcón, al menos la cúpula de Fuerza Social sí lo conoce, lo que pasa es que les conviene presentarlo como alguien enteramente ajeno, extremista (por ser del Partido Comunista Peruano, aliado de Fuerza Social en la campaña) y, en buena cuenta, apelar al miedo, ese viejo enemigo durante la campaña. Así es la política para Fuerza Social, tan fluctuante según las conveniencias como puede serlo para el APRA, por ejemplo. Si en verdad están comprometidos con la ciudad, como dicen, y si finalmente sale revocada Villarán, sería bueno que ofrezcan su ayuda a la gestión temporal que tendría Ríos, en lugar de anunciar para la ciudad el caos y el terrible comunismo.

Ahora bien, todo ello es entendible dentro de la lógica de una campaña y siendo que en Fuerza Social nunca se han sentido peculiarmente allegados a los grupos socialistas o comunistas (en su interior respaldaron de manera casi unánime la decisión de Villarán de separarse de ellos). Lo que sí resulta francamente penoso es que supuestos líderes jóvenes de “izquierda” apelen a lo mismo. ¿Alguien que pretende ser de izquierda, que pretende un rol protagónico en ella y que dice: “ténganle miedo al comunismo”, “yo no conozco a estos del PCP”? ¿Es en serio? Lamentablemente, sí. ¿Se imagina a Camila Vallejo diciendo lo mismo en Chile? Felizmente, no. Por allá sí hay una tradición de izquierdas sólidas y coherentes.

Caricatura de Andrés Edery publicada en El Otorongo.

Caricatura de Andrés Edery publicada en El Otorongo.

A modo de conclusión

Con todo lo escrito —perdón por la extensión—, lo menos que puede permitirse una izquierda sensata en el Perú es abrazar sentimentalmente una causa que le aparta claramente de aquello a lo que está llamada a criticar. Incluso, ya puestos en ello, supongamos que por su debilidad y la necesidad de buscar aliados donde pueda, incluso entre quienes antes los botaron, tampoco es sensato que su apoyo sea un cheque en blanco, sin condiciones, sin una agenda propiamente de izquierda. Hay causas de la izquierda que sobrepasan a Villarán o a quien finalmente ocupe el sillón municipal. Esas causas, con el viejo espíritu crítico de Marx y no con el demagógico de Levitsky, debieran ser el derrotero de toda izquierda moderna en todo curso de acción. De lo contrario, su destino sólo podrá ser la mediocridad y la hipocresía cómplice con el status quo que Mariátegui, al referirse al “socialismo reformista”, tanto detestaba.

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El Perú que yo conozco no es una marca. La publicidad turística como mecanismo ideológico

PromPerú ha lanzado una segunda publicidad de la “Marca Perú” que ha sido objeto de no pocas críticas por su distorsionada imagen de la realidad peruana y, además, por el pésimo momento en que ha sido lanzada. Ante ello, no han faltado quienes la han defendido señalando que en una publicidad se vende lo bonito y no lo feo. Las réplicas han insistido —con razón, por lo que explicaré más adelante— que el discurso de la publicidad conlleva una toma de posición ideológica con la que se pretende legitimar con muy poca o nula capacidad crítica una particular perspectiva como la correcta; esto es, aquella que ve al país esencialmente como una mercancía, a partir de lo cual habría además que ocultar(nos) nuestros problemas. Algunos despistados han sostenido frente a esa crítica que “la carga ideológica no está en la campaña sino en sus críticos”. Pero una cosa es no tener ideología y otra muy distinta creer que no se tiene una; es decir, no ser consciente de ella. Es triste y patético observar cómo algunas personas viven su ideología justificándola con una presunta neutralidad que es absolutamente superficial e ingenua. ¿Cuál es entonces el mecanismo ideológico implicado en la publicidad de la “Marca Perú”?

Caricatura de Cossio.

Hay que distinguir en primer término la campaña internacional de la nacional o doméstica. Esto lo hacen sus mismos defensores señalando que de lo que se trata con esta publicidad es simplemente de atraer más turistas extranjeros. Dejemos de lado entonces, por el momento, el aspecto interno que no es menos relevante, para enfocarnos en lo que está detrás de este objetivo “internacional”. Ocurre que al turista extranjero, que del Perú no conoce probablemente mucho más que la submarca “Machu Picchu”, se le presenta una visión idealizada de lo que va a encontrar si viaja al Perú, una suerte de paraíso terrenal lleno de parajes exóticos que son ciento por ciento agradables y bonitos. Sin embargo, cuando llega, se encuentra con una realidad distinta a la que se le vendió; mucho más compleja y desigual, con graves carencias y conflictos sociales. De allí que algunos turistas cuando se van digan que, a pesar de su riqueza turística, el Perú no es como lo pintan en los catálogos de publicidad. ¿Se han puesto a pensar los estrategas en el rubro cómo esa distorsión afecta a nuestra imagen generando lo contrario de lo que pretenden, es decir, desconfianza? En realidad, sí, pero allí es cuando tiene lugar la implacable aplicación de su ideología. Y es que entonces ciertos empresarios, políticos y periodistas convierten lo ideal en lo real, aprovechando el convencimiento de la gente respecto a ese Perú ideal (que la publicidad anterior ubicaba acertadamente fuera del Perú) para, sin posibilidad de cuestionar la idealización misma, culpar de ese desajuste deliberadamente creado por ellos a quienes reclaman por mejoras en sus condiciones de vida y, en la mayoría de casos, para que el Gobierno central los deje vivir en paz sin imponerles políticas que les son perjuiciosas. La ideología se hace así redonda, justificando la “mano dura” contra aquellos “salvajes” o “facinerosos” que no se quieren acomodar al ideal de la publicidad. Incluso quienes expresan con su sola existencia algo distinto a lo que ésta ofrece pueden ser reprimidos; por ejemplo, el mendigo al que se le prohíbe “molestar” al turista. El mensaje implícito es: “No me importa si te mueres de hambre, pero no te voy a permitir que me malogres la publicidad”. Claro que, como tal aplicación fanática de una ideología se hace fácilmente evidente, se recurre a otros argumentos, también presuntamente neutrales, con los que se vuelve a realizar el mismo movimiento. Argumentos como: el turismo es una de nuestras principales fuentes de ingresos. Todo eso es, en el fondo, la misma cantaleta que, independientemente de los beneficios que tenga la actividad turística, sirve también para justificar la represión de la diferencia, del que protesta legítimamente, porque en la democracia la protesta pacífica es necesaria y conveniente, y no “un acto de terrorismo porque infunde terror”, como afirma un congresista tan torpe en sus inferencias como precisamente ideologizado.

Caricatura de Álvaro Portales.

El asunto además pasa por percatarse que es una ingenuidad supina considerar a la publicidad de la “Marca Perú” como una simple publicidad para atraer el turismo extranjero, cuando claramente es usada por el Gobierno como una campaña —al parecer, permanente— dirigida también al turismo y al optimismo (eso que otra publicidad privada llama “positivismo”) domésticos. El problema, claro está, no es el optimismo en sí, en cuanto impulso vitalizante, sino cuando éste implica una sistemática idiotización del ciudadano que se encuentra mediocremente satisfecho con sus condiciones de vida y que, por lo mismo, es incapaz de atender a otra cosa que no sea su propio ombligo. En ese sentido, la “Marca Perú” alimenta un deleznable nacionalismo de poca monta, un hueco chauvinismo que por su naturaleza implica necesariamente una voluntaria renuncia a ejercer la facultad del juicio, la capacidad (auto)crítica. Ya sea bajo la forma “no puedes criticar la gastronomía peruana” o bajo la forma “tu protesta le hace un daño irreparable al turismo”.

El Perú que turísticamente yo conozco y que quiero seguir conociendo no es una marca; es un país entero, con una belleza natural y cultural que no deja de sorprenderme pero también con problemas reales que no se solucionan volteándoles la cara para sólo ver lo que me gusta y encima creer que eso es lo aceptable. En la práctica, eso conduce inequívocamente al fanatismo, aunque, claro, maquillado con una publicidad biensonante y autocomplaciente. Sí, este es otro de los problemas actuales del país “El Perú”: la complacencia con ideologías de las que no se tiene conciencia porque están cubiertas con una abstracción llamada “marca”. Como afirmaba Platón en boca de Sócrates: si hay algo peor a estar enfermo, eso es estar enfermo creyendo que se está sano.

Caricatura de Markus.

 

Adenda (05/07/2012)

Dicho y hecho: “Golpe al turismo. La Cancillería de Canadá recomendó a sus connacionales tener ‘extremo cuidado’ al viajar a Cajamarca –donde la escalada violentista ha cobrado cinco vidas en dos días– y otras zonas del Perú en las que hay conflictos sociales, informó el ministro de Turismo y Comercio Exterior, José Luis Silva.”

Caricatura de Rossell

La PUCP: una cuestión de Estado Constitucional de Derecho

El litigio entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el cardenal Cipriani ha dejado de ser un asunto netamente jurídico sobre la herencia de Riva-Agüero (cuyo curso hasta el 2009 se puede ver aquí) para adquirir también un carácter de Estado de Derecho. Si bien no se trata de un pronunciamiento oficial del Vaticano como Estado, sí ha habido una comunicación de su Congregación para la Educación Católica con pretensiones de mandato, como lo ha reconocido el propio cardenal, pero que, al colisionar con la legislación y el interés educativo nacional, no puede ser tomada más que como una sugerencia absolutamente inaceptable. Mirko Lauer la ha descrito bien como “una suerte de decreto supremo transnacional en un tema educativo, con el deleznable argumento del uso de las palabras católica y pontificia en el nombre de la PUCP.”

La comunicación no se ha debido enteramente a las presiones de Cipriani. Fueron las mismas autoridades de la PUCP, con una ingenuidad digna de mejor causa, las que, confiando en sus buenas relaciones con el Vaticano y con otras universidades católicas, enviaron sus estatutos para que estos fuesen aprobados. Hay que reconocer que son muy pocas las universidades pontificias -entre ellas la PUCP- que tienen un régimen especial (democrático) en la elección de sus autoridades, por lo que desde esa perspectiva la PUCP debería ajustarse a lo regular entre las universidades pontificias: la autocracia, pero eso se torna inviable desde la normativa legal peruana (y los principios constitucionales que la rigen), por la cual ésta incluso perdería su habilitación como universidad si no fuese su Asamblea Universitaria la que eligiese al rector.

Pero la muestra de que Cipriani ha estado propiciando una exigencia favorable a su causa está en el testimonio que la misma Congregación ha dado y que no ha podido recibir sino de él, que opina que la actual educación en la PUCP no es católica. En su comunicación, ésta indica que los profesores “deben respetar la doctrina y la moral católica en su enseñanza”, como si no lo hicieran y como si respetar fuese lo mismo que suscribir. Ese mandato, aplicado negativamente, es abiertamente contrario al orden constitucional, según el cual sólo los mismos principios constitucionales restringen la libertad de cátedra que, por lo demás, debe permanecer irrestricta. Se trata de un derecho tanto de los docentes como de los alumnos en todas y cada una de las universidades peruanas. Un docente que enseñe, por ejemplo, que el marxismo ofrece las mejores herramientas para analizar los procesos sociales, con toda la libertad para que sus alumnos discrepen, ¿debería estar obligado a mentir(se) y afirmar que esa creencia es errónea porque desconoce la doctrina y la moral católica, bajo riesgo de ser despedido? ¿O lo mismo si es ateo y no quiere ser hipócrita y jurar la fe católica? Según la Congregación y el cardenal, así debe ser. Pero desde luego que están equivocados, porque lo que manda es la libertad de cátedra asegurada por la Constitución. ¿De qué otro modo, además, podría garantizarse una libre discusión de ideas basada únicamente en la inteligencia y la persuasión? ¿Qué culpa tiene la institución universitaria de que el catolicismo ultramontano no persuada ni tenga autoridad moral por su alejamiento de los principios que enseñó su fundador y por los que fue crucificado? “Dios ha muerto” -decían los teólogos de la muerte de Dios a mediados del siglo pasado- y vuelve a morir cada vez que un hombre recibe un trato injusto, cada vez que se le mata (no sólo en sentido literal)… en suma, cada vez que se atenta contra su dignidad como ser libre. Al negar la libertad y al encubrir delitos abominables de sus miembros, la Iglesia católica mata a Dios una y otra vez.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (22.08.2011)

La disyuntiva hoy planteada en nuestro contexto universitario, que no en vano tiene el nombre de universitas y se remonta al (no) tan lejano siglo XIII, cuando las universidades europeas empezaron a defender su autonomía de las facultades de teología y de los mandatos papales y episcopales, está entre ser hombres maduros guiados por el uso de la propia razón en busca honesta de la verdad, o ser un manso grupo de niños y roedores que sólo deben aprender a seguir al iluminado flautista pontificio.*  El título de Pontificia es vinculante sólo en la “Santa” Sede y en los países que se lo permitan. El nuestro, gracias a Velasco, prohibió la injerencia extranjera en su educación universitaria y el gobierno de Belaúnde lo ratificó, de modo que en nuestro caso es sólo un título honorífico, aunque obviamente el tema es discutible para quienes quisieran que el derecho canónico aún regulara nuestra vida civil.

La demanda del Vaticano se opone pues a la Ley Universitaria vigente, la misma que en su artículo 29 dispone que sólo la Asamblea, en representación de la comunidad universitaria, tiene la atribución para elegir a sus autoridades, empezando por el rector (lo que excluiría la fórmula de una terna propuesta para que el arzobispo elija). El artículo 4 es igualmente bastante claro:

La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes:

a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;

b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo.

c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.

Se entiende que se habla de la República del Perú (porque además el Vaticano es una monarquía absolutista) y que las responsabilidades que impone la ley son las de una asociación sin fines de lucro. Y en el mismo artículo se agrega que:

La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley.

Todo ello, en “buen cristiano”, significa que la Ley faculta a la Asamblea Universitaria a decidir autónoma, soberana y definitivamente sobre la eventual participación que podría conceder a la Iglesia católica, siempre que no contravenga con lo dispuesto en ella. La Iglesia no está exenta de lo que mandan y sancionan las leyes nacionales. No nos independizamos y nos declaramos republicanos para que otra monarquía venga a imponer sus normas sobre las nuestras, y menos aún si estas propician todo lo contrario a los principios que queremos que tengan nuestras universidades (artículo 3):

a. La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad;

b. El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente Universidad; y,

c. El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

Y el artículo 42 dispone la obligatoriedad de que profesores, estudiantes y graduados participen en el gobierno de la universidad. La entidad fundadora puede hacerlo también sin afectar lo anterior, pero en este caso el título de Pontificia, por el cual la Iglesia alega tener un derecho, no lo tiene la PUCP desde su fundación (como si fue el caso de la Universidad de San Marcos, que renunció luego a él), sino que le fue otorgado por su 25 aniversario. La PUCP fue fundada como una asociación civil sin fines de lucro, esto es, como institución del derecho peruano y sin participación de la Iglesia sino como asociación libre de religiosos y laicos.

Cuando Cipriani pregunta retóricamente: “el que está casado ¿no está limitado por su mujer?, el que maneja un carro ¿no está limitado por un semáforo al manejar? Toda persona acepta unas normas en donde trabaja, entonces ¿por qué le va a parecer una limitación que la sagrada congregación de Roma, y no yo, les pida que se pongan en línea de lo que la Iglesia les pide?”, olvida deliberadamente que quien manda en la educación peruana no es Roma, sino el Estado peruano mediante sus normas internas, empezando por la Constitución y la Ley Universitaria. Cualquier “mandato” del Vaticano no tiene en nuestro ordenamiento más valor que el reglamento de un club, y así como estos no pueden válidamente disponer reglas contrarias a los principios constitucionales ni a las leyes del país, del mismo modo la Iglesia católica tiene que ajustarse al mandato de la Ley. Por eso ninguna Iglesia puede ampararse en su libertad religiosa o en su derecho particular (derecho canónico) para justificar prácticas discriminatorias o hasta delitos como el encubrimiento de los crímenes de pedofilia. Y, por eso mismo, a los estudiantes de una universidad católica no se les puede obligar a profesar esa fe, ni siquiera para ser admitidos (y aunque estos no tengan tampoco derecho a exigir la práctica de un culto distinto dentro de esa institución como sí se hace con el culto católico). El derecho canónico, que antes podía ser el único regulador de aspectos de la vida civil como el matrimonio (no existía el matrimonio civil), no tiene ya ninguna capacidad vinculante. Incluso si un religioso comete un delito, éste debe ser procesado penalmente como cualquier ciudadano y la Iglesia puede ser civilmente responsabilizada por sus actos.

Por todo esto, hoy más que antes resultan inadmisibles, desde un punto de vista jurídico pero también ético, exigencias como la que hizo el cardenal Landázuri, Gran Canciller de la PUCP en su momento, para que se expulsara a un connotado catedrático de Derecho por el execrable acto de haberse divorciado y, peor aún, vuelto a casar. Para ser honestos, seguramente Riva-Agüero hubiese avalado esa exigencia, ya que él renunció al Ministerio de Justicia para no firmar la aprobación del divorcio civil, pero, en estos puntos, su voluntad o la de cualquier otro es irrelevante dada la primacía absoluta de la Constitución y del Estado de Derecho por sobre las morales particulares. Las garantías constitucionales deben su primacía a que siguen principios trascendentales de la razón (de razonabilidad) y no dogmas de fe.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (21.08.2011)

El abogado de Cipriani, Natale Amprimo, ha señalado que en la Ley Universitaria se indica también que esas disposiciones no colisionan “con las reglas que rigen las universidades católicas”. Sin embargo, esa es una mentira más: en ningún lugar de dicha Ley se sostiene aquello y aún si lo dijese él bien sabe que, más allá de su retórica engañosa, eso no colocaría a dichas reglas en igualdad de primacía frente a la Ley y a la Constitución. La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no tiene ninguna validez legal en la educación universitaria peruana, sino solamente moral (además de no disponer dicho documento requisito alguno en la elección del rector). Y al contrario, la Ley es bastante clara en que toda universidad debe ajustar sus estatutos a lo dispuesto en ella, y sólo hay una indicación en el artículo 98 respecto a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y a los seminarios y centros de formación de las comunidades religiosas (entiéndase: órdenes y congregaciones), a los que se respeta sus estatutos eclesiásticos en función de que puedan formar teólogos y profesores de religión, pero sin tener la categoría de universidades, sino tan sólo sus exoneraciones (y ciertamente esto va contra el principio de igualdad de culto y debiera suprimirse). Puede que Amprimo tenga la ceguera dogmática de su cliente, pero eso no le da derecho a inventar cosas buscando engañar a la opinión pública. Lamentablemente El Comercio tiene periodistas a los que les interesa sólo reproducir opiniones y no la búsqueda de la verdad, llegando al punto de afirmar que el nombre de “católica” podría perderse, como si se tratara efectivamente de una franquicia supranacional que ha monopolizado la creencia como un mero adjetivo, decidiendo quién tiene derecho a usarlo y quién no. ¡Y lo pretende la Iglesia actual, que tiene menos autoridad moral que la de los Borgia!

Las declaraciones de Cipriani muestran bastante bien su catadura moral. Por un lado dice que el actual ministro de Justicia va a inmiscuirse en el litigio (al parecer él no tuvo la formación cívica mínima que le advertiría que Consejo de Ministros y Poder Judicial son dos instituciones separadas) bajo el argumento de que proviene de “las canteras” de la PUCP; pero, ¿acaso su propio abogado en el proceso no proviene de las mismas canteras? No es que el cardenal sea un imbécil, no, sabe muy bien lo que hace, conoce la retórica que usa, plagada de medias verdades y de mentiras, pues quiere “curarse en salud” y evitar que el asunto sea tomado como una cuestión de Estado; sin embargo, como las medias verdades, y sobre todo en un hombre colérico, hacen que el pez por la boca muera, muestra también sus intenciones y su visión economicista de la fe. Por ejemplo, cuando afirmó que “los militares le expropiaron la Universidad Católica a la Iglesia” o que “nadie puede decir ‘este es un automóvil Toyota’ si la fábrica Toyota no le pone la marca“. No es el Estado de Derecho ni el bien universitario lo que le interesa, como quiere hacer creer en otras declaraciones, sino la propiedad, el interés económico de la fábrica cuya denominación social pasará en adelante a ser “Iglesia católica S.A.C.”, teniéndolo a él como administrador y haciendo de la fe ni más ni menos que una marca. De estar vivo Jesús, ¿no le habría hecho lo mismo que a los mercaderes del Templo? Y si los católicos están llamados a imitar a Cristo, ¿por qué entonces no hacen lo propio? Para eso sí sigue sirviendo el derecho canónico, estén enterados: los petitorios para que se destituya a una autoridad eclesiástica son factibles.

Nótese además, porque nada es casual en la mentalidad dogmática, lo interesante que es el uso del símil de la fábrica por su sello de origen, toda vez que el dogmatismo apela siempre al Origen para fundamentar metafísicamente sus apetitos materiales. En ese sentido, hasta los Borgia eran más honestos.

Desde el rectorado de Lerner se ofreció a Cipriani que la Asamblea tuviese la obligación de escuchar al arzobispo antes de elegir a su rector, pero él no aceptó porque obviamente le interesa una injerencia directa (poder fáctico) y no una mera autoridad moral. Qué autoridad moral va a tener también él… Se le ofreció incluso algo que aun en su ambigüedad es inaceptable: que la PUCP sólo contrataría profesores que observaran la doctrina católica y tuviesen una moral intachable (lo que, claro, puede entenderse como no admitir pedófilos, pero también como no admitir profesores divorciados o alumnos homosexuales – algo también sugerido por la comunicación del Vaticano). Pero Cipriani no aceptó; su mentalidad maquiavélica sabe muy bien que sin poder fáctico él no es nada. Y claro, los católicos fanáticos siempre apelarán a la lógica del ethos (así como algunos clubes y discotecas) y denunciarán la imposición de un “pensamiento único” (que curiosamente es el que defiende la pluralidad dentro de ciertos márgenes de razonabilidad; ahí su ejemplo del semáforo y la esposa no aplica, Dios sabe por qué, y yo también: porque no les conviene) y acusarán supuestas violaciones a su libertinaje religioso, pero felizmente nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho que no debe permitir sus atropellos. Por varios siglos se les permitió; ahora ya no.

Al negar que se trate de una cuestión fundamentalmente económica, dice Cipriani sobre el rector de la PUCP que “el ladrón cree que todos son de su condición”, pero poco después afirma: “¿Quieren dejar de ser católica y pontificia? Que lo dejen con sus consecuencias”. Claro, las consecuencias según lo estipulado por el testamento de Riva-Agüero serían que los bienes de su legado pasen al arzobispado que él -todo un sofista- preside. Bastante desinteresado el divino cardenal. Ahora bien, como esa cláusula testamentaria debe someterse igualmente al imperio de la Ley, que establece que los bienes de una universidad sólo pueden ser destinados al mismo fin, seguramente Cipriani estaría pensando en otorgarlos a algún centro conservador, como la Universidad de Piura o la Católica Sedes Sapientiae. El título pontificio o el prestigio y la continuidad de la universidad que él mismo, antes de enterarse del testamento de Riva-Agüero, reconoció como “una de las mejores, si no la mejor universidad del país” no le importan en absoluto, así como no le importó dejar a los alumnos del Colegio Externado Santo Toribio sin educación y hasta sin constancias. Que no venga pues a presentarse como santo varón.

Si tanto le disgusta al cardenal que la PUCP presente un catolicismo plural, crítico, interiorizante antes que institucionalista (recuérdese lo que Jesús decía al respecto), con una clara vocación liberal y de servicio (seguramente por ello ha prohibido que los teólogos de la PUCP celebren misa en la capilla de la Universidad), debería enterarse que en prestigiosas universidades extranjeras, como la de Harvard, la Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez (que él considera desviada) es lectura obligatoria hasta el punto en que los exámenes de idiomas de teología piden traducirlo.** Él, en cambio, ¿a quién le ha ganado? A lo mucho, su vida proporciona ejemplos precisos para aquellos libros de Nietzsche donde se denuncia la inmoralidad de los moralistas y la podredumbre del cristianismo.

Caricatura de Carlín publicada en La República (21.08.2011)

* Recuérdense las declaraciones de aquel religioso del Opus Dei que explica cómo hay ciertas lecturas que no deben ser leídas sino más bien referidas por un mediador que tiene la madurez (el dogmatismo) suficiente para señalarle cómo debe entenderlas. Esa visión de la pedagogía es absurda e idiotizante. Más aún en un nivel universitario.

** Le agradezco esta información a Raúl Zegarra.

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Tú, come, no preguntes y agradece por los transgénicos

Con esa locuacidad ridícula que lo viene caracterizando (el segundo mandato le ha caído mal, pobre), el presidente García dijo hace varias semanas, ante los reclamos por el decreto con el que permitía el ingreso de semillas transgénicas a la agricultura nacional, que quería “informar a todos los peruanos que cada uno de nosotros come 63 kilos de transgénicos al año, sin saberlo“. Pretendía utilizar la ignorancia como argumento a favor de su decreto; una ignorancia que, por lo demás, no es producto del azar, sino de un deliberado engaño que debiera ser administrativa e incluso penalmente sancionado (delitos contra la salud y contra la fe pública).

En esa misma entrevista (en el programa Sin Medias Tintas), García hizo gala de su concepción discriminatoria de la ciudadanía: “Me gustaría que sobre el tema hablen los técnicos, los que saben, los biólogos, los agrónomos, esos son los que saben“. El chef Gastón Acurió reaccionó acertadamente (aunque después, con muñeca diplomática, rehuyó al tema):

Decir: que hablen los que saben, es decirle al 90 por ciento del país que no opina como uno, que se calle por que “no sabe”. ¿Es posible cualquier discusión en esos términos? Tener el ego elevado no está bien. Tener el ego colosalmente elevado está pésimo. Pero tener el ego colosalmente elevado y ser líder de un país, eso está muy, muy mal. Eso sí que es imperdonable.

La retórica de García es torpe porque no genera el pathos que él espera en la ciudadanía, sino su opuesto, pero permite ver su raciocinio como político. En este caso, su aparente convicción de que las políticas públicas deben ser determinadas exclusivamente por “los técnicos” y sus criterios objetivos. Se trata de la vieja idea de que debe gobernar quien tiene un conocimiento especial sobre lo que es mejor para todos y cada uno; instaurando un régimen claramente reñido con la democracia (por implicar ésta el dominio de la ignorancia del vulgo).

Es la idea platónica del filósofo-rey, aunque devenida en tecnocracia, algo que el mismo Platón hubiese criticado, porque el conocimiento al que se refería no era el empírico y cientificista o utilitario de nuestros técnicos, sino uno basado en lo inteligible, en la razón. Algunos hablan ligeramente de “sofocracia”. Lo que quiera que ello sea, no tiene que ver con Platón, pues él proponía que el filósofo gobierne o que el gobernante haga filosofía, y con ello negaba que el “sabio” fuese quien debiera gobernar, pues al hombre no le está permitido ser sabio (sophós) sino sólo amante de la sabiduría (filósofo); y a los que se tenían por sabios (los sofistas) los consideraba embaucadores. Algo similar juzgaría de nuestros técnicos. En todo caso, García se contradice, porque entonces él no debería estar en la presidencia de un régimen democrático (Platón sí era consecuente y por eso rechazaba la democracia), ni opinar en absoluto sobre el tema. Pero que García no es ni sabio ni amante de la sabiduría es algo evidente.

Quien asestó un duro golpe a las pretensiones cognitivas de Platón y permitió la revaloración de la democracia en la modernidad fue en primer lugar Aristóteles. Como él demostró, la política tiene que ver no con un saber teórico, sino con un saber práctico dentro del cual lo principal es habituarse a ser prudentes (algo que el presidente García no es — su misma lengua lo confirma). Esto nos lleva a lo insensato que es excluir de la discusión sobre algo tan importante como las políticas alimenticias y agroexportadoras a aquellos que no son o biólogos o ingenieros agrónomos. De hecho, la gran mayoría de agricultores quedaría excluida al no tener las condiciones que el Presidente coloca como requisitos para la deliberación pública, cuando el único requisito es el de la ciudadanía, establecido constitucionalmente, en sus propias dinámicas representativas. Pero a García sólo le importan, según su propia expresión, los ciudadanos de primera categoría. Claro, esos que posibilitan que la plata le llegue sola.

Es en este punto que el mismo García revela su verdadero interés. ¿El bienestar de las mayorías en el país? No pues. No por gusto dijo una vez, ante un reproche por sus contradicciones entre lo que hacía y lo que dijo que iba a hacer, que “en política no se puede ser ingenuo”. Del mismo modo (y fungiendo de traductores cínicos), cuando se opone a la moratoria para el ingreso de semillas transgénicas y dice que “las moratorias se dan cuando no se quiere discutir un tema y yo creo que sí tiene que discutirse clara y abiertamente”, lo que se debe entender es que hay intereses económicos que no permiten perder el tiempo con deliberaciones que, además, podrían terminar siendo desfavorables para esos intereses. De otro modo resulta demasiado absurdo, incluso para él, que un aplazamiento pueda ser contrario a la discusión del tema, mientras que permitir el ingreso inmediato sí dé oportunidad para deliberar.

Es en esa misma línea que bien podemos tomarle la palabra al Presidente y exigir que hablen “los que saben” en qué están involucrados: los empresarios del rubro que son también funcionarios a cargo del tema, empezando por el ex-ministro de Agricultura y hoy ministro de Economía, Ismael Benavides Ferreyros, que es director de la Compañía Agroindustrial de Lancha, presidida por Dow Hers Seiner, uno de los cuatro grandes productores agrícolas del Perú, que a su vez fue designado por Benavides como su asesor y representante del Ministerio en el Proyecto Especial de Madre de Dios que prepara terrenos para grandes cultivos como los que requieren los productores de transgénicos; además de haber sido designado también director ejecutivo del Programa Interoceánica Sur y miembro permanente del Comité de Pre-incursión en Activos, Inmuebles y Otros Proyectos del Estado. Por su parte, tanto Benavides como el ex-ministro Rafael Quevedo, dueño de la mayor productora de pollos del Perú (interesado por tanto en el maíz y la soya transgénicos), designaron como asesor de alta dirección y representante del Ministerio de Agricultura a Alexander Grobman, presidente de la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología y uno de los principales interesados en desarrollar el negocio de los transgénicos en el país. Todo esto muestra que no sólo no ha habido imparcialidad sobre el tema en el Ministerio, sino que hay en ellos personas con claros “conflictos” de intereses (que no son tales porque en realidad sólo tienen un interes: el de sus negocios particulares). Al menos Grobman ha sido ya retirado, luego de varios años de despropósitos como asesor ad honorem y luego pagado por el Estado; pero hay otros varios ejecutivos y asesores cuya probidad es más que cuestionable.

Esos son los técnicos de García, “los que saben” cómo hacer negocios a costa del interés común, pervirtiendo así la función pública del Estado. ¿Tendría que sorprender que se haya observado la moratoria? No lo creo. Democracia es un concepto que le queda demasiado grande al actual régimen. Ni siquiera se trata, como se puede ver, de una tecnocracia, sino más propiamente de una plutocracia: nos gobiernan los que tienen determinados capitales que defender y enriquecer a través del Estado — falazmente llaman a eso democracia o, cuando quieren aparentar que son objetivos, modernidad. Por eso, cuando el directorio de ADEX descartó que entre los exportadores hubiese interés por el cultivo de transgénicos, Grobman los calificó de ignorantes. La vía de la “modernidad”, para gente como él y García, es de un solo sentido y no tiene por qué detenerse ante muertos o heridos. Cuando apelan a la razón frente a la ignorancia, lo hacen al modo convenido y cínico como los monarcas absolutistas se apoyaron en la Ilustración hace más de dos siglos. Si la estrechez de ese esquema, que siempre, incluso en su primer gobierno, ha avalado un reducido grupo de empresarios, no les permite comprender siquiera que las vías de desarrollo son múltiples (como en este caso la creciente rentabilidad de los alimentos orgánicos), mucho menos podrían comprender que las decisiones políticas no tienen la misma lógica que la mecánica o que la administración de una empresa, y menos aun en un gobierno que se dice democrático. Dice Grobman: “una gran empresa como Monsanto, con unas espaldas financieras muy anchas, puede ubicarse en el país que lo considere apropiado”. El respaldo financiero, la riqueza, manda por sobre las decisiones políticas. Así están ahora las cosas. También en el campo teórico (económico, politológico y filosófico) hay que librar una dura batalla si no queremos perder con la bolsa incluso la democracia que nos queda.

Los argumentos dados por “los técnicos” para observar la moratoria aprobada en el Congreso han sido que se afectarían acuerdos internacionales y que se “imposibilitaría el ingreso y la comercialización de medicinas obtenidas con biotecnología”. El de la salud es un argumento típico entre los defensores de los transgénicos porque obviamente nadie quiere ir contra ella, pero es sumamente parcial, puesto que también generan un alto riesgo en términos de salud. Lo que obvian los “técnicos” del Ministerio y sus interesados asesores es precisamente el factor científico de la aleatoriedad. Se dice, por ejemplo, que desde siempre el agricultor, al hacer injertos o cruces raciales, ha manipulado genéticamente sus alimentos. Ello es cierto pero sólo sirve para afirmar que los sistemas genéticos están en cambio siempre y el hombre, voluntariamente o no, participa en esos cambios. Se elimina así un falso naturalismo de corte más religioso que práctico, pero eso no permite validar inmediatamente la manipulación de los transgénicos porque ésta, por las posibilidades tecnológicas actuales, abre una gama de probabilidades en las consecuencias de los cambios que es muchísimo mayor que la de, por ejemplo, los injertos. El asunto está allí, en la alta aleatoriedad que es la imposibilidad de predecir con mínimos de seguridad qué consecuencias tendrá determinada alteración genética. A ello hay que añadirle el alto riesgo de contaminación a través del polen y del viento que “infectan” los cultivos orgánicos y los ecosistemas vecinos con suma facilidad y de manera irreversible. Esto, sin embargo, no significa que no haya efectos documentados, pues sí los hay, como la aparición de maleza resistente a herbicidas (característica de los transgénicos), demandando cada vez tóxicos más fuertes para eliminarlas.

Lo que tampoco consideran los “técnicos” de García son los costos que tendría la implantación de cultivos transgénicos en la deforestación amazónica (como viene sucediendo en Brasil), en la certificación de productos orgánicos que son comercializables por esa misma certificación (que es lo que defendía Acurio) y la misma dificultad de establecer en nuestra sierra los amplios campos de cultivo que los transgénicos necesitan (es decir que no consideran las necesidades y realidades agrícolas de nuestro país). El temor del Ministerio respecto a las medicinas es tan claramente infundado que hay que asumirlo con toda su malicia, pues el texto de la moratoria alude únicamente a organismos vivos modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza”, dejándose abierta la posibilidad de su ingreso para la producción de fármacos así como para la investigación que tanto pide el Presidente. No, no va por allí la observación de la moratoria, como tampoco por el lado de la afectación de acuerdos con el Mercosur que no implican una aceptación de semillas transgénicas. Los acuerdos que más bien son afectados por estos intereses privados son aquellos como el Protocolo de Cartagena, que de 140 países no fue firmado sólo por Paraguay, Japón y Perú, en el que se establecía un marco normativo común para compensar todo daño causado por el uso de transgénicos en el agro, el medio ambiente y la salud. El Perú que quiere García volver a gobernar en el bicentenario no es el paraíso de agricultura orgánica que es aún hoy, sino más bien un paraíso para la acción libre e impune de empresas transgénicas como Monsanto, con quienes se reunió en el 2007. Y encima tiene el descaro de pedir que no ladren los “perros del hortelano” azuzadores de salvajes primitivos que siguen adorando a los cerros como divinos…

Ya sabemos que al Presidente no le gustan los “perros del hortelano”. Él prefiere a los que nunca ladran, que le mueven la cola ininterrumpidamente y que darían la vida política por su amo (si no, que le pregunten a Mantilla o a Del Castillo). Los ladridos que se escuchan, sin embargo, no son señal de que el país avanza, sino de lo inepto y corrupto que es su actual Presidente.