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La autonomía de la PUCP y la soberanía nacional

Según se supo hace unas semanas de autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las conversaciones con el cardenal Péter Erdö, probable próximo Papa, no iban a admitir un retroceso en cuanto al acuerdo tomado por la asamblea universitaria de no modificar sus actuales estatutos. Se esperaba, sin embargo, poder conversar con el enviado papal sobre dar un nuevo impulso a la pastoral universitaria y a nuevos cursos de formación católica dentro de los programas académicos de la universidad y a cargo de laicos, como recomienda, a partir de Vaticano II, el más reciente documento sobre educación superior católica del CELAM (el Consejo Episcopal Latinoamericano). Pero, según un blog de autor argentino replicado por varios medios de prensa, el cardenal Erdö no habría estado interesado en temas de educación pues se le habría enviado con una misión estrictamente política: convencer a la PUCP de cambiar su estatuto, volviéndose propiamente una universidad eclesiástica (que nunca ha sido).

Así pues, en estos días se ha estado divulgando, sin ningún respaldo documental ni declaración oficial, la presunta noticia de que ese diálogo se ha roto. Aunque sin las pretensiones también económicas del cardenal Cipriani, la posición de algunos círculos católicos, entre ellos el Vaticano mismo y el cardenal Erdö según este supuesto “insider“, es cerrar filas con un firme control institucional en toda la Iglesia. En ese sentido, la PUCP, como la Universidad Católica de Lovaina y otras pocas en el mundo, es tenida por foco rebelde que hay que aplacar para que no cunda el mal ejemplo de la libertad (o, como prefieren ellos llamarle, el libertinaje). La situación está bastante clara: no les interesa una educación libre y de calidad (lo que supone necesariamente la herejía, es decir, buscar otros caminos), sino el mero adoctrinamiento moral y teológico, el control de lo que los alumnos leen, de cuándo se les permite hacerlo y con qué guía espiritual (fundamentalmente manuales de Navarra en lugar de textos originales), y el logro de una mayor fidelidad al Status Civitatis Vaticanæ, que a lo mejor porque está sobre el monte Vaticano creen que recibe mejor la iluminación divina. La moral y la política, pues, son el quid del asunto, como lo fue en el siglo XII, sólo que por entonces se trataba de uniformizar todos los monasterios, y como si las actuales prerrogativas del Vaticano hubiesen sido algo más que sacros chantajes a Estados laicos herederos, como lo es el Perú, de los ideales republicanos de la Revolución francesa, tan aborrecida por ellos.

Ahora bien, para decirlo en términos kantianos, hay que plantear tres preguntas fundamentales:

1) ¿Qué podemos saber?

Ésta es una cuestión esencial si uno no quiere opinar desinformadamente, como hacen algunos voceros del Vaticano, por ejemplo, el susodicho blog “Vatican Insider” del diario La Stampa. Se puede sintetizar algunos puntos importantes en respuesta a esa publicación (para otros me remito aquí a un post anterior).

El autor de ese blog comienza elogiando “la disposición al diálogo mostrada por el cardenal Péter Erdö”. Pero, si las cosas fuesen como las presenta, no sólo no habría habido diálogo alguno, en tanto que ambas posiciones apuntaban a los estatutos de la Universidad, sino que, de todos modos, Erdö fue finalmente enviado como visitador canónico; esto es, como poco menos que un inquisidor, que busca poner orden, sin alternativa alguna. En realidad, la PUCP no tendría ni siquiera que haber recibido a Erdö en tal condición, porque no es una universidad eclesiástica, de las que se guían no por la constitución Ex Corde Ecclesiae sino por la constitución Sapientia Christiana, y su régimen estatutario debe basarse únicamente en lo que manda la ley universitaria nacional. Se le recibió, a pesar de ello, para dialogar sobre la enseñanza católica en la Universidad, sobre cómo ella sigue todos los consejos del CELAM para las universidades católicas latinoamericanas y sobre cómo, en todo caso, podría hacerse más intensa la pastoral católica dentro y fuera de la Universidad. Pero la cuestión de fondo, como se ha dicho, era el cambio de los estatutos.

También dice el mencionado autor que “las autoridades de la casa de estudios (…) no piensan aceptar la legítima autoridad de la Iglesia”. Hay una obtusa terquedad de estos voceros en señalar que son el rector y sus asesores quienes imponen las decisiones en la PUCP, porque su mentalidad de Ancien Régime les impide comprender que hay requisitos democráticos a partir de los cuales fue la asamblea universitaria la que, unánimemente, acordó no modificar los estatutos. Aparte de ello, la posición de la Iglesia no tiene legitimidad alguna. No la tiene porque las universidades en el Perú, salvo seminarios y facultades teológicas, se guían exclusivamente por la Ley Universitaria que expresamente prohíbe que la elección de autoridades sea antidemocrática, como pretende el Vaticano. Y no la tiene asimismo porque, según el vigente Código de Derecho Canónico, hay que distinguir entre universidades católicas y universidades eclesiásticas. La PUCP es una universidad católica a la que se asigna la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, que de ningún modo equivale o puede colocarse por encima de las leyes peruanas y que en términos prácticos es sólo como el reglamento de un club privado. Además, el artículo 3, numeral 3, de esa constitución reconoce que:

Una universidad católica puede ser erigida por otras personas eclesiásticas o por laicos (este es el caso de la PUCP). Tal universidad podrá considerarse universidad católica sólo con el consentimiento de la autoridad eclesiástica competente, según las condiciones que serán acordadas por las partes.

Y en el numeral siguiente señala expresamente que el requisito de aprobación de los estatutos no es para estas universidades, sino para las señaladas en los casos de los numerales 1 y 2. El error absurdo de las autoridades de la PUCP fue considerar que era un gesto de buena voluntad enviar los estatutos al Vaticano, cuando legalmente no había obligación alguna, ni por el derecho peruano ni por el derecho canónico.

Sigue el blog: “Ahora la Santa Sede se verá obligada a intervenir, y no tendrá más remedio que hacerlo drásticamente”. Tiene razón, pero no por la “intervención”, que sería abiertamente ilegal, sino por el rompimiento, aunque las cosas podrían ser estrictamente al revés: que la asamblea vote para romper el vínculo con la Iglesia católica renunciando al título de pontificia mas no a la fe católica que tiene todo el derecho de preservar. Esto me parece lo más atendible, pero depende de si Erdö únicamente vino para recabar información o si manifestó una amenaza concreta por parte del Vaticano. El rector Rubio debe informar de esto a la asamblea universitaria para que se decida el futuro de la Universidad cuanto antes.

Se habla también en el blog de la visita de Erdö como una auditoría (nótese que ya no es diálogo), término completamente inadecuado, salvo en la monetarizada mente del cardenal Cipriani. Luego dice que la PUCP debía normalizar “su situación eclesiástica adecuando sus estatutos a la constitución apostólica Ex corde ecclesiae, emanada por Juan Pablo II en 2001 y que rige a todas las instituciones de educación superior católicas del mundo”, lo cual, como se ha señalado, es una falsedad deliberada, porque esa constitución no rige a las universidades eclesiásticas ni exige aprobación de los estatutos para las universidades católicas fundadas por laicos. También se dice que “el purpurado tenía previsto permanecer en el país dos semanas”, pero lo cierto es que, desde que llegó, expresó que se iría tras una semana.

También podemos saber que el acta de fundación de la PUCP deja en claro que fue erigida como una asociación privada sin fines de lucro, sujeta a las leyes peruanas y sin participación propiamente eclesiástica, sino sólo de algunos religiosos por su carácter católico. Por tanto, a la inversa de lo que se señala en dicho blog, es más bien el Primado de la Iglesia peruana, avalado por el Estado de la Ciudad del Vaticano, quien ha optado por una posición rebelde al no querer acatar las leyes peruanas y al desconocer la autonomía fundacional de la PUCP, además de interpretar antojadizamente y en contra de la letra sus propias normas de derecho canónico. Nunca se le ha escuchado a su “especialista” en derecho canónico, Luis Gaspar, una sola declaración bien fundada, sino tan sólo generalidades cuando no agravios.

El visitador, finalmente, habría redactado un informe de catorce páginas para el Vaticano, aunque después de tantas falsedades en la nota mencionada, no hay ninguna certeza de esto. Aun así, el autor del blog se equivoca (y peca de arrogancia) al decir lo que el Vaticano puede y lo que no debe hacer. El Vaticano puede proceder del modo que mejor le parezca, pero una opción, que desconozco si está presente en el Informe Erdö, es entender correctamente el mencionado artículo 3 de la Ex Corde Ecclesiae, y, en consecuencia, aceptar los actuales estatutos, evitando de esa manera romper con el único bastión de catolicismo liberal en el Perú.

Incurre en mayor falsedad aún el susodicho autor al escribir que la Universidad podría colocar en “graves problemas a los alumnos, especialmente en cuanto a los títulos de grado”. ¿O acaso uno es licenciado en derecho a nombre del Vaticano y con la firma del Papa? Probablemente así suceda en los sueños de algunos católicos, pero no en los de todos ni tampoco en la realidad jurídica. Lo cierto es que las personas jurídicas sufren continuos cambios y en ocasiones cambian también de nombre, sin que eso implique en absoluto una disolución de la personalidad, que sería el supuesto formal bajo el cual, no habiendo más universidad católica (el título de pontificia es acá intrascendente), los bienes de Riva-Agüero y sus frutos pasarían a ser propiedad del arzobispado para ser usufructuados con idénticos fines educativos. El razonamiento del cardenal Cipriani y de sus voceros sobre este punto consiste en una apelación realmente absurda, casi kafkiana, a una inflexibilidad formal que el derecho no tiene si se preservan los objetivos constitutivos de la asociación.

Por otro lado, la PUCP no tiene ninguna “personalidad pública eclesiástica” que perder, por el simple hecho de encontrarse en el fundo Pando y no en el monte Vaticano. E incluso si se aplicase el derecho canónico como si fuese derecho nacional, no podría esto ser viable, porque la PUCP, al haber sido fundada por fieles con iniciativa privada y haber sido en 1937 inscrita así por su fundador en los registros públicos, es en derecho canónico una institución privada, de las que se especifica claramente lo siguiente: “Los bienes temporales de una persona jurídica privada se rigen por sus estatutos propios, y no por estos cánones” (Canon 1257). Por lo que es de necios e ignorantes seguir afirmando que los bienes de la PUCP le pertenecen a la Iglesia por ser católica.

2) ¿Qué debemos hacer?

En primer lugar, mantener los actuales estatutos que están amparados por las leyes peruanas, como lo ha recordado la Asamblea Nacional de Rectores en su comunicado de unánime apoyo a la PUCP. Fuera de eso, esperar que se aclare con certeza la posición del Vaticano.

En segundo lugar, mantener activas y listas las estrategias legales oportunas para defender el patrimonio de la Universidad, porque es un hecho que Cipriani lo quiere para sí (a eso se refería con su “que se atengan a las consecuencias”). Si bien no hay sustento jurídico para declarar una disolución de la Universidad, como quisiera Cipriani, tan preocupado siempre por la educación, como cuando cerró el Colegio de Santo Toribio tras acusaciones de malos manejos, habrá de todos modos que dar la batalla legal y estar alertas ante posibles maniobras políticas del cardenal, como las que realizaba con el ex-dictador Fujimori.

Tercero, solicitar al Ministerio de Educación las garantías pertinentes, incluso ante el probable cambio de personalidad jurídica, y solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que asegure el respeto de la soberanía nacional frente a cualquier eventual injerencia por parte del Estado del Vaticano, la misma que en el caso de la PUCP escaparía al concordato por no tratarse de un seminario ni de un centro de formación teológica, sino de una universidad nacional que debe cumplir con la Constitución peruana y con la Ley Universitaria.

Cuarto, en mi opinión, si se verifica la información del “insider“, romper las relaciones con la Iglesia y cambiar de denominación para que sea la “Universidad Católica del Perú”, toda vez que el título de católico no es de exclusividad eclesiástica dentro del ordenamiento jurídico peruano y se encuentra debidamente inscrito en los registros públicos. Aunque el Código de Derecho Canónico y la Ex Corde Ecclesiae sostengan que la Iglesia católica tiene exclusividad, esa regla privada no tiene a su favor ningún respaldo en el derecho nacional, porque sería tan absurdo como limitar el uso de los términos “evangélico”, “protestante”, “judío”, etc., a determinadas instituciones. Ello además sería inconstitucional al afectar el derecho a la libertad religiosa. Para ser y proclamarse católico no se debe sumisión a nadie.

Por último, pero no menos importante, habría que continuar la vocación católica de la Universidad, ya sin ningún tipo de dependencia; es decir, entablar también una batalla teológica y moral con el Vaticano, en aras de preservar un catolicismo liberal y de avanzada ante el espíritu de los tiempos actuales. Ello, alentando las investigaciones sobre religiosidad, sobre distintas religiones comparadas y, en particular, sobre la tradición católica, así como brindar los elementos de juicio y organizar los debates necesarios para consolidar el carácter laico del Estado.

3) ¿Qué nos cabe esperar?

La posición jurídica de la PUCP es perfectamente sólida en el sistema jurídico peruano. Para garantizarlo, sin embargo, es conveniente preservar su identidad católica y reforzar el equipo de defensa legal. Más allá de la batalla jurídica por los bienes de Riva-Agüero, habrá que rechazar la injerencia que seguramente, aunque sin razón, como se ha observado, se pretenderá en la vía del derecho canónico. El mejor modo de evitar dicha injerencia es renunciando al título de pontificia y rompiendo todo vínculo con el Vaticano, realizando los cambios respectivos para dar seguridad jurídica a su nueva denominación y para que no haya más participación de obispos en su asamblea (que en la práctica no hay por ausencia de los mismos). Si llegan sanciones “morales” del Vaticano, tales como excomuniones (precisamente de quienes no tienen ninguna autoridad moral porque no han excomulgado a miles de curas pederastas), el tribunal de la conciencia, aquél al que apelaba ese maestro de cristianismo que fue Pedro Abelardo, nos dirá, con la certeza de Job frente a los teólogos, que la ética está por encima de la moral católica y de sus corruptelas y su fariseismo.

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En defensa de la ministra Jara

La congresista del partido oficialista y recientemente nombrada ministra de la Mujer, Ana Jara, ha sido en los últimos días objeto de rechazo y de burla por sus declaraciones acerca de temas relacionados con su sector, así como por haber expresado sus creencias religiosas. Aun cuando su juramento como ministra haya sido anecdótico (algo de lo que seguiremos “disfrutando” mientras no se reglamenten las juramentaciones oficiales, como propuso la congresista Salgado), muchas de esas burlas y críticas han sido desproporcionadas e injustas.

En primer lugar porque, respecto a que prometió en lugar de juramentar, ella ha señalado (en entrevista con Beto Ortiz) que se trató de una promesa de honor como la que se permite en la función notarial. Y ciertamente su justificación es más que respetable: el juramento iría en contra de la creencia de que el hombre no es enteramente dueño de sí mismo, mientras que la promesa no. Algunos se han burlado también de las frases que dijo, como si fuese una orate inventando cualquier insensatez, cuando en realidad era una cita de la Biblia que la mayoría de peruanos (la mayoría que se dice cristiana) debiera conocer. Que dicha promesa implicase una amenaza real a la secularidad del Estado es algo que sólo puede cruzar por las atribuladas y ya paranoicas mentes de quienes se sienten defraudados porque el presidente Humala no está siendo tan nacionalista ni tan “caviar” como pensaron que sería (y como convenientemente lo fue en su campaña). Jara ha insistido en no haber querido imponer sus creencias o dar una clase de religión, sino tan sólo haber querido hacer una promesa de honor de un modo que ella consideraba sagrado. Ello debiera ser más que suficiente, sobre todo porque si algún sentido tienen estos formalismos es por el hecho de dar la palabra con un acto “religioso” (el respeto de las formalidades tenía carácter religioso en la política antigua, por ejemplo en la Roma republicana). La presencia del crucifijo, por la que nuestros autoproclamados predicadores de la tolerancia, en la práctica bastante intolerantes, no se rasgan las vestiduras, es exactamente lo mismo a las palabras de la ministra. Claro que un ateo puede sostener que no debiera haber tampoco un crucifijo, pero el ateo que esto escribe considera que lo inteligente es el respeto de la libertad individual y el pragmatismo; como el que tuvieron los estadounidenses cuando se discutió que los declarantes en los juicios o los políticos jurasen con la Biblia, porque, si una persona quiere creer que tiene que ser honesta por haber hecho un juramento o una promesa sagrada, claramente conviene aprovechar esa creencia.

Por otro lado, Jara ha señalado que su agenda inmediata es la de continuar e implementar nuevos programas sociales en favor de las mujeres, habiendo recibido un Ministerio debilitado por la reciente creación del Ministerio de Inclusión Social. Desde esa reestructuración de funciones ha dicho también que buscará “establecer políticas públicas que vayan al fortalecimiento de la familia. No existen políticas públicas que vayan en protección del núcleo básico que es la familia”. Por más pavor que le tengan las activistas feministas y homosexuales a que se mencione una protección del núcleo familiar, porque por algún motivo se les ocurre que eso no es obligación del Estado y que conlleva en sí mismo algo conservador, lo que dice la ministra no es sino una reafirmación de un principio constitucional: “La comunidad y el Estado (…) protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad” (art. 4). También es cierto que la Constitución afirma en su artículo 6 que:

La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud.

Corresponde entonces ver si la ministra se opone a este otro artículo. En la misma entrevista televisiva dijo:

Si hay que hablar del protocolo médico del aborto terapéutico, hablamos de un protocolo, es decir, de procedimientos de carácter médico cuya competencia está exclusivamente bajo el Ministerio de Salud, de manera multisectorial con el Ministerio de Justicia que le tiene que dar el marco jurídico y una opinión del Ministerio de la Mujer que yo presido. Habremos de opinar, pero especialmente es un tema de carácter técnico. Nos tiene que decir la cartera de Salud en qué momento se pone en riesgo la vida de la madre. Hay que darle la formalidad al protocolo y eso es lo que yo dije, yo no me voy a negar a que siga su curso lo que Mocha García Naranjo aperturó en el Ministerio de buscar que el protocolo del aborto terapéutico finalmente vea la luz, pero la competencia no está en la cartera de la Mujer sino de Salud.

Como se ve, la posición de la ministra es bastante clara y sensata. Al Ministerio de la Mujer le correspondía poner en agenda una política de interés para las mujeres, pero, una vez hecho eso, ésta debe pasar al ministerio respectivo.

Sobre el aborto en caso de violaciones, dijo estar en contra a título personal. Para quienes no parecen entenderlo, eso significa que no hará política a partir de sus opiniones. Y sin embargo, más allá de eso, su opinión personal se aviene estrictamente con lo estipulado por la Constitución: el derecho a decidir no puede ir, según ésta, en contra de la vida o de la salud. No al menos dentro de los programas del Estado. Por ello, es a enmarcar todas las políticas públicas dentro del mandato supremo de la Constitución a lo que se refiere Jara cuando afirma que

existe dentro de las nueva corriente de libertades personales, el derecho a la mujer de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, pero creo que estas políticas públicas deban darse en el marco de un consenso social, dentro de un tiempo histórico; es decir, que las políticas busquen el interés general, no particular.

Efectivamente, ese marco es la Constitución y, en el supuesto de que quisiera permitirse el aborto por violación, habría que cambiarla. Por ello, acierta Jara al agregar, como congresista que es, “que el debate, en todo caso, se abra en el Poder Legislativo, que es la tribuna por excelencia. Nosotros somos núcleos ejecutores”. Pero el problema en ese supuesto es que nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida del concebido dentro del núcleo de derechos que no puede ser modificado, además de no ser posible retirar un derecho otorgado. De modo que en última instancia no interesa lo que piensen la ministra o el periodista, esto es, si la mujer violada puede tener una “relación sobrenatural” de amor con su hijo o si éste, al haber sido concebido sin amor, será objeto de odio por parte de su madre. Eso es algo que queda abierto por la libertad propia de la naturaleza humana. Lo cierto es que el Estado no puede permitir el aborto por ninguna otra causa que no sea el riesgo de muerte de la madre.

Evidentemente, este asunto del aborto, más aun en casos de violación, se reduce si se evita la concepción. Ahí es cuando la llamada píldora del día siguiente muestra su importancia. No obstante, existe en nuestro ordenamiento jurídico una sentencia del Tribunal Constitucional que, por cuestionable que sea, prohíbe que el Estado reparta dicha píldora dentro de sus programas. Por eso la ministra hace bien al decir que no se puede repartir actualmente, hasta que la sentencia sea modificada, porque ningún miembro del gobierno puede colocarse por encima del Estado de derecho, y menos aún si es también notario público. Como diría Kant (cf. Metafísica de las Costumbres), se puede protestar todo lo que se quiera, pero, al final, se debe obedecer.

Algo interesante en la entrevista son las peculiaridades de la fe evangélica que allí expresa la ministra, más allá de su aprobación del uso de preservativos como un “método natural”. Su respeto del libre albedrío, su comprensión de que las convicciones se inscriben en situaciones históricas cambiantes, su rechazo de la culpa católica, el énfasis salvífico en la fe, el rechazo de la adoración de imágenes de lo divino, el énfasis en la hermenéutica bíblica personal (por encima de toda autoridad) con un sentido práctico pero restringido a la fe personal… todo ello que es herencia de Lutero lo expresa como una creyente que está muy alejada del fanatismo religioso en el que, fanáticamente, se le ha querido encasillar. Hay quienes se han burlado de lo que dijo respecto a que “ya se encargará el Señor de irnos perfeccionando en el ser tripartito que somos (alma, cuerpo y espíritu)”, como siendo algo irracional. Sin embargo, la comedia siempre es buena precisamente porque el comediante no se cree su propio chiste (sobre todo porque uno de los recursos paradójicos de la comedia es la extrema simplificación). En este caso, el que se burla debe ser consciente, salvo ignorancia supina, que juzga desde su concepción dualista (alma y cuerpo), o monista (sólo cuerpo), a una antropología que no ha inventado -bueno fuese- la ministra, sino que está presente en varias tradiciones, incluyendo la judía y la cristiana. Burlarse por ignorancia es algo divertido como recurso cómico, pero fuera de la comedia, es decir, prestándole alguna seriedad, sólo puede ser una idiotez.

Por todo esto, la única observación seria que se le puede hacer a la ministra es que, mientras esté en el cargo, debe respetar la naturaleza secular del Estado por el hecho de ser ministra, absteniéndose consecuentemente de hacer públicas sus creencias personales, por más que se lo pida la prensa necesitada de titulares. En ese sentido, no es incorrecta la decisión del Congreso de llamarla para que aclare su postura como ministra (y no a título personal). El Congreso es el lugar adecuado para la defensa de los intereses ciudadanos y donde se le debe “recordar” que está obligada por la misma Constitución a respetar las políticas de salud y educación sexual que sean de interés público y en particular de las mujeres. No obstante, en la entrevista con Ortiz dijo que separa sus creencias religiosas sin conflicto alguno, porque “si hay que establecer políticas de natalidad para evitar un hogar que no tiene la estabilidad y calidad de vida que requiere para poder recibir hijos, pues, podemos implementar estas medidas de natalidad”. De tal manera que, por ahora al menos, la ministra Jara parece tener claras las cosas y no debieran sus declaraciones causar el revuelo desproporcionado y algo fanático que han causado.

Cipriani, el indulto y la mala conciencia

El cardenal Cipriani quiere dar lecciones de derecho en su programa radial: “El indulto es una gracia que tiene el presidente de la República de la que no tiene que dar cuenta a nadie sino a su propia conciencia“. Y ni siquiera puede decirse que como jurisconsulto sea un buen religioso, porque ni siquiera es esto último. Sin embargo, esta declaración es sintomática del tipo sacerdotal y del tipo autocrático que se puede encontrar simultáneamente en el sujeto Cipriani.

En primer lugar, hay que señalar por qué la declaración del cardenal es, además de oportunista, insensata — un llamado a no respetar el orden democrático y un desprecio incluso de la pericia médica. Lo es porque, desde que nos regimos por una Constitución, no es cierto que el Presidente pueda decidir a quién indulta sin dar cuenta de nada a nadie. Si bien nuestra Constitución, en su artículo 118, inciso 21, no le demanda explícitamente una rendición de cuentas, el hecho mismo de ser una facultad otorgada al Presidente por la Constitución implica dos cosas:

Primero, que esta facultad, en el fondo, está anclada en la soberanía popular, a la que el Presidente debe rendir cuentas de todos sus actos, incluso de aquellos que derivan de facultades especiales. Esto quiere decir que no por tener el Presidente dichas facultades, el demos deja de tener la soberanía. De allí que exista una comisión encargada de evaluar las solicitudes y sugerir al Presidente quiénes deben ser indultados. Aunque el Presidente no tenga que seguir lo que le dice esta comisión de indultos, lo hace para garantizar la independencia del acto respecto a su voluntad personal. Por eso es un preside-nte y no un mon-arca.

Segundo, y más importante aun, que, al ser una facultad constitucional, debe obedecer los requerimientos propios del derecho constitucional. Es en ese ámbito donde cobra especial importancia la razonabilidad como único modo de garantizar la igualdad ante la ley (que es un derecho constitucional) y el respeto de las demás garantías constitucionales. Es por este requerimiento del constitucionalismo contemporáneo que los jueces están obligados a emitir sentencias razonadas y razonables; es decir, no como meros aplicadores autómatas de la ley, como “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, que es como los pensó la Revolución francesa gracias a Montesquieu. Ahora, en cambio, el juez debe ser —y parecer— razonable en la valoración de los hechos (de las pruebas actuadas) y en la interpretación de la ley, e igualmente debe justificar —razonar— las motivaciones de su decisión. Este mismo mandato constitucional alcanza a todas las instancias de gobierno — a toda decisión que se tome en ellas, incluyendo las gracias presidenciales. Por eso la tendencia actual en los regímenes democráticos es a que el indulto se conceda en atención del interés común (nuevamente el principio de la soberanía del pueblo) o por causas humanitarias. Esto significa que quedan excluidas las motivaciones del tipo “nos salvó del terrorismo”, “recuperó la economía” o “ha sido el mejor presidente que hayamos tenido”, que habitualmente esgrimen los políticos fujimoristas y que ociosamente repite un porcentaje minoritario de la población.

Ahora bien, como la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori es sumamente impopular (65% en contra), no es nada inocente que el cardenal apele a lo segundo. No obstante, la causa humanitaria supone que el encarcelado esté imposibilitado de seguir cumpliendo su condena, ya sea por encontrarse en trance mortal, lo que podría dar pie efectivamente a un indulto total para que pase sus últimos días u horas de vida en libertad, o sea porque las condiciones de su encarcelamiento no son las adecuadas para su salud, para lo cual lo más razonable sería un indulto parcial, esto es, conmutar su arresto en prisión por un arresto domiciliario en un hospital o clínica. Lo primero no viene (aún) al caso. Lo segundo, como han afirmado los médicos del INEN, tampoco, pues “el referido paciente se encuentra en condición estable, despierto, lúcido y con función motriz normal”. Pero al cardenal poco le importa lo que piensen los médicos; ellos no están en contacto con Dios como él. Los fujimoristas, por su parte, han llegado al colmo de decir que debiera ser indultado porque está deprimido.

A ello hay que agregar tres cuestiones relevantes: 1) Fujimori no se encuentra detenido en una prisión común, sino en un establecimiento especial donde tiene todas las facilidades que el gobierno anterior le proporcionó. 2) Está condenado por secuestro agravado en contra del periodista Gustavo Gorriti y, por una ley dada en su propio gobierno, en mayo de 1995, como medida populista impulsada por él mismo ante el aumento de estos delitos, esto no haría posible su indulto, en cuyo caso se violaría no sólo la ley sino además la equidad en contra de todos aquellos sentenciados por delito de secuestro agravado a los que no se les haya permitido presentar solicitud de indulto. 3) Dentro del derecho internacional no es aceptable la amnistía o el indulto en casos de delitos de lesa humanidad, y en la sentencia de Fujimori, ratificada por la Corte Suprema peruana, es decir, con carácter de sentencia firme, se señala claramente que los delitos por los que se le condenó constituyen crímenes de lesa humanidad por haber sido sistemáticos y generalizados, con posición de dominio de su parte.

Entonces, ¿qué sentido tiene la “gracia presidencial”?

La clemencia es una figura antigua ejercida por aquel gobernante soberano que tenía dominio político suficiente pero que necesitaba mostrarse compasivo y generoso para legitimarse ante sus gobernados. Esta figura la tenemos, por ejemplo, en el célebre episodio bíblico donde Pilatos ofrece la liberación de un prisionero por la Pascua judía.  Además de apelar Cipriani a un individualismo extremo, solipsista, aunque, claro, no generalizado sino permisible sólo para el poderoso, que es quien le paga un sueldo a la jerarquía católica, su mención del indulto alude a esa antigua condición del derecho de gracia que es la del realismo político, la de la lógica utilitaria en la política. El viejo Maquiavelo sabía bien cuánto le convenía al princeps mostrarse clemente, aun cuando fuese una mera apariencia. ¿Sorprendería esto de un hombre de fe? A decir verdad, no, por lo que sabemos de la historia política de la Iglesia católica y sus negociaciones con el poder secular. (Véase, por ejemplo, el excelente estudio de H. Berman, La formación de la tradición jurídica de Occidente).

No obstante, cuando la soberanía pasó a la “voluntad unificada del pueblo” (en alusión a Rousseau y más precisamente a Kant), el derecho de gracia perdió su sentido de soberanía absoluta y empezó a limitarse con una serie de requisitos que lo adecuaban a los regímenes constitucionales de derecho. Ese mismo tránsito desde el perdón soberano hacia la reconciliación comunitaria, propio de la Ilustración, puede observarse también en el arte; por ejemplo en Mozart, en la ambivalencia entre sus óperas La clemenza di Tito y Così fan tutte (véase el ensayo de I. Nagel, Autonomía y gracia. Sobre las óperas de Mozart). Por eso, incluso en las monarquías constitucionales como la española, el Rey debe ajustar su facultad a la ley, porque su sola conciencia no está más por encima de ella. Pero la confusión que hace Cipriani entre la noción actual del indulto y la del antiguo derecho de gracia (de origen “divino”) que tenían los monarcas absolutos (como el Papa), no es casual ni un simple descuido. Antes bien, es un testimonio de parte de una no menos antigua vocación sacerdotal.

Cuando Nietzsche analizó el origen de la mala conciencia moral (Genealogía de la moral) encontró al sacerdote; aquél viejo zorro que se dio cuenta que no importaba el dominio exterior, político, porque más poderoso y sutil era quien dominaba la interioridad, para lo cual inventó la conciencia moral e incluso la llenó de culpabilidad innata. Como decía Albert Camus, “a mala conciencia, confesión necesaria”. Por eso, cuando el viejo zorro que es Cipriani dice que el Presidente no debe rendirle cuentas a nadie salvo a su propia conciencia, allí mismo está colocándose él: como su guía espiritual, él puede llegar ahí donde ningún otro puede llegar. Así el sacerdote se hace soberano en el más pleno sentido del término, porque influye decisivamente en todos (por ser todos “hijos de Dios”) y especialmente en quien gobierna, sin necesidad de ensuciarse las manos él mismo.

Ese es el juego político de Cipriani, identificable incluso en una simple declaración como la referida. Él no quiere gobernar el Estado, ni que fuese tonto, sino la conciencia de los gobernantes. Cuando amonesta desde su púlpito radial a los ministros de salud por temas de anticoncepción, también apela, casi en un acto desesperado, al peso de sus propias conciencias. Pero así las cosas, todo depende de que el amonestado, sobre todo si es creyente, y más aún si es el Presidente de la República, tenga la suficiente claridad, es decir, una buena conciencia intelectual para asignarle al cardenal el fuero de su púlpito y negarle acceso al de las políticas de Estado (y también hay dudas de esto con el presidente Humala).

Dios y el César no deben ir juntos; hay en eso incluso un mandato cristiano que, desde luego, no le conviene al sacerdote angurriento de poder. Con un primado de la Iglesia peruana como Cipriani, todo católico peruano, por el solo hecho de serlo, seguramente tiene bien ganadas sus indulgencias plenarias.

¿A Dios lo que es del César? Algunas falsedades dogmáticas en torno a la PUCP

Comento una opinión vertida recientemente en torno a la controversia entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Arzobispado de Lima. El panfletario diario La Razón ha publicado una nota de Víctor Robles Sousa titulada “¿La Iglesia de Roma dejará de llamarse Católica?”, en la que afirma las siguientes falsedades:

Caricatura de Andrés Edery publicada en El Otorongo.

1) Afirma que “el rector Marcial Rubio ha registrado en Indecopi la marca ‘Católica’ como propiedad intelectual de la PUCP”. Lo que hay es un registro de los bienes de la PUCP en Registros Públicos (lo que molestó mucho al cardenal Cipriani que quiere esos bienes para sí) y un registro de la propiedad intelectual de los productos y servicios ofrecidos por la misma PUCP, lo que se desarrolló junto a una política de estricto cumplimiento de los derechos de autor dentro de la Universidad. Esos registros están debidamente inscritos al nombre de la PUCP, que es una asociación civil, de modo que el sofisma que Robles utiliza para su estrafalario título se derrumba, puesto que una cosa es el término “católico” cuyo uso no puede ser propiedad de nadie, ni siquiera de la Iglesia católica, y otra cosa el nombre de la PUCP -todo él- como institución privada regulada por el derecho peruano.

2) El autor apela al ridículo en el que cae él mismo cuando afirma que el rector de la PUCP seguramente quiere registrar “El Vaticano” o “Ejército Peruano” en Indecopi. Habría que aclararle al sofista Robles que los nombres de Estados y de instituciones y emblemas estatales están protegidos internacionalmente para su uso estrictamente oficial. Por otro lado, lo que se inscribe como marca, según las clases 41 y 42 de la Clasificación de Niza para el registro de marcas, son los servicios educativos y de investigación científica y tecnológica.

3) También es falso que la PUCP “desconoce los derechos de la Iglesia Católica (…), habiendo sido ésta concebida y fundada por aquella en 1917”. La PUCP no fue fundada por la Iglesia católica, sino por el P. Dintilhac y un grupo de laicos como entidad privada, sin ninguna propiedad por parte de la Iglesia. El asunto de los bienes de Riva-Agüero (que se los donó a la Universidad Católica porque se decepcionó y separó de la Universidad de San Marcos, a la que pensó originalmente dejarle sus bienes) es asunto aparte. Los estatutos de la PUCP señalaban únicamente su adhesión a la doctrina y la moral católicas, no una pertenencia al Arzobispado. Además, la lógica de que es “obvio” que si es Pontificia y Católica deba ser gobernada por el Vaticano, no sólo va contra las leyes peruanas y la tradición de la misma Universidad, sino que no es acorde siquiera con la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que es bastante clara cuando en sus numerales 27 y 28 afirma que:

De esta estrecha relación con la Iglesia derivan, como consecuencia, la fidelidad de la Universidad, como institución, al mensaje cristiano, y el reconocimiento y adhesión a la Autoridad magisterial de la Iglesia en materia de fe y de moral. (…) Aunque no entren directamente en el gobierno de las Universidades, los Obispos «no han de ser considerados agentes externos, sino partícipes de la vida de la Universidad Católica».

Ergo, no por ser católica la Iglesia tuvo o tiene derechos de propiedad, como pretende el cardenal al decir que los militares le “expropiaron” la Universidad Católica a la Iglesia. Lo único que hizo el gobierno de Velasco fue dar una ley democratizadora bajo la cual debía regirse toda universidad. No hubo ninguna afectación sobre la propiedad de los bienes, ya que nunca perdió la PUCP su calidad originaria de asociación privada sin fines de lucro. Y tal como se lee arriba, aun cuando se tenga problemas hermenéuticos como los que tienen los ultramontanos defensores de Cipriani, es perfectamente aceptable, según dicha Constitución, que una universidad católica no tenga a obispo alguno en su gobierno, siempre que le permitan participar en la vida espiritual de la universidad. Participar no es dirigir. Sobre ello, la PUCP ha dado total libertad al Arzobispado en lo que concierne al Centro de Pastoral Universitaria (de hecho, ahí se pueden ver cuadros del fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, el “santo” por proceso sumarísimo al que su autoridad moral le era también tan escasa, que disputaba por mundanas condecoraciones y títulos nobiliarios). Y aun así, la PUCP no es una universidad católica en la que no haya ninguna participación de miembros de la Iglesia en su gobierno, pues allí tienen su lugar, con voz y voto, cinco obispos que, claro, no asisten a la Asamblea Universitaria por orden del cardenal. Es, pues, el mismo cardenal Cipriani quien se niega a la participación de la Iglesia en la PUCP dentro de su máximo órgano de gobierno. Lo que le molesta es no tener mayoría (o más precisamente el voto único) y tener que “someter” a sus obispos a la carga de las deliberaciones y decisiones democráticas. La democracia es demasiado “marxismo” para su gusto.

Lo que ocurre también, en el fondo, es que Cipriani ha monetarizado la fe a lo largo de la última década. No es para nadie un secreto, dentro de las parroquias (en las limeñas al menos), que en lugar de asignar un monto fijo al Arzobispado, como se tenía costumbre, ahora toda actividad, inclusive aquellas organizadas por los fieles y que son de recaudación de fondos para ayuda social, debe asignar un porcentaje de sus ingresos directamente para el Arzobispado, bajo pena de sanción institucional. En fin, sobre ello tiene la autoridad que le concede su Iglesia, pero que no sorprenda pues por qué el cardenal ha perdido en muchos ámbitos, no sólo en la PUCP sino dentro de las mismas parroquias (salvo las más conservadoras), todo atisbo de autoridad moral.

4) Dice también Robles que la injerencia de la Iglesia es tan cierta que “todas las autoridades de la universidad así lo han reconocido a lo largo de su historia, en diversos documentos oficiales enviados a Roma”, incluso las actuales al enviar los estatutos. Confunde -nuevamente- lo que es querer mantener buenas relaciones con la Iglesia, tal como lo solicita la Ex Corde Ecclesiae, y otra muy distinta reconocerle propiedad o gobierno, algo que en ningún lugar de ella es requisito para su identidad católica. Lo que sí señala es que:

debe poseer, en cuanto católica, las características esenciales siguientes:

1. una inspiración cristiana por parte, no sólo de cada miembro, sino también de la Comunidad universitaria como tal;

2. una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano, al que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones;

3. la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia;

4. el esfuerzo institucional a servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida.

Que se sepa, todo ello es observado por la PUCP. Ciertamente podría tener una mayor actividad católica, tanto al interior como en la comunidad, pero eso, por un lado, funcionaría mejor con una autoridad eclesiástica dialogante en lugar de la dogmática y confrontacional que tenemos, y por otro lado debe entenderse que la labor cristiana fundamental es aquella que promueve la caridad, de modo que también los programas de responsabilidad social universitaria, por ejemplo, deben entenderse como parte de su acción cristiana.

Por lo demás, hay que decir que ese “cada miembro” del primer punto es contradictorio con el numeral 26, en el que se señala que:

En muchas Universidades Católicas la Comunidad universitaria incluye miembros pertenecientes a otras Iglesias, a otras Comunidades eclesiales y religiones, e incluso personas que no profesan ningún credo religioso. Estos hombres y mujeres contribuyen con su formación y su experiencia al progreso de las diversas disciplinas académicas o al desarrollo de otras tareas universitarias.

5) Que el nombre de Pontificia lo “tienen solo instituciones que pertenecen a la Iglesia” también es falso. La Universidad de San Marcos fue Pontificia desde su fundación hasta que renunció al título y no por ello se consideró de la Iglesia en ningún momento. El título de Pontificia es meramente honorífico, toda vez que la educación universitaria es gobernada por sus miembros y no por un Estado extranjero, de acuerdo a la Ley Universitaria vigente.

6) La acusación de intolerancia contra la libertad religiosa está teñida de un carácter traumático contra el “marxismo” (que en el fondo es cualquier teoría contraria a la suya), que hace a este dogmatismo francamente muy similar al delirio paranoico. Dice Robles que “las autoridades de la PUCP pretenden en el fondo impedir que la iglesia gobierne su universidad bajo sus normas”, y eso es cierto con la salvedad de que ni es su universidad ni sus normas tienen validez legal alguna en el Perú. Dice además que no hay libertad de pensamiento porque “quienes la gobiernan han impuesto un pensamiento único izquierdista”. ¿Sabe de lo que habla el señor Robles? Si fuese cierto, ¿podría quizá explicarme por qué recibí una educación abiertamente conservadora y antimarxista en la especialidad de Historia? ¿O por qué en filosofía el único curso donde se enseña a Marx es el de filosofía política y ningún curso lo enseña en Derecho? ¿O acaso el Instituto Riva-Agüero es un centro de libertinaje marxista? El autor señala el caso de Francisco Tudela, a quien se le habría separado de la facultad de Derecho por no haber accedido a dictar su curso “con libros de autores marxistas”. Lo cierto es que se le separó, luego de continuos reclamos estudiantiles que recuerdo muy bien, por su vergonzosa participación en la dictadura fujimorista, defendiéndola hasta el final, estando tan vinculado con Fujimori y Montesinos que incluso este último lo tenía como su carta para un eventual golpe de Estado contra Fujimori si éste no accedía a protegerlo, como efectivamente hizo, pagándole una ilegal compensación por la que ya recibieron ambos su condena judicial.

7) También afirma que la “cúpula caviar de la PUCP ha perdido todas las batallas, ante el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Vaticano”. Otra falsedad. Lo del Vaticano no es una batalla (todavía), sino una consulta que se hizo y que ha recibido varias recomendaciones de cambios en el estatuto. Lo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es un mismo asunto referido a una acción de amparo que se presentó para proteger la autonomía universitaria de las amenazas arzobispales. Las instancias judiciales dictaminaron que no existía un verdadero riesgo y que no procedía por ello el amparo, pero el juicio por los bienes de Riva-Agüero ni siquiera ha comenzado. Por otro lado, la resolución del Tribunal Constitucional incluía una serie de observaciones no pertinentes porque, según la Constitución misma, ese tribunal no puede arrogarse facultades que sólo le competen al Poder Judicial, y sin embargo se ha cumplido con su disposición de adjuntar la resolución a las fichas registrales de la Universidad.

Y, finalmente, Robles se inventa una unidad eclesiástica que él bien sabe que no existe, en particular respecto a los jesuitas. De no ser así, ¿por qué los sacerdotes que enseñan en la PUCP y que no son de facciones conservadoras no pueden por orden del arzobispo celebrar misa en la capilla universitaria? ¿Y por qué Eduardo Arens, uno de nuestros más renombrados biblistas, no puede celebrar misa en absoluto? ¿Quiénes son los intolerantes? El autor de la nota afirma que la posición de las autoridades de la PUCP es “delirante, ridícula, ilegal e intolerante”. Tal parece, en honor de la verdad, que esos adjetivos le corresponden más bien a su autor y al Arzobispado de Lima.

Cuando Escrivá de Balaguer solicitaba su pomposo título de marqués, en Madrid se bromeaba, incluso en círculos religiosos, con que seguramente luego reclamaría el título de duque de Dios. Todo indica que Cipriani sí cree tener tan divino título.

La PUCP: una cuestión de Estado Constitucional de Derecho

El litigio entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el cardenal Cipriani ha dejado de ser un asunto netamente jurídico sobre la herencia de Riva-Agüero (cuyo curso hasta el 2009 se puede ver aquí) para adquirir también un carácter de Estado de Derecho. Si bien no se trata de un pronunciamiento oficial del Vaticano como Estado, sí ha habido una comunicación de su Congregación para la Educación Católica con pretensiones de mandato, como lo ha reconocido el propio cardenal, pero que, al colisionar con la legislación y el interés educativo nacional, no puede ser tomada más que como una sugerencia absolutamente inaceptable. Mirko Lauer la ha descrito bien como “una suerte de decreto supremo transnacional en un tema educativo, con el deleznable argumento del uso de las palabras católica y pontificia en el nombre de la PUCP.”

La comunicación no se ha debido enteramente a las presiones de Cipriani. Fueron las mismas autoridades de la PUCP, con una ingenuidad digna de mejor causa, las que, confiando en sus buenas relaciones con el Vaticano y con otras universidades católicas, enviaron sus estatutos para que estos fuesen aprobados. Hay que reconocer que son muy pocas las universidades pontificias -entre ellas la PUCP- que tienen un régimen especial (democrático) en la elección de sus autoridades, por lo que desde esa perspectiva la PUCP debería ajustarse a lo regular entre las universidades pontificias: la autocracia, pero eso se torna inviable desde la normativa legal peruana (y los principios constitucionales que la rigen), por la cual ésta incluso perdería su habilitación como universidad si no fuese su Asamblea Universitaria la que eligiese al rector.

Pero la muestra de que Cipriani ha estado propiciando una exigencia favorable a su causa está en el testimonio que la misma Congregación ha dado y que no ha podido recibir sino de él, que opina que la actual educación en la PUCP no es católica. En su comunicación, ésta indica que los profesores “deben respetar la doctrina y la moral católica en su enseñanza”, como si no lo hicieran y como si respetar fuese lo mismo que suscribir. Ese mandato, aplicado negativamente, es abiertamente contrario al orden constitucional, según el cual sólo los mismos principios constitucionales restringen la libertad de cátedra que, por lo demás, debe permanecer irrestricta. Se trata de un derecho tanto de los docentes como de los alumnos en todas y cada una de las universidades peruanas. Un docente que enseñe, por ejemplo, que el marxismo ofrece las mejores herramientas para analizar los procesos sociales, con toda la libertad para que sus alumnos discrepen, ¿debería estar obligado a mentir(se) y afirmar que esa creencia es errónea porque desconoce la doctrina y la moral católica, bajo riesgo de ser despedido? ¿O lo mismo si es ateo y no quiere ser hipócrita y jurar la fe católica? Según la Congregación y el cardenal, así debe ser. Pero desde luego que están equivocados, porque lo que manda es la libertad de cátedra asegurada por la Constitución. ¿De qué otro modo, además, podría garantizarse una libre discusión de ideas basada únicamente en la inteligencia y la persuasión? ¿Qué culpa tiene la institución universitaria de que el catolicismo ultramontano no persuada ni tenga autoridad moral por su alejamiento de los principios que enseñó su fundador y por los que fue crucificado? “Dios ha muerto” -decían los teólogos de la muerte de Dios a mediados del siglo pasado- y vuelve a morir cada vez que un hombre recibe un trato injusto, cada vez que se le mata (no sólo en sentido literal)… en suma, cada vez que se atenta contra su dignidad como ser libre. Al negar la libertad y al encubrir delitos abominables de sus miembros, la Iglesia católica mata a Dios una y otra vez.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (22.08.2011)

La disyuntiva hoy planteada en nuestro contexto universitario, que no en vano tiene el nombre de universitas y se remonta al (no) tan lejano siglo XIII, cuando las universidades europeas empezaron a defender su autonomía de las facultades de teología y de los mandatos papales y episcopales, está entre ser hombres maduros guiados por el uso de la propia razón en busca honesta de la verdad, o ser un manso grupo de niños y roedores que sólo deben aprender a seguir al iluminado flautista pontificio.*  El título de Pontificia es vinculante sólo en la “Santa” Sede y en los países que se lo permitan. El nuestro, gracias a Velasco, prohibió la injerencia extranjera en su educación universitaria y el gobierno de Belaúnde lo ratificó, de modo que en nuestro caso es sólo un título honorífico, aunque obviamente el tema es discutible para quienes quisieran que el derecho canónico aún regulara nuestra vida civil.

La demanda del Vaticano se opone pues a la Ley Universitaria vigente, la misma que en su artículo 29 dispone que sólo la Asamblea, en representación de la comunidad universitaria, tiene la atribución para elegir a sus autoridades, empezando por el rector (lo que excluiría la fórmula de una terna propuesta para que el arzobispo elija). El artículo 4 es igualmente bastante claro:

La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes:

a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;

b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo.

c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.

Se entiende que se habla de la República del Perú (porque además el Vaticano es una monarquía absolutista) y que las responsabilidades que impone la ley son las de una asociación sin fines de lucro. Y en el mismo artículo se agrega que:

La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley.

Todo ello, en “buen cristiano”, significa que la Ley faculta a la Asamblea Universitaria a decidir autónoma, soberana y definitivamente sobre la eventual participación que podría conceder a la Iglesia católica, siempre que no contravenga con lo dispuesto en ella. La Iglesia no está exenta de lo que mandan y sancionan las leyes nacionales. No nos independizamos y nos declaramos republicanos para que otra monarquía venga a imponer sus normas sobre las nuestras, y menos aún si estas propician todo lo contrario a los principios que queremos que tengan nuestras universidades (artículo 3):

a. La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad;

b. El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente Universidad; y,

c. El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

Y el artículo 42 dispone la obligatoriedad de que profesores, estudiantes y graduados participen en el gobierno de la universidad. La entidad fundadora puede hacerlo también sin afectar lo anterior, pero en este caso el título de Pontificia, por el cual la Iglesia alega tener un derecho, no lo tiene la PUCP desde su fundación (como si fue el caso de la Universidad de San Marcos, que renunció luego a él), sino que le fue otorgado por su 25 aniversario. La PUCP fue fundada como una asociación civil sin fines de lucro, esto es, como institución del derecho peruano y sin participación de la Iglesia sino como asociación libre de religiosos y laicos.

Cuando Cipriani pregunta retóricamente: “el que está casado ¿no está limitado por su mujer?, el que maneja un carro ¿no está limitado por un semáforo al manejar? Toda persona acepta unas normas en donde trabaja, entonces ¿por qué le va a parecer una limitación que la sagrada congregación de Roma, y no yo, les pida que se pongan en línea de lo que la Iglesia les pide?”, olvida deliberadamente que quien manda en la educación peruana no es Roma, sino el Estado peruano mediante sus normas internas, empezando por la Constitución y la Ley Universitaria. Cualquier “mandato” del Vaticano no tiene en nuestro ordenamiento más valor que el reglamento de un club, y así como estos no pueden válidamente disponer reglas contrarias a los principios constitucionales ni a las leyes del país, del mismo modo la Iglesia católica tiene que ajustarse al mandato de la Ley. Por eso ninguna Iglesia puede ampararse en su libertad religiosa o en su derecho particular (derecho canónico) para justificar prácticas discriminatorias o hasta delitos como el encubrimiento de los crímenes de pedofilia. Y, por eso mismo, a los estudiantes de una universidad católica no se les puede obligar a profesar esa fe, ni siquiera para ser admitidos (y aunque estos no tengan tampoco derecho a exigir la práctica de un culto distinto dentro de esa institución como sí se hace con el culto católico). El derecho canónico, que antes podía ser el único regulador de aspectos de la vida civil como el matrimonio (no existía el matrimonio civil), no tiene ya ninguna capacidad vinculante. Incluso si un religioso comete un delito, éste debe ser procesado penalmente como cualquier ciudadano y la Iglesia puede ser civilmente responsabilizada por sus actos.

Por todo esto, hoy más que antes resultan inadmisibles, desde un punto de vista jurídico pero también ético, exigencias como la que hizo el cardenal Landázuri, Gran Canciller de la PUCP en su momento, para que se expulsara a un connotado catedrático de Derecho por el execrable acto de haberse divorciado y, peor aún, vuelto a casar. Para ser honestos, seguramente Riva-Agüero hubiese avalado esa exigencia, ya que él renunció al Ministerio de Justicia para no firmar la aprobación del divorcio civil, pero, en estos puntos, su voluntad o la de cualquier otro es irrelevante dada la primacía absoluta de la Constitución y del Estado de Derecho por sobre las morales particulares. Las garantías constitucionales deben su primacía a que siguen principios trascendentales de la razón (de razonabilidad) y no dogmas de fe.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (21.08.2011)

El abogado de Cipriani, Natale Amprimo, ha señalado que en la Ley Universitaria se indica también que esas disposiciones no colisionan “con las reglas que rigen las universidades católicas”. Sin embargo, esa es una mentira más: en ningún lugar de dicha Ley se sostiene aquello y aún si lo dijese él bien sabe que, más allá de su retórica engañosa, eso no colocaría a dichas reglas en igualdad de primacía frente a la Ley y a la Constitución. La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no tiene ninguna validez legal en la educación universitaria peruana, sino solamente moral (además de no disponer dicho documento requisito alguno en la elección del rector). Y al contrario, la Ley es bastante clara en que toda universidad debe ajustar sus estatutos a lo dispuesto en ella, y sólo hay una indicación en el artículo 98 respecto a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y a los seminarios y centros de formación de las comunidades religiosas (entiéndase: órdenes y congregaciones), a los que se respeta sus estatutos eclesiásticos en función de que puedan formar teólogos y profesores de religión, pero sin tener la categoría de universidades, sino tan sólo sus exoneraciones (y ciertamente esto va contra el principio de igualdad de culto y debiera suprimirse). Puede que Amprimo tenga la ceguera dogmática de su cliente, pero eso no le da derecho a inventar cosas buscando engañar a la opinión pública. Lamentablemente El Comercio tiene periodistas a los que les interesa sólo reproducir opiniones y no la búsqueda de la verdad, llegando al punto de afirmar que el nombre de “católica” podría perderse, como si se tratara efectivamente de una franquicia supranacional que ha monopolizado la creencia como un mero adjetivo, decidiendo quién tiene derecho a usarlo y quién no. ¡Y lo pretende la Iglesia actual, que tiene menos autoridad moral que la de los Borgia!

Las declaraciones de Cipriani muestran bastante bien su catadura moral. Por un lado dice que el actual ministro de Justicia va a inmiscuirse en el litigio (al parecer él no tuvo la formación cívica mínima que le advertiría que Consejo de Ministros y Poder Judicial son dos instituciones separadas) bajo el argumento de que proviene de “las canteras” de la PUCP; pero, ¿acaso su propio abogado en el proceso no proviene de las mismas canteras? No es que el cardenal sea un imbécil, no, sabe muy bien lo que hace, conoce la retórica que usa, plagada de medias verdades y de mentiras, pues quiere “curarse en salud” y evitar que el asunto sea tomado como una cuestión de Estado; sin embargo, como las medias verdades, y sobre todo en un hombre colérico, hacen que el pez por la boca muera, muestra también sus intenciones y su visión economicista de la fe. Por ejemplo, cuando afirmó que “los militares le expropiaron la Universidad Católica a la Iglesia” o que “nadie puede decir ‘este es un automóvil Toyota’ si la fábrica Toyota no le pone la marca“. No es el Estado de Derecho ni el bien universitario lo que le interesa, como quiere hacer creer en otras declaraciones, sino la propiedad, el interés económico de la fábrica cuya denominación social pasará en adelante a ser “Iglesia católica S.A.C.”, teniéndolo a él como administrador y haciendo de la fe ni más ni menos que una marca. De estar vivo Jesús, ¿no le habría hecho lo mismo que a los mercaderes del Templo? Y si los católicos están llamados a imitar a Cristo, ¿por qué entonces no hacen lo propio? Para eso sí sigue sirviendo el derecho canónico, estén enterados: los petitorios para que se destituya a una autoridad eclesiástica son factibles.

Nótese además, porque nada es casual en la mentalidad dogmática, lo interesante que es el uso del símil de la fábrica por su sello de origen, toda vez que el dogmatismo apela siempre al Origen para fundamentar metafísicamente sus apetitos materiales. En ese sentido, hasta los Borgia eran más honestos.

Desde el rectorado de Lerner se ofreció a Cipriani que la Asamblea tuviese la obligación de escuchar al arzobispo antes de elegir a su rector, pero él no aceptó porque obviamente le interesa una injerencia directa (poder fáctico) y no una mera autoridad moral. Qué autoridad moral va a tener también él… Se le ofreció incluso algo que aun en su ambigüedad es inaceptable: que la PUCP sólo contrataría profesores que observaran la doctrina católica y tuviesen una moral intachable (lo que, claro, puede entenderse como no admitir pedófilos, pero también como no admitir profesores divorciados o alumnos homosexuales – algo también sugerido por la comunicación del Vaticano). Pero Cipriani no aceptó; su mentalidad maquiavélica sabe muy bien que sin poder fáctico él no es nada. Y claro, los católicos fanáticos siempre apelarán a la lógica del ethos (así como algunos clubes y discotecas) y denunciarán la imposición de un “pensamiento único” (que curiosamente es el que defiende la pluralidad dentro de ciertos márgenes de razonabilidad; ahí su ejemplo del semáforo y la esposa no aplica, Dios sabe por qué, y yo también: porque no les conviene) y acusarán supuestas violaciones a su libertinaje religioso, pero felizmente nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho que no debe permitir sus atropellos. Por varios siglos se les permitió; ahora ya no.

Al negar que se trate de una cuestión fundamentalmente económica, dice Cipriani sobre el rector de la PUCP que “el ladrón cree que todos son de su condición”, pero poco después afirma: “¿Quieren dejar de ser católica y pontificia? Que lo dejen con sus consecuencias”. Claro, las consecuencias según lo estipulado por el testamento de Riva-Agüero serían que los bienes de su legado pasen al arzobispado que él -todo un sofista- preside. Bastante desinteresado el divino cardenal. Ahora bien, como esa cláusula testamentaria debe someterse igualmente al imperio de la Ley, que establece que los bienes de una universidad sólo pueden ser destinados al mismo fin, seguramente Cipriani estaría pensando en otorgarlos a algún centro conservador, como la Universidad de Piura o la Católica Sedes Sapientiae. El título pontificio o el prestigio y la continuidad de la universidad que él mismo, antes de enterarse del testamento de Riva-Agüero, reconoció como “una de las mejores, si no la mejor universidad del país” no le importan en absoluto, así como no le importó dejar a los alumnos del Colegio Externado Santo Toribio sin educación y hasta sin constancias. Que no venga pues a presentarse como santo varón.

Si tanto le disgusta al cardenal que la PUCP presente un catolicismo plural, crítico, interiorizante antes que institucionalista (recuérdese lo que Jesús decía al respecto), con una clara vocación liberal y de servicio (seguramente por ello ha prohibido que los teólogos de la PUCP celebren misa en la capilla de la Universidad), debería enterarse que en prestigiosas universidades extranjeras, como la de Harvard, la Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez (que él considera desviada) es lectura obligatoria hasta el punto en que los exámenes de idiomas de teología piden traducirlo.** Él, en cambio, ¿a quién le ha ganado? A lo mucho, su vida proporciona ejemplos precisos para aquellos libros de Nietzsche donde se denuncia la inmoralidad de los moralistas y la podredumbre del cristianismo.

Caricatura de Carlín publicada en La República (21.08.2011)

* Recuérdense las declaraciones de aquel religioso del Opus Dei que explica cómo hay ciertas lecturas que no deben ser leídas sino más bien referidas por un mediador que tiene la madurez (el dogmatismo) suficiente para señalarle cómo debe entenderlas. Esa visión de la pedagogía es absurda e idiotizante. Más aún en un nivel universitario.

** Le agradezco esta información a Raúl Zegarra.

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“La Constitución y la tierra” por Wilfredo Ardito

Las menciones que se hicieron durante la transmisión de mando a la Constitución de 1979 han generado bastante polémica.  Sin embargo, también podría ser discutible el hecho de que, once años después que Fujimori dejó el poder, el Perú continúe regido bajo la Constitución de 1993.

Cuando Fujimori llevó a cabo el autogolpe de 1992, muchos peruanos lo respaldaron, pensando que era una medida necesaria para enfrentar el terrorismo.  Sin embargo, Fujimori tenía otros planes: buscaba legitimar su poder y consolidar el modelo económico neoliberal mediante una nueva Constitución que redujera el rol del Estado y  favoreciera las grandes inversiones, en detrimento de los derechos sociales.

Esta situación es muy clara en lo referente a las tierras de las comunidades campesinas y nativas: ya la Constitución aprobada en 1933 señalaba que las tierras comunales eran inalienables, inembargables e imprescriptibles, para evitar cualquier posible despojo.  La Constitución de 1979 mantuvo estas características en el artículo 164, incluyendo, por primera vez, a los indígenas amazónicos, agrupados en comunidades nativas.

Las tierras comunales, sin embargo, no estaban fuera del mercado: las comunidades campesinas y nativas podían  venderlas si lo aprobaran al menos dos tercios de los comuneros.  Además, el Congreso debía promulgar una ley autorizando la venta y se les debía pagar en dinero antes de la entrega de las tierras.  Estos requisitos buscaban evitar que personas inescrupulosas obligaran a los campesinos a vender sus tierras.  Durante los doce años de vigencia que tuvo esta Constitución, ninguna comunidad solicitó autorización para vender sus tierras.

La Constitución de 1979 también recogía los principios de la Reforma Agraria, prohibiendo el latifundio (artículo 159) y el acaparamiento de tierras dentro de una comunidad (artículo 164) y señalando que las tierras abandonadas serían adjudicadas a campesinos sin tierras (artículo 157).

La Constitución promulgada por Fujimori, en cambio, señaló que las comunidades eran autónomas para disponer de sus tierras, eliminando toda mención a la mayoría de dos tercios,  la autorización expresa del Congreso y el pago previo en dinero.  Las tierras tampoco son inembargables y solamente son imprescriptibles, salvo caso de abandono, lo cual es una contradicción (artículo 89).

El gobierno de Fujimori explicó que buscaba dar a los nativos y campesinos un pleno derecho de propiedad sobre sus tierras eliminando todo impedimento para que las pudieran vender.  La verdad es que ellos no tenían interés en hacerlo, porque están unidos a sus tierras por una cosmovisión particular.  El artículo 89 simplemente buscaba facilitar que las empresas petroleras o mineras pudieran adquirir las tierras comunales.

Este artículo ha sido la base de numerosos conflictos sociales, convirtiéndose en una amenaza para los comuneros.  Algunas empresas forman directivas apócrifas, otras denuncian a los dirigentes y otras corrompen a algunos comuneros para lograr la venta.

—El problema es que los despreciaban tanto, que no podían sentarse a negociar con ellos como iguales— me decía un ingeniero que trabajaba para una empresa minera en Ayacucho.

El artículo 158 de la Constitución de 1979 obligaba además al Estado a mejorar las condiciones de vida de los  agricultores, promoviendo el incremento de su producción y productividad, realizando obras de irrigación y rehabilitación de tierras de cultivo para ampliar la superficie agrícola, impulsando su educación y capacitación técnica, estableciendo un seguro para cubrir riesgos y daños por desastres y orientando la producción agropecuaria preferentemente para la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población, dentro de una política de precios justos para el agricultor.  Nada de esto aparece en la Constitución de 1993.

Debemos reconocer que en esta última son muy positivas las referencias al derecho a la identidad étnica y cultural (artículo 2, inciso 19), y a la facultad de las comunidades campesinas y nativas para administrar justicia (artículo 149).   Igualmente, la educación bilingüe intercultural ya no se restringe solamente a los escolares indígenas amazónicos de primaria, como señalaba la Constitución de 1979 (artículo 17).  La Constitución de 1993 además crea la Defensoría del Pueblo, precisamente la instancia estatal que más ha batallado por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la consulta previa.

Sin embargo, estas saludables disposiciones se contradicen con la inseguridad que la actual Constitución genera para las tierras comunales, por lo que muchas veces las organizaciones campesinas y nativas han pedido regresar al régimen anterior.

 Los sucesores de Fujimori prefirieron mantener esta Constitución porque estaban de acuerdo con ella.  De hecho, Alan García expuso varias veces su menosprecio hacia las comunidades campesinas y nativas, considerándolas un factor de atraso para todo el Perú.

18 años después de su derogatoria, regresar a la Constitución de 1979 es inviable.  Sin embargo, una reforma constitucional que incorpore el tratamiento que dicho texto constitucional daba a las tierras comunales permitiría desactivar muchos conflictos y ayudaría a que los peruanos más olvidados pudieran sentir que el Estado vuelve a acordarse de sus necesidades.

La ¿ideología gay?… ACI Prensa y el cristianismo que se dice democrático

Curioso que quienes se enorgullecen de ser un buen rebaño estén tan preocupados por la democracia. Debe ser por eso que la idea que tienen de ella es tan precaria, que no se condice (ahora menos que nunca) con la democracia que debe desarrollarse en un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, no sorprende que los redactores del dudosamente cristiano portal de ACI Prensa critiquen a la alcaldesa de Lima por lo que, por lo demás, no pasa de ser una posible ordenanza para que los establecimientos de Lima exhiban un cartel que diga algo como “en esta capital se promueve la igualdad por identidad de género y orientación sexual”.

Dichos redactores se basan y se escandalizan (extraña forma de información objetiva) cuando hay varios detalles por conocer antes de emitir una opinión responsable; sin embargo, la reacción es sintomática de una fe dogmatizante y debe ser replicada, lo que puede ser hecho desde la propia tradición cristiana y desde los principios constitucionales por los que debe guiarse nuestra sociedad.

La réplica desde el propio cristianismo la dejo en manos de quien esté interesado en desarrollarla. Creo que la caricatura precedente es bastante elocuente al respecto: la aparición histórica de Jesús en el contexto del judaísmo fariseo, que sólo concebía la salvación en términos de obediencia estricta (interpretación literal) de preceptos específicos, significó un quiebre radical hacia una ley más formal y universal: la del amor (que luego sería traducido por caridad y que se vuelve realmente universalizable cuando Pablo le gana la disputa a Pedro sobre los gentiles). Ni siquiera dejó Jesús su preponderancia a los mandamientos de Moisés. Que por sobre todo rigiese el amor implicaba claramente un dominio de la práctica sobre lo doctrinal (“por sus frutos los conoceréis”), y, por ende, un ejercicio necesario para deponer aquello que no permitiese un amor libre y radical, al punto de dar la vida por el otro. Por eso lo que la tradición sapiencial hizo al colocar a Job (un no-judío) como el hombre más justo sobre la Tierra, lo hizo también Jesús al colocar como modelo a un samaritano, alguien de quien, por su naturaleza, no se esperaría virtud alguna. Nuestros “cristianos”, sin embargo, contradicen al que se supone que es su pastor cuando colocan sus discriminaciones esencialistas por encima del amor. De allí que estén tan concernidos por lo “ideológico” (lo que sea que entiendan por ello) y se opongan a toda aquella “ideología” que sea distinta a la de ellos.

Ahora bien, ¿qué es una “ideología gay“? Uno normalmente esperaría de un medio de prensa un poco más de rigor intelectual, pero así sucede cuando la fe se lleva a convicciones dogmáticas: la inteligencia, en tanto capacidad autocrítica, es lo primero que sale perdiendo. Lo segundo es la claridad lingüística. ¿Cómo un hábito sexual —esto es, algo fundamentalmente sensible— puede ser tenido por ideológico? Sólo a partir de una confusión general en la que, por ejemplo, el comunismo lleva a esas conductas licenciosas mientras que el cristianismo no. Esos esencialismos son deliberadamente miopes, porque si uno los mantuviese en otros ámbitos, tendría que decir, por ejemplo, que el catolicismo es una religión pederasta. ¿Se comprende por qué una cosa no va con la otra con ese carácter esencialista, necesario, natural que le quieren dar a lo que no les gusta?

En tiempos en que la Inquisición es asunto del pasado, de un penoso pasado, los creyentes fanáticos han tenido que aceptar, mal que bien, que no pueden dominar las conciencias de las personas; no al menos fuera de la “educación” que les es posible mantener en una sociedad libre. Pero como los que son formados con ese estrecho molde se enfrentan luego a una sociedad mucho más abierta, es comprensible que les moleste precisamente la licencia para que se dé en público lo que ellos quisieran que se mantenga en privado. Lo mismo pasaba con el tema de los curas pederastas cuando llegaba a oídos de sus autoridades. Una frase popular dice que se perdona el pecado pero no el escándalo. Como no tienen ya control sobre lo privado, quieren que al menos lo público sea un espacio impoluto. En verdad, eso es bastante ingenuo. Y el único modo de que se efectúe dentro de una sociedad democrática es formando su propia comunidad aislada que mantenga incontaminados a sus miembros. Pero eso sería igualmente ingenuo. Volvamos al tema democrático.

Decía que lo curioso en la denuncia de ACI Prensa es su apelación al presunto autoritarismo “pro gay” y a la resistencia a ello como una actitud democrática. Curioso para quienes, cuando se trata de otros temas como el consumo de alcohol, no lo consideran impositivo. O que, cuando las mayorías les son adversas, como en los casos de uniones civiles entre homosexuales aprobadas, afirman que hay cosas que están mal independientemente de lo que las mayorías elijan. Y más curioso aún cuando a su fundador lo crucificaron por aclamación popular. Curioso pero nada inocente, porque bien saben ellos que en el Perú lo mayoritario en asuntos morales es el conservadurismo. Y aún así, en su torpeza lógica, apelan a conclusiones inatinentes: inexplicablemente pasan de que la mayoría de peruanos está en contra del matrimonio entre homosexuales, a que, por ende, la mayoría de peruanos debe estar en contra de los homosexuales y a favor de que se les discrimine. ¿A qué tanto lío entonces si la mayoría de judíos estuvo a favor de que se crucifique a Jesús?

El juez italiano Gustavo Zagrebelsky, autor de uno de los ensayos más lúcidos en lo que a la fundamentación del constitucionalismo contemporáneo se refiere (El derecho dúctil, Madrid: Trotta, 2003), en La crucifixión y la democracia (Barcelona: Ariel, 1996) se sirve justamente de la elección popular entre Jesús y Barrabás para graficar cómo la decisión mayoritaria resulta insuficiente para el concepto actual de democracia. En efecto, la democracia no se restringe a los plebiscitos (y menos aún a los sondeos de opinión), sino que se asienta sobre principios normativos que no están sujetos a decisiones mayoritarias y que, no obstante, deben tener una ductilidad (lo que Hart llamaba “textura abierta del Derecho”) que no tiene toda norma jurídica, mas sí, por su configuración histórica, las normas y la jurisprudencia constitucionales.

Según los redactores del portal, la ordenanza “obligaría a los establecimientos a permitir muestras de afecto homosexual, bajo pena de multas e incluso clausura del local”. Lo que dicen entrelíneas es que cada local debiera tener la libertad para expulsar a cualquier pareja que muestre afecto homosexual. Eso sería algo claramente inconstitucional. El consultor al que citan afirma que “lo mínimo que debería hacer la alcaldesa es respetar la democracia y someter esta ordenanza al debate público. Si se resiste a hacerlo, es porque ya sabe lo impopular de su medida”. Lo último es una falacia. Lo anterior, una conveniente ignorancia. No hay mayor respeto a la democracia que exigir el respeto de la Constitución. Y si se trata del llamado núcleo de la misma, no se trata en absoluto de algo que pueda dentro de un régimen democrático someterse a votación popular o a cálculo estadístico. El portal acude a un Dr. Flores para intentar justificar bajo el principio de libertad religiosa la violación del derecho a la igualdad; eso es insostenible desde toda la doctrina y jurisprudencia constitucional.

Esa ordenanza, que seguiría también a la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU y a la reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos, no impondría pues ideología alguna; no le dice a nadie en qué debe creer (cosa que sí pretenden estos “doctores de la ley”). Lo que impone bajo los principios constitucionales de libertad e igualdad es cómo no pueden creer en lo que creen: con irrazonables tratos discriminatorios en espacios públicos. Nadie les impone que acepten dentro de sus casas o templos manifestaciones de afecto homosexual. Se trata de espacios públicos donde los municipios tienen tanta injerencia para determinar hasta qué hora se permite la venta de alcohol como —con tanto más razón— para promover el respeto a la Constitución y sancionar las prácticas que sean contrarias a ella. No se trata de fomentar la homosexualidad, tampoco. Ni siquiera les piden reconocer a los dueños de los locales algo en lo que personalmente pudiesen no estar de acuerdo, sino que, tal como se le presenta, aparece correctamente enunciada como una política municipal. Así sucede en toda sociedad que se respeta, y lo mismo, por ejemplo, en cuanto a los minusválidos (a los cuales hay la obligación de facilitarles accesos) o a los casos de racismo o machismo.

Por otro lado, a decir verdad, la ordenanza no sería “radicalmente” distinta a lo que sostiene el propio Catecismo de la Iglesia católica, en el que se afirma que los homosexuales “deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta” (2357). ¿No es lo mismo que promovería la ordenanza? Aunque, claro, los artículos siguientes ponen el parche reiterando que, no obstante, sigue siendo una conducta “objetivamente desordenada”. Unas lecciones de epistemología no les vendría mal a este respecto, para enterarse que lo objetivo, lo necesario o lo real se define en el límite de lo factible más allá de la imaginación. Un adulto es objetivamente un imbécil si cree que puede atravesar muros; no si cree que puede enamorarse de una persona del mismo sexo. Entonces el asunto pasaría quizá por que definan lo que entienden a partir de su Catecismo por “respeto”, “compasión” y, sobre todo, por “discriminación injusta”. Me temo que no haríamos sino encontrar más esencialismos precarios, juicios limitados, argumentos falaces y, en suma, un fanatismo al que la razón le resulta siempre un estorbo.

Yo creo que es un error definir la identidad, que es algo bastante complejo, a partir de algo tan limitado como las preferencias sexuales. Es sin embargo un error de nuestra época en el que tanto personas con hábitos homosexuales como con hábitos heterosexuales caen (incluyendo en ambos lados a esos católicos presuntamente asexuados). Y podría también dar varias razones de por qué creo que la discriminación, aun la que puede considerarse inaceptable en el marco constitucional, no puede ni debe desaparecer (meros motivos filosóficos). Pero sí me parece una grosera contradicción en sus principios cuando un cristiano defiende la discriminación y se escandaliza por el igualitarismo. ¡Ellos que precisamente esparcieron las ideas de igualdad y de libertad por el mundo! ¿Con qué derecho entonces rechazan que algunos grupos indios se opongan a un proyecto de ley contra la violencia intercomunitaria, que permitiría que el Estado sancione actos de violencia contra la minoría cristiana en India? Grosera es también la utilización que sus sectores conservadores hacen del concepto de democracia; el mismo uso que le han dado los fascismos de todas las épocas y tipos. En Roma aprendí a despreciar todo monarquismo. En Roma, desde luego, y no en El Vaticano. Si tengo que elegir entre apoyar a una “ideología gay” o a una moral fascista, decididamente opto por la primera.