No mentirás, arzobispo

La Iglesia católica ha adoptado como propio el mandamiento del Éxodo: «No darás falso testimonio contra tu prójimo» (Ex 20, 16). La fórmula catequética, tanto más general, exhorta: «No dirás falso testimonio ni mentirás» (Catecismo de la Iglesia católica, 2051). Sobre esta base, el mismo Catecismo precisa la gravedad de la mentira para un miembro de la Iglesia: «Las ofensas a la verdad (…) son infidelidades básicas frente a Dios y, en este sentido, socavan las bases de la Alianza» (2464). En consecuencia, un discípulo de Cristo debe «rechazar toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias» (1 Pe 2, 1). E incluso puede inferirse que es un falso discípulo el que miente contra su prójimo, pues «El discípulo de Cristo acepta ‘vivir en la verdad'» (2470).

La verdad cristiana está vinculada a la justicia y la caridad hacia el prójimo. Partiendo de Aristóteles, Tomás de Aquino señalaba que la virtud de la veracidad implica observar un justo medio según el cual se da al prójimo lo que le corresponde; es un acto de justicia (cf. Summa theologiae, 2-2, q. 109, a. 3). Por su parte, Ignacio de Loyola enfatizaba a la caridad como principio de la verdad: «Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo, que a condenarla» (Exercitia spiritualia, 22). Esto significa que la manifestación y el testimonio de la verdad —que es Jesús mismo— está íntimamente relacionada con la distribución justa y con la apertura hacia el otro. Por ello mismo, como dice Juan, si se afirma estar en comunión con Cristo pero las acciones van en línea contraria, también se miente (cf. 1 Jn 1, 6). Es decir que la práctica en contra de la justicia y la caridad por parte de alguien que se dice cristiano es un testimonio en contra de la verdad, una mentira. Filosóficamente, se diría que se trata de una contradicción performativa.

Ahora bien, ¿qué sucede si el que miente contra su prójimo no sólo es discípulo de Cristo, sino, además, pastor de su Iglesia? Evidentemente el carácter de su mentira se agrava, al menos en términos morales, pues políticamente es más probable que por manejos de poder no reciba corrección o reprimenda alguna y, en consecuencia, la institución eclesiástica misma se vaya desprestigiando. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace años con el actual arzobispo de Lima, Juan Luis cardenal Cipriani. Y en particular es el caso de su enfrentamiento contra la Pontificia Universidad Católica del Perú, que lo lleva a mentir reiteradamente. Por ejemplo, en un boletín oficial del Arzobispado se afirma lo siguiente:

1960
08/04/1960: Ley Universitaria reconoce pertenencia de la PUCP a la Iglesia Católica
La Ley Universitaria Nº 13417 reconoce la pertenencia de la PUCP a la Iglesia Católica. (Cfr. Ley Nº 13417. Art. 80º)

Curiosamente, para consumar el engaño, se ofrece la fuente de confrontación, como para que no se dude de su «veracidad». Dentro de toda la información ofrecida por el Arzobispado en ese boletín, plagado de falsedades, esa es la más importante, toda vez que la única ley que manda para todas las universidades peruanas es la ley nacional universitaria. Sin embargo, si vamos al texto de la citada Ley Nº 13417, leemos lo siguiente sobre la PUCP:

Artículo 80º.- La Pontificia Universidad Católica del Perú quedará sujeta a las disposiciones del presente ordenamiento con las excepciones siguientes:

1.- Se gobernará por las autoridades que fije su Reglamento.

2.- Su personal directivo, docente y administrativo será designado en la forma que determina su régimen normativo interno, debiendo las personas designadas llenar los mismos requisitos que los fijados para las Universidades creadas por el Estado; y

3.- Los miembros de su personal no tienen carácter de empleados públicos.

La entidad a que se refiere el presente artículo, fijará las condiciones del ingreso de los estudiantes y del régimen de estudios y de exámenes, que no podrán ser menos exigentes que el de las Universidades del Estado.

Si bien había un régimen especial para la PUCP, este artículo no dice nada ni da a entender siquiera una supuesta «pertenencia a la Iglesia». Al contrario, ese artículo se dirige a aclarar el carácter privado de la PUCP, por lo que en la Ley Nº 23733, que derogó a ésta, se suprime ese artículo y se incorpora (en el art. 6), como diferencia general para todas las universidades, la única diferencia entre régimen público, por un lado, y régimen privado por el otro. Y es tanto así, que el Arzobispado, que deliberadamente deja de lado la Ley vigente, no sólo miente respecto al contenido del artículo 80 de la antigua Ley, sino que, además, oculta el artículo 79 de la misma, en el que se afirmaba:

Artículo 79º.- La Pontificia Universidad Católica del Perú tiene carácter nacional.

La Ley es bastante clara. La interpretación del Arzobispado no se sigue del citado artículo y se contrapone más bien al artículo precedente, que es en realidad en el que se determina la «pertenencia» de la PUCP a la legislación nacional. Un buen hermeneuta del derecho no puede interpretar tan libremente el artículo de una ley, de modo tal que su interpretación contradiga explícitamente a otro artículo que arbitrariamente deja de lado. Y un buen hermeneuta del derecho sabe que resulta jurídicamente irrelevante lo que haya dicho una ley derogada, puesto que sólo mandan las leyes vigentes. Por si fuera poco, el Arzobispado, buscando un efecto meramente sofístico y con un cinismo desvergonzado, titula a su boletín: «En defensa de la verdad». ¿Puede quejarse la Iglesia católica de las relativizaciones de la verdad cuando uno de sus pastores, al mentir reiteradamente, provoca ese efecto en su propia feligresía? No sorprende en esa línea tampoco que los conservadores, amparados bajo la sombra de la autoridad, cuando son arrinconados por los argumentos, terminen relativizando todo con la excusa de «cada quién tiene su opinión». Lo cual, para ser honestos, debiera traducirse por: «ahora que no tengo a la Inquisición, cada quién tiene su opinión, así que no cambio la mía». La metánoia que anunciaba Juan Bautista y que está a la base de la vida cristiana, que se vaya al diablo.

El propio Catecismo especifica el tipo de mentira del arzobispo Cipriani: la calumnia, que «mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos» (2477), como es evidente que hace el arzobispo para dañar la reputación de las autoridades de la PUCP, elegidas por Asamblea como manda la ley nacional. Y siendo que la calumnia lesiona «las virtudes de la justicia y de la caridad» (2479), se trata de una mentira grave, pues «llega a ser [pecado] mortal cuando lesiona gravemente las virtudes de la justicia y la caridad» (2484). Por su parte, no le vendría mal a Rafael Rey, escudero y adulón del arzobispo con la excusa de que la Iglesia manda ser «dócil» con la autoridad, recordar que el Catecismo exige proscribir «toda palabra o actitud que, por halago, adulación o complacencia, alienta y confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta. La adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves [como es el caso]» (2480).

Jesús observaba que sus discípulos debían ser reconocidos por sus actos, no por la autoridad que alguien le hubiese conferido. Tanto es así, que aplicaba esto para sí mismo. Es por lo tanto legítimo cuestionar que alguien nombrado como pastor de la Iglesia lo sea realmente si vive en la mentira y la vanagloria. En ese caso, se le aplican las propias palabras de Jesús: «Vuestro padre es el diablo […] porque no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8, 44).

¿Cómo debería ser el futuro de la PUCP? por Marcial Blondet

El profesor Mario Castillo Freire, en un artículo publicado en El Comercio el 3 de octubre, sugiere que para que la PUCP siga siendo católica, ella debe adecuar su estatuto a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae (ECE). Me sorprende que el doctor Castillo, siendo abogado y profesor principal de la Facultad de Derecho, no se haya tomado la molestia de leer cuidadosamente ambos documentos para comprobar si el estatuto concuerda (o no) con ECE. El estatuto de la PUCP es, en su esencia, acorde con ECE. Solo faltaría realizar algunos ajustes mínimos al texto sobre asuntos cotidianos de la vida universitaria para que la concordancia sea perfecta. Sin embargo, esto no es suficiente para el Arzobispo, quien exige además que la PUCP esté sometida a su autoridad en temas que no están en ECE, como la elección del equipo rectoral, la aprobación del estatuto, y el control académico, administrativo y económico de la universidad.

El colega afirma también que la PUCP tiene naturaleza dual, pues está sometida simultáneamente a los mandatos de la Santa Sede y a las leyes peruanas. Eso es falso. La PUCP tiene naturaleza jurídica única como institución sin fines de lucro que se rige por las leyes peruanas y por su propio estatuto. Lo que sugiere el artículo al que nos referimos (y también el Arzobispo), que la Santa Sede escoja a los rectores y vicerrectores de entre una terna propuesta por la Asamblea Universitaria, es ilegal pues viola la Ley Universitaria del país, que claramente indica que los rectores y vicerrectores son elegidos por la Asamblea Universitaria.

Le preocupa también al profesor que algún enemigo de la Iglesia Católica pueda ser elegido rector o vicerrector. Sus temores son infundados, pues todos los profesores hemos jurado respetar la identidad católica de la universidad. Si hubiere algún docente enemigo de la Iglesia Católica, él o ella deberían renunciar a la universidad. Este compromiso garantiza plenamente que cualquier docente que cumpla con los requisitos estatutarios pueda ser miembro legítimo del equipo rectoral, tal como ha sucedido durante las últimas décadas. No hay necesidad alguna de que los candidatos rectorales demuestren públicamente su devoción católica y que expongan que llevan una vida acorde con el magisterio de la Iglesia.

La libertad de cátedra en la universidad es absoluta. Dentro del aula se puede discutir sobre cualquier tema, inclusive aquellos desagradables a la Iglesia Católica. En la universidad no atacamos principios, lo que hacemos es discutir, polemizar y enriquecer el debate. Eso es parte esencial de una universidad.

Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Castillo en que en la PUCP se respete completamente la libertad de credo y de pensamiento de todos los profesores, alumnos y trabajadores, y que la vida privada de ellos no sea razón para separarlos de la universidad, salvo, claro está, que hayan sido condenados por actos ilícitos.

La PUCP debe participar en los temas de la agenda política. Fue nuestra universidad, precisamente, una de las pocas instituciones que alzó su voz frente a la dictadura del fujimorismo y la que lideró la CVR, cuyo informe es un referente crucial para lograr la paz entre los peruanos, sin la cual el progreso del país es imposible. Castillo Freire dice que la PUCP se vio muy cuestionada por esa participación, pero muchos peruanos pensamos, por el contrario, que el hecho de haber participado activamente en esa comisión enalteció a nuestra universidad.

Nunca hubiera imaginado una PUCP desvinculada de la Iglesia Católica. Sin embargo, en este momento la jerarquía de la Iglesia no acepta a la PUCP tal como es y nos exige que obedezcamos sin cuestionar a sus demandas de cambio institucional. Pienso que ahora la universidad necesita reflexionar sobre su situación con la jerarquía de la Iglesia y tratar de llegar a una relación más amable, de respeto y tolerancia mutuos, que nos permita mantener el diálogo alturado y conservar el modelo de universidad que hemos desarrollado durante casi un siglo: el de una universidad autónoma, plural y democrática, inspirada en los valores católicos, reconocida internacionalmente por su alta calidad académica y su investigación de punta, comprometida con la formación integral de sus alumnos y con la construcción de un país más próspero, justo y solidario.

Universidad Católica de Lovaina respalda a la PUCP

El pasado 17 de septiembre, luego de una celebración eucarística en la iglesia de Saint-Remy d’Ottignies, Bruno Delvaux, rector de la Universidad Católica de Lovaina, dio en el Aula Magna de la universidad belga su discurso de apertura del año académico 2012-2013, tras el cual mencionó la preocupación de la UCL por la crisis que enfrenta a la Pontificia Universidad Católica del Perú y las autoridades católicas locales, ofreció el respaldo de su universidad a la PUCP y, asimismo, su disposición a ayudar en el diálogo con la jerarquía católica.

La Universidad Católica de Lovaina fue fundada en 1425. Es una de las más antiguas universidades europeas y la primera universidad católica moderna. En ella enseñó Georges Lemaître (mencionado en el discurso de Delvaux), el sacerdote y astrofísico que corrigió y convenció a Einstein sobre la imposibilidad de un universo estable y que sostuvo que el universo se originó en una explosión (el llamado «Big Bang»). El respaldo a la PUCP es el segundo respaldo dentro de la comunidad católica internacional, luego de que el General de la Compañía de Jesús autorizara a su Provincial en el Perú para hacer público el comunicado recientemente divulgado en los medios. En la UCL han estudiado numerosos filósofos de la PUCP, entre ellos su rector emérito, Salomón Lerner Febres, ex-presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. El rector Delvaux dijo lo siguiente:

El rector Delvaux en la inauguración del año académico 2012-2013. (Foto: Serge Haulotte)

Apertura del año académico

Louvain-la-Neuve, 17 de septiembre de 2012

Estando abierto el año académico, quiero iluminar su inicio a la luz del legado de Georges Lemaître haciendo una invocación. Georges Lemaître fue un profesor universitario eminente. Era también sacerdote. Su libertad de pensamiento y su audacia fueron correlativas a su confianza en las capacidades de la inteligencia humana. Matemático y físico, andaba a la búsqueda del sentido del universo. El encuadre de cómo se representaba las relaciones entre su disciplina y la teología se basa en la independencia de las disciplinas, una condición esencial para su diálogo.

En este sentido, yo quisiera expresar la preocupación de la UCL frente al conflicto que enfrenta, en América Latina, una universidad amiga, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a ciertas autoridades religiosas de ese país. La Pontificia Universidad Católica del Perú cuenta con muchos maestros formados en la UCL, entre los que saludo a Salomón Lerner, filósofo de Lovaina, ex-rector y figura destacada de la democracia peruana. Esta institución conduce desde hace años una labor ejemplar de investigación y enseñanza al servicio del Perú, realizando una síntesis fecunda entre la libertad que rige toda empresa universitaria y el diálogo con la tradición cristiana. Cumple con su misión académica. ¡Realiza el trabajo que le toca como universidad! A través de mi voz, la Universidad Católica de Lovaina expresa su profunda solidaridad con su hermana peruana y espera sinceramente que se construya el necesario diálogo destinado a producir una nueva relación entre la universidad y las autoridades religiosas del Perú. Nuestra universidad está dispuesta a ayudar del modo que sea necesario a la búsqueda de una solución justa a esta crisis dolorosa.

El texto original, que puede ser leído en la página Web de la UCL, es el que sigue:

(Foto: Serge Haulotte)

Ouverture de la rentrée académique

Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2012

L’année académique étant ouverte, je veux éclairer son début à la lumière de l’héritage de Georges Lemaître en lançant un appel.

Georges Lemaître était un éminent Professeur d’université. Il était aussi prêtre. Sa pensée libre et son audace étaient corrélatives de la confiance dans les capacités de l’intelligence humaine. Mathématicien et physicien, il était à la recherche du sens de l’Univers. Les contours de sa représentation des rapports entre sa discipline et la théologie étant fondés sur l’étanchéité des champs disciplinaires, prérequis essentiel de leur dialogue.

A ce sujet, je voudrais dire la préoccupation de l’UCL devant le conflit qui oppose, en Amérique latine, une université amie, la Pontificia Universidad Catolica del Peru, à certaines autorités religieuses de ce pays. La Pontificia Universidad Catolica del Peru compte de nombreux enseignants formés à l’UCL, parmi lesquels je salue Salomon Lerner, philosophe de Louvain, ancien recteur et figure marquante de la démocratie péruvienne. Cette institution mène depuis des années un travail exemplaire de recherche et d’enseignement au service du Pérou, réalisant une synthèse féconde entre la liberté qui préside à toute démarche universitaire et le dialogue avec la tradition chrétienne. Elle remplit ses missions académiques. Elle fait son travail d’université ! Par ma voix, l’Université catholique de Louvain exprime sa profonde solidarité avec sa consœur péruvienne et souhaite vivement que se construise le dialogue nécessaire destiné à faire aboutir une relation renouvelée entre l’université et les autorités religieuses du Pérou. Notre université est prête à faciliter de quelque manière que ce soit la recherche d’une solution équitable à cette crise douloureuse.

«La frase de Hegel «Dios ha muerto»» (sumilla) y sobre el VIII SEF

Después de muchos años, y luego de haber participado en otros simposios y congresos, vuelvo a participar este año en el Simposio de Estudiantes de Filosofía de la PUCP. He decidido hacerlo con un tema que llevo trabajando un par de años: la significación de la muerte de Dios, que es un proyecto con el que pretendo, fundamentalmente a partir de la historia de la filosofía medieval y moderna, medir el alcance filosófico de tal «noticia», analizar las posibilidades de validación de la religiosidad contemporánea más allá de los límites ilustrados, cuestionar las bases epistemológicas del agnosticismo y, sobre todo, abrirle paso a un ateísmo no positivista (en contra de la mayoría de ateos de la actualidad). Mi ponencia, programada para este viernes 21, abordará específicamente el modo como Hegel se apropia de la intuición artística (romántica) de la muerte de Dios y la desarrolla conceptualmente. Para quien pudiera estar interesado, copio a continuación la sumilla:

La primera mención filosófica de la muerte de Dios no corresponde a Nietzsche, que la hace suya en la línea de su ateísmo, sino a Hegel, para quien se trata de la comprensión filosófica de un momento histórico en el que se toma conciencia del acabamiento de la divinidad como ente supremo, como realidad suprasensible, para descubrir luego su transformación, su resurrección como una divinidad que permanece entre los hombres, realizándose en el dominio de la libertad humana; esto es, se trata de la muerte de Dios en el horizonte del saber absoluto y de la eticidad.

Para discernir el significado y alcance de esta concepción de la muerte de Dios, es preciso pues, en primer término, distinguir lo que este fenómeno epocal trae de suyo y el modo como Hegel lo incorpora en su sistema filosófico, elevando su forma representativa propia del arte al concepto. Concluiremos luego con una somera observación del alcance de esta concepción en la tradición posterior a Hegel.

Quisiera aprovechar para decir unas palabras sobre el VIII SEF. En primer lugar, que estoy gratamente sorprendido por la variedad de temas y autores que están siendo trabajados: desde la metafísica platónica hasta los debates filosóficos contemporáneos, pasando por la filosofía trascendental, la ética, la filosofía del arte, la fenomenología, la filosofía política, la filosofía de la historia y la filosofía latinoamericana. A mi juicio, especial mención merecen la ponencia de Juan Pablo Cotrina (UNMSM) sobre la fenomenología de Sartre, que en nuestro ámbito ha sido poco trabajada; la de Erich Luna (PUCP) sobre Quentin Meillassoux, uno de los más sugerentes filósofos franceses de la actualidad pero un gran desconocido en la academia peruana; la de Ethel Barja (PUCP) sobre Georges Didi-Huberman, importante esteta de nuestros días; y la ponencia de Míjail Mitrovic (PUCP) sobre el humanismo y el antihumanismo (contra lecturas excesivamente humanistas de Marx). Lamentablemente no contamos con las sumillas enviadas por los ponentes, que sería bueno que en estos eventos estuviesen colgadas en la Web.

En esta edición del SEF participan también como invitados especiales dos exégetas hegelianos: José María Ripalda y Volker Rühle. El primero disertará sobre la justicia, mientras que el segundo hará lo propio con la historicidad en Nietzsche. Ambas conferencias son el miércoles 19. Al respecto hay que señalar que se trata de dos buenos invitados, sin duda, pero es de lamentar que lo sean no por invitación exclusiva de los propios estudiantes, sino porque ya se encuentran en Lima para participar del Coloquio sobre Hegel que se celebra los días anteriores. Sería bueno que el SEF pudiese traer a sus propios invitados y que los estudiantes, que son finalmente los beneficiados, participen más activamente en este tema.

Por otro lado, se deja extrañar la interdisciplinariedad —que los filósofos tanto suelen elogiar en sus escritos, como la misma presentación del simposio— en las mesas magistrales. Mientras que en la Universidad se siga pensando que el estudiante de filosofía sólo puede dialogar y aprender de otros filósofos, que son además los mismos que escucha en clases, no se motivará a una interdisciplinariedad real. No hay siquiera presencia de filósofos de otras universidades, como para que se trate de un otro más tangible que aquél que teóricamente —dicen— debe interpelarnos. Felizmente ese no es el caso de las mesas de estudiantes.

Otro asunto relativo a una deficiencia generalizada de la profesión es la ausencia, tanto entre alumnos como entre profesores, de ponencias que reflejen trabajos de campo; es decir, filosofía lejos del sillón al lado de la chimenea, más vinculada con el mundo de la vida (el real, no el concepto) y no únicamente productora de exégesis que son necesarias pero insuficientes. El filósofo debiera estar obligado a realizar prácticas pre-profesionales y los simposios bien podrían reflejar los trabajos que realicen. Lamentablemente, el sillón y la chimenea son bastante cómodas y autocomplacientes, y es poco probable que esto cambie. A mi me hubiese gustado presentar el trabajo que estoy haciendo actualmente en la pinacoteca y el taller de arte del Hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera, pero, desafortunadamente, el compromiso de investigación me impide hacerlo antes de su publicación. Desde aquí, sin embargo, hago un llamado a los jóvenes filósofos para que vuelquen su formación al mundo. Véanlo si quieren como un retorno a la caverna. Véanlo como quieran, pero háganlo. Las razones del mundo y no las de la academia son las que demandan un auténtico reto para la filosofía (y no me refiero únicamente a la filosofía política o la ética).

La imagen elegida para el simposio de este año está muy bien (de hecho, mucho mejor que la incomprensible grafía del año pasado). Uno puede o no estar de acuerdo con el trasfondo ilustrado del dibujo de Goya, pero es un hecho que la filosofía debe defender siempre su prerrogativa racional o reflexiva, incluso con aquello que es prerreflexivo. Y, más allá de eso, es un buen síntoma que el mismo afiche (una imagen) dé que pensar.

El VIII Simposio de Estudiantes de Filosofía se realizará los días 19, 20 y 21 de septiembre en el Auditorio de Humanidades de la PUCP. El programa completo puede ser encontrado en la página Web del Centro de Estudios Filosóficos, la misma página en la que deben inscribirse quienes deseen asistir y no sean miembros de la comunidad PUCP.

Carta de monseñor Bambarén al presidente de la Conferencia Episcopal sobre la PUCP

Lima, 15 de agosto de 2012

Excelentísimo Monseñor

SALVADOR PIÑEIRO GARCIA-CALDERON
Presidente de la Conferencia Episcopal
Presente.-

Muy apreciado Hermano y Amigo:

Estando en Pariacoto del 7 al 10 de agosto para la celebración del Vigésimo Primer Aniversario del Martirio de nuestros Misioneros Franciscanos Conventuales Miguel y Zbigniew, tuvimos una profunda pena al conocer el lamentable comunicado del Consejo Permanente.

No solo es lamentable y penoso en su contenido, sino que nos duele por el daño que se hace a miles y miles de jóvenes y fieles que se sienten decepcionados de sus Obispos y afectados en su pertenencia a la Iglesia. Ustedes no solo han hecho causa común con el Arzobispo de Lima, sino que han asumido su problema y sus intereses como propios de la CEP.

No han valorado el daño que ya está hecho a una numerosa porción de la grey del Señor, que se sienten hoy como “ovejas sin pastor”.

Obediencia y fidelidad plena al Vicario de Cristo y a nuestra Iglesia, SI. ¡Yo por esto daría la vida! Pero fidelidad al Gran Canciller y sometimiento de toda nuestra Conferencia a su conducción en el caso de la PUCP, NO.

Repito: lo que era un problema local entre Arzobispo y PUCP, ha pasado a ser de la Iglesia, que antes fue marginada y ahora es instrumentalizada en daño del pueblo de Dios. Estamos perdiendo la mejor Universidad del Perú.

El caso lo reducen ustedes al ámbito canónico y legal, pero se olvidan de su repercusión pastoral. NO SOMOS LEGISLADORES, SINO PASTORES. ¡Gran responsabilidad!

Muchos nos preguntamos ¿era necesario el “comunicado”, no hubiera sido mejor y suficiente una reunión de la Presidencia de la CEP con el Rectorado de la PUCP?

Nuestras comunidades y parroquias se están desangrando no sólo por esto, sino porque muchos sacerdotes han perdido el celo apostólico, se instalan en sus despachos con horarios de atención, pero están lejos del pueblo de Dios. En cambio, las sectas están activas, van casa por casa robando las ovejas de Jesús. Crece la indiferencia religiosa. Los jóvenes se alejan. Cada día son menos los que frecuentan en sus parroquias la Misa dominical, etc, etc. Conozco parroquias en que el 50% ha dejado la Iglesia. Una profesora me contaba que a comienzo de año pidió a sus alumnos que levantaran el brazo los que eran católicos. ¡De 28 solo 2! En muchos colegios casi la mitad de los niños y adolescentes ya no son católicos.

Esto es lo prioritario y debe dolernos y preocuparnos a los Obispos.

Parece que nada de esto se ha tenido presente para sopesar las repercusiones pastorales del comunicado. Más que la Universidad, pierde nuestra Iglesia.

¡Que pena! ¡Me siento decepcionado!

Te ruego comunicar esta carta a los miembros del Consejo Permanente y a los demás Obispos. Esta carta no es RESERVADA como sí fue la que envié a Su Eminencia el Sr. Cardenal Tarcisio Bertone.

Solo me queda orar, orar, orar.

Que Dios les perdone, les ilumine y les acompañe.

Hermano en Cristo Jesús,

Firmado el original

✠ Luis A. Bambarén Gastelumendi S.J.

Obispo emérito de Chimbote

«Riva-Agüero, la Universidad Católica y el Tribunal Constitucional» por Carlos Ramos Núñez

Carlos Ramos es el más importante estudioso de la historia del derecho civil peruano. El siguiente texto suyo, en realidad, sólo indirectamente es una defensa de la causa que sostiene la Pontificia Universidad Católica del Perú en contra del Arzobispado de Lima. Más directamente es una acertada y puntual defensa del fuero civil frente a la intromisión que el Tribunal Constitucional estaría a punto de cometer sobre este asunto. Como señala Ramos, el respeto a la pluralidad de instancias, que implica el cumplimiento de las distintas etapas procesales, es parte sustancial de la administración de justicia y del derecho al debido proceso. Quiere esto decir que, de aceptarse la cuestionada figura propuesta por el Arzobispado, el TC, que es por definición el máximo defensor de la Constitución, estaría él mismo cometiendo una grave infracción constitucional.

Es necesario observar que los cuestionamientos jurídicos sobre la idoneidad de los magistrados que actualmente conforman el TC, son varios y no se limitan al caso de la PUCP. Es bueno observarlo porque hay aquí dos temas de fondo: 1) el copamiento del TC con magistrados vinculados al partido de gobierno (problema más serio aún tratándose del partido aprista y en especial el magistrado Mesía); y, 2) la importancia (hasta ahora poco enfatizada por los juristas peruanos) del formalismo en el adecuado funcionamiento de la justicia constitucional, toda vez que los principales excesos del TC provienen de las interpretaciones que hacen sobre las materias de fondo, aun cuando pronunciarse sobre ellas no tenga relevancia alguna para el asunto constitucional del que tratan. En ese sentido, es precisamente una función del estudioso del derecho llamar la atención sobre las distorsiones del derecho en las que puede incurrir un juez.

Riva-Agüero, la Universidad Católica y el Tribunal Constitucional

Carlos Ramos Núñez
Abogado y profesor de Historia del Derecho

Un personaje de la novela de Julio Ramón Ribeyro, Los geniecillos dominicales, el doctor Font, fulmina al estudiante de Derecho, Ludo, con una terrible frase:  “En el Perú los grandes juicios se ganan en el palacio de gobierno, no en los tribunales”. El caso PUCP parece ser uno de esos casos. No solo por el cuantioso patrimonio de la Universidad que se persigue, sino también la magnitud de disputa ideológica que se halla de por medio. También se halla en pos de toda la estructura administrativa, editorial y académica de la universidad. No sería extraño entonces que el gobierno anterior hubiera podido influir en el contenido de la sentencia emitida por el TC, del mismo modo como acostumbraba decidir la composición de este organismo del Estado por medio de aprobaciones, vetos políticos o la simple inercia para prolongar el mandato de los magistrados. Muchos políticos del oficialismo, lo mismo que el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Corte Superior, vinculado al partido de gobierno de la época, suscribieron, el 27 de julio de 2010, un comunicado a favor del Arzobispo de Lima, en pleno conflicto judicial.

Precisamente ahora se halla pendiente de expedición una nueva resolución del Tribunal Constitucional acerca del conflicto entre la PUCP y el Arzobispo de Lima. La sentencia anterior del 17 de marzo de 2010, dictada en mayoría, abiertamente favorable al prelado estuvo marcada por la incoherencia discursiva, la parcialidad manifiesta, el grosero rompimiento de la cosa juzgada,  y  las serias dudas sobre su autoría, legitimidad e independencia.  Como ocurrió con otros grandes casos de nuestra historia judicial, ¿emergió esta sentencia acaso en los extramuros de las cortes de justicia? ¿En palacio de gobierno? ¿En un Estudio de San Isidro? ¿En la Universidad de Navarra? La verdad algún día saldrá a luz. Lo que se sabe es que el gobierno anterior colocó estratégicamente estrechos colaboradores del primado en embajadas estratégicas. Desde allí se obtuvieron informes jurídicos favorables para la causa del prelado. Para los embajadores desde la privilegiada posición de agentes del Estado peruano era fácil socavar ante la Santa Sede los créditos de la PUCP e indisponerla ante las autoridades eclesiásticas.

En realidad, no había necesidad de una declaración del Tribunal Constitucional para conseguir el reconocimiento del derecho de propiedad de la PUCP. Es como si el derecho a la vida o la salud exigieran un reconocimiento previo. El disfrute del dominio (y, en consecuencia su plena administración) no requería de un reconocimiento judicial, menos todavía en sede constitucional. Se trata de un derecho per se, intrínseco, que se deriva de los títulos; es decir, la adquisición a título oneroso o gratuito a lo largo del tiempo, como en efecto, se han adquirido los bienes de la Universidad Católica. Irónicamente, el TC ha reconocido y dudo que ahora pueda retractarse la plena titularidad de la propiedad de la PUCP. En ese momento, no se utilizaba la táctica maximalista de considerar tales bienes como eclesiásticos. Esa argumentación vendría más tarde con motivo de sucesivos reveses judiciales del Arzobispado en los tribunales ordinarios.

Una despistada Sala Civil entendió que la parte expositiva de aquélla y no del mandato o parte resolutiva, debía anotarse en el Registro de la Propiedad Inmueble. Algo inaudito, pues ni siquiera el TC lo había ordenado. Por mayoría la Sala Civil dispuso que todos los bienes de la Universidad, procedieran o no de la testamentaria de José de la Riva-Agüero, figurasen a nombre de la Junta de Administración. Existen bienes registrados que fueron adquiridos por la Universidad Católica inclusive antes de la muerte de Riva-Agüero el 25 de octubre de 1944, otros que lo fueron con donaciones particulares, de gobiernos y fundaciones extranjeras o con las pensiones de los estudiantes, sin que tuvieran por causa de la adquisición ni el patrimonio ni los testamentos del gran peruanista. Bastaría para comprobarlo una comprobación registral y contable. Asunto que justamente tiene que ventilarse en los juzgados civiles.

Esta vez la defensa del Arzobispo, por medio de la discutida figura de la apelación por salto, curiosamente aplicado para el caso de la PUCP, insólitamente por la parte demandada, cuando solo podría hacerlo la parte demandante, ha requerido al TC que impida a la justicia ordinaria el conocimiento de cualquier causa que se refiera a la interpretación de los testamentos de don José de la Riva-Agüero. Quiere además que el acuerdo válido del 13 de julio de 1994 celebrado con todas las de ley entre el representante del Monseñor Augusto Vargas Alzamora, el canonista, Carlos Valderrama, y el representante de la PUCP, Salomón Lerner, que limitaba las funciones de la Junta de Administración, esa suerte de albaceazgo perpetuo, contrario a la Ley Universitaria, sea declarado ineficaz no por los tribunales ordinarios, sino por el Tribunal Constitucional.  Eso solo podría hacerse a través de un proceso de conocimiento ante la justicia civil con estación de pruebas incluida. No me sorprendería, sin embargo, si el TC opta por acoger la extraña apelación por salto del Arzobispo. Uno de los magistrados, preguntado sobre su militancia partidaria, sostuvo con ingenio criollo: “Uno no se acuesta hereje y amanece monje”. Sin embargo, tal conversión se materializó. La mayoría de jueces suscribió  una sentencia en la que, refiriéndose a la supuesta voluntad de Riva-Agüero, se lee:

«A este prominente peruano no le asaltó la idea de si la Universidad estaría en manos de Jesuitas, Dominicos o Franciscanos; si encausaban su fe en la línea Opus Dei, del Padre de Andrea, Sodalicio u otros. Él solo pensaba en la Jerarquía Católica, Apostólica y Romana, y punto.”

Con un dogmatismo religioso de este tipo (hasta por las mayúsculas) queda claro que el TC no es un órgano especializado en Derecho Civil. En su seno no existe ningún juez o asesor que la comunidad jurídica reconozca como técnicamente competente para pronunciarse sobre el tema de actos jurídicos, legados y herencias. El conocimiento de los procesos que conciernen a la interpretación testamentaria corresponde a la justicia común. La discusión sobre los testamentos y sus alcances es inherente a la justicia civil a través de sus distintas jerarquías. El TC no podría pronunciarse acerca de la interpretación de las cláusulas testamentarias, más todavía cuando las causas se hallan en pleno proceso y ningún órgano judicial se ha manifestado sobre el fondo del asunto. El TC incumpliría así un elemental principio constitucional: el respeto a la pluralidad de instancias. Avocándose además al conocimiento de causas pendientes. Rompería además el principio del juez natural: un juez constitucional invadiría los ámbitos de un juez civil. Ojalá que la lucidez se apodere de los magistrados del TC y que se disponga que la causa por los testamentos de Riva-Agüero se siga ventilando ante jueces civiles especializados de cuyo ámbito nunca debió salir. De otro modo, las puertas de la justicia supranacional estarían simplemente franqueadas.

«¿Constitución Apostólica versus Constitución Política?» por César Landa

El portal Justicia Viva ha publicado un artículo de César Landa, destacado constitucionalista, no sólo conocedor de la jurisprudencia constitucional sino también de la larga tradición que originó el constitucionalismo moderno, y ex-magistrado del Tribunal Constitucional. En este artículo analiza el profesor Landa el aparente conflicto entre la Constitución Apostólica, según la cual el Estado del Vaticano pretende imponer la elección de autoridades universitarias (aunque en dicha Constitución no se mencione nada al respecto), y la Constitución Política del Perú. Se trata de un conflicto aparente, no porque la primera no vaya en contra de la segunda, como alegan nuestros papistas que hoy como hace casi mil años defienden que la Iglesia debe tener ambas espadas, la espiritual y la secular (lo que en su momento tuvo la brillante oposición de los líderes franciscanos que, desde luego, fueron excomulgados), sino porque las Constituciones Apostólicas de la Iglesia no están al nivel de la Constitución del Estado peruano; son tan sólo normas de derecho privado que deben someterse al derecho público en lo que corresponda. Por lo tanto, no es la PUCP la que debe adecuarse a las normas del Vaticano, sino la Iglesia católica la que debe adecuarse a las leyes peruanas y aceptar -le gusten o no- los estatutos que sólo dependen de la propia asamblea universitaria, según lo que dispone la Ley y la jurisprudencia registral bajo el amparo de la Constitución Política. Aunque lo haya en el ámbito de lo político y de lo moral, no existe pues conflicto alguno en el terreno de lo legal: las universidades peruanas no tienen que someter sus estatutos a la aprobación de nadie más que su propia asamblea. Lo demás es una intromisión política inadmisible desde el punto de vista legal y constitucional. Pero en el Derecho sólo hay conflicto real cuando se trata de normas del mismo rango, y está claro que la Constitución Ex Corde Ecclesiae no tiene para los peruanos, ni siquiera para los creyentes, el mismo rango que la Constitución Política. La primera no genera ninguna obligación ni derecho en el ordenamiento legal, sino, a lo mucho, un deber moral. La segunda, en cambio, rige por encima de todo el ordenamiento público y privado. Frente a ésta, a la Iglesia no le queda más que someterse. El cristiano que ve en ello un imperativo de su propia religión, ha comenzado a comprender de qué se trata en realidad el cristianismo.

Copio a continuación el texto del doctor Landa.

¿Constitución Apostólica versus Constitución Política?

Dr. César Landa Arroyo

Ex-magistrado del Tribunal Constitucional

El largo proceso de la desacralización del poder público fue posible históricamente gracias a la progresiva  constitucionalización de los derechos humanos. No obstante, el Vaticano parece estar reiterando su vieja “doctrina de las dos espadas” –que valoraba la espada espiritual del Papa por encima de la espada terrenal del Emperador- y la “cuestión de las investiduras” –el Papa cuando entronizaba a un rey como Emperador también lo podía destituir-, en su diferendo con la Pontifica Universidad Católica del Perú, al establecer el 8 de abril próximo como el plazo para que el Estatuto de la universidad se adecúe a la Constitución Apostólica ExCorde Ecclesiae.

Sin embargo, la PUCP no fue creada y en consecuencia no pertenece al Vaticano, sino que fue fundada como “Universidad Católica” por cinco civiles y un religioso, registrándose en 1917 como una institución privada regida por el Derecho Público interno –Artículo 402° de la Ley Orgánica de Instrucción de 1899- y no por el Derecho Canónigo; pero, con la finalidad de ofrecer una enseñanza universitaria cristiana. Por ello, la universidad como institución científica, académica y social se encuentra inserta en un principio de autonomía para dichos fines, sin las cuales no podría llevar a cabo su finalidad esencial.

Ello demanda, por un lado, del goce y ejercicio de derechos y libertades para los profesores y alumnos establecidos en la Constitución y las leyes peruanas, así como, por otro lado,  de una garantía institucional para la conducción de la misma por parte de sus autoridades, de acuerdo con su estatuto universitario que consagra su naturaleza de asociación civil sin fines de lucro.

Pero, la libertad, igualdad y autonomía son derechos naturales y fundamentales de todos los miembros de la comunidad universitaria, que se orientan a su finalidad educativa. Las mismas que están inspiradas en los valores y principios humanistas y cristianos, que permiten integrar la ciencia y el bien común con la fe y la razón.

Ahora bien, que el Vaticano haya otorgado el título de Pontificia a la Universidad Católica del Perú (1942), no puede ser interpretado como la sumisión jerárquica a la “espada espiritual” y a la llamada “cuestión de las investiduras”; en virtud de las cuales la Santa Sede considere que corresponde al Cardenal y al Vaticano decidir en última instancia quién debe ser el Rector y  sus profesores, así como, qué materias o temas no pueden ser discutidos o cómo deben ser abordados; amén del manejo directo de su gestión en tanto se consideran propietarios de la universidad y de sus bienes.

La universidad es reconocida en el medio nacional e internacional por haberse ganado un merecido prestigio institucional y académico; el cual se ha logrado en virtud del pluralismo, la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y crítica, a través de la libertad de cátedra e investigación, con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la formación cristiana. Más aún, la universidad ha rechazado toda forma de violencia, intolerancia y discriminación, en el marco de la búsqueda de la verdad y el bien común para la comunidad peruana y las personas más desvalidas.

En la posibilidad de perder o menguar estos logros radica la preocupación de la comunidad universitaria que se ha forjado científicamente en un espíritu humanista y cristiano, con Rectores religiosos y civiles, sin que se haya producido censuras o cuestionamientos a su organización y funcionamiento de la naturaleza que se han presentado a partir del día en que, durante el gobierno de Fujimori, el Vaticano nombró a monseñor Cipriani, cabeza visible del Opus Dei, como Cardenal del Perú, y, en consecuencia, Gran canciller de la PUCP.

Si bien Roma ha hablado y no hay nada que discutir o preguntar –Roma locuta, causa finita-, la PUCP se encuentra constituida y sujeta al Derecho Peruano, desde su fundación y hasta la actualidad. Más aún,  el Vaticano al suscribir el Acuerdo de la Santa Sede con la República del Perú, en 1980, aprobado por Decreto Ley N° 23211, quedó comprometido a respetar  los mandatos de la Constitución Política, la cual garantiza en su primer artículo que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

Por ello, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no puede estar por encima de la Constitución Política, ni menos aún puede ser aplicada en contravención de las competencias de los poderes públicos; que mediante nuestra Carta Magna, la Ley Universitaria y el Estatuto han regulado la autonomía  universitaria,  los derechos fundamentales de las autoridades, profesores y alumnos; en la medida que la Universidad Católica  es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida conforme a la Constitución y las leyes peruanas.

El foco quemado en El Comercio

El editorial de hoy en el siempre tan objetivo e imparcial diario El Comercio se pretende iluminador respecto al conflicto entre la PUCP y la Iglesia católica. Sencillamente, no lo es. Veamos por qué.

1. Dice que los representantes de la PUCP (nótese que no da nombres) no hablan de lo central; a saber, el derecho que tenga o no la Iglesia, sino únicamente de «el uso que, de reconocérsele, podría dar la Iglesia a este derecho (obstruyendo, por ejemplo, toda investigación científica y desarrollo teórico que pueda oponerse a la doctrina católica)». En el mundo real, y no en la fantasía del editor, lo cierto es que este punto ha sido planteado como un tema relevante —y ciertamente lo es— pero nunca como el tema central. Desde el comienzo la estrategia de la PUCP se ha concentrado en lo jurídico, con el Arzobispado primero y luego con el Estado del Vaticano, al punto incluso de descuidar lo político en el asunto. Es más, yo sí creo que debía colocarse en el centro también «el uso que…», porque más allá de lo jurídico, la dimensión histórica sólo se capta al observar que las decisiones de la Iglesia romana (más allá de Cipriani) obedecen a un férreo control institucional centralizado que se inició en el siglo XII y que, tras reforzarse en Trento y Vaticano I, no tiene visos de acabar (al menos en las pretensiones de los eclesiásticos), y que luego de los monasterios, que pasaron a ser poco influyentes en la modernidad, se enfocó en las instituciones educativas hasta ahora. De todos modos, el punto es que el editorial de El Comercio es, por decir lo menos, «inexacto».

2. Luego sostienen que los «hechos que hablan a favor de la posición de la Iglesia son poderosos». Se basan en dos: el primero, que la Universidad habría sido creada dentro del derecho canónico (asumiendo que eso la marcaría de por vida y que ese derecho privado está por encima del nacional) y que no existían las asociaciones civiles en el derecho peruano de la época; el segundo, que en los estatutos de 1956 diría que la Universidad fue fundada «por la Congregación de los Sagrados Corazones» con «aprobación de todo el episcopado» (bajo el supuesto de que, por alguna razón que sólo dios conoce, esos estatutos estarían por encima de todos los demás). Sobre esto hay que aclarar lo siguiente:

a) Decir que la Universidad se fundó sobre la base del derecho canónico es dar cuenta de una gran ignorancia respecto a la historia del derecho peruano. En 1915, no sin la esperable condena y satanización de los representantes católicos, la libertad de culto fue declarada en el Perú como un principio constitucional. A partir de entonces se fortaleció la potestad política y administrativa del Estado sobre una serie de asuntos; entre ellos, la educación universitaria. Por eso mismo fue un logro para Dintilhac obtener del presidente Pardo el permiso para operar como universidad (1917). Sin la autorización del Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, sencillamente la creación de la Universidad Católica no hubiese sido legalmente posible, por más autorización que diera el Vaticano, lo cual además no ocurrió oficialmente sino después. En 1921, el arzobispo Emilio Lisson no quería aún aceptar la creación civil de la Universidad Católica, pero fue finalmente convencido por Dintilhac. El título de Pontificia se le concedió a la Universidad recién en 1942. De las tres, sólo la ley peruana era y sigue siendo una condición sine qua non. El abogado del Arzobispado, Natale Amprimo, sigue diciendo que la Universidad fue fundada «en el amparo de las leyes eclesiásticas» pero sin señalar qué ley eclesiástica autorizó y dispuso la creación de la PUCP. ¿O acaso pretende que la Resolución Suprema del 24 de marzo de 1917, firmada por el presidente de la República José Pardo y por el ministro Wenceslao Valera, es una ley eclesiástica?

b) Es sintomático cómo los defensores de la Iglesia apelan al pasado para señalar que así como las cosas fueron alguna vez, así deberían seguirlo siendo para siempre, aun cuando en ese origen no hubiese nada de lo que es el Vaticano hoy. Nietzsche sabía bien de esa obsesión por los orígenes y con su método genealógico la criticó certeramente. En el caso de la PUCP sucede lo mismo, con el agravante de que se miente deliberadamente al decir que fue la Iglesia la que fundó la Universidad. De cualquier modo, si es verdad que a la gente de El Comercio les preocupa el respeto de la ley, entonces deben saber que el derecho peruano actual no permite la modificación que el Vaticano desea. Independientemente de si en 1956 había compatibilidad o no entre la ley peruana y la eclesiástica, el derecho es cambiante y es claro que hoy no la hay. Ni siquiera bajo la forma de elección de candidatos, porque se dispone la restricción de que estos deben ser «idóneos» y porque la decisión final (y esto se llama soberanía), recae sobre un Estado extranjero y no sobre la misma asamblea. La «rebeldía» de la PUCP, por otra parte, se basa en que en ningún lugar de la constitución Ex Corde Ecclesiae se pone ese requisito de elección; es más, el artículo 3, numeral 4, dice claramente que el requisito de aprobación de los estatutos no es para las universidades católicas fundadas por laicos, como la PUCP, sino sólo para las eclesiásticas. Si la PUCP hubiese sido fundada por la Congregación de los Sagrados Corazones, como se dice, ¿por qué esta congregación no estuvo nunca involucrada? ¿O por qué entonces se le llamaba en la época «Centro Dintilhac» o «Escuelita del padre Jorge»? ¿Y dónde quedan entonces los laicos que participaron en su fundación?

El editor de El Comercio afirma que «ni siquiera existían en la fecha las asociaciones civiles en el Perú». En efecto, las asociaciones civiles se dan a partir del Código Civil de 1936, por lo que el mismo padre Dintilhac la inscribió como asociación civil en 1937. Pero el punto es que existen ahora y que la PUCP está ahora legalmente reconocida como tal. El derecho funciona así. Es un pésimo hermeneuta del derecho el que pretende que un status quo de hace casi cien años prevalezca por sobre el derecho nacional vigente. Más aún si pretende que un vacío legal de esa época tuviese en el ordenamiento civil que ser suplido por el derecho canónico. Amprimo dice que el problema se debe a que «en los últimos años las autoridades han ido modificando sus estatutos sin consultarle a sus dueños». Primero: la Iglesia no es dueña de la PUCP como ha sido largamente demostrado. Segundo: la soberanía estatutaria de las instituciones eclesiásticas, según el Concordato de 1980, corresponde sólo a los órganos que forman parte de la jerarquía de la Iglesia. Por eso mismo Juan Espinoza Espinoza distingue entre «asociaciones religiosas» y «asociaciones civiles con fines religiosos» (Derecho de las personas, Lima: Huallaga, 2001, pp. 457-458). Sólo las primeras deben someter sus estatutos a la Iglesia y la PUCP no es parte de ellas; de hecho, ninguna universidad, aunque hubiese sido fundada por la Iglesia, podría serlo porque su naturaleza misma hace que sus miembros estén fuera de la jerarquía eclesiástica y deben por tanto guiarse por lo que manda la ley peruana. Y tercero: la jurisprudencia del Tribunal de Registros Públicos ha establecido que

«No se requiere la autorización previa de la autoridad eclesiástica cuando se modifica el estatuto de una asociación civil entre cuyos fines se encuentra la difusión de la fe católica, cuando su organización y estructura guardan concordancia con las normas del Código Civil» (Res. Nº 736-2005-SUNARP-TR-L).

Ergo, sólo el derecho civil peruano es vinculante. Más claro no puede estar.

Viñeta "Kuraka" de Juan Acevedo (detalle), publicada en El Otorongo.

3. Dicen también que la autonomía no viene al caso porque «la autonomía se garantiza contra el Estado, no contra el dueño». Seguramente, en la mentalidad de liberalismo estrecho que tiene quien escribe, eso es así, pero el principio del liberalismo —fundamentalmente de sus vertientes moral y política— no se limita únicamente a una defensa de la libertad individual frente al Estado, sino también frente a toda otra fuente de coacción. En ese sentido, no es de extrañarse que una larga tradición liberal en el catolicismo, que data por lo menos del siglo XIV, haya afirmado la libertad individual del creyente en contra de la Iglesia. En esa tradición, despreciada siempre por quienes se agrandan cuando el Estado les impone una restricción pero que se arrodillan y rezan cuando es la Iglesia la que lo hace, se gestó el respeto por las leyes nacionales y el laicismo, entendiendo que esa separación entre moral católica y derecho nacional era ella misma un mandato religioso. La autonomía, pues, aunque no quieran los dueños del periódico aceptarlo, está en el meollo del asunto.

4. Que los argumentos de quien escribe son, más que simples, simplistas, lo muestra cuando afirma que la posición de la PUCP «implica estar dispuestos a asumir un robo (a la Iglesia) con tal de tener una universidad diversa». ¿Analiza críticamente, al menos un poco, el supuesto de que la Iglesia sea la dueña? En absoluto. Por ligerezas como estas es que hay por allí gente sin criterio que cree que por el sólo hecho de llamarse católica ya le debe pertenecer a la Iglesia. Dice el editorial que «si estamos en un Estado constitucional, los derechos que tiene cada cual deben determinarse según la ley y no según si a los demás nos parece bien o no». Pues bien, la Ley Universitaria, en concordancia con los principios constitucionales pertinentes, determinan que las asambleas son instancias autónomas y que sólo ellas son las encargadas de elegir al rector. A la Iglesia católica se le da, según el Concordato vigente (que es otro tema de vergüenza nacional), la facultad de regir con su derecho privado sólo a los seminarios e institutos teológicos. De modo que, más allá del caso de la PUCP, si alguna universidad que la Iglesia cree y administre eligiese a su rector por decisión o influjo del arzobispo, la Asamblea Nacional de Rectores podría aplicar la Ley e imponer sanciones a la Universidad exigiéndole la adecuación de sus estatutos a la ley nacional. (Y éste sí es un tema del que nuestro ilustre periodismo de investigación no informa.)

5. El editor de El Comercio cree que las tinieblas medievales son luminosas. Por eso enfatiza lo del «pésimo ejemplo» que darían las autoridades a los alumnos (como si estos fuesen críos en pañales) al supuestamente manipular el tema… ¡Qué tal conciencia! Además, si el que escribe es de aquellos seres precarios que actúan básicamente por imitación, a pesar de su avanzada edad, ese es asunto suyo; que no nos meta a los estudiantes universitarios en su grupo.

6. Y se afirma también en la columna que las autoridades han pasado por encima «ya varias veces en el conflicto paralelo sobre la herencia de Riva-Agüero, de lo que disponen los tribunales». ¿No es acaso el abogado del Arzobispado, pasándose de «vivo», quien quiso aprovechar un exceso meramente interpretativo y no vinculante del Tribunal Constitucional para pedir que se le dé la razón al Arzobispado sin siquiera iniciar un juicio sobre dichos bienes? ¿No fue acaso que el Poder Judicial, en doble instancia, rechazó esta pretensión? Entonces, ¿quién es el que pretende pasar por encima de los tribunales y no acatarlos? ¿Quién el que desinforma y quiere manipular?

7. El editor se escandaliza porque los representantes de la Universidad digan que el rechazo de los actuales estatutos por parte del Papa (que no es sino el rey del Vaticano) no es un verdadero problema, toda vez que el término «católico» no es de exclusividad de la Iglesia, por más que el derecho canónico, inaplicable en nuestro ordenamiento civil y registral, así lo estipule. Dice que se opone a los sectarismos de cualquier tipo, pero la «imparcialidad» de la que hace gala la columna se limita a señalar que Cipriani es un personaje nefasto para la apertura intelectual; nunca pone en la menor duda el presupuesto indemostrado de que la Iglesia sea la propietaria, en cuyo caso, aun si así fuese, no podría ésta «manejar su propiedad como mejor le parezca». Las universidades no son propiedades cualesquiera y eso deberían saberlo los Miró Quesada por propia experiencia. Como se ha dicho, por más normas privadas que tenga la Iglesia, en la elección de autoridades toda universidad debe someterse a las leyes nacionales. En caso contrario, puede y debe ser inhabilitada.

Estas observaciones desde luego no pretenden que los fanáticos dejen de pensar como piensan. Están dirigidas más bien a quienes quieren seriamente hacerse una opinión informada sobre el tema. El Comercio, en cambio, lanza opiniones desinformadas sobre esto como lo ha hecho siempre sobre muchos otros temas. No se quiere tampoco que un periódico con una dudosa reputación a lo largo de toda su historia sea ahora una lumbrera del periodismo nacional, pero hay que decirles a estos señores que para iluminar sobre un asunto es preciso estar bien informado y tener un poco de autocrítica para no hablar de lo que no se sabe. Porque un foco quemado, como el que tienen escribiendo esta columna, no alumbra en absoluto. Menos aún si su posición es exactamente la misma, con los mismos argumentos y términos, y por ende los mismo vicios, que la expresada por Amprimo. (¿Qué… tan poco original es Martha Meier Miró Quesada, la editora central de fin de semana adjunta a la dirección?) Así las cosas, el lema de la PUCP bien podría ampliarse según el propio texto evangélico: Et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.

Caricatura de Carlín (La República, 26-02-2012)

La autonomía de la PUCP y la soberanía nacional

Según se supo hace unas semanas de autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las conversaciones con el cardenal Péter Erdö, probable próximo Papa, no iban a admitir un retroceso en cuanto al acuerdo tomado por la asamblea universitaria de no modificar sus actuales estatutos. Se esperaba, sin embargo, poder conversar con el enviado papal sobre dar un nuevo impulso a la pastoral universitaria y a nuevos cursos de formación católica dentro de los programas académicos de la universidad y a cargo de laicos, como recomienda, a partir de Vaticano II, el más reciente documento sobre educación superior católica del CELAM (el Consejo Episcopal Latinoamericano). Pero, según un blog de autor argentino replicado por varios medios de prensa, el cardenal Erdö no habría estado interesado en temas de educación pues se le habría enviado con una misión estrictamente política: convencer a la PUCP de cambiar su estatuto, volviéndose propiamente una universidad eclesiástica (que nunca ha sido).

Así pues, en estos días se ha estado divulgando, sin ningún respaldo documental ni declaración oficial, la presunta noticia de que ese diálogo se ha roto. Aunque sin las pretensiones también económicas del cardenal Cipriani, la posición de algunos círculos católicos, entre ellos el Vaticano mismo y el cardenal Erdö según este supuesto «insider«, es cerrar filas con un firme control institucional en toda la Iglesia. En ese sentido, la PUCP, como la Universidad Católica de Lovaina y otras pocas en el mundo, es tenida por foco rebelde que hay que aplacar para que no cunda el mal ejemplo de la libertad (o, como prefieren ellos llamarle, el libertinaje). La situación está bastante clara: no les interesa una educación libre y de calidad (lo que supone necesariamente la herejía, es decir, buscar otros caminos), sino el mero adoctrinamiento moral y teológico, el control de lo que los alumnos leen, de cuándo se les permite hacerlo y con qué guía espiritual (fundamentalmente manuales de Navarra en lugar de textos originales), y el logro de una mayor fidelidad al Status Civitatis Vaticanæ, que a lo mejor porque está sobre el monte Vaticano creen que recibe mejor la iluminación divina. La moral y la política, pues, son el quid del asunto, como lo fue en el siglo XII, sólo que por entonces se trataba de uniformizar todos los monasterios, y como si las actuales prerrogativas del Vaticano hubiesen sido algo más que sacros chantajes a Estados laicos herederos, como lo es el Perú, de los ideales republicanos de la Revolución francesa, tan aborrecida por ellos.

Ahora bien, para decirlo en términos kantianos, hay que plantear tres preguntas fundamentales:

1) ¿Qué podemos saber?

Ésta es una cuestión esencial si uno no quiere opinar desinformadamente, como hacen algunos voceros del Vaticano, por ejemplo, el susodicho blog «Vatican Insider» del diario La Stampa. Se puede sintetizar algunos puntos importantes en respuesta a esa publicación (para otros me remito aquí a un post anterior).

El autor de ese blog comienza elogiando «la disposición al diálogo mostrada por el cardenal Péter Erdö». Pero, si las cosas fuesen como las presenta, no sólo no habría habido diálogo alguno, en tanto que ambas posiciones apuntaban a los estatutos de la Universidad, sino que, de todos modos, Erdö fue finalmente enviado como visitador canónico; esto es, como poco menos que un inquisidor, que busca poner orden, sin alternativa alguna. En realidad, la PUCP no tendría ni siquiera que haber recibido a Erdö en tal condición, porque no es una universidad eclesiástica, de las que se guían no por la constitución Ex Corde Ecclesiae sino por la constitución Sapientia Christiana, y su régimen estatutario debe basarse únicamente en lo que manda la ley universitaria nacional. Se le recibió, a pesar de ello, para dialogar sobre la enseñanza católica en la Universidad, sobre cómo ella sigue todos los consejos del CELAM para las universidades católicas latinoamericanas y sobre cómo, en todo caso, podría hacerse más intensa la pastoral católica dentro y fuera de la Universidad. Pero la cuestión de fondo, como se ha dicho, era el cambio de los estatutos.

También dice el mencionado autor que «las autoridades de la casa de estudios (…) no piensan aceptar la legítima autoridad de la Iglesia». Hay una obtusa terquedad de estos voceros en señalar que son el rector y sus asesores quienes imponen las decisiones en la PUCP, porque su mentalidad de Ancien Régime les impide comprender que hay requisitos democráticos a partir de los cuales fue la asamblea universitaria la que, unánimemente, acordó no modificar los estatutos. Aparte de ello, la posición de la Iglesia no tiene legitimidad alguna. No la tiene porque las universidades en el Perú, salvo seminarios y facultades teológicas, se guían exclusivamente por la Ley Universitaria que expresamente prohíbe que la elección de autoridades sea antidemocrática, como pretende el Vaticano. Y no la tiene asimismo porque, según el vigente Código de Derecho Canónico, hay que distinguir entre universidades católicas y universidades eclesiásticas. La PUCP es una universidad católica a la que se asigna la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, que de ningún modo equivale o puede colocarse por encima de las leyes peruanas y que en términos prácticos es sólo como el reglamento de un club privado. Además, el artículo 3, numeral 3, de esa constitución reconoce que:

Una universidad católica puede ser erigida por otras personas eclesiásticas o por laicos (este es el caso de la PUCP). Tal universidad podrá considerarse universidad católica sólo con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, según las condiciones que serán acordadas por las partes.

Y en el numeral siguiente señala expresamente que el requisito de aprobación de los estatutos no es para estas universidades, sino para las señaladas en los casos de los numerales 1 y 2. El error absurdo de las autoridades de la PUCP fue considerar que era un gesto de buena voluntad enviar los estatutos al Vaticano, cuando legalmente no había obligación alguna, ni por el derecho peruano ni por el derecho canónico.

Sigue el blog: «Ahora la Santa Sede se verá obligada a intervenir, y no tendrá más remedio que hacerlo drásticamente». Tiene razón, pero no por la «intervención», que sería abiertamente ilegal, sino por el rompimiento, aunque las cosas podrían ser estrictamente al revés: que la asamblea vote para romper el vínculo con la Iglesia católica renunciando al título de pontificia mas no a la fe católica que tiene todo el derecho de preservar. Esto me parece lo más atendible, pero depende de si Erdö únicamente vino para recabar información o si manifestó una amenaza concreta por parte del Vaticano. El rector Rubio debe informar de esto a la asamblea universitaria para que se decida el futuro de la Universidad cuanto antes.

Se habla también en el blog de la visita de Erdö como una auditoría (nótese que ya no es diálogo), término completamente inadecuado, salvo en la monetarizada mente del cardenal Cipriani. Luego dice que la PUCP debía normalizar «su situación eclesiástica adecuando sus estatutos a la constitución apostólica Ex corde ecclesiae, emanada por Juan Pablo II en 2001 y que rige a todas las instituciones de educación superior católicas del mundo», lo cual, como se ha señalado, es una falsedad deliberada, porque esa constitución no rige a las universidades eclesiásticas ni exige aprobación de los estatutos para las universidades católicas fundadas por laicos. También se dice que «el purpurado tenía previsto permanecer en el país dos semanas», pero lo cierto es que, desde que llegó, expresó que se iría tras una semana.

También podemos saber que el acta de fundación de la PUCP deja en claro que fue erigida como una asociación privada sin fines de lucro, sujeta a las leyes peruanas y sin participación propiamente eclesiástica, sino sólo de algunos religiosos por su carácter católico. Por tanto, a la inversa de lo que se señala en dicho blog, es más bien el Primado de la Iglesia peruana, avalado por el Estado de la Ciudad del Vaticano, quien ha optado por una posición rebelde al no querer acatar las leyes peruanas y al desconocer la autonomía fundacional de la PUCP, además de interpretar antojadizamente y en contra de la letra sus propias normas de derecho canónico. Nunca se le ha escuchado a su «especialista» en derecho canónico, Luis Gaspar, una sola declaración bien fundada, sino tan sólo generalidades cuando no agravios.

El visitador, finalmente, habría redactado un informe de catorce páginas para el Vaticano, aunque después de tantas falsedades en la nota mencionada, no hay ninguna certeza de esto. Aun así, el autor del blog se equivoca (y peca de arrogancia) al decir lo que el Vaticano puede y lo que no debe hacer. El Vaticano puede proceder del modo que mejor le parezca, pero una opción, que desconozco si está presente en el Informe Erdö, es entender correctamente el mencionado artículo 3 de la Ex Corde Ecclesiae, y, en consecuencia, aceptar los actuales estatutos, evitando de esa manera romper con el único bastión de catolicismo liberal en el Perú.

Incurre en mayor falsedad aún el susodicho autor al escribir que la Universidad podría colocar en «graves problemas a los alumnos, especialmente en cuanto a los títulos de grado». ¿O acaso uno es licenciado en derecho a nombre del Vaticano y con la firma del Papa? Probablemente así suceda en los sueños de algunos católicos, pero no en los de todos ni tampoco en la realidad jurídica. Lo cierto es que las personas jurídicas sufren continuos cambios y en ocasiones cambian también de nombre, sin que eso implique en absoluto una disolución de la personalidad, que sería el supuesto formal bajo el cual, no habiendo más universidad católica (el título de pontificia es acá intrascendente), los bienes de Riva-Agüero y sus frutos pasarían a ser propiedad del arzobispado para ser usufructuados con idénticos fines educativos. El razonamiento del cardenal Cipriani y de sus voceros sobre este punto consiste en una apelación realmente absurda, casi kafkiana, a una inflexibilidad formal que el derecho no tiene si se preservan los objetivos constitutivos de la asociación.

Por otro lado, la PUCP no tiene ninguna «personalidad pública eclesiástica» que perder, por el simple hecho de encontrarse en el fundo Pando y no en el monte Vaticano. E incluso si se aplicase el derecho canónico como si fuese derecho nacional, no podría esto ser viable, porque la PUCP, al haber sido fundada por fieles con iniciativa privada y haber sido en 1937 inscrita así por su fundador en los registros públicos, es en derecho canónico una institución privada, de las que se especifica claramente lo siguiente: «Los bienes temporales de una persona jurídica privada se rigen por sus estatutos propios, y no por estos cánones» (Canon 1257). Por lo que es de necios e ignorantes seguir afirmando que los bienes de la PUCP le pertenecen a la Iglesia por ser católica.

2) ¿Qué debemos hacer?

En primer lugar, mantener los actuales estatutos que están amparados por las leyes peruanas, como lo ha recordado la Asamblea Nacional de Rectores en su comunicado de unánime apoyo a la PUCP. Fuera de eso, esperar que se aclare con certeza la posición del Vaticano.

En segundo lugar, mantener activas y listas las estrategias legales oportunas para defender el patrimonio de la Universidad, porque es un hecho que Cipriani lo quiere para sí (a eso se refería con su «que se atengan a las consecuencias»). Si bien no hay sustento jurídico para declarar una disolución de la Universidad, como quisiera Cipriani, tan preocupado siempre por la educación, como cuando cerró el Colegio de Santo Toribio tras acusaciones de malos manejos, habrá de todos modos que dar la batalla legal y estar alertas ante posibles maniobras políticas del cardenal, como las que realizaba con el ex-dictador Fujimori.

Tercero, solicitar al Ministerio de Educación las garantías pertinentes, incluso ante el probable cambio de personalidad jurídica, y solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que asegure el respeto de la soberanía nacional frente a cualquier eventual injerencia por parte del Estado del Vaticano, la misma que en el caso de la PUCP escaparía al concordato por no tratarse de un seminario ni de un centro de formación teológica, sino de una universidad nacional que debe cumplir con la Constitución peruana y con la Ley Universitaria.

Cuarto, en mi opinión, si se verifica la información del «insider«, romper las relaciones con la Iglesia y cambiar de denominación para que sea la «Universidad Católica del Perú», toda vez que el título de católico no es de exclusividad eclesiástica dentro del ordenamiento jurídico peruano y se encuentra debidamente inscrito en los registros públicos. Aunque el Código de Derecho Canónico y la Ex Corde Ecclesiae sostengan que la Iglesia católica tiene exclusividad, esa regla privada no tiene a su favor ningún respaldo en el derecho nacional, porque sería tan absurdo como limitar el uso de los términos «evangélico», «protestante», «judío», etc., a determinadas instituciones. Ello además sería inconstitucional al afectar el derecho a la libertad religiosa. Para ser y proclamarse católico no se debe sumisión a nadie.

Por último, pero no menos importante, habría que continuar la vocación católica de la Universidad, ya sin ningún tipo de dependencia; es decir, entablar también una batalla teológica y moral con el Vaticano, en aras de preservar un catolicismo liberal y de avanzada ante el espíritu de los tiempos actuales. Ello, alentando las investigaciones sobre religiosidad, sobre distintas religiones comparadas y, en particular, sobre la tradición católica, así como brindar los elementos de juicio y organizar los debates necesarios para consolidar el carácter laico del Estado.

3) ¿Qué nos cabe esperar?

La posición jurídica de la PUCP es perfectamente sólida en el sistema jurídico peruano. Para garantizarlo, sin embargo, es conveniente preservar su identidad católica y reforzar el equipo de defensa legal. Más allá de la batalla jurídica por los bienes de Riva-Agüero, habrá que rechazar la injerencia que seguramente, aunque sin razón, como se ha observado, se pretenderá en la vía del derecho canónico. El mejor modo de evitar dicha injerencia es renunciando al título de pontificia y rompiendo todo vínculo con el Vaticano, realizando los cambios respectivos para dar seguridad jurídica a su nueva denominación y para que no haya más participación de obispos en su asamblea (que en la práctica no hay por ausencia de los mismos). Si llegan sanciones «morales» del Vaticano, tales como excomuniones (precisamente de quienes no tienen ninguna autoridad moral porque no han excomulgado a miles de curas pederastas), el tribunal de la conciencia, aquél al que apelaba ese maestro de cristianismo que fue Pedro Abelardo, nos dirá, con la certeza de Job frente a los teólogos, que la ética está por encima de la moral católica y de sus corruptelas y su fariseismo.

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Algunas precisiones a algunos defensores de la PUCP

Como Aristóteles, somos amigos de Platón pero somos más amigos de la verdad. Y la verdad es que, aun cuando haya que defender la autonomía universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú frente a las ilegales pretensiones de la Iglesia católica, hay que hacer también algunas precisiones a unas declaraciones vertidas en los últimos días en su defensa.

Una primera es la del historiador Nelson Manrique, en su artículo «La batalla por la PUCP» (La República 20/9/2011). Hace bien Manrique en contextualizar el caso dentro de una contraofensiva de los grupos más conservadores y reaccionarios del catolicismo europeo y latinoamericano. La reciente visita del Papa Ratzinger a España, por ejemplo, es parte de esa avanzada que se quiere al menos allí donde el conservadurismo religioso y moral impera. Mientras tanto, la jugada no le salió en Reino Unido, donde se ha probado que financió su viaje con fondos de ayuda a los pobres y con impuestos (no sólo de ingleses católicos). Y asimismo en Austria, donde un grupo importante de religiosos y feligreses promueven cambios radicales en las estructuras eclesiales bajo amenaza de cisma. Manrique nos brinda una perspectiva interesante: el mismo conservadurismo católico que antes estaba más alarmado por el auge de las sectas evangélicas, ahora se ha dedicado a luchar contra las tendencias liberales y modernizadoras del propio catolicismo. «Remar mar adentro», que le dicen. Como observaba Nietzsche: «Todos los instintos que no se desahogan hacia fuera, se vuelven hacia dentro«. Lo que se deja extrañar es un estudio sobre cómo esa avanzada conservadora ha tomado centros educativos y programas específicos, como los de confirmación en colegios no dirigidos por ellos.

Ahora bien, lo curioso es que, siendo normalmente Manrique un historiador prolijo, haya pasado sin esa misma rigurosidad un dato innecesario y fácilmente cuestionable: «Poco después del autogolpe del 5/4/92 se creó un obispado castrense». Pero el obispado castrense en el Perú data de 1943. Esto no quiere decir, sin embargo, que el resto del artículo carezca de validez, por cuanto ayuda a colocar el avance del conservadurismo católico en el contexto nacional del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, con el que este conservadurismo se avino bien. Tampoco se invalida la peculiar cercanía entre estos sectores y ciertas cúpulas militares (recuérdese el vídeo de Cipriani con los militares). Y sin embargo no es acá necesario pretender nexos causales específicos, como se pretendería con ese dato erróneo. Basta con observar el aire de familia para comprender la afinidad ideológica y moral que, en tanto aliado de los poderosos y codicioso de los bienes ajenos, lo deslegitima como pastor de su iglesia.

Caricatura publicada en El Otorongo (05-09-2011).

La segunda declaración corresponde al artículo «PUCP: El problema de fondo» del sociólogo Sinesio López (La República 17/9/2011). En él, López señala acertadamente que la controversia entre la PUCP y el cardenal Cipriani no es, en el fondo, un asunto religioso, ni legal, ni académico, sino un asunto ideológico. Y aquí empiezan los problemas con el artículo, porque su autor no se refiere a lo ideológico propiamente, sino a lo político: «A mi juicio, el problema de fondo es político»; y da como explicación de ese problema un asunto de carácter más bien económico (la herencia de Riva-Agüero), para recién después añadir como propósito ulterior el control ideológico de la Universidad. Ahora bien, los dos últimos son, en buena cuenta, asuntos jurídicos y académicos, pero, aunque les falte claridad a las distinciones de López, se entiende que por tratarse de aspectos más formales sean puestos de lado y así poder llegar al meollo del asunto. El problema con el «problema político» del que escribe López es que la intención y las acciones políticas son posteriores en el orden de las experiencias humanas. Hay toda una serie de creencias (conscientes o no) que están antes de toda consideración política o económica. Claro, si se sigue a Hegel y a Marx, se puede pensar que la economía política está en la base de todo, pero eso es finalmente tan insostenible como creer que en el origen está dios (cuando ya sabemos que está el mono). Más preciso, por lo tanto, es afirmar que el problema de fondo es ideológico, y no sería mala idea también explicar cuál es (o cuáles son) la(s) ideología(s) contrapuesta(s) a la de Cipriani.

Lo que le interesa a Sinesio López, en este y otros artículos, es mostrar al cardenal como el político que efectivamente es. Sin embargo, su método es pésimo, no sólo en cuanto a acusaciones que no cuentan con un debido sustento («Cipriani hizo un acuerdo bajo la mesa con el ex presidente García y con algunos dirigentes apristas con la finalidad precisa de presionar al Tribunal Constitucional»), sino, además, porque confunde respecto a la cuestión jurídica a la que se refiere («lo esgrime para sostener que los tribunales le han dado la razón. Es cierto: se la han dado sin tenerla, por presión de García y compañía»). Sobre lo primero no aporta prueba alguna de ese presunto acuerdo. Es cierto que el TC, dominado por el aprismo, se excedió en sus funciones y que la única explicación es que quisieron beneficiar claramente al cardenal, pero de allí a afirmar que hubo un acuerdo, es algo tan infundado como innecesario. Lo ideológico, nuevamente, es precedente a lo político, y no es necesario pretender falsas certezas en contra de una sentencia que es suficientemente censurable por su subjetivismo – por ir contra el ordenamiento jurídico. Y, por el otro lado, afirmar que le han dado la razón a Cipriani sin tenerla, es, por lo menos, una afirmación confusa. La sentencia del TC está debidamente fundamentada y debe tenerse como instancia nacional máxima en lo que atañe al pedido de amparo presentado en primer lugar por la PUCP. La sentencia estipula que no hay peligro real sobre la administración de los bienes de la Universidad y por lo tanto la acción de amparo es improcedente. Hasta ese punto la sentencia es legítima y debe ser acatada. El problema está en que esa sentencia también se pronuncia sobre el contenido mismo del litigio; algo que no había sido puesto a su consideración porque le compete exclusivamente al Poder Judicial resolver, y, en ese sentido, dos sentencias de este último señalan que es improcedente tomar este exceso del TC como una sentencia adelantada, que era lo que ilegalmente solicitaban los abogados del Arzobispado liderados por Amprimo.

Lo que no puede hacer López, siendo un hombre cuya formación le exige rigurosidad, es «magalizar» la opinión, por más opinión (doxa) que sea, al punto de basarse en un «runrún» (sic), y no cuidar que sus expresiones sean precisas y aclaradoras. Ser incendiario a la vez que confuso es algo que la defensa de la PUCP no necesita ante la opinión pública. Lo que sí es un acierto en su artículo es observar que no toda la tradición tomista tiene los problemas para conciliar fe y razón crítica que parecen tener los ultramontanos acólitos del cardenal y el cardenal mismo, que ha dado la directiva a sus parroquias de «desagraviarlo» públicamente a través de las homilías dominicales. Porque así como controla a su rebaño, así quiere controlar a la Universidad. Porque le parece horrorizante que una alumna cargue una pancarta que diga «soy satánica y soy de la Católica» (aun cuando la Ex Corde Ecclesiae permite expresamente distintas confesiones o la carencia de ella en todos los niveles, incluso directivos, de una universidad católica). Porque considera «penoso» que los alumnos tengan libertad para expresar públicamente sus opiniones, como ha sostenido en su programa radial. Porque si alguien le llama «rata con sotana», es su deber cristiano mirar la paja del ojo ajeno en lugar de la viga que tiene en el propio. Sí, es un acierto referirse a Tomás de Aquino, que pudo escribir contra gentiles y contra averroístas porque precisamente se lo permitía un contexto de libre discusión académica; libre de las injerencias de la Iglesia de entonces que miraba con malos ojos varios de sus argumentos (y que los condenó, para luego de un tiempo recién rehabilitarlos). No obstante, aquí comete López otro error innecesario: «Me pregunto si ha llegado ya la hora de decirle a Cipriani lo que el brillante monje Marsilio de Padua le dijo al Papa en 1324 en su famosa obra Defensor Pacis«. Pues bien, Marsilio de Padua no era ningún monje. Sí lo era su amigo Guillermo de Ockham, monje franciscano que escribió varias obras contra la tiranía papal y promovía el laicismo como un postura fielmente (ortodoxamente) cristiana. Cosa distinta es que el emperador Luis IV de Baviera, que lo tenía como asesor y protegido, nombrara a Marsilio vicario espiritual de Roma tras invadir la ciudad por la negativa del papado de aceptar la separación entre poder espirirtual (moral) y poder terrenal (político). Pero Marsilio no era un monje. Al contrario, más bien porque era un laico profesor de la facultad de Artes de la Universidad de París (la Sorbona), es que su postura conciliarista y no papista respecto al interior de la Iglesia tenía fundamentos filosóficos (aristotélicos) y no teológicos o bíblicos, como sí era el caso de Ockham.

Y unas últimas declaraciones por comentar son las del filósofo Miguel Giusti, en su artículo «PUCP: la tragedia y la farsa» (La República 04/9/2011) y en una entrevista en Canal N. En la primera, más allá de su mala estructura y de su cuestionable uso de los conceptos de tragedia y de farsa, sostiene Giusti que en «el Perú padecemos un curioso, patético y doloroso retraso de la conciencia histórica». Curiosamente, es de falta de conciencia histórica de lo que le acusa el jesuita Rafael Fernández: «sorprende una visión de la Iglesia tan pobre. Ella aparece como clerical, irracional, patológica, y finalmente, ajena a la historia». «PUCP: caricaturas y falacias» (La República 14/9/2011). El reclamo de Fernández es correcto. Por un lado, los filósofos no debemos simplificar la mirada, sino que, como en las tragedias griegas e incluso en las comedias, debemos hacer visibles las complejidades que se suele pasar por alto. Por el otro, resulta por lo menos curioso que un filósofo hegeliano no perciba el actual momento de la controversia entre la PUCP y el Arzobispado como parte de una dialéctica más amplia, dentro de un proceso histórico en el que la reacción de Cipriani sólo puede ser vista como enteramente esperable y coherente con ciertas lógicas de un pensamiento católico reaccionario que no es únicamente peruano. El Perú no es una isla de retraso, como sugiere Giusti, sino un bastión (entre otros) de la avanzada católica reaccionaria que alcanza al mismo Benedicto XVI en sus críticas a los excesos democratizadores del Concilio Vaticano II. Esa ceguera histórica le hace ver como concluido (fuera del Perú) lo que es un conflicto bastante vivo, y como repliegue lo que, más allá de hasta donde él llega a ver, es una campaña publicitaria de enormes dimensiones (ahora más que nunca los viajes papales tienen una intención restauradora). El también filósofo Luis Bacigalupo, por su parte, ha presentado muy bien el problema de la PUCP en el contexto de la oleada restauradora dentro de la Iglesia católica (véase aquí). Ahora bien, en el fondo, la declaración de Giusti es oportuna y acertada en cuanto a que el cardenal Cipriani ha empujado la situación de la PUCP directo al borde de una ruptura con la Iglesia (y en ese sentido, al haber agudizado las contradicciones, el cardenal es un buen marxista ortodoxo). Sin embargo, sería ingenuo pensar que el problema se debe exclusivamente a Cipriani o a las facciones conservadoras de la Iglesia católica peruana allegadas a él. Al contrario, el problema entre la PUCP y el Arzobispado de Lima es apenas un episodio de una serie de pugnas que seguiremos viendo al interior de la Iglesia, entre una facción renovadora y otra restauradora, y acaso también entre el Estado monárquico del Vaticano y otros Estados constitucionales de derecho, democráticos y no-confesionales, que, por mandato cristiano incluso, no pueden dejarse pisar el poncho.