Dos bodas

¿Cómo se han permitido algunos judíos pasar del profundo simbolismo y de la belleza ritual y dancística de sus bodas tradicionales a la espantosa y repulsiva estética de bodas como la de la segunda fotografía?

Lamentablemente, no es un caso aislado. En las redes sociales y en medios públicos se está viendo cada vez más fotografías de judíos celebrando la cultura de las armas y exaltando la guerra. Ello no sólo espanta por la estética que banaliza la violencia, sino también porque, al alejarlos de su tradición, los acerca más bien a la estética del fascismo y del nacionalsocialismo o, por lo menos, a la de los reaccionarios estadounidenses. Es además contraria a la propia sabiduría judía. Por ejemplo, en la Misná se lee:

«El hombre no puede salir en Shabbat con una espada, ni con un arco, o un escudo, o una porra o una lanza. Y si salió sin darse cuenta con una de estas armas, debe realizar un sacrificio por su pecado. Rabí Eliezer decía: ‘Estas armas son como adornos para él; así como a un hombre se le permite salir con otros adornos, este sale con armas’. Pero los sabios dijeron: ‘No son sino para oprobio, ya que está escrito: ‘Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán la espada nación contra nación, ni aprenderán la guerra nunca más» (Isaías 2:4)».

(Misná, Orden segundo: fiestas (moed), Sábado (Shabbat), Capítulo 6, 4).

Habermas sobre el acuerdo económico entre Grecia y la Unión Europea

La siguiente es la traducción de la reciente entrevista que Philip Oltermann le hiciera al filósofo alemán Jürgen Habermas para The Guardian. Fue publicada el pasado 16 de julio. En ella tiene especial interés su oposición a un retorno a economías enteramente nacionales entre los países europeos, tal como quieren algunos críticos de izquierda en concordancia con la posición clásica de la derecha británica.

Guardian: ¿Cuál es su veredicto sobre el acuerdo alcanzado el lunes?

Habermas: El acuerdo sobre la deuda griega anunciado el lunes por la mañana está dañando tanto en su resultado como en la forma en que fue alcanzado. En primer lugar, es poco aconsejable el resultado de las conversaciones. Incluso si uno fuera a considerar los asfixiantes términos del acuerdo como el curso de acción correcto, no se puede esperar que estas reformas sean promulgadas por un gobierno que, por su propia admisión, no cree en los términos del acuerdo.

En segundo lugar, el resultado no hace sentido en términos económicos debido a la tóxica mezcla de las necesarias reformas estructurales del Estado y de la economía con más imposiciones neoliberales que desalentarán completamente a una población griega agotada y que matarán cualquier impulso al crecimiento.

En tercer lugar, el resultado significa que un indefenso Consejo Europeo está en efecto declarándose a sí mismo políticamente en bancarrota: la relegación de facto de un Estado miembro a la condición de un protectorado contradice abiertamente los principios democráticos de la Unión Europea. Finalmente, el resultado es una vergüenza porque obligar al gobierno griego a aceptar un fondo de privatización económicamente cuestionable y predominantemente simbólico, no puede ser entendido como algo más que un acto de castigo en contra de un gobierno de izquierda. Es difícil ver cómo se podría hacer más daño.

Y aun el gobierno alemán hizo exactamente esto cuando el ministro de Finanzas, Schaeuble, amenazó a Grecia con la salida del euro; revelándose así desvergonzadamente como el disciplinador principal de Europa. El gobierno alemán, por lo tanto, hizo por primera vez una demanda manifiesta por la hegemonía alemana en Europa – esto, en todo caso, es cómo se perciben las cosas en el resto de Europa, y esta percepción define la realidad que cuenta. Me temo que el gobierno alemán, incluyendo su facción socialdemócrata, ha dilapidado en una noche todo el capital político que una mejor Alemania había acumulado en medio siglo – y por «mejor» me refiero a una Alemania caracterizada por una mayor sensibilidad política y una mentalidad post-nacional.

Guardian: Cuando el primer ministro griego Alexis Tsipras convocó a un referéndum el mes pasado, muchos otros políticos europeos lo acusaron de traición. La canciller alemana, Angela Merkel, a su vez, ha sido acusada de chantajear a Grecia. ¿Qué lado usted ve como cargando más culpa por el deterioro de la situación?

Habermas: Estoy inseguro acerca de las verdaderas intenciones de Alexis Tsipras, pero tenemos que reconocer un hecho simple: para permitir a Grecia pararse de nuevo, las deudas que el FMI ha considerado «altamente insostenibles» necesitan ser reestructuradas. A pesar de esto, ambos, Bruselas y Berlín, han negado persistentemente al primer ministro griego la oportunidad de negociar una reestructuración de la deuda de Grecia desde el principio. Con el fin de superar este muro de resistencia entre los acreedores, el primer ministro Tsipras finalmente trató de fortalecer su posición por medio de un referéndum – y consiguió más apoyo interno de lo esperado. Esta renovada legitimación obligó al otro lado, ya sea a buscar un compromiso o ya a explotar la situación de emergencia de Grecia y actuar, incluso más que antes, como el disciplinador. Sabemos el resultado.

Guardian: ¿Es la crisis actual en Europa un problema financiero, un problema político o un problema moral?

Habermas: La crisis actual puede explicarse por causas económicas y por fracaso político. La crisis de la deuda soberana que surgió de la crisis bancaria tiene sus raíces en las condiciones sub-óptimas de una unión monetaria heterogéneamente compuesta. Sin una política financiera y económica común, las economías nacionales de los Estados miembros pseudo-soberanos seguirán separándose en términos de productividad. Ninguna comunidad política puede sostener tal tensión en el largo plazo. Al mismo tiempo, al centrarse en evitar el conflicto abierto, las instituciones de la UE están impidiendo iniciativas políticas necesarias para la expansión de la unión monetaria a una unión política. Sólo los líderes de los gobiernos reunidos en el Consejo Europeo están en condiciones de actuar, pero precisamente son ellos los que no son capaces de actuar en el interés de una comunidad europea conjunta porque piensan principalmente en su electorado nacional. Estamos atorados en una trampa política.

Guardian: Wolfgang Streeck en el pasado advirtió que el ideal habermasiano de Europa es la raíz de la crisis actual, no su remedio: Europa, ha advertido, no salvaría a la democracia, sino que la aboliría. Muchos en la izquierda europea consideran que los acontecimientos actuales confirman la crítica de Streeck del proyecto europeo. ¿Cuál es su respuesta a sus preocupaciones?

Habermas: Poniendo de lado su predicción de una inminente muerte del capitalismo, estoy en términos generales de acuerdo con el análisis de Wolfgang Streeck. En el transcurso de la crisis, el Ejecutivo europeo ha acumulado más y más autoridad. Las decisiones clave están siendo tomadas por el Consejo, la Comisión y el BCE – en otras palabras, las mismas instituciones que están insuficientemente legitimadas para tomar este tipo de decisiones o que carecen de todo fundamento democrático. Streeck y yo compartimos también la opinión de que este vaciamiento tecnocrático de la democracia es el resultado de un modelo neoliberal de políticas de desregulación del mercado. El equilibrio entre la política y el mercado ha venido fuera de sincronía, a costa del Estado de bienestar. En lo que diferimos es en términos de las consecuencias que cabe extraer de esta situación. No veo cómo un retorno a los Estados nacionales que tienen que administrarse como grandes corporaciones en un mercado global puede contrarrestar la tendencia a la des-democratización y a la creciente desigualdad social – algo que también vemos en Gran Bretaña, por cierto. Tales tendencias sólo pueden ser contrarrestadas, en todo caso, por un cambio en la dirección política, provocado por mayorías democráticas en un «núcleo europeo» más fuertemente integrado. La unión monetaria debe tener la capacidad de actuar a nivel supranacional. En vista del caótico proceso político provocado por la crisis en Grecia, ya no podemos darnos el lujo de ignorar los límites del actual método de compromiso intergubernamental.

Jürgen Habermas es profesor emérito de filosofía en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Su último libro, El señuelo de la tecnocracia, ha sido publicado por Polity.

«Algunas ideas sobre lo que ocurre en Israel y en los territorios ocupados» por Farid Kahhat

1.- Las investigaciones independientes sobre la invasión israelí de entre 2008 y 2009 (tanto la de Naciones Unidas, presidida por un juez sudafricano de religión judía apellidado Goldstone, como la de Amnistía Internacional), encontraron pruebas suficientes como para afirmar que ambos bandos (es decir, Israel y Hamas), cometieron crímenes de guerra. Creo que cualquier investigación independiente concluiría lo mismo hoy.

2.- Si bien ambos bandos cometieron crímenes de guerra durante la invasión de 2008-2009, las responsabilidades no son simétricas: murieron más de 1,300 palestinos (la mayoría civiles, más de 400 de ellos menores de edad), y 13 israelíes (tres de los cuales eran civiles). Las víctimas civiles del conflicto siempre han sido en una abrumadora proporción palestinas.

3.- Israel alega hoy, como entonces, que Hamas emplea a civiles palestinos como escudos humanos: el informe de Amnistía Internacional sobre la invasión de 2008-2009 acusa a Hamas de realizar acciones armadas desde las inmediaciones de zonas pobladas, pero no de emplear a civiles como escudos humanos. Sí acusa en cambio a Israel, y de manera explícita, de emplear a civiles palestinos como escudos humanos. Esa acusación es corroborada por un fallo de la Corte Suprema de Israel de 2005 que anula una directiva militar que permitía el empleo de civiles palestinos como escudos humanos (ver la cobertura del diario español El País en el siguiente link:

http://elpais.com/diario/2005/10/07/internacional/1128636009_850215.html.

4.- Israel alega que, mientras Hamas busca deliberadamente causar daño a los civiles israelíes, sus fuerzas armadas hacen esfuerzos para evitar causar daños entre los civiles palestinos. Esta segunda parte del alegato es falsa: tanto el Reporte Goldstone como el de Amnistía Internacional encuentran evidencia del empleo por parte de Israel de fósforo blanco (un arma indiscriminada por naturaleza), contra zonas urbanas en Gaza. Israel no sólo provoca la muerte de un número mucho mayor de civiles que Hamas: los menores de edad son una proporción mayor del total de víctimas civiles causadas por Israel, en comparación con la proporción de menores de edad entre las víctimas civiles causadas por Hamas. Por último, hasta donde sé, ningún soldado israelí ha sido condenado a penas de prisión por la muerte de civiles palestinos en los últimos años.

5.- La franja de Gaza está sometida a un bloqueo ilegal por parte de Israel. Si bien Israel alega que su propósito es impedir el ingreso de armas en la zona, restringe también el ingreso de bienes para uso civil, como materiales de construcción (razón por la cual miles de familias palestinas no han podido reconstruir sus viviendas desde el 2009), e incluso alimentos: un documento oficial del gobierno israelí (que fue hecho público por orden judicial), revela que especialistas de ese país calcularon el número de calorías que debía consumir la población de Gaza para evitar una desnutrición generalizada. Ese reporte tenía como objeto dosificar el ingreso de alimentos a la franja (pueden ver el reporte de la BBC al respecto en el siguiente link:  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19975211).

6.- La fuente fundamental del conflicto es que Israel ocupa militarmente territorio palestino, lo coloniza, y construye en él un muro que daña gravemente las condiciones de vida de la población palestina. Que esas prácticas violan el derecho internacional no es, como pretende Israel, un tema en controversia. Por sólo citar dos ejemplos, la Resolución 446 del Consejo de Seguridad de la ONU (del que forma parte como miembro permanente con derecho a veto Estados Unidos, principal aliado de Israel, que sin embargo no vetó el proyecto):

“Determines that the policy and practice of Israel in establishing settlements in the Palestinian and other arab territories occupied since 1967 have no legal validity and constitute a serious obstruction to achieving a comprehensive just and lasting peace in the Middle East”.

Sobre el muro, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (la misma que verá el diferendo marítimo entre Perú y Chile), dice a la letra lo siguiente:

“The construction of the wall being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated regime, are contrary to international law”.

7.- Los palestinos bajo ocupación israelí no sólo son víctimas de la confiscación de sus tierras (contraviniendo las Convenciones de Ginebra), sino además de la destrucción sistemática de sus viviendas y cultivos. Según el proyecto “Demolition Watch” del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “La práctica israelí de demoler casas, infraestructura básica y fuentes de subsistencia sigue devastando a las familias y comunidades palestinas de Jerusalén Este y del 60% de Cisjordania controlado por Israel”. El informe añade que, según la política de zonificación israelí, los palestinos solo pueden construir en el 13% de Jerusalén Oeste y el 1% de la parte de Cisjordania bajo su control, y que “Más del 94 por ciento del total de solicitudes palestinas para obtener permisos (de construcción) han sido rechazadas en años recientes”. Por ello “Naciones Unidas estima que entre el 28 y el 46 por ciento de las viviendas palestinas podrían estar bajo riesgo de demolición”.

8.- Pese a todo ello, según un informe de 2011 del Banco Mundial (V., “Coping with conflict? Poverty and inclusión in the West Bank and Gaza”), “Pese a las severas restricciones israelíes, Cisjordania y Gaza tienen un desempeño superior al de países con un ingreso per cápita similar (…), y de hecho está a la par con el de países mucho más ricos como Turquía y Jordania».

9.- La Autoridad Nacional Palestina (que merece en mi opinión severas críticas en otros temas), condena sin cortapisas las acciones de Hamas contra civiles israelíes. Lo que pretende defender son los derechos de la población civil palestina, históricamente la principal víctima de todo lo dicho.

«Viva el socialismo. Pero…» por Carlos Fuentes

Carlos Fuentes ha muerto hoy, el mismo día en que el periódico Reforma de México publicaba la que será su última columna. Ésta lo retrata cabalmente como un hombre comprometido con las causas sociales pero sin perder por ello su agudeza crítica que, a decir verdad, era bastante más fina que la de Vargas Llosa. En este artículo describe con precisión y sentimiento los importantes logros del socialismo francés durante el gobierno de Mitterrand, que demostró que no hay que pasar por una dictadura del proletariado para comprometerse seriamente con reformas económicas y sociales de máxima importancia (¡abolir la pena de muerte que tanto criticó Camus!, ¡afianzar la calidad del trabajo y de un salario justo!, etc.), y sin caer por el otro lado en las ligerezas insignificantes de quienes se denominan de «izquierda liberal» y se limitan al asistencialismo con las sobras del sistema económico. El artículo también acierta al apuntar los miedos y resistencias que generan programas de ese tipo, como es el caso ahora del recién elegido François Hollande. Pero ciertamente su desafío no es fácil: proponer un modelo alternativo (como el que está aplicando Islandia) a la receta de austeridad que sacrifica la calidad de vida de una sociedad civil que no está dispuesta a hacer concesiones respecto de sus derechos.

Viva el socialismo. Pero…

Por Carlos Fuentes, In Memoriam

La historia se anuncia. Luego duerme la siesta. Y, al cabo, despierta. Los acontecimientos de mayo de 1968 en París fueron una fiesta. «Debajo de los pavimentos, las playas». «Prohibido prohibir». Marx y Rimbaud, compañeros. Asistí a esa fiesta. Era una forma de embriaguez colectiva. Pero tenía un fondo sobrio. Había que modernizar a Francia. El Partido Comunista se negó al movimiento. Las fábricas no fueron a la huelga. Se inició el gran declive del PC, que en Francia había llegado a ser un partido que sumó la fuerza del proletariado a una doctrina nacionalista ajena al internacionalismo de Marx.

1968 redujo al PC pero no encontró con qué sustituirlo. El gran partido socialista de Jean Jaurés (1859-1914) fue revitalizado por León Blum, quien en el corto espacio de un año, 1936-1937, estableció el derecho a vacaciones pagadas, la semana de cuarenta horas y el contrato colectivo de trabajo. Esta herencia fue disipada por el Partido Socialista de la post-guerra, llegando, con Guy Mollet a participar en la guerra del Canal de Suez contra el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser. Mayo del 68 confirmó tanto el desprestigio del PS como el del PC. En el Congreso socialista de Épinay, François Mitterrand decidió revertir el declive y devolverle un sentido al PS. ¿Pero cuál sentido?

Tuve una relación personal, de amistad política, con Mitterrand. Vecinos en la misma calle parisina en los años setenta, aplaudí su viaje a México en oposición a opiniones estrechamente oficialistas. El fruto de la visita lo obtuvimos cuando Mitterrand llegó a la presidencia de Francia en 1981 y puso en marcha un programa renovador que le devolvió prestigio y fuerza al maltratado PS. Mitterrand tuvo la audacia (comparable a la de Lázaro Cárdenas en México) de tomar las medidas que el país entero, incluyendo a la burguesía, necesitaba para prosperar. Nacionalizó la banca para modernizarla. Puso la justicia en manos de un gran abogado, Robert Badinter, quien abolió la pena de muerte y modernizó las cárceles. Descentralizó la administración pública. Redujo la semana de trabajo. Aumentó el periodo de vacaciones. Exigió a los patronos aprobación gubernamental antes de despedir trabajadores. Más empleo. Más vivienda popular. Un programa de gasto deficitario que no encontró eco en las políticas de reducción de gastos y de impuestos de otras naciones capitalistas. No obstante, las políticas de Mitterrand quedaron, como dicen los franceses, «en reserva de la república» y hoy regresan al primer plano dada la actual opción crítica entre la austeridad como promesa de desarrollo que sólo prolongan la depresión y un retorno a la política de Mitterrand: Expansión y desarrollo.

Al cabo, la derecha francesa, tan asustada por Mitterrand, entendió (a medias) la necesidad de las reformas para alcanzar la prosperidad colectiva, incluyendo la de la burguesía. Nuevamente, se impone la comparación con Cárdenas en México, Franklin Roosevelt en EE.UU., López Pumarejo en Colombia y el Frente Popular en Chile.

La política exterior de Mitterrand, que tanta alarma inicial causó en Washington, se situó en la realidad europea. «Moscú puede usar el arma atómica contra Francia en cosa de minutos», me dijo un día Mitterrand. Su política aisló y debilitó al PC francés, que al cabo se retiró del gobierno. El filósofo francés Jacques Derrida viajó a Praga a dar clases privadas de filosofía, toda vez que el gobierno sólo permitía versiones ortodoxas. Derrida fue detenido y encarcelado. Mitterrand le exigió a Praga la liberación inmediata o la ruptura de relaciones. Praga cedió. Heredero de la política de cooperación en vez de guerra con Alemania, política iniciada por Robert Schuman y Konrad Adenauer. Mitterrand reforzó los lazos con el vecino del Rin. Viajó a Cancún con asesores de izquierda (Regis Debray, Jean Daniel). Observó las indiscreciones del Ronald Reagan. Se admiró de que los EE.UU. eligiesen presidente a un actor de Hollywood. Prosiguió una política independiente para Francia y al cabo, cuando la elección de 1986 la ganó la derecha, Mitterrand «cohabitó» como presidente con el Primer Ministro golista, Jacques Chirac. Sólo que, si el zorro Chirac sabía muchas cosas, el erizo Mitterrand sabía una gran verdad: que la oposición cometa los errores, yo me limito a presidir. Así ganó la elección presidencial de 1988 con una mayoría del 54%. A mitades entre las regresiones de Chirac y las renovaciones socialistas, Mitterrand en su segundo periodo resucitó el salario mínimo, un programa de empleo y un impuesto sobre las grandes fortunas.

Nadie ha explicado la continuidad de la historia de Francia mejor que François Mitterrand. Nunca fui partidario de Charles De Gaulle, explicó una vez. Pero siempre rehusé ser su enemigo, afirmó. ¿Por qué? porque existía. Porque sus actos lo creaban, convencido de que él era Francia, a la cual, añade Mitterrand, De Gaulle quería con un amor visceral, exclusivo. Es más: De Gaulle afirmaba la presencia francesa en todos los frentes a la vez. Exigía admiración y lealtad. Un viejo chiste propone que De Gaulle, ante su gabinete, decidió un día invadir la Unión Soviética.

-¡Dios mío! -exclamó un ministro.

-No exagere -le contestó De Gaulle.

Si evoco este pasado, es para acercarme al presente que enfrenta el recién electo François Hollande y para contrastar el gran talento político de De Gaulle, tan admirado por su opositor Mitterrand, con la pequeñez del antecesor inmediato de Hollande, Nicolas Sarkozy. Presidente de un solo período, Sarkozy lo inició con frivolidad: cenas suntuosas, viajes en yacht, relojes de setenta mil dólares, bikinis y un profundo desprecio por la gente de la calle: «cállate, pendejo», le dijo a un ciudadano opositor. Confieso mi antipatía. El año de México en Francia fue cancelado por la exigencia de Sarkozy: cada acto del centenar previsto debía comenzar con la defensa de la encarcelada Florence Cassez: cine, arte, arqueología, literatura mexicanas, pero primero, defensa de Cassez. La exigencia de Sarkozy dinamitó el año de México en Francia.

A la postre, la realidad europea e internacional redujo a Sarkozy al papel de socio menor de la canciller Angela Merkel. Pero era Francia, al cabo, el ente secundario.

François Hollande hereda todo lo que llevo dicho. La idea de la grandeza nacional que encarnó De Gaulle. Las posibilidades de la reforma social en un régimen capitalista, que fue la apuesta de Mitterrand. La posición de Francia en la comunidad europea y la relación con la Alemania Federal, que fue el problema de Sarkozy. Y algo más: la respuesta de Francia al gran desafío de la sociedad civil y que pone en entredicho a todos los gobiernos. Desploma a los autoritarismos pétreos de Egipto, Libia y Túnez. Desnuda al ya bastante encuerado Berlusconi en Italia. No se contenta con Zapatero ni con Rajoy en España. Multiplica la oposición en Gran Bretaña y le resta poder electoral a Cameron sin dárselo del todo al jefe laborista Edward Miliband. En los EE.UU., se separa del Partido Republicano, disminuye y ridiculiza al «Tea party» y sólo le dará una victoria condicionada a Obama en noviembre. Son los «Ocupantes».

¿Cómo responderá François Hollande a este nuevo desafío, el de una sociedad que al cabo no se reconoce en ninguna de las tribus políticas tradicionales: izquierda, centro o derecha? Conocemos algunas de sus respuestas, todas ellas adecuadas a la situación que describo. Hollande quiere un gobierno que se defina menos por su perfil tecnocrático y más por lo que los franceses entienden por «humanismo», y esto significa una preocupación mayor -como la tuvo Mitterrand- por la calidad del trabajo, la remuneración salarial y la descentralización administrativa. Más empleo, mejor vivienda. ¿Más austeridad? Hollande ha declarado que la austeridad no puede ser una fatalidad. ¿Cómo convertir la austeridad no sólo en virtud, sino en motor del crecimiento? ¿Y es más, en convicción colectiva?

Los desafíos a Hollande son inmensos. La inmigración del mundo musulmán, parte de ella ya instalada en Francia, reclama no ser tratada como la llamó Sarkozy: «la basura». Hollande debe darle al inmigrante norafricano diálogo y un horizonte en la política de inclusión social y creación de empleo que es la suya. El inmigrante de África del norte debe sentir que es parte de esta política, no mero accidente adjunto de la misma. Hollande deberá dialogar con norafricanos y afroeuropeos para alcanzar, con todos, maneras de tratar el conflicto social y racial con las comunidades que exigen derechos y una situación manumitida. Lo que haga Hollande en este renglón tendrá una repercusión europea y global. El trabajo migratorio no puede ser, a la vez, necesario y castigado. Si ya hay libertad para el capital, la inversión y el cambio, debe haberlo también para el trabajo. Se trata, ni más ni menos, de revertir la política sarkoziana de proteccionismo y en contra de la inmigración.

El gran desafío del nuevo presidente de Francia consiste en poner en marcha una política de crecimiento contraria a la política de rigor sin crecimiento dictada por Merkel. Que existe un acuerdo franco-germano es cierto. Hollande deberá convencer a Merkel -cosa difícil- de cambiar los términos de la relación. O al menos, de añadir un apéndice sobre la necesidad de crecer, sin engañar a nadie con políticas proteccionistas y subsidios a la ineficiencia. El socialismo en el poder debe presentarse como una affectio societatis que concierne no sólo a la empresa o al trabajo, sino al conjunto social.

No será fácil. Pero Mitterrand demostró que, dentro de los límites, el socialismo puede hacer lo que la derecha ni siquiera piensa en hacer. «La austeridad no puede ser una fatalidad» -explica Hollande-. Y darle una nueva dimensión a la construcción europea. Y decírselo cuanto antes a Europa y a Alemania. Crecimiento con disciplina. Tal es la propuesta de Hollande. Ojalá que tenga tiempo y éxito. La impaciencia de los «ocupantes», la sociedad civil emergente, es muy grande.

Nota mexicana.- Me preocupa e impacienta que estos grandes temas de la actualidad estén fuera del debate de los candidatos a la presidencia de México, dedicados a encontrarse defectos unos a otros y dejar de lado la agenda del porvenir.

Carlos Fuentes entre Julio Cortázar y Luis Buñuel

«¡Adiós a la Teología!» por Juan José Tamayo

El teólogo Juan José Tamayo ha publicado una queja contra el veto que le ha sido «notificado» por su heterodoxia teológica. Si hace más de dos siglos las monarquías absolutas europeas comprendieron que no podían negar la guía de la razón, dando lugar al llamado «despotismo ilustrado», y por restringida que fue aún entonces la libertad de pensamiento, de lo que podía dar razón Kant cuando se le prohibió publicar escritos sobre religión, la monarquía del Vaticano, bajo la figura del magisterio, persiste en la actualidad en las políticas más antiguas del Antiguo Régimen. No por gusto ese sector de la Iglesia católica sigue pensando que la Ilustración fue una de los peores embestidas del maligno.

En los últimos tiempos se ha puesto énfasis en la -con toda razón- disminuida autoridad moral de la curia romana por el secretismo y el apañamiento de los delitos contra los niños, que son expresamente condenados con severidad en el Evangelio. Sin embargo, no se trata de la única violación de derechos humanos que es sistemáticamente permitida y fomentada por parte de la Iglesia. La más antigua es, en realidad, la violación a la libertad de pensamiento. Ahora bien, a diferencia de hace dos siglos, ya no nos encontramos en sociedades regidas por monarcas absolutos, sino en Estados constitucionales de Derecho. ¿Esto tiene alguna importancia? Sí la tiene, porque lo que el derecho no podía proteger antes, sí lo puede proteger ahora. Las autoridades de la Iglesia apelan desde luego, liberales ellas, a la libertad de culto, en estrategia idéntica a la de los malos empresarios que apelan a la libertad de empresa y de asociación, pero el constitucionalismo contemporáneo, aunque esto es todavía reciente, ha logrado en diversos ordenamientos jurídicos demostrar, precisamente con razones, que la protección de los derechos fundamentales del individuo debe trascender las limitaciones de carácter privado, así como trasciende también los límites de soberanía de los Estados nacionales. Por otro lado, si algo demuestra la historia de la Iglesia católica, esto es precisamente que sólo el control secular ha podido ser eficaz y sancionar los abusos y delitos de sus miembros.

Por último, y antes de dejarlos sin más con el texto de Tamayo, debo decir que este tiene una interpretación cuestionable en su inicio, cuando toma como ejemplo a Platón. De la crítica platónica a la mímesis poética, que no es una crítica de la mímesis en sí, pues postula en cambio una mímesis filosófica, no se puede deducir, como hace Tamayo, que se critique a los poetas por ser «meros imitadores y no creadores». El tema de Platón y la poesía es bastante más complejo, pero lo razonable es precisamente discutirlo y no censurar, como hacen los obispos con su teología, para intentar sostener una interpretación única a la que por mera negación de todo lo que se le oponga llaman «verdad», cuando más bien la verdad se manifiesta sólo en la oposición, en la herejía. Mientras que en el Perú hay quienes prefieren someter su libertad al magisterio de la Iglesia, el testimonio de Tamayo es una valiente y necesaria defensa de la libertad, por el bien de la teología y del propio cristianismo.

¡Adiós a la Teología!

No corren vientos propicios para la teología. Quizá nunca los hayan corrido y esa sea su principal característica y su grandeza: la de tener que avanzar a contracorriente. La situación de destierro que vivimos hoy no pocos teólogos y teólogas, al menos en la Iglesia católica, es muy similar a la de los poetas en la República de Platón. El filósofo griego los expulsa de la República alegando que son meros imitadores y no creadores, que no contribuyen a la mejora de las ciudades ni han demostrado ser buenos legisladores, que no han hecho ninguna invención, ni han realizado aportaciones propias de los sabios, ni han sido guías de la educación. «Afirmamos –dice– que todos los poetas, empezando por Homero, son imitadores de imágenes de virtud y de aquellas otras cosas sobre las que componen; y que, en cuanto a la verdad, no la alcanzan» (La República, libro X, 600e). El poeta no sabe hacer otra cosa que imitar (ibid., 601b).

Los obispos católicos expulsan a los teólogos y las teólogas de la comunidad eclesial, pero por motivos bien diferentes a los alegados por Platón contra los poetas. Lo hacen bajo la acusación de heterodoxia, e incluso de herejía, mediante decretos inmisericordes de condena bajo el género literario, aparentemente neutro, de «Notificación». Nos excluyen de la docencia en seminarios y facultades de teología. Someten a censura nuestras obras y las condenan en juicios sumarísimos sin derecho a defensa ni apelación posterior. Los acusadores, los jueces y los que dictan sentencia son los mismos bajo la autoridad omnímoda del obispo, de las comisiones episcopales o de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Las retiran de las librerías dependientes de las instituciones eclesiásticas. Nos prohíben hablar en espacios eclesiales e intentan hacerlo también, felizmente sin éxito, en el espacio público. Nos acusan de errores doctrinales: de negar lo que tenemos que afirmar y de afirmar lo que tenemos que negar. Ven herejías hasta en las erratas de imprenta, como creo dijera Max Aub. Las dos últimas condenas de los obispos españoles, en apenas quince días, han recaído sobre el teólogo gallego Andrés Torres Queiruga y sobre mí mismo.

Los obispos nos niegan la libertad de pensamiento, de investigación, de expresión, de imprenta, de cátedra. Quieren una teología amordazada, sometida al pensamiento único y a la ideología dogmática. Una teología en las antípodas del deseo expresado por Pablo de Tarso a la comunidad de Corinto, inmersa en intensos debates: «Oigo que, al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre vosotros disensiones (Oportet haereses esse)» (1 Cor 11,19).

Exigen que la teología se someta al magisterio eclesiástico en un acto de humillación que no pocos rechazamos porque, si bien la humildad es una virtud, la humillación es un pecado. Quieren una teología en un acto de rendición total a su voluntad.

El documento publicado recientemente Teología hoy: perspectivas, principios y criterios, de la Comisión Teológica Internacional, presidida por el cardenal Levada, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, viene a ratificar el acoso y derribo al que es sometida la teología por parte de la jerarquía local y vaticana. En él se afirma que la auténtica interpretación de la fe se encuentra en el magisterio de los obispos –un papel que no pueden arrogarse los teólogos–, porque la teología no puede sustituir el juicio de los obispos con la comunidad cristiana– y exige a los teólogos que reconozcan la jurisdicción de los obispos para una interpretación auténtica de la palabra de Dios por la escritura y la tradición. Postulan, así, una teología que sea aplauso fácil y glosa sumisa del magisterio.

Este documento constituye el adiós a la teología como hermenéutica de la fe, interpretación contextual de la revelación, disciplina autónoma y teoría crítica de la religión. Lo que se impone es la teología fundamentalista, la teología fundada en dogmas, la teología del magisterio, una teología enrocada en la conciencia mítica, asentada en una imagen estática del mundo, ubicada en la neoescolástica, que es el vinagre del vino espumoso de la escolástica medieval, transida de neoconservadurismo, que es la tendencia dominante en el catolicismo oficial.

El discurso teológico que los obispos quieren que practiquemos es el que no presta atención a los desafíos de nuestro tiempo, el que se muestra ajeno a los nuevos climas culturales, el que es insensible al mundo de la pobreza y de la marginación y se presenta como mudo ante la destrucción del planeta. Un discurso, en fin, que da respuestas del pasado a preguntas del presente y que se ha hecho el harakiri. Pero eso ya no es teología. El Vaticano y los obispos españoles han dictado por decreto el ¡adiós a la teología!

Juan José Tamayo es Director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría (Universidad Carlos III). Autor de Otra teología es posible. Pluralismo religioso, interculturalidad y feminismo.

Artículo publicado en El Periódico del 3 de abril de 2012.

«¿Constitución Apostólica versus Constitución Política?» por César Landa

El portal Justicia Viva ha publicado un artículo de César Landa, destacado constitucionalista, no sólo conocedor de la jurisprudencia constitucional sino también de la larga tradición que originó el constitucionalismo moderno, y ex-magistrado del Tribunal Constitucional. En este artículo analiza el profesor Landa el aparente conflicto entre la Constitución Apostólica, según la cual el Estado del Vaticano pretende imponer la elección de autoridades universitarias (aunque en dicha Constitución no se mencione nada al respecto), y la Constitución Política del Perú. Se trata de un conflicto aparente, no porque la primera no vaya en contra de la segunda, como alegan nuestros papistas que hoy como hace casi mil años defienden que la Iglesia debe tener ambas espadas, la espiritual y la secular (lo que en su momento tuvo la brillante oposición de los líderes franciscanos que, desde luego, fueron excomulgados), sino porque las Constituciones Apostólicas de la Iglesia no están al nivel de la Constitución del Estado peruano; son tan sólo normas de derecho privado que deben someterse al derecho público en lo que corresponda. Por lo tanto, no es la PUCP la que debe adecuarse a las normas del Vaticano, sino la Iglesia católica la que debe adecuarse a las leyes peruanas y aceptar -le gusten o no- los estatutos que sólo dependen de la propia asamblea universitaria, según lo que dispone la Ley y la jurisprudencia registral bajo el amparo de la Constitución Política. Aunque lo haya en el ámbito de lo político y de lo moral, no existe pues conflicto alguno en el terreno de lo legal: las universidades peruanas no tienen que someter sus estatutos a la aprobación de nadie más que su propia asamblea. Lo demás es una intromisión política inadmisible desde el punto de vista legal y constitucional. Pero en el Derecho sólo hay conflicto real cuando se trata de normas del mismo rango, y está claro que la Constitución Ex Corde Ecclesiae no tiene para los peruanos, ni siquiera para los creyentes, el mismo rango que la Constitución Política. La primera no genera ninguna obligación ni derecho en el ordenamiento legal, sino, a lo mucho, un deber moral. La segunda, en cambio, rige por encima de todo el ordenamiento público y privado. Frente a ésta, a la Iglesia no le queda más que someterse. El cristiano que ve en ello un imperativo de su propia religión, ha comenzado a comprender de qué se trata en realidad el cristianismo.

Copio a continuación el texto del doctor Landa.

¿Constitución Apostólica versus Constitución Política?

Dr. César Landa Arroyo

Ex-magistrado del Tribunal Constitucional

El largo proceso de la desacralización del poder público fue posible históricamente gracias a la progresiva  constitucionalización de los derechos humanos. No obstante, el Vaticano parece estar reiterando su vieja “doctrina de las dos espadas” –que valoraba la espada espiritual del Papa por encima de la espada terrenal del Emperador- y la “cuestión de las investiduras” –el Papa cuando entronizaba a un rey como Emperador también lo podía destituir-, en su diferendo con la Pontifica Universidad Católica del Perú, al establecer el 8 de abril próximo como el plazo para que el Estatuto de la universidad se adecúe a la Constitución Apostólica ExCorde Ecclesiae.

Sin embargo, la PUCP no fue creada y en consecuencia no pertenece al Vaticano, sino que fue fundada como “Universidad Católica” por cinco civiles y un religioso, registrándose en 1917 como una institución privada regida por el Derecho Público interno –Artículo 402° de la Ley Orgánica de Instrucción de 1899- y no por el Derecho Canónigo; pero, con la finalidad de ofrecer una enseñanza universitaria cristiana. Por ello, la universidad como institución científica, académica y social se encuentra inserta en un principio de autonomía para dichos fines, sin las cuales no podría llevar a cabo su finalidad esencial.

Ello demanda, por un lado, del goce y ejercicio de derechos y libertades para los profesores y alumnos establecidos en la Constitución y las leyes peruanas, así como, por otro lado,  de una garantía institucional para la conducción de la misma por parte de sus autoridades, de acuerdo con su estatuto universitario que consagra su naturaleza de asociación civil sin fines de lucro.

Pero, la libertad, igualdad y autonomía son derechos naturales y fundamentales de todos los miembros de la comunidad universitaria, que se orientan a su finalidad educativa. Las mismas que están inspiradas en los valores y principios humanistas y cristianos, que permiten integrar la ciencia y el bien común con la fe y la razón.

Ahora bien, que el Vaticano haya otorgado el título de Pontificia a la Universidad Católica del Perú (1942), no puede ser interpretado como la sumisión jerárquica a la “espada espiritual” y a la llamada “cuestión de las investiduras”; en virtud de las cuales la Santa Sede considere que corresponde al Cardenal y al Vaticano decidir en última instancia quién debe ser el Rector y  sus profesores, así como, qué materias o temas no pueden ser discutidos o cómo deben ser abordados; amén del manejo directo de su gestión en tanto se consideran propietarios de la universidad y de sus bienes.

La universidad es reconocida en el medio nacional e internacional por haberse ganado un merecido prestigio institucional y académico; el cual se ha logrado en virtud del pluralismo, la libertad de pensamiento, conciencia, expresión y crítica, a través de la libertad de cátedra e investigación, con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la formación cristiana. Más aún, la universidad ha rechazado toda forma de violencia, intolerancia y discriminación, en el marco de la búsqueda de la verdad y el bien común para la comunidad peruana y las personas más desvalidas.

En la posibilidad de perder o menguar estos logros radica la preocupación de la comunidad universitaria que se ha forjado científicamente en un espíritu humanista y cristiano, con Rectores religiosos y civiles, sin que se haya producido censuras o cuestionamientos a su organización y funcionamiento de la naturaleza que se han presentado a partir del día en que, durante el gobierno de Fujimori, el Vaticano nombró a monseñor Cipriani, cabeza visible del Opus Dei, como Cardenal del Perú, y, en consecuencia, Gran canciller de la PUCP.

Si bien Roma ha hablado y no hay nada que discutir o preguntar –Roma locuta, causa finita-, la PUCP se encuentra constituida y sujeta al Derecho Peruano, desde su fundación y hasta la actualidad. Más aún,  el Vaticano al suscribir el Acuerdo de la Santa Sede con la República del Perú, en 1980, aprobado por Decreto Ley N° 23211, quedó comprometido a respetar  los mandatos de la Constitución Política, la cual garantiza en su primer artículo que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

Por ello, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no puede estar por encima de la Constitución Política, ni menos aún puede ser aplicada en contravención de las competencias de los poderes públicos; que mediante nuestra Carta Magna, la Ley Universitaria y el Estatuto han regulado la autonomía  universitaria,  los derechos fundamentales de las autoridades, profesores y alumnos; en la medida que la Universidad Católica  es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida conforme a la Constitución y las leyes peruanas.

Identidades y nacionalismos según Anderson

Benedict Anderson es uno de los más destacados teóricos de la actualidad. Su libro Comunidades imaginadas marcó un hito en el desarrollo de los estudios culturales. Este historiador por la Universidad de Cornell y profesor emérito de esa misma casa de estudios, recibió este año el Doctorado Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y concedió una breve entrevista al semanario PuntoEdu (Año 7, Nº 220), del cual quiero extraer dos comentarios suyos; uno sobre las identidades y otro sobre los nacionalismos. Respecto a las identidades, se le pregunta y responde lo siguiente:

El sistema global dice que vivimos en un mundo globalizado, pero probablemente se están reduciendo los lugares en los que podemos mostrar nuestras identidades. ¿Cómo lo ve?

La gente tiene una idea equivocada de lo que es la identidad. Se habla de ella como si estuviera adentro tuyo, pero no lo está. La identidad es la respuesta que das cuando alguien te pregunta quién eres. Entonces, miras quién pregunta, por qué lo hace, dónde y cuándo. Es una respuesta estratégica a una pregunta, por eso puedes tener varias identidades.

Y respecto a los nacionalismos, agrega:

En un mundo globalizado, el nacionalismo es visto como algo del pasado. ahora todo el mundo está unificado. el mandato es abrir tus fronteras y dejar que el capitalismo haga su trabajo.

Mi idea sobre el nacionalismo es que se trata del futuro más que del pasado. El nacionalismo tiene que ver con adónde vamos; es tener un futuro común. La idea del nacionalismo es siempre, de alguna manera, emancipadora. Se trata de una idea de identidad, de lo que implica ser el miembro de una nación, y algunas cosas serán negadas y otras permitidas. El capitalismo, por ejemplo, ha estado en el mundo por cerca de 400 años y no hizo nada por el estatus de las mujeres; el nacionalismo sí. ¿Por qué? Porque ellas eran americanas y era intolerable que sean tratadas así. Al final obtienen lo que quieren no porque sean mujeres, sino porque son parte de la nación (lo mismo que los negros y los gays). El nacionalismo es más confiable que los derechos humanos, que pueden ser explotados por extranjeros: “Venimos a defender los derechos humanos en tu país”, e invaden. Pero si cambian los derechos de los miembros de una nación, los cambios son más durables porque no son una intervención externa. Las cosas no pueden ser reversibles, es imposible.

¿Necesitamos un enemigo común para construir comunidad?

No puedes hacer política sin enemigos. La política se basa en el conflicto. No todo nacionalismo necesita enemigos, pero sí cada acto político.

La observación de Anderson sobre la identidad desmitifica su carácter interior ampliamente extendido. Una cosa es la constitución de una conciencia unitaria que llamamos «yo» a partir de la memoria y la regularidad, y otra muy distinta es que tengamos dentro de nosotros esa suerte de esencia originaria que sería nuestra «alma». Lo que llamamos así es, en contra de lo que le conviene sostener a las religiones, sólo una síntesis realizada por nuestra imaginación y que no tiene ninguna verificación real. Pero lo que aquí interesa es que también las ficciones imaginativas tienen efectos reales en las sociedades y en sus políticas. No es extraño encontrar en múltiples discursos identitarios en ámbitos rurales peruanos, por ejemplo, ese platonismo, mientras que, en la práctica, y al mismo tiempo, sucede que las identidades cambian con total ductilidad en razón de las circunstancias. Por eso Anderson, que es historiador pero también antropólogo, sostiene que la identidad es básicamente el modo como se responde ante un otro que te cuestiona. Hay allí un «aire de familia» posible entre la dialéctica social hegeliana (su lado más aristotélico), la dialéctica social de Marx (que decapita los rezagos «místicos» de Hegel), la crítica de la subjetividad cartesiana (y de la moral) emprendida por Nietzsche, y una comprensión pragmática como la de Wittgenstein al modo de los juegos del lenguaje. Aunque la gente necesite creer en su identidad como un alma eterna, el analista y el investigador social ganan mucho al comprender la identidad en ese otro sentido, y cabe preguntarse incluso si el desarrollo de las ciencias sociales no ha sido posible precisamente en la medida en que se ha dado ese giro.

En torno a los nacionalismos, parece igualmente acertada la convicción de que estos son cosa del futuro más que del pasado. No hay en el panorama nada que haga pensar en su desaparición y quizá así sea mejor, porque, como señalaba Kant (Cf. Hacia la paz perpetua), no habría nada más tiránico e imposible de controlar que un Estado mundial, siendo la idea de Estados confederados la más conducente hacia una paz duradera. Es que los críticos de los nacionalismos han mirado con cierta ingenuidad los procesos globales, como si estos se dieran por una mano invisible universal, y han desatendido, como señala Anderson, el rol de los nacionalismos. En ese sentido, es cierto que varios derechos políticos y sociales han sido obtenidos en procesos de autoafirmación nacional, y no, por ejemplo, como resultado de la expansión del capitalismo. Sin embargo, creo que Anderson pasa muy rápidamente al otro lado. Ninguna idea es enteramente emancipadora y los nacionalismos han sido con frecuencia no sólo ajenos sino contrarios a las libertades individuales, además de castigar el disenso y encerrarse en posiciones dogmáticas. No en vano se han desarrollado tribunales internacionales que puedan proteger esas libertades cuando ya no encuentran protección alguna en las jurisdicciones nacionales. Del mismo modo, muchos procesos emancipadores nacionales han sido influidos por procesos internacionales; de modo que hay que afinar aún más los alcances y peligros de los nacionalismos, sin buscar suprimirlos ni tampoco exaltando sus logros de manera unívoca. El mismo ejemplo de los derechos de las mujeres así lo demuestra: ¿en qué medida se les concedió por ser americanas o más bien por una idea de igualdad universal?

Se trata pues, según creo, de una confrontación constante, y a la que deberíamos ya estar acostumbrados, entre lo individual, lo nacional (el ethos), lo estatal (que no es lo mismo porque casi todo Estado es plurinacional y estas naciones o subnaciones están cobrando fuerza), lo supranacional (bloques) y lo global. En la actualidad, no hay país donde todos esos frentes no confluyan en la vida política de la nación. Por lo mismo, la oposición entre derechos humanos (universales) y derechos nacionales no es algo que pueda ser simplificado en la oposición de nacionalismo y globalización. En todo caso, en lo que tiene razón Anderson es en que los procesos internos de una nación deben ser políticamente respetados porque, al ser procesos del ethos, son consensuados y por ende más estables. Eso no invalida las intervenciones que se dan en un marco jurídico internacional. Ahora bien, que las libertades ganadas en el ethos no puedan ser reversibles, es algo que requiere aclaración. Es cierto que una vez que se abre paso una demanda al interior de una nación lo más probable es que ella ya no decline, en tanto demanda de individuos que conforman esa nación, pero las medidas políticas desde luego que pueden ser reversibles. Hay Estados que han pasado de un régimen liberal a uno totalmente autocrático e incluso con apoyo mayoritario de la población. Las coyunturas y las situaciones de fondo han de ser tenidas  allí más en cuenta. Y en esos casos es donde adquiere importancia la influencia internacional, tanto política como jurídica.

Por último, es interesante la observación de que cada acto político necesita enemigos, aunque no toda nación. Como se sabe, el tema de la amistad y de la enemistad fue colocado con fuerza en la teoría política por Carl Schmitt, lo que fue rechazado casi de inmediato por cierta vertiente liberal. El gran problema con Schmitt es que estaba convencido de que las estructuras y las identidades políticas son círculos cerrados, cuando en realidad no lo son, y no sólo desde la modernidad sino desde siempre. En ese sentido, el primer enemigo debe ser encontrado al interior y no al exterior, incluso dentro de un mismo individuo. Por otro lado, como decía Heidegger, una cosa es tener adversarios y otra muy distinta tener meros enemigos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la mera enemistad la identidad, que supone siempre una diferencia, se enfoca en la desaparición del otro; mientras que, entre adversarios, la enemistad misma es vista como necesaria, y por tanto el mejor bien que uno puede hacerse está en hacer más fuerte al adversario, no en eliminarlo. Esto lo comprendió tempranamente la tradición liberal al alentar la libre competencia y sólo un reciente pacifismo exacerbado no llega a comprender cómo el conflicto es necesario. En efecto, el conflicto es necesario, pero hay dos modos distintos de entenderlo y eso es algo que conviene recordar para no caer en los torpes antagonismos chauvinistas en los que con frecuencia han caído y caen los nacionalismos. En el Perú, basta escuchar a alguien como Antauro Humala para comprender a lo que me refiero.

La PUCP: una cuestión de Estado Constitucional de Derecho

El litigio entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el cardenal Cipriani ha dejado de ser un asunto netamente jurídico sobre la herencia de Riva-Agüero (cuyo curso hasta el 2009 se puede ver aquí) para adquirir también un carácter de Estado de Derecho. Si bien no se trata de un pronunciamiento oficial del Vaticano como Estado, sí ha habido una comunicación de su Congregación para la Educación Católica con pretensiones de mandato, como lo ha reconocido el propio cardenal, pero que, al colisionar con la legislación y el interés educativo nacional, no puede ser tomada más que como una sugerencia absolutamente inaceptable. Mirko Lauer la ha descrito bien como «una suerte de decreto supremo transnacional en un tema educativo, con el deleznable argumento del uso de las palabras católica y pontificia en el nombre de la PUCP.»

La comunicación no se ha debido enteramente a las presiones de Cipriani. Fueron las mismas autoridades de la PUCP, con una ingenuidad digna de mejor causa, las que, confiando en sus buenas relaciones con el Vaticano y con otras universidades católicas, enviaron sus estatutos para que estos fuesen aprobados. Hay que reconocer que son muy pocas las universidades pontificias -entre ellas la PUCP- que tienen un régimen especial (democrático) en la elección de sus autoridades, por lo que desde esa perspectiva la PUCP debería ajustarse a lo regular entre las universidades pontificias: la autocracia, pero eso se torna inviable desde la normativa legal peruana (y los principios constitucionales que la rigen), por la cual ésta incluso perdería su habilitación como universidad si no fuese su Asamblea Universitaria la que eligiese al rector.

Pero la muestra de que Cipriani ha estado propiciando una exigencia favorable a su causa está en el testimonio que la misma Congregación ha dado y que no ha podido recibir sino de él, que opina que la actual educación en la PUCP no es católica. En su comunicación, ésta indica que los profesores “deben respetar la doctrina y la moral católica en su enseñanza”, como si no lo hicieran y como si respetar fuese lo mismo que suscribir. Ese mandato, aplicado negativamente, es abiertamente contrario al orden constitucional, según el cual sólo los mismos principios constitucionales restringen la libertad de cátedra que, por lo demás, debe permanecer irrestricta. Se trata de un derecho tanto de los docentes como de los alumnos en todas y cada una de las universidades peruanas. Un docente que enseñe, por ejemplo, que el marxismo ofrece las mejores herramientas para analizar los procesos sociales, con toda la libertad para que sus alumnos discrepen, ¿debería estar obligado a mentir(se) y afirmar que esa creencia es errónea porque desconoce la doctrina y la moral católica, bajo riesgo de ser despedido? ¿O lo mismo si es ateo y no quiere ser hipócrita y jurar la fe católica? Según la Congregación y el cardenal, así debe ser. Pero desde luego que están equivocados, porque lo que manda es la libertad de cátedra asegurada por la Constitución. ¿De qué otro modo, además, podría garantizarse una libre discusión de ideas basada únicamente en la inteligencia y la persuasión? ¿Qué culpa tiene la institución universitaria de que el catolicismo ultramontano no persuada ni tenga autoridad moral por su alejamiento de los principios que enseñó su fundador y por los que fue crucificado? «Dios ha muerto» -decían los teólogos de la muerte de Dios a mediados del siglo pasado- y vuelve a morir cada vez que un hombre recibe un trato injusto, cada vez que se le mata (no sólo en sentido literal)… en suma, cada vez que se atenta contra su dignidad como ser libre. Al negar la libertad y al encubrir delitos abominables de sus miembros, la Iglesia católica mata a Dios una y otra vez.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (22.08.2011)

La disyuntiva hoy planteada en nuestro contexto universitario, que no en vano tiene el nombre de universitas y se remonta al (no) tan lejano siglo XIII, cuando las universidades europeas empezaron a defender su autonomía de las facultades de teología y de los mandatos papales y episcopales, está entre ser hombres maduros guiados por el uso de la propia razón en busca honesta de la verdad, o ser un manso grupo de niños y roedores que sólo deben aprender a seguir al iluminado flautista pontificio.*  El título de Pontificia es vinculante sólo en la «Santa» Sede y en los países que se lo permitan. El nuestro, gracias a Velasco, prohibió la injerencia extranjera en su educación universitaria y el gobierno de Belaúnde lo ratificó, de modo que en nuestro caso es sólo un título honorífico, aunque obviamente el tema es discutible para quienes quisieran que el derecho canónico aún regulara nuestra vida civil.

La demanda del Vaticano se opone pues a la Ley Universitaria vigente, la misma que en su artículo 29 dispone que sólo la Asamblea, en representación de la comunidad universitaria, tiene la atribución para elegir a sus autoridades, empezando por el rector (lo que excluiría la fórmula de una terna propuesta para que el arzobispo elija). El artículo 4 es igualmente bastante claro:

La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes:

a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;

b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo.

c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.

Se entiende que se habla de la República del Perú (porque además el Vaticano es una monarquía absolutista) y que las responsabilidades que impone la ley son las de una asociación sin fines de lucro. Y en el mismo artículo se agrega que:

La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley.

Todo ello, en «buen cristiano», significa que la Ley faculta a la Asamblea Universitaria a decidir autónoma, soberana y definitivamente sobre la eventual participación que podría conceder a la Iglesia católica, siempre que no contravenga con lo dispuesto en ella. La Iglesia no está exenta de lo que mandan y sancionan las leyes nacionales. No nos independizamos y nos declaramos republicanos para que otra monarquía venga a imponer sus normas sobre las nuestras, y menos aún si estas propician todo lo contrario a los principios que queremos que tengan nuestras universidades (artículo 3):

a. La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad;

b. El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente Universidad; y,

c. El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

Y el artículo 42 dispone la obligatoriedad de que profesores, estudiantes y graduados participen en el gobierno de la universidad. La entidad fundadora puede hacerlo también sin afectar lo anterior, pero en este caso el título de Pontificia, por el cual la Iglesia alega tener un derecho, no lo tiene la PUCP desde su fundación (como si fue el caso de la Universidad de San Marcos, que renunció luego a él), sino que le fue otorgado por su 25 aniversario. La PUCP fue fundada como una asociación civil sin fines de lucro, esto es, como institución del derecho peruano y sin participación de la Iglesia sino como asociación libre de religiosos y laicos.

Cuando Cipriani pregunta retóricamente: «el que está casado ¿no está limitado por su mujer?, el que maneja un carro ¿no está limitado por un semáforo al manejar? Toda persona acepta unas normas en donde trabaja, entonces ¿por qué le va a parecer una limitación que la sagrada congregación de Roma, y no yo, les pida que se pongan en línea de lo que la Iglesia les pide?», olvida deliberadamente que quien manda en la educación peruana no es Roma, sino el Estado peruano mediante sus normas internas, empezando por la Constitución y la Ley Universitaria. Cualquier «mandato» del Vaticano no tiene en nuestro ordenamiento más valor que el reglamento de un club, y así como estos no pueden válidamente disponer reglas contrarias a los principios constitucionales ni a las leyes del país, del mismo modo la Iglesia católica tiene que ajustarse al mandato de la Ley. Por eso ninguna Iglesia puede ampararse en su libertad religiosa o en su derecho particular (derecho canónico) para justificar prácticas discriminatorias o hasta delitos como el encubrimiento de los crímenes de pedofilia. Y, por eso mismo, a los estudiantes de una universidad católica no se les puede obligar a profesar esa fe, ni siquiera para ser admitidos (y aunque estos no tengan tampoco derecho a exigir la práctica de un culto distinto dentro de esa institución como sí se hace con el culto católico). El derecho canónico, que antes podía ser el único regulador de aspectos de la vida civil como el matrimonio (no existía el matrimonio civil), no tiene ya ninguna capacidad vinculante. Incluso si un religioso comete un delito, éste debe ser procesado penalmente como cualquier ciudadano y la Iglesia puede ser civilmente responsabilizada por sus actos.

Por todo esto, hoy más que antes resultan inadmisibles, desde un punto de vista jurídico pero también ético, exigencias como la que hizo el cardenal Landázuri, Gran Canciller de la PUCP en su momento, para que se expulsara a un connotado catedrático de Derecho por el execrable acto de haberse divorciado y, peor aún, vuelto a casar. Para ser honestos, seguramente Riva-Agüero hubiese avalado esa exigencia, ya que él renunció al Ministerio de Justicia para no firmar la aprobación del divorcio civil, pero, en estos puntos, su voluntad o la de cualquier otro es irrelevante dada la primacía absoluta de la Constitución y del Estado de Derecho por sobre las morales particulares. Las garantías constitucionales deben su primacía a que siguen principios trascendentales de la razón (de razonabilidad) y no dogmas de fe.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (21.08.2011)

El abogado de Cipriani, Natale Amprimo, ha señalado que en la Ley Universitaria se indica también que esas disposiciones no colisionan «con las reglas que rigen las universidades católicas». Sin embargo, esa es una mentira más: en ningún lugar de dicha Ley se sostiene aquello y aún si lo dijese él bien sabe que, más allá de su retórica engañosa, eso no colocaría a dichas reglas en igualdad de primacía frente a la Ley y a la Constitución. La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no tiene ninguna validez legal en la educación universitaria peruana, sino solamente moral (además de no disponer dicho documento requisito alguno en la elección del rector). Y al contrario, la Ley es bastante clara en que toda universidad debe ajustar sus estatutos a lo dispuesto en ella, y sólo hay una indicación en el artículo 98 respecto a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y a los seminarios y centros de formación de las comunidades religiosas (entiéndase: órdenes y congregaciones), a los que se respeta sus estatutos eclesiásticos en función de que puedan formar teólogos y profesores de religión, pero sin tener la categoría de universidades, sino tan sólo sus exoneraciones (y ciertamente esto va contra el principio de igualdad de culto y debiera suprimirse). Puede que Amprimo tenga la ceguera dogmática de su cliente, pero eso no le da derecho a inventar cosas buscando engañar a la opinión pública. Lamentablemente El Comercio tiene periodistas a los que les interesa sólo reproducir opiniones y no la búsqueda de la verdad, llegando al punto de afirmar que el nombre de «católica» podría perderse, como si se tratara efectivamente de una franquicia supranacional que ha monopolizado la creencia como un mero adjetivo, decidiendo quién tiene derecho a usarlo y quién no. ¡Y lo pretende la Iglesia actual, que tiene menos autoridad moral que la de los Borgia!

Las declaraciones de Cipriani muestran bastante bien su catadura moral. Por un lado dice que el actual ministro de Justicia va a inmiscuirse en el litigio (al parecer él no tuvo la formación cívica mínima que le advertiría que Consejo de Ministros y Poder Judicial son dos instituciones separadas) bajo el argumento de que proviene de «las canteras» de la PUCP; pero, ¿acaso su propio abogado en el proceso no proviene de las mismas canteras? No es que el cardenal sea un imbécil, no, sabe muy bien lo que hace, conoce la retórica que usa, plagada de medias verdades y de mentiras, pues quiere «curarse en salud» y evitar que el asunto sea tomado como una cuestión de Estado; sin embargo, como las medias verdades, y sobre todo en un hombre colérico, hacen que el pez por la boca muera, muestra también sus intenciones y su visión economicista de la fe. Por ejemplo, cuando afirmó que «los militares le expropiaron la Universidad Católica a la Iglesia» o que «nadie puede decir ‘este es un automóvil Toyota’ si la fábrica Toyota no le pone la marca«. No es el Estado de Derecho ni el bien universitario lo que le interesa, como quiere hacer creer en otras declaraciones, sino la propiedad, el interés económico de la fábrica cuya denominación social pasará en adelante a ser «Iglesia católica S.A.C.», teniéndolo a él como administrador y haciendo de la fe ni más ni menos que una marca. De estar vivo Jesús, ¿no le habría hecho lo mismo que a los mercaderes del Templo? Y si los católicos están llamados a imitar a Cristo, ¿por qué entonces no hacen lo propio? Para eso sí sigue sirviendo el derecho canónico, estén enterados: los petitorios para que se destituya a una autoridad eclesiástica son factibles.

Nótese además, porque nada es casual en la mentalidad dogmática, lo interesante que es el uso del símil de la fábrica por su sello de origen, toda vez que el dogmatismo apela siempre al Origen para fundamentar metafísicamente sus apetitos materiales. En ese sentido, hasta los Borgia eran más honestos.

Desde el rectorado de Lerner se ofreció a Cipriani que la Asamblea tuviese la obligación de escuchar al arzobispo antes de elegir a su rector, pero él no aceptó porque obviamente le interesa una injerencia directa (poder fáctico) y no una mera autoridad moral. Qué autoridad moral va a tener también él… Se le ofreció incluso algo que aun en su ambigüedad es inaceptable: que la PUCP sólo contrataría profesores que observaran la doctrina católica y tuviesen una moral intachable (lo que, claro, puede entenderse como no admitir pedófilos, pero también como no admitir profesores divorciados o alumnos homosexuales – algo también sugerido por la comunicación del Vaticano). Pero Cipriani no aceptó; su mentalidad maquiavélica sabe muy bien que sin poder fáctico él no es nada. Y claro, los católicos fanáticos siempre apelarán a la lógica del ethos (así como algunos clubes y discotecas) y denunciarán la imposición de un «pensamiento único» (que curiosamente es el que defiende la pluralidad dentro de ciertos márgenes de razonabilidad; ahí su ejemplo del semáforo y la esposa no aplica, Dios sabe por qué, y yo también: porque no les conviene) y acusarán supuestas violaciones a su libertinaje religioso, pero felizmente nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho que no debe permitir sus atropellos. Por varios siglos se les permitió; ahora ya no.

Al negar que se trate de una cuestión fundamentalmente económica, dice Cipriani sobre el rector de la PUCP que «el ladrón cree que todos son de su condición», pero poco después afirma: «¿Quieren dejar de ser católica y pontificia? Que lo dejen con sus consecuencias». Claro, las consecuencias según lo estipulado por el testamento de Riva-Agüero serían que los bienes de su legado pasen al arzobispado que él -todo un sofista- preside. Bastante desinteresado el divino cardenal. Ahora bien, como esa cláusula testamentaria debe someterse igualmente al imperio de la Ley, que establece que los bienes de una universidad sólo pueden ser destinados al mismo fin, seguramente Cipriani estaría pensando en otorgarlos a algún centro conservador, como la Universidad de Piura o la Católica Sedes Sapientiae. El título pontificio o el prestigio y la continuidad de la universidad que él mismo, antes de enterarse del testamento de Riva-Agüero, reconoció como «una de las mejores, si no la mejor universidad del país» no le importan en absoluto, así como no le importó dejar a los alumnos del Colegio Externado Santo Toribio sin educación y hasta sin constancias. Que no venga pues a presentarse como santo varón.

Si tanto le disgusta al cardenal que la PUCP presente un catolicismo plural, crítico, interiorizante antes que institucionalista (recuérdese lo que Jesús decía al respecto), con una clara vocación liberal y de servicio (seguramente por ello ha prohibido que los teólogos de la PUCP celebren misa en la capilla de la Universidad), debería enterarse que en prestigiosas universidades extranjeras, como la de Harvard, la Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez (que él considera desviada) es lectura obligatoria hasta el punto en que los exámenes de idiomas de teología piden traducirlo.** Él, en cambio, ¿a quién le ha ganado? A lo mucho, su vida proporciona ejemplos precisos para aquellos libros de Nietzsche donde se denuncia la inmoralidad de los moralistas y la podredumbre del cristianismo.

Caricatura de Carlín publicada en La República (21.08.2011)

* Recuérdense las declaraciones de aquel religioso del Opus Dei que explica cómo hay ciertas lecturas que no deben ser leídas sino más bien referidas por un mediador que tiene la madurez (el dogmatismo) suficiente para señalarle cómo debe entenderlas. Esa visión de la pedagogía es absurda e idiotizante. Más aún en un nivel universitario.

** Le agradezco esta información a Raúl Zegarra.

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«Estiércol en letras de molde» por Raúl Tola

Desde su nacimiento en 1843 hasta su cierre esta semana, el semanario News of the World se alimentó de la inmundicia. Orientado a las clases más desfavorecidas, sus titulares y contenidos chirriantes y escandalosos fueron un éxito inmediato, y en 1950 lo llevaron a ser el rotativo más vendido del mundo, con más de ocho millones de ejemplares colocados. En 1969 –junto con The Sun, de tirada diaria– fue comprado por el magnate australiano de las comunicaciones Rupert Murdoch. Bajo su influjo, ambos tabloides ahondaron en el sensacionalismo hasta inventar una nueva categoría periodística, donde la abyección y el desprecio por la intimidad alcanzaron niveles escatológicos (de allí el adjetivo junk –basura– que les endilgaron sus propios lectores).

Los ejemplos de su vileza son numerosos. A principios de los 80 The Sun llegó a pagar millones a los familiares de Peter Sutcliffe, “el destripador de Yorkshire”, para que firmaran una memorias prácticamente inventadas. En 1989, en su cobertura de la tragedia del estadio de fútbol de Hillsborough, donde 95 personas murieron aplastadas, afirmó que los equipos de rescate habían sido atacados por hooligans “que orinaron sobre los bomberos”. Todo falso.

La crisis que desencadenó la clausura de NoW comenzó en el 2005, cuando uno de sus reporteros fue encarcelado por practicar el espionaje telefónico. A estas alturas, gracias a una profusa investigación de otro diario, The Guardian, sabemos de hasta 4.000 intervenidos, entre miembros de la familia real, políticos, artistas, deportistas y parientes o víctimas de algún crimen. Los hechos revelan una profunda colaboración entre periodistas, investigadores privados e integrantes de Scotland Yard, que contaban con la complacencia o abierta complicidad de los directores del dominical y de la clase política británica.

Pero el caso que despertó las iras del público y forzó la desaparición del semanario ante el retiro de los anunciantes fue el de Milly Dowler, una niña de 13 años secuestrada en el 2002 y hallada muerta seis meses después. En ese tiempo, el investigador de NoW accedió al buzón de voz de su teléfono y borró regularmente mensajes antiguos para que pudieran entrar nuevos, haciendo creer a la familia y a la policía que la propia Milly lo hacía, y por tanto seguía viva.

¿Es un consuelo que estas prácticas se den en Gran Bretaña, uno de los países más instruidos, con una de las tradiciones periodísticas más añejas y con uno de los sistemas políticos más sólidos? No lo creo. Los delitos que motivaron el cierre de News of the World hacen empalidecer los tropiezos de nuestra prensa, es cierto, pero deben servir como advertencia: por más exitoso que sea el medio, nunca puede abdicar de esa lucha diaria que es la conquista de la credibilidad. Lo contrario es firmar una sentencia de muerte que puede tardar, pero siempre llega.

Publicado en el diario La República (16-07-2011).

El nuevo «jale» de Fujimori: la joyita de Rudy Giuliani

Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York durante el atentado contra las Torres Gemelas, está entre nosotros para asesorar sobre temas de seguridad a Keiko Fujimori. La prensa ha resaltado la fama de este político por el control del crimen en una de las urbes más cosmopolitas del mundo, y hacen bien, pero, en honor de la verdad, hay varias precisiones que deben ser hechas para tener una caracterización más completa acerca de quién es el hombre detrás de Giuliani Partners y por qué tendría cierta afinidad con la candidata Fujimori.

Hay que señalar que, en efecto, la tasa de criminalidad se redujo en Nueva York durante la gestión de Giuliani en un 50%, pero no es cierto lo que el político quiso hacer creer de su gestión; a saber, que dicha tasa estuvo en su punto más alto cuando él empezó su mandato. Tanto los crímenes violentos como contra propiedades tuvieron sus puntos más altos en 1990 y 1988. Giuliani asumió la alcaldía en 1994, cuando ambos índices estaban ya decayendo. Y, por otro lado, el mismo FBI en su página Web ha señalado que no se debe confiar demasiado en rankings como en los que se basa Giuliani, porque cifras tan gruesas no ofrecen detalle sobre las diversas variables que adopta el crimen en una determinada ciudad. «Por ende, estos conducen a análisis simplistas y/o incompletos que a menudo crean percepciones equivocadas». Este es un primer punto para ser escépticos con los resultados de los que se jacta el ex-alcalde neoyorquino.

Giuliani también ha asegurado que uno de los pilares de su política contra el crimen fue el aumento del personal policial. El asunto está en que, durante su campaña por las elecciones primarias republicanas del 2007, aseguró que había contratado a 12 mil nuevos policías entre 1994 y el año 2000, habiendo en realidad aumentado sólo en 3,660 nuevos oficiales. El engaño era bastante sutil, pues, en el conteo de 1994 no incluía a la policía de tránsito ni a la doméstica, mientras que convenientemente en el conteo del 2000 sí los incluía. Además, hablaba de 28 mil policías en 1994 cuando las cifras exactas eran de 29,450. Y, si bien contrató un número aún respetable, hay que recordar que fue el gobierno de Bill Clinton el que proporcionó a la ciudad de Nueva York fondos entre 1997 y el año 2000 para pagar los primeros salarios de cerca de 3,500 de los 3,660 policías contratados.

Todo esto pone en tela de juicio no sus resultados, pero sí su capacidad como supuesto especialista en seguridad. Ahora bien, algunos aspectos más graves de su gestión son los referidos a las minorías. Mientras que la pobreza fue cínicamente desatendida por la alcaldía de Giuliani, como si no fuese también causa de crimenes, las minorías (particularmente afroamericanos) reportaron prácticas sistemáticas de abuso policial. Cuando un reportero del Washington Post le preguntó a Giuliani qué había hecho por las minorías, éste respondió: «Están vivos. ¿Qué tal comenzar con eso?» Seguramente Louima, un afroamericano ultrajado sexualmente por la policía durante su retención en una comisaría, no estaría de acuerdo con comenzar con eso. Pero claro, para Giuliani eso se debió a una aberración individual y no a fallas del sistema y de la formación policial.

Giuliani ha sido cuestionado también por tener políticas paternalistas con sus ciudadanos y con penas demasiado severas. Asimismo por su teoría «Broken Windows«, según la cual faltas tales como el graffiti, la mendacidad y la evasión de pago en el metro, aumentan o se reducen en proporción con crímenes tales como el homicidio, las violaciones y los robos armados. Esto parte de una concepción prejuiciosa respecto a las clases populares y su presunta naturalidad para cometer unos y otros crímenes, así como también expresa una lamentable posición respecto al graffiti y la mendacidad.

Precisamente, una de sus medidas más polémicas fue cuando en enero del 2000 se le ocurrió, en pleno invierno, ordenar el arresto de 149 personas sin hogar, bajo la acusación de no haberse presentado en un pasado lejano a los tribunales que debían resolver sus sanciones por delitos atroces como orinar en público, dormir en el metro y pedir comida en las calles. No tuvo tampoco en cuenta que varios de los arrestados tenían problemas por enfermedades mentales o adicción a las drogas. «Estos son crímenes de la calidad de vida», declaraba en la alcaldía un Giuliani al borde del paroxismo fascista. Cuando el New York Times dio cuenta de estas detenciones, Giuliani agregó que «no hay modo de inmunidad en la ley que diga que si tú no tienes hogar, entonces puedes cometer crímenes«. Esta frase la habrían podido decir también algunas congresistas fujimoristas, ¿verdad?

Otro de los aspectos que le ha dado a Giuliani renombre internacional ha sido su mando en la ciudad tras los atentados del 9/11 contra las Torres Gemelas. Pero no hay que olvidar que eso va acompañado de su aprobación a la prisión de Guantánamo, a ciertos métodos de tortura como el ahogamiento simulado y a la pena de muerte para los presuntos conspiradores de ese atentado (algunos, hay que recordarlo igualmente, arrestados sin nigún tipo de prueba ni respeto al debido proceso y a la dignidad personal). Otra afinidad con el fujimorismo.

Hay otras razones por las cuales puede, por lo menos, dudarse que Giuliani sepa de manejo policial. Los reclamos de estos ante su gestión incluyen el que no haya aumentado sus sueldos, que su estabilidad laboral se haya flexibilizado, que no haya solucionado sus problemas de reclutamiento y en consecuencia que haya bajado los estándares de calificación, etc. En México D.F. tomó un año para que Giuliani Partners presentara a la ciudad un informe con 146 propuestas que no resultaban eficaces para reducir la delincuencia. A lo mucho, se expulsó a los vendedores ambulantes del centro histórico y se penalizó la mendicidad. Si este es el asesor de Fujimori, los mendigos de Lima (y de Trujillo, donde lo ha presentado) pueden empezar a preocuparse. Porque le encantan al ex-alcalde neoyorquino las medidas decorativas y orientadas hacia el bienestar de los ricos.

Las credenciales democráticas de Giuliani tampoco son impecables. Siendo alcalde de Nueva York despojó a Michael Moore de su licencia para grabar en su ciudad, con lo que vetaba a su programa «The Awful Truth«. Luego de tan sólo un día, tras los reclamos públicos y la intención de Moore de contratar a uno de los más importantes abogados especialistas en la Primera Enmienda, Giuliani se vio forzado a retroceder y devolverle la licencia. Anecdóticamente, por esas ironías que trae la vida y por su propio ánimo de figuración, el alcalde decidió entregar él mismo y en público las nominaciones de los premios Emmy de 1999 a los artistas neoyorquinos que estaban nominados. Entre ellos estaba Moore y la nominación era por el mismo programa que había intentado censurar. No lo quedó otra que entregarle a Moore su nominación, no sin el sarcasmo de éste («Hillary sends her love«) y sin que la actriz de Los Soprano, Lorraine Bracco, recibiera su nominación y gritara «Michael Moore, keep it up!«. El incómodo Giuliani le replicó, dado que ella representa a una «loquera» (shrink) en la serie, que debería tratar a Moore. Y ella respondió que haría todo lo que Moore requiriese para que continúe con su lucha.

Y si a estas alturas alguien piensa que, a pesar de todo, Giuliani es un político serio, sobrio y un asesor de lujo, quizá un extracto del documental Giuliani Time de Kevin Keating le haga considerar dos veces su apreciación:

Desde luego que Giuliani tiene todo el derecho a travestirse cuanto quiera, pero creo que el vídeo dice más que eso en la línea del sexismo ramplón y pedante de Donald Trump. De igual manera, el siguiente vídeo no sólo nos muestra a un Rudy Giuliani de cuestionable buen gusto (ha asegurado verse «pretty«), sino que él mismo echa luces, más allá de la humorada, sobre su transfugismo como político entre republicanos y demócratas:

Y un último vídeo (también de Giuliani Time) que muestra su escasa vocación de diálogo y su facilidad para responder agresiva y burlonamente a sus ciudadanos:

Claro, Giuliani no tenía por qué saber que la persona que le hablaba sufría de Parkinson, pero burlarse por su manera de respirar o de hablar y decirle que necesita ayuda psiquiátrica en lugar de responder a lo que seriamente le era planteado, no habla precisamente bien de él y de su trato con sus propios ciudadanos. ¿Es que acaso le importarán realmente los ciudadanos peruanos?

Este es Rudy Giuliani, alcalde muy cuestionado y humorista bastante ridículo. Uno se pregunta si su obsesión para mandar a sus críticos al psiquiatra no es, en el fondo, un pedido de atención psiquiátrica urgente. Si hay algo «de lujo» en sus asesorías a Keiko Fujimori, esto debe ser su recibo de honorarios.