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La PUCP: una cuestión de Estado Constitucional de Derecho

El litigio entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el cardenal Cipriani ha dejado de ser un asunto netamente jurídico sobre la herencia de Riva-Agüero (cuyo curso hasta el 2009 se puede ver aquí) para adquirir también un carácter de Estado de Derecho. Si bien no se trata de un pronunciamiento oficial del Vaticano como Estado, sí ha habido una comunicación de su Congregación para la Educación Católica con pretensiones de mandato, como lo ha reconocido el propio cardenal, pero que, al colisionar con la legislación y el interés educativo nacional, no puede ser tomada más que como una sugerencia absolutamente inaceptable. Mirko Lauer la ha descrito bien como “una suerte de decreto supremo transnacional en un tema educativo, con el deleznable argumento del uso de las palabras católica y pontificia en el nombre de la PUCP.”

La comunicación no se ha debido enteramente a las presiones de Cipriani. Fueron las mismas autoridades de la PUCP, con una ingenuidad digna de mejor causa, las que, confiando en sus buenas relaciones con el Vaticano y con otras universidades católicas, enviaron sus estatutos para que estos fuesen aprobados. Hay que reconocer que son muy pocas las universidades pontificias -entre ellas la PUCP- que tienen un régimen especial (democrático) en la elección de sus autoridades, por lo que desde esa perspectiva la PUCP debería ajustarse a lo regular entre las universidades pontificias: la autocracia, pero eso se torna inviable desde la normativa legal peruana (y los principios constitucionales que la rigen), por la cual ésta incluso perdería su habilitación como universidad si no fuese su Asamblea Universitaria la que eligiese al rector.

Pero la muestra de que Cipriani ha estado propiciando una exigencia favorable a su causa está en el testimonio que la misma Congregación ha dado y que no ha podido recibir sino de él, que opina que la actual educación en la PUCP no es católica. En su comunicación, ésta indica que los profesores “deben respetar la doctrina y la moral católica en su enseñanza”, como si no lo hicieran y como si respetar fuese lo mismo que suscribir. Ese mandato, aplicado negativamente, es abiertamente contrario al orden constitucional, según el cual sólo los mismos principios constitucionales restringen la libertad de cátedra que, por lo demás, debe permanecer irrestricta. Se trata de un derecho tanto de los docentes como de los alumnos en todas y cada una de las universidades peruanas. Un docente que enseñe, por ejemplo, que el marxismo ofrece las mejores herramientas para analizar los procesos sociales, con toda la libertad para que sus alumnos discrepen, ¿debería estar obligado a mentir(se) y afirmar que esa creencia es errónea porque desconoce la doctrina y la moral católica, bajo riesgo de ser despedido? ¿O lo mismo si es ateo y no quiere ser hipócrita y jurar la fe católica? Según la Congregación y el cardenal, así debe ser. Pero desde luego que están equivocados, porque lo que manda es la libertad de cátedra asegurada por la Constitución. ¿De qué otro modo, además, podría garantizarse una libre discusión de ideas basada únicamente en la inteligencia y la persuasión? ¿Qué culpa tiene la institución universitaria de que el catolicismo ultramontano no persuada ni tenga autoridad moral por su alejamiento de los principios que enseñó su fundador y por los que fue crucificado? “Dios ha muerto” -decían los teólogos de la muerte de Dios a mediados del siglo pasado- y vuelve a morir cada vez que un hombre recibe un trato injusto, cada vez que se le mata (no sólo en sentido literal)… en suma, cada vez que se atenta contra su dignidad como ser libre. Al negar la libertad y al encubrir delitos abominables de sus miembros, la Iglesia católica mata a Dios una y otra vez.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (22.08.2011)

La disyuntiva hoy planteada en nuestro contexto universitario, que no en vano tiene el nombre de universitas y se remonta al (no) tan lejano siglo XIII, cuando las universidades europeas empezaron a defender su autonomía de las facultades de teología y de los mandatos papales y episcopales, está entre ser hombres maduros guiados por el uso de la propia razón en busca honesta de la verdad, o ser un manso grupo de niños y roedores que sólo deben aprender a seguir al iluminado flautista pontificio.*  El título de Pontificia es vinculante sólo en la “Santa” Sede y en los países que se lo permitan. El nuestro, gracias a Velasco, prohibió la injerencia extranjera en su educación universitaria y el gobierno de Belaúnde lo ratificó, de modo que en nuestro caso es sólo un título honorífico, aunque obviamente el tema es discutible para quienes quisieran que el derecho canónico aún regulara nuestra vida civil.

La demanda del Vaticano se opone pues a la Ley Universitaria vigente, la misma que en su artículo 29 dispone que sólo la Asamblea, en representación de la comunidad universitaria, tiene la atribución para elegir a sus autoridades, empezando por el rector (lo que excluiría la fórmula de una terna propuesta para que el arzobispo elija). El artículo 4 es igualmente bastante claro:

La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes:

a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;

b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo.

c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.

Se entiende que se habla de la República del Perú (porque además el Vaticano es una monarquía absolutista) y que las responsabilidades que impone la ley son las de una asociación sin fines de lucro. Y en el mismo artículo se agrega que:

La violación de la autonomía de la Universidad es sancionable conforme a Ley.

Todo ello, en “buen cristiano”, significa que la Ley faculta a la Asamblea Universitaria a decidir autónoma, soberana y definitivamente sobre la eventual participación que podría conceder a la Iglesia católica, siempre que no contravenga con lo dispuesto en ella. La Iglesia no está exenta de lo que mandan y sancionan las leyes nacionales. No nos independizamos y nos declaramos republicanos para que otra monarquía venga a imponer sus normas sobre las nuestras, y menos aún si estas propician todo lo contrario a los principios que queremos que tengan nuestras universidades (artículo 3):

a. La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad;

b. El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente Universidad; y,

c. El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia.

Y el artículo 42 dispone la obligatoriedad de que profesores, estudiantes y graduados participen en el gobierno de la universidad. La entidad fundadora puede hacerlo también sin afectar lo anterior, pero en este caso el título de Pontificia, por el cual la Iglesia alega tener un derecho, no lo tiene la PUCP desde su fundación (como si fue el caso de la Universidad de San Marcos, que renunció luego a él), sino que le fue otorgado por su 25 aniversario. La PUCP fue fundada como una asociación civil sin fines de lucro, esto es, como institución del derecho peruano y sin participación de la Iglesia sino como asociación libre de religiosos y laicos.

Cuando Cipriani pregunta retóricamente: “el que está casado ¿no está limitado por su mujer?, el que maneja un carro ¿no está limitado por un semáforo al manejar? Toda persona acepta unas normas en donde trabaja, entonces ¿por qué le va a parecer una limitación que la sagrada congregación de Roma, y no yo, les pida que se pongan en línea de lo que la Iglesia les pide?”, olvida deliberadamente que quien manda en la educación peruana no es Roma, sino el Estado peruano mediante sus normas internas, empezando por la Constitución y la Ley Universitaria. Cualquier “mandato” del Vaticano no tiene en nuestro ordenamiento más valor que el reglamento de un club, y así como estos no pueden válidamente disponer reglas contrarias a los principios constitucionales ni a las leyes del país, del mismo modo la Iglesia católica tiene que ajustarse al mandato de la Ley. Por eso ninguna Iglesia puede ampararse en su libertad religiosa o en su derecho particular (derecho canónico) para justificar prácticas discriminatorias o hasta delitos como el encubrimiento de los crímenes de pedofilia. Y, por eso mismo, a los estudiantes de una universidad católica no se les puede obligar a profesar esa fe, ni siquiera para ser admitidos (y aunque estos no tengan tampoco derecho a exigir la práctica de un culto distinto dentro de esa institución como sí se hace con el culto católico). El derecho canónico, que antes podía ser el único regulador de aspectos de la vida civil como el matrimonio (no existía el matrimonio civil), no tiene ya ninguna capacidad vinculante. Incluso si un religioso comete un delito, éste debe ser procesado penalmente como cualquier ciudadano y la Iglesia puede ser civilmente responsabilizada por sus actos.

Por todo esto, hoy más que antes resultan inadmisibles, desde un punto de vista jurídico pero también ético, exigencias como la que hizo el cardenal Landázuri, Gran Canciller de la PUCP en su momento, para que se expulsara a un connotado catedrático de Derecho por el execrable acto de haberse divorciado y, peor aún, vuelto a casar. Para ser honestos, seguramente Riva-Agüero hubiese avalado esa exigencia, ya que él renunció al Ministerio de Justicia para no firmar la aprobación del divorcio civil, pero, en estos puntos, su voluntad o la de cualquier otro es irrelevante dada la primacía absoluta de la Constitución y del Estado de Derecho por sobre las morales particulares. Las garantías constitucionales deben su primacía a que siguen principios trascendentales de la razón (de razonabilidad) y no dogmas de fe.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 (21.08.2011)

El abogado de Cipriani, Natale Amprimo, ha señalado que en la Ley Universitaria se indica también que esas disposiciones no colisionan “con las reglas que rigen las universidades católicas”. Sin embargo, esa es una mentira más: en ningún lugar de dicha Ley se sostiene aquello y aún si lo dijese él bien sabe que, más allá de su retórica engañosa, eso no colocaría a dichas reglas en igualdad de primacía frente a la Ley y a la Constitución. La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no tiene ninguna validez legal en la educación universitaria peruana, sino solamente moral (además de no disponer dicho documento requisito alguno en la elección del rector). Y al contrario, la Ley es bastante clara en que toda universidad debe ajustar sus estatutos a lo dispuesto en ella, y sólo hay una indicación en el artículo 98 respecto a la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y a los seminarios y centros de formación de las comunidades religiosas (entiéndase: órdenes y congregaciones), a los que se respeta sus estatutos eclesiásticos en función de que puedan formar teólogos y profesores de religión, pero sin tener la categoría de universidades, sino tan sólo sus exoneraciones (y ciertamente esto va contra el principio de igualdad de culto y debiera suprimirse). Puede que Amprimo tenga la ceguera dogmática de su cliente, pero eso no le da derecho a inventar cosas buscando engañar a la opinión pública. Lamentablemente El Comercio tiene periodistas a los que les interesa sólo reproducir opiniones y no la búsqueda de la verdad, llegando al punto de afirmar que el nombre de “católica” podría perderse, como si se tratara efectivamente de una franquicia supranacional que ha monopolizado la creencia como un mero adjetivo, decidiendo quién tiene derecho a usarlo y quién no. ¡Y lo pretende la Iglesia actual, que tiene menos autoridad moral que la de los Borgia!

Las declaraciones de Cipriani muestran bastante bien su catadura moral. Por un lado dice que el actual ministro de Justicia va a inmiscuirse en el litigio (al parecer él no tuvo la formación cívica mínima que le advertiría que Consejo de Ministros y Poder Judicial son dos instituciones separadas) bajo el argumento de que proviene de “las canteras” de la PUCP; pero, ¿acaso su propio abogado en el proceso no proviene de las mismas canteras? No es que el cardenal sea un imbécil, no, sabe muy bien lo que hace, conoce la retórica que usa, plagada de medias verdades y de mentiras, pues quiere “curarse en salud” y evitar que el asunto sea tomado como una cuestión de Estado; sin embargo, como las medias verdades, y sobre todo en un hombre colérico, hacen que el pez por la boca muera, muestra también sus intenciones y su visión economicista de la fe. Por ejemplo, cuando afirmó que “los militares le expropiaron la Universidad Católica a la Iglesia” o que “nadie puede decir ‘este es un automóvil Toyota’ si la fábrica Toyota no le pone la marca“. No es el Estado de Derecho ni el bien universitario lo que le interesa, como quiere hacer creer en otras declaraciones, sino la propiedad, el interés económico de la fábrica cuya denominación social pasará en adelante a ser “Iglesia católica S.A.C.”, teniéndolo a él como administrador y haciendo de la fe ni más ni menos que una marca. De estar vivo Jesús, ¿no le habría hecho lo mismo que a los mercaderes del Templo? Y si los católicos están llamados a imitar a Cristo, ¿por qué entonces no hacen lo propio? Para eso sí sigue sirviendo el derecho canónico, estén enterados: los petitorios para que se destituya a una autoridad eclesiástica son factibles.

Nótese además, porque nada es casual en la mentalidad dogmática, lo interesante que es el uso del símil de la fábrica por su sello de origen, toda vez que el dogmatismo apela siempre al Origen para fundamentar metafísicamente sus apetitos materiales. En ese sentido, hasta los Borgia eran más honestos.

Desde el rectorado de Lerner se ofreció a Cipriani que la Asamblea tuviese la obligación de escuchar al arzobispo antes de elegir a su rector, pero él no aceptó porque obviamente le interesa una injerencia directa (poder fáctico) y no una mera autoridad moral. Qué autoridad moral va a tener también él… Se le ofreció incluso algo que aun en su ambigüedad es inaceptable: que la PUCP sólo contrataría profesores que observaran la doctrina católica y tuviesen una moral intachable (lo que, claro, puede entenderse como no admitir pedófilos, pero también como no admitir profesores divorciados o alumnos homosexuales – algo también sugerido por la comunicación del Vaticano). Pero Cipriani no aceptó; su mentalidad maquiavélica sabe muy bien que sin poder fáctico él no es nada. Y claro, los católicos fanáticos siempre apelarán a la lógica del ethos (así como algunos clubes y discotecas) y denunciarán la imposición de un “pensamiento único” (que curiosamente es el que defiende la pluralidad dentro de ciertos márgenes de razonabilidad; ahí su ejemplo del semáforo y la esposa no aplica, Dios sabe por qué, y yo también: porque no les conviene) y acusarán supuestas violaciones a su libertinaje religioso, pero felizmente nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho que no debe permitir sus atropellos. Por varios siglos se les permitió; ahora ya no.

Al negar que se trate de una cuestión fundamentalmente económica, dice Cipriani sobre el rector de la PUCP que “el ladrón cree que todos son de su condición”, pero poco después afirma: “¿Quieren dejar de ser católica y pontificia? Que lo dejen con sus consecuencias”. Claro, las consecuencias según lo estipulado por el testamento de Riva-Agüero serían que los bienes de su legado pasen al arzobispado que él -todo un sofista- preside. Bastante desinteresado el divino cardenal. Ahora bien, como esa cláusula testamentaria debe someterse igualmente al imperio de la Ley, que establece que los bienes de una universidad sólo pueden ser destinados al mismo fin, seguramente Cipriani estaría pensando en otorgarlos a algún centro conservador, como la Universidad de Piura o la Católica Sedes Sapientiae. El título pontificio o el prestigio y la continuidad de la universidad que él mismo, antes de enterarse del testamento de Riva-Agüero, reconoció como “una de las mejores, si no la mejor universidad del país” no le importan en absoluto, así como no le importó dejar a los alumnos del Colegio Externado Santo Toribio sin educación y hasta sin constancias. Que no venga pues a presentarse como santo varón.

Si tanto le disgusta al cardenal que la PUCP presente un catolicismo plural, crítico, interiorizante antes que institucionalista (recuérdese lo que Jesús decía al respecto), con una clara vocación liberal y de servicio (seguramente por ello ha prohibido que los teólogos de la PUCP celebren misa en la capilla de la Universidad), debería enterarse que en prestigiosas universidades extranjeras, como la de Harvard, la Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez (que él considera desviada) es lectura obligatoria hasta el punto en que los exámenes de idiomas de teología piden traducirlo.** Él, en cambio, ¿a quién le ha ganado? A lo mucho, su vida proporciona ejemplos precisos para aquellos libros de Nietzsche donde se denuncia la inmoralidad de los moralistas y la podredumbre del cristianismo.

Caricatura de Carlín publicada en La República (21.08.2011)

* Recuérdense las declaraciones de aquel religioso del Opus Dei que explica cómo hay ciertas lecturas que no deben ser leídas sino más bien referidas por un mediador que tiene la madurez (el dogmatismo) suficiente para señalarle cómo debe entenderlas. Esa visión de la pedagogía es absurda e idiotizante. Más aún en un nivel universitario.

** Le agradezco esta información a Raúl Zegarra.

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“Lo no dicho en los conflictos de Puno” por Yonhy Lescano

Como congresista fui facilitador para buscar solución a los últimos conflictos en Puno. Sobre este asunto algunos han  tergiversado la verdad. Los hechos han sido los siguientes:  El primer conflicto se pudo resolver en 48 horas: comunidades aymaras del sur de Puno reclaman desautorizar a la mina Santa Ana de la transnacional Bear Creek Mining Company, que consiguió concesiones de 5000 hectáreas en el sistema hídrico del Titicaca utilizando testaferros, delitos y corrupción. Si el gobierno hubiera tenido voluntad política y hubiera revisado los documentos que revisé en una hora, los problemas se pudieron haber resuelto en 48 horas y no en más de 40 días. El segundo pedido de los comuneros aymaras era la cancelación de las concesiones mineras otorgadas al sur de Puno, pero la solución final contempla la consulta previa a los pueblos indígenas conforme al Convenio OIT 169.

Segundo conflicto: La provincia quechua de Ayaviri, Melgar, del norte de Puno, reclama el cierre de la mina La Poderosa y la cancelación de las concesiones mineras. El gobierno decide el cierre de dicha mina por no contar con autorización para uso de agua para explotación; e igualmente se contempla la consulta previa para resolver el pedido sobre las demás concesiones. En estos dos conflictos no se produce ningún enfrentamiento ni pérdida de vidas humanas.

Tercer conflicto: La provincia quechua de Azángaro reclama por la contaminación del río Ramis, afluente del Titicaca, causada por la minería informal. Este pedido se hizo hace 5 años, pero el gobierno no hizo las obras requeridas. Esto provocó los hechos del aeropuerto de Juliaca. Solicité 13 días antes en calidad de muy urgente, con reiterados escritos, que se reciba a los azangarinos, pero el gobierno recién lo hizo el 23 de junio. Horas después, el día 24, se estaban produciendo los muertos, heridos y daños en el aeropuerto de Juliaca. Ni aymaras ni quechuas de Ayaviri participaron en esos hechos. Sobre esto, algunos medios de prensa desinformaron, señalando que los aymaras fueron los autores.

En estos conflictos, que se produjeron separadamente, se infiltraron politiqueros y se cometieron actos violentos que no justificamos; pero eso no fue determinante en el reclamo de las comunidades. Lo cierto es que el gobierno ha otorgado concesiones en los lugares más increíbles, sobre plazas públicas, restos históricos y fuentes de agua, amenazando tierras, medio ambiente y actividades agrícolas. Para deslegitimar las protestas algunas mineras han contratado a “especialistas”, individuos pagados que por medios de prensa difaman y satanizan los reclamos y a quienes descubrimos la corrupción de algunas mineras. También se dijo que había pedido el 2004 que haya minería en un distrito aymara, lo cual es falso, pues solo se trasladó el pedido de un alcalde distrital para que sea resuelto por el Ejecutivo conforme a ley, pero ese hecho se trató de tergiversar y aprovechar  por el gobierno y las mineras.

Se ha llegado a la temeridad de mezclar los reclamos con contrabando, narcotráfico y terrorismo. El contrabando en Puno tiene varias décadas y el narcotráfico está enclavado en algunos lugares de la selva puneña del norte, lo cual no tiene conexión con los pedidos de las comunidades. Los subversivos también están en las manifestaciones, pero no tienen fuerza suficiente para dirigir las comunidades. Algunos son torpes al conceder a los violentistas atributos que no tienen.

Finalmente, se dice que producido el retiro de una concesión minera,  ingresará la minería informal. En los dispositivos que expidió el gobierno, me encargué que se diga que  no ingresará minería formal ni informal en las desautorizadas concesiones para cautelar el agua, los alimentos y  el medio ambiente que representa la vida. Esa es la verdad sobre los conflictos de Puno, todo está documentado y con pruebas.

Yonhy Lescano es Congresista de la República. Publicado en el diario La República (15-07-2011).

Tú, come, no preguntes y agradece por los transgénicos

Con esa locuacidad ridícula que lo viene caracterizando (el segundo mandato le ha caído mal, pobre), el presidente García dijo hace varias semanas, ante los reclamos por el decreto con el que permitía el ingreso de semillas transgénicas a la agricultura nacional, que quería “informar a todos los peruanos que cada uno de nosotros come 63 kilos de transgénicos al año, sin saberlo“. Pretendía utilizar la ignorancia como argumento a favor de su decreto; una ignorancia que, por lo demás, no es producto del azar, sino de un deliberado engaño que debiera ser administrativa e incluso penalmente sancionado (delitos contra la salud y contra la fe pública).

En esa misma entrevista (en el programa Sin Medias Tintas), García hizo gala de su concepción discriminatoria de la ciudadanía: “Me gustaría que sobre el tema hablen los técnicos, los que saben, los biólogos, los agrónomos, esos son los que saben“. El chef Gastón Acurió reaccionó acertadamente (aunque después, con muñeca diplomática, rehuyó al tema):

Decir: que hablen los que saben, es decirle al 90 por ciento del país que no opina como uno, que se calle por que “no sabe”. ¿Es posible cualquier discusión en esos términos? Tener el ego elevado no está bien. Tener el ego colosalmente elevado está pésimo. Pero tener el ego colosalmente elevado y ser líder de un país, eso está muy, muy mal. Eso sí que es imperdonable.

La retórica de García es torpe porque no genera el pathos que él espera en la ciudadanía, sino su opuesto, pero permite ver su raciocinio como político. En este caso, su aparente convicción de que las políticas públicas deben ser determinadas exclusivamente por “los técnicos” y sus criterios objetivos. Se trata de la vieja idea de que debe gobernar quien tiene un conocimiento especial sobre lo que es mejor para todos y cada uno; instaurando un régimen claramente reñido con la democracia (por implicar ésta el dominio de la ignorancia del vulgo).

Es la idea platónica del filósofo-rey, aunque devenida en tecnocracia, algo que el mismo Platón hubiese criticado, porque el conocimiento al que se refería no era el empírico y cientificista o utilitario de nuestros técnicos, sino uno basado en lo inteligible, en la razón. Algunos hablan ligeramente de “sofocracia”. Lo que quiera que ello sea, no tiene que ver con Platón, pues él proponía que el filósofo gobierne o que el gobernante haga filosofía, y con ello negaba que el “sabio” fuese quien debiera gobernar, pues al hombre no le está permitido ser sabio (sophós) sino sólo amante de la sabiduría (filósofo); y a los que se tenían por sabios (los sofistas) los consideraba embaucadores. Algo similar juzgaría de nuestros técnicos. En todo caso, García se contradice, porque entonces él no debería estar en la presidencia de un régimen democrático (Platón sí era consecuente y por eso rechazaba la democracia), ni opinar en absoluto sobre el tema. Pero que García no es ni sabio ni amante de la sabiduría es algo evidente.

Quien asestó un duro golpe a las pretensiones cognitivas de Platón y permitió la revaloración de la democracia en la modernidad fue en primer lugar Aristóteles. Como él demostró, la política tiene que ver no con un saber teórico, sino con un saber práctico dentro del cual lo principal es habituarse a ser prudentes (algo que el presidente García no es — su misma lengua lo confirma). Esto nos lleva a lo insensato que es excluir de la discusión sobre algo tan importante como las políticas alimenticias y agroexportadoras a aquellos que no son o biólogos o ingenieros agrónomos. De hecho, la gran mayoría de agricultores quedaría excluida al no tener las condiciones que el Presidente coloca como requisitos para la deliberación pública, cuando el único requisito es el de la ciudadanía, establecido constitucionalmente, en sus propias dinámicas representativas. Pero a García sólo le importan, según su propia expresión, los ciudadanos de primera categoría. Claro, esos que posibilitan que la plata le llegue sola.

Es en este punto que el mismo García revela su verdadero interés. ¿El bienestar de las mayorías en el país? No pues. No por gusto dijo una vez, ante un reproche por sus contradicciones entre lo que hacía y lo que dijo que iba a hacer, que “en política no se puede ser ingenuo”. Del mismo modo (y fungiendo de traductores cínicos), cuando se opone a la moratoria para el ingreso de semillas transgénicas y dice que “las moratorias se dan cuando no se quiere discutir un tema y yo creo que sí tiene que discutirse clara y abiertamente”, lo que se debe entender es que hay intereses económicos que no permiten perder el tiempo con deliberaciones que, además, podrían terminar siendo desfavorables para esos intereses. De otro modo resulta demasiado absurdo, incluso para él, que un aplazamiento pueda ser contrario a la discusión del tema, mientras que permitir el ingreso inmediato sí dé oportunidad para deliberar.

Es en esa misma línea que bien podemos tomarle la palabra al Presidente y exigir que hablen “los que saben” en qué están involucrados: los empresarios del rubro que son también funcionarios a cargo del tema, empezando por el ex-ministro de Agricultura y hoy ministro de Economía, Ismael Benavides Ferreyros, que es director de la Compañía Agroindustrial de Lancha, presidida por Dow Hers Seiner, uno de los cuatro grandes productores agrícolas del Perú, que a su vez fue designado por Benavides como su asesor y representante del Ministerio en el Proyecto Especial de Madre de Dios que prepara terrenos para grandes cultivos como los que requieren los productores de transgénicos; además de haber sido designado también director ejecutivo del Programa Interoceánica Sur y miembro permanente del Comité de Pre-incursión en Activos, Inmuebles y Otros Proyectos del Estado. Por su parte, tanto Benavides como el ex-ministro Rafael Quevedo, dueño de la mayor productora de pollos del Perú (interesado por tanto en el maíz y la soya transgénicos), designaron como asesor de alta dirección y representante del Ministerio de Agricultura a Alexander Grobman, presidente de la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología y uno de los principales interesados en desarrollar el negocio de los transgénicos en el país. Todo esto muestra que no sólo no ha habido imparcialidad sobre el tema en el Ministerio, sino que hay en ellos personas con claros “conflictos” de intereses (que no son tales porque en realidad sólo tienen un interes: el de sus negocios particulares). Al menos Grobman ha sido ya retirado, luego de varios años de despropósitos como asesor ad honorem y luego pagado por el Estado; pero hay otros varios ejecutivos y asesores cuya probidad es más que cuestionable.

Esos son los técnicos de García, “los que saben” cómo hacer negocios a costa del interés común, pervirtiendo así la función pública del Estado. ¿Tendría que sorprender que se haya observado la moratoria? No lo creo. Democracia es un concepto que le queda demasiado grande al actual régimen. Ni siquiera se trata, como se puede ver, de una tecnocracia, sino más propiamente de una plutocracia: nos gobiernan los que tienen determinados capitales que defender y enriquecer a través del Estado — falazmente llaman a eso democracia o, cuando quieren aparentar que son objetivos, modernidad. Por eso, cuando el directorio de ADEX descartó que entre los exportadores hubiese interés por el cultivo de transgénicos, Grobman los calificó de ignorantes. La vía de la “modernidad”, para gente como él y García, es de un solo sentido y no tiene por qué detenerse ante muertos o heridos. Cuando apelan a la razón frente a la ignorancia, lo hacen al modo convenido y cínico como los monarcas absolutistas se apoyaron en la Ilustración hace más de dos siglos. Si la estrechez de ese esquema, que siempre, incluso en su primer gobierno, ha avalado un reducido grupo de empresarios, no les permite comprender siquiera que las vías de desarrollo son múltiples (como en este caso la creciente rentabilidad de los alimentos orgánicos), mucho menos podrían comprender que las decisiones políticas no tienen la misma lógica que la mecánica o que la administración de una empresa, y menos aun en un gobierno que se dice democrático. Dice Grobman: “una gran empresa como Monsanto, con unas espaldas financieras muy anchas, puede ubicarse en el país que lo considere apropiado”. El respaldo financiero, la riqueza, manda por sobre las decisiones políticas. Así están ahora las cosas. También en el campo teórico (económico, politológico y filosófico) hay que librar una dura batalla si no queremos perder con la bolsa incluso la democracia que nos queda.

Los argumentos dados por “los técnicos” para observar la moratoria aprobada en el Congreso han sido que se afectarían acuerdos internacionales y que se “imposibilitaría el ingreso y la comercialización de medicinas obtenidas con biotecnología”. El de la salud es un argumento típico entre los defensores de los transgénicos porque obviamente nadie quiere ir contra ella, pero es sumamente parcial, puesto que también generan un alto riesgo en términos de salud. Lo que obvian los “técnicos” del Ministerio y sus interesados asesores es precisamente el factor científico de la aleatoriedad. Se dice, por ejemplo, que desde siempre el agricultor, al hacer injertos o cruces raciales, ha manipulado genéticamente sus alimentos. Ello es cierto pero sólo sirve para afirmar que los sistemas genéticos están en cambio siempre y el hombre, voluntariamente o no, participa en esos cambios. Se elimina así un falso naturalismo de corte más religioso que práctico, pero eso no permite validar inmediatamente la manipulación de los transgénicos porque ésta, por las posibilidades tecnológicas actuales, abre una gama de probabilidades en las consecuencias de los cambios que es muchísimo mayor que la de, por ejemplo, los injertos. El asunto está allí, en la alta aleatoriedad que es la imposibilidad de predecir con mínimos de seguridad qué consecuencias tendrá determinada alteración genética. A ello hay que añadirle el alto riesgo de contaminación a través del polen y del viento que “infectan” los cultivos orgánicos y los ecosistemas vecinos con suma facilidad y de manera irreversible. Esto, sin embargo, no significa que no haya efectos documentados, pues sí los hay, como la aparición de maleza resistente a herbicidas (característica de los transgénicos), demandando cada vez tóxicos más fuertes para eliminarlas.

Lo que tampoco consideran los “técnicos” de García son los costos que tendría la implantación de cultivos transgénicos en la deforestación amazónica (como viene sucediendo en Brasil), en la certificación de productos orgánicos que son comercializables por esa misma certificación (que es lo que defendía Acurio) y la misma dificultad de establecer en nuestra sierra los amplios campos de cultivo que los transgénicos necesitan (es decir que no consideran las necesidades y realidades agrícolas de nuestro país). El temor del Ministerio respecto a las medicinas es tan claramente infundado que hay que asumirlo con toda su malicia, pues el texto de la moratoria alude únicamente a organismos vivos modificados (OVM) “con fines de cultivo o crianza”, dejándose abierta la posibilidad de su ingreso para la producción de fármacos así como para la investigación que tanto pide el Presidente. No, no va por allí la observación de la moratoria, como tampoco por el lado de la afectación de acuerdos con el Mercosur que no implican una aceptación de semillas transgénicas. Los acuerdos que más bien son afectados por estos intereses privados son aquellos como el Protocolo de Cartagena, que de 140 países no fue firmado sólo por Paraguay, Japón y Perú, en el que se establecía un marco normativo común para compensar todo daño causado por el uso de transgénicos en el agro, el medio ambiente y la salud. El Perú que quiere García volver a gobernar en el bicentenario no es el paraíso de agricultura orgánica que es aún hoy, sino más bien un paraíso para la acción libre e impune de empresas transgénicas como Monsanto, con quienes se reunió en el 2007. Y encima tiene el descaro de pedir que no ladren los “perros del hortelano” azuzadores de salvajes primitivos que siguen adorando a los cerros como divinos…

Ya sabemos que al Presidente no le gustan los “perros del hortelano”. Él prefiere a los que nunca ladran, que le mueven la cola ininterrumpidamente y que darían la vida política por su amo (si no, que le pregunten a Mantilla o a Del Castillo). Los ladridos que se escuchan, sin embargo, no son señal de que el país avanza, sino de lo inepto y corrupto que es su actual Presidente.

La ¿ideología gay?… ACI Prensa y el cristianismo que se dice democrático

Curioso que quienes se enorgullecen de ser un buen rebaño estén tan preocupados por la democracia. Debe ser por eso que la idea que tienen de ella es tan precaria, que no se condice (ahora menos que nunca) con la democracia que debe desarrollarse en un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, no sorprende que los redactores del dudosamente cristiano portal de ACI Prensa critiquen a la alcaldesa de Lima por lo que, por lo demás, no pasa de ser una posible ordenanza para que los establecimientos de Lima exhiban un cartel que diga algo como “en esta capital se promueve la igualdad por identidad de género y orientación sexual”.

Dichos redactores se basan y se escandalizan (extraña forma de información objetiva) cuando hay varios detalles por conocer antes de emitir una opinión responsable; sin embargo, la reacción es sintomática de una fe dogmatizante y debe ser replicada, lo que puede ser hecho desde la propia tradición cristiana y desde los principios constitucionales por los que debe guiarse nuestra sociedad.

La réplica desde el propio cristianismo la dejo en manos de quien esté interesado en desarrollarla. Creo que la caricatura precedente es bastante elocuente al respecto: la aparición histórica de Jesús en el contexto del judaísmo fariseo, que sólo concebía la salvación en términos de obediencia estricta (interpretación literal) de preceptos específicos, significó un quiebre radical hacia una ley más formal y universal: la del amor (que luego sería traducido por caridad y que se vuelve realmente universalizable cuando Pablo le gana la disputa a Pedro sobre los gentiles). Ni siquiera dejó Jesús su preponderancia a los mandamientos de Moisés. Que por sobre todo rigiese el amor implicaba claramente un dominio de la práctica sobre lo doctrinal (“por sus frutos los conoceréis”), y, por ende, un ejercicio necesario para deponer aquello que no permitiese un amor libre y radical, al punto de dar la vida por el otro. Por eso lo que la tradición sapiencial hizo al colocar a Job (un no-judío) como el hombre más justo sobre la Tierra, lo hizo también Jesús al colocar como modelo a un samaritano, alguien de quien, por su naturaleza, no se esperaría virtud alguna. Nuestros “cristianos”, sin embargo, contradicen al que se supone que es su pastor cuando colocan sus discriminaciones esencialistas por encima del amor. De allí que estén tan concernidos por lo “ideológico” (lo que sea que entiendan por ello) y se opongan a toda aquella “ideología” que sea distinta a la de ellos.

Ahora bien, ¿qué es una “ideología gay“? Uno normalmente esperaría de un medio de prensa un poco más de rigor intelectual, pero así sucede cuando la fe se lleva a convicciones dogmáticas: la inteligencia, en tanto capacidad autocrítica, es lo primero que sale perdiendo. Lo segundo es la claridad lingüística. ¿Cómo un hábito sexual —esto es, algo fundamentalmente sensible— puede ser tenido por ideológico? Sólo a partir de una confusión general en la que, por ejemplo, el comunismo lleva a esas conductas licenciosas mientras que el cristianismo no. Esos esencialismos son deliberadamente miopes, porque si uno los mantuviese en otros ámbitos, tendría que decir, por ejemplo, que el catolicismo es una religión pederasta. ¿Se comprende por qué una cosa no va con la otra con ese carácter esencialista, necesario, natural que le quieren dar a lo que no les gusta?

En tiempos en que la Inquisición es asunto del pasado, de un penoso pasado, los creyentes fanáticos han tenido que aceptar, mal que bien, que no pueden dominar las conciencias de las personas; no al menos fuera de la “educación” que les es posible mantener en una sociedad libre. Pero como los que son formados con ese estrecho molde se enfrentan luego a una sociedad mucho más abierta, es comprensible que les moleste precisamente la licencia para que se dé en público lo que ellos quisieran que se mantenga en privado. Lo mismo pasaba con el tema de los curas pederastas cuando llegaba a oídos de sus autoridades. Una frase popular dice que se perdona el pecado pero no el escándalo. Como no tienen ya control sobre lo privado, quieren que al menos lo público sea un espacio impoluto. En verdad, eso es bastante ingenuo. Y el único modo de que se efectúe dentro de una sociedad democrática es formando su propia comunidad aislada que mantenga incontaminados a sus miembros. Pero eso sería igualmente ingenuo. Volvamos al tema democrático.

Decía que lo curioso en la denuncia de ACI Prensa es su apelación al presunto autoritarismo “pro gay” y a la resistencia a ello como una actitud democrática. Curioso para quienes, cuando se trata de otros temas como el consumo de alcohol, no lo consideran impositivo. O que, cuando las mayorías les son adversas, como en los casos de uniones civiles entre homosexuales aprobadas, afirman que hay cosas que están mal independientemente de lo que las mayorías elijan. Y más curioso aún cuando a su fundador lo crucificaron por aclamación popular. Curioso pero nada inocente, porque bien saben ellos que en el Perú lo mayoritario en asuntos morales es el conservadurismo. Y aún así, en su torpeza lógica, apelan a conclusiones inatinentes: inexplicablemente pasan de que la mayoría de peruanos está en contra del matrimonio entre homosexuales, a que, por ende, la mayoría de peruanos debe estar en contra de los homosexuales y a favor de que se les discrimine. ¿A qué tanto lío entonces si la mayoría de judíos estuvo a favor de que se crucifique a Jesús?

El juez italiano Gustavo Zagrebelsky, autor de uno de los ensayos más lúcidos en lo que a la fundamentación del constitucionalismo contemporáneo se refiere (El derecho dúctil, Madrid: Trotta, 2003), en La crucifixión y la democracia (Barcelona: Ariel, 1996) se sirve justamente de la elección popular entre Jesús y Barrabás para graficar cómo la decisión mayoritaria resulta insuficiente para el concepto actual de democracia. En efecto, la democracia no se restringe a los plebiscitos (y menos aún a los sondeos de opinión), sino que se asienta sobre principios normativos que no están sujetos a decisiones mayoritarias y que, no obstante, deben tener una ductilidad (lo que Hart llamaba “textura abierta del Derecho”) que no tiene toda norma jurídica, mas sí, por su configuración histórica, las normas y la jurisprudencia constitucionales.

Según los redactores del portal, la ordenanza “obligaría a los establecimientos a permitir muestras de afecto homosexual, bajo pena de multas e incluso clausura del local”. Lo que dicen entrelíneas es que cada local debiera tener la libertad para expulsar a cualquier pareja que muestre afecto homosexual. Eso sería algo claramente inconstitucional. El consultor al que citan afirma que “lo mínimo que debería hacer la alcaldesa es respetar la democracia y someter esta ordenanza al debate público. Si se resiste a hacerlo, es porque ya sabe lo impopular de su medida”. Lo último es una falacia. Lo anterior, una conveniente ignorancia. No hay mayor respeto a la democracia que exigir el respeto de la Constitución. Y si se trata del llamado núcleo de la misma, no se trata en absoluto de algo que pueda dentro de un régimen democrático someterse a votación popular o a cálculo estadístico. El portal acude a un Dr. Flores para intentar justificar bajo el principio de libertad religiosa la violación del derecho a la igualdad; eso es insostenible desde toda la doctrina y jurisprudencia constitucional.

Esa ordenanza, que seguiría también a la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU y a la reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos, no impondría pues ideología alguna; no le dice a nadie en qué debe creer (cosa que sí pretenden estos “doctores de la ley”). Lo que impone bajo los principios constitucionales de libertad e igualdad es cómo no pueden creer en lo que creen: con irrazonables tratos discriminatorios en espacios públicos. Nadie les impone que acepten dentro de sus casas o templos manifestaciones de afecto homosexual. Se trata de espacios públicos donde los municipios tienen tanta injerencia para determinar hasta qué hora se permite la venta de alcohol como —con tanto más razón— para promover el respeto a la Constitución y sancionar las prácticas que sean contrarias a ella. No se trata de fomentar la homosexualidad, tampoco. Ni siquiera les piden reconocer a los dueños de los locales algo en lo que personalmente pudiesen no estar de acuerdo, sino que, tal como se le presenta, aparece correctamente enunciada como una política municipal. Así sucede en toda sociedad que se respeta, y lo mismo, por ejemplo, en cuanto a los minusválidos (a los cuales hay la obligación de facilitarles accesos) o a los casos de racismo o machismo.

Por otro lado, a decir verdad, la ordenanza no sería “radicalmente” distinta a lo que sostiene el propio Catecismo de la Iglesia católica, en el que se afirma que los homosexuales “deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta” (2357). ¿No es lo mismo que promovería la ordenanza? Aunque, claro, los artículos siguientes ponen el parche reiterando que, no obstante, sigue siendo una conducta “objetivamente desordenada”. Unas lecciones de epistemología no les vendría mal a este respecto, para enterarse que lo objetivo, lo necesario o lo real se define en el límite de lo factible más allá de la imaginación. Un adulto es objetivamente un imbécil si cree que puede atravesar muros; no si cree que puede enamorarse de una persona del mismo sexo. Entonces el asunto pasaría quizá por que definan lo que entienden a partir de su Catecismo por “respeto”, “compasión” y, sobre todo, por “discriminación injusta”. Me temo que no haríamos sino encontrar más esencialismos precarios, juicios limitados, argumentos falaces y, en suma, un fanatismo al que la razón le resulta siempre un estorbo.

Yo creo que es un error definir la identidad, que es algo bastante complejo, a partir de algo tan limitado como las preferencias sexuales. Es sin embargo un error de nuestra época en el que tanto personas con hábitos homosexuales como con hábitos heterosexuales caen (incluyendo en ambos lados a esos católicos presuntamente asexuados). Y podría también dar varias razones de por qué creo que la discriminación, aun la que puede considerarse inaceptable en el marco constitucional, no puede ni debe desaparecer (meros motivos filosóficos). Pero sí me parece una grosera contradicción en sus principios cuando un cristiano defiende la discriminación y se escandaliza por el igualitarismo. ¡Ellos que precisamente esparcieron las ideas de igualdad y de libertad por el mundo! ¿Con qué derecho entonces rechazan que algunos grupos indios se opongan a un proyecto de ley contra la violencia intercomunitaria, que permitiría que el Estado sancione actos de violencia contra la minoría cristiana en India? Grosera es también la utilización que sus sectores conservadores hacen del concepto de democracia; el mismo uso que le han dado los fascismos de todas las épocas y tipos. En Roma aprendí a despreciar todo monarquismo. En Roma, desde luego, y no en El Vaticano. Si tengo que elegir entre apoyar a una “ideología gay” o a una moral fascista, decididamente opto por la primera.

“La opción democrática” por Henry Pease

En la segunda vuelta, los que perdimos en la primera damos un voto condicionado. Al día siguiente de estas elecciones podemos estar combatiendo o apoyando al gobierno que votamos, porque nuestra opción quedó trunca en la primera vuelta. Es el voto por lo que vemos como el mal menor.

Pero esta elección es hoy especial para quienes luchamos en la década de los 90 contra la autocracia fujimorista por medios democráticos y ganamos. Con el paso de los años, los votos de esa dinastía corrupta han crecido porque diez años de democracia fueron poco menos que austeros e incapaces de compartir con todos el crecimiento económico logrado en democracia, no en la autocracia como dice su publicidad.

Me jugué por una opción de centro aunque no he abdicado de mis aspiraciones de cambio social e inclusión que toda la vida marcaron mi opción política. Quería ahorrarle al Perú la polarización que vivimos hoy. Perdí. La derecha buscó su propio rostro, desdibujando el panorama. PPK dio todo lo que el márketing puede dar. Creyeron que podía ganar un personaje que muchos peruanos identifican con la gestión de negocios particulares y que viene a beneficiarse de una democracia por la cual no luchó ni con una sola palabra.

Es un dato objetivo a escala mundial que la dinastía Fujimori es parte de las autocracias que ningún demócrata acepta hoy. Escuchar a Martha Chávez, envanecida por los votos de la primera vuelta, amenazar al juez San Martín, que presidió el tribunal supremo que sentenció a Fujimori, nos hace pensar: ¿De qué no serán capaces si son elegidos gobierno? Volveremos a ser los parias del mundo. Pero si miran el abanico de la votación provinciana, no hay manera de imaginar gobernabilidad democrática bajo la dinastía Fujimori. La represión de los regímenes autoritarios es mayor si hay resistencia, aquí la habrá desde muchos lados.

Votaré por Humala y estaré en guardia desde el día de las elecciones por la noche. Porque los ciudadanos debemos defender la democracia y nadie –menos con título democrático– nos impedirá defender las libertades y derechos ciudadanos. No tengo poder alguno pero como ciudadano reclamo un pacto de reglas del juego. Me interesa más que se defina cómo se harán los cambios que listarlos, pues su necesidad es evidente. Pero la historia enseña que a la mala nada sale bien.

No hay alternativas intermedias como votar en blanco, no hacerlo o viciar el voto. No votar significa votar por el que gana, como lúcidamente afirmó Mario Vargas Llosa y como la historia enseña. Creo que no optar ayuda a restaurar la dinastía corrupta de Fujimori.

Fuente: Diario El Comercio, viernes 06 de mayo de 2011.

Libertad de prensa: ese derecho que en el Perú… ¿ya se respeta?

Este 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con ese motivo la Sociedad Peruana de Radio y Televisión emitió un comunicado en el que critican la propuesta de un candidato presidencial para descentralizar el otorgamiento de licencias. Al parecer no hay para ellos asunto más urgente en materia de libertad de prensa que ése. ¿Será que el nuestro es un país donde normalmente se respeta la libertad de prensa? ¿O será más bien que ellos (paradójicamente) están desinformados?

Sobre el comunicado mismo hay que observar dos cosas:

1. Dicen que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una entidad técnica. Eso no es cierto. En tanto ministerio, forma parte del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros y está directamente vinculado a la Presidencia de la República. Puede ser, eso sí, que los encargados de las licencias sean técnicos, así como también sus criterios, pero eso debe verificarse en cada caso, especialmente por no tratarse de un organismo independiente al régimen de turno. Francia, Chile y Colombia, por poner algunos ejemplos, sí son países en los que cuentan con organismos autónomos (incluso en Colombia con rango constitucional), justamente para asegurar su neutralidad política. Eso no ocurre en el caso peruano.

2. Lamentablemente, la propuesta del candidato Humala es algo confusa. He escuchado de sus voceros tanto que se formaría un organismo autónomo como que se le daría esta facultad a los gobiernos regionales. Lo segundo no salvaría la posibilidad de injerencia política, más aún teniendo en cuenta el alto índice de denuncias por corrupción en distintas regiones. Lo primero parecería lo más conveniente porque además resulta sensato mantener la centralización en la medida en que es necesario evitar la proliferación de señales que generen interferencias. Y quizá incluso pueda alternarse esta centralización del control del espectro con una descentralización de las postulaciones a través, eso sí, de los gobiernos regionales. De cualquier modo, el comunicado cierra filas con la situación actual y pierde perspectiva y objetividad. Señala sin más que es técnicamente inviable y hace indirectamente una inferencia insostenible y con una clara mala fe: la propuesta ocultaría una pretensión de controlar los medios y por ello solicitan respetar la libertad de prensa. Parecen no advertir que el que se plantee una cierta descentralización o que el control de las licencias deje de estar “al alcance de la mano” del Presidente es ya una señal en contrario, y que, por lo mismo, plantear que la situación debe mantenerse como hasta ahora, es seguirle sirviendo la mesa al Presidente. Claro, se comprende entonces que el problema para ellos no es tanto la institucionalidad que garantice la libertad de prensa, sino si el Presidente que suceda a García será igualmente amigo suyo o no.

Muy aparte de lo que preocupa a la dirigencia de dicha sociedad (una sombra chavista, al parecer), lo cierto es que en el gobierno del presidente García se han cerrado más medios que en el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Las justificaciones aquí y allá son las mismas: incumplimientos técnicos. Y lo “sospechoso”, aquí y allá, es lo mismo: se cierran medios que se caracterizan por tener una línea editorial o a periodistas críticos con la gestión presidencial. Teniendo en cuenta que estamos en el Perú (aquí y no allá), convendría hacernos algunas preguntas: ¿Por qué han pasado desapercibidos esos cierres para nosotros y, con mayor razón, para esta prensa (que felizmente no es toda)? ¿Cómo así se le otorga a “lo técnico” una presunta neutralidad política y qué tan fácilmente nos engañamos al respecto? ¿Quién instituyó entre nosotros la moda de los tecnócratas? ¿Son estos máquinas diseñadas para no tener preconceptos ni intereses políticos o económicos detrás? ¿Por qué la Sociedad Peruana de Radio y Televisión está tan preocupada por lo que ocurre en Venezuela (como cuando emitieron su comunicado sobre ese país en agosto de 2009) y no sobre lo que viene ocurriendo en el Perú? Preguntas retóricas, pero no inútiles.

Caricatura de Heduardo publicada en El Otorongo.

El cierre más escandaloso en el quinquenio de García ha sido la emblemática radio La Voz de Bagua, a la que acusó además de incitar a la violencia en el recordado “Baguazo” brindando información “falsa”. El mejor modo de verificar que un gobierno que se denomina democrático es en verdad autocrático es cuando la información que presumen falsa no la refutan en los tribunales, sino a través de un ministerio. Igualmente, cuando mediante denuncias penales se afirma que la crítica amenaza la gobernabilidad democrática, se comprueba que el término “democracia” está siendo usado engañosamente y que los sustentos jurídicos de dichas denuncias son deleznables.

A pesar de las protestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y a pesar de que La Voz de Bagua recibió el Premio Guardián de la Libertad de Expresión, otorgado por la institución Index on Censorship del Reino Unido, el Gobierno no ha dado marcha atrás. A propósito, la Sociedad Peruana de Radio y Televisión tuvo un silencio contundente. El silencio también es una forma de decir algo; en este caso, algo muy complaciente con el régimen de García y su tesis de que los que le critican no son más que “perros del hortelano” y “ciudadanos de segunda categoría”.

El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Juvenal Silva, manifestó hace un año que citaría con carácter de urgencia al ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, para que aclare documentadamente las razones por las cuales se han cerrado más de cien radios en localidades como Abancay, Andahuaylas (Apurímac), Arequipa, Ayacucho, Bagua (Amazonas), Barranca, Cañete (Lima), Cajamarca, Huancayo (Junín), Chiclayo (Lambayeque), Puno, Urubamba (Cusco) y Tacna, pero nada ha sido hecho al respecto. Es razonable preocuparse por el respeto que tendrían los candidatos a la Presidencia (ambos) con la libertad de prensa; lo que no es razonable es no atender los casos actuales de censura y persecución de la prensa, así como dejar que el criterio máximo para el otorgamiento de licencias sea la “desinteresada” voluntad del mercado, sin preocuparse por atender criterios de contenido educativo y de inclusión social.

Fujimori sobre la regulación de Internet. Entre la “burrada” y el verdadero riesgo autoritario

Marco Sifuentes ha publicado en su blog una interesante y amena nota sobre la propuesta de la candidata Fujimori, hecha en su exposición en el IPYS, acerca de que “Internet debe ser regulado en cuanto a contenidos que podrían afectar a menores de edad”. La nota parte de la constatación de que los gobiernos que promueven un tipo de censura acerca del contenido total de la Internet lo hacen apelando a la protección de los niños, como en China. Luego, Sifuentes empieza a imaginar un escenario posible ante un eventual gobierno de Fujimori, pero que no deja de ser (ni intenta dejar de ser) un recurso imaginativo. Al final de la nota, sin embargo, menciona dos Proyectos de Ley presentados por la congresista en los años 2006 y 2007. Creo que ellos dan algunas luces más sobre lo que dichas declaraciones estarían implicando.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 el 29-04-2011

1. La “burrada”:

El Proyecto de Ley 00612/2006, suscrito por Keiko Fujimori y avalado por su bancada, propone que los jueces tengan la facultad de conocer y controlar las comunicaciones electrónicas a partir de las direcciones I.P. (Internet Protocol), así como también que los usuarios de cabinas de Internet estén obligados a dar su nombre y número de DNI a los que las administran para que estos lleven un registro no menor a seis meses. Según Fujimori, esto incidiría directamente contra el comercio sexual de menores de edad. La verdad es que el proyecto es un documento vergonzoso, sobre todo por su exposición de motivos. En primer lugar, ésta no incluye un adecuado estudio que explique el estado de la situación y que sirva por lo tanto como justificación del proyecto. Simplemente se dice que existe pornografía infantil y que según una página de Internet en América Latina los sistemas legales son muy permisivos al respecto. Ni una cifra, ni un solo porcentaje adecuado a la realidad nacional, nada de nada. En segundo lugar, dicha exposición menciona también la necesidad de controlar “los programas de archivos compartidos” o Peer-to-Peer (P2P), entre los que menciona a Kazaa y a Gnutella. Curiosamente (así de malo es el proyecto) el documento reconoce que los usuarios de estos programas no pueden ser reconocidos y, acto seguido, cambia de tema. Otra “novedad” que les preocupa es lo que denominan “representaciones virtuales de menores en actitud sexual”… Si alguien puede explicarme lo que esto significa y por qué sería delictivo, se lo agradeceré. ¿Se refieren acaso a una suerte de animación, tipo hentai? Y si así fuese, ¿también deberíamos desaparecer los huacos prehispánicos eróticos en los que aparezcan menores de edad? Ni siquiera el análisis de costo y beneficio es presentable. Al solicitar esto en la forma de proyectos de ley se está pidiendo expresar si el proyecto en cuestión supone un gasto para el presupuesto nacional y si sus beneficios, sean o no económicos, en todo caso lo justifican. La congresista Fujimori y sus asesores sólo colocan que el costo es para los pederastas y el beneficio para “el resto de la Nación”.

Lo que sí queda claro tras la lectura de la mencionada exposición de motivos es que, como sugería Sifuentes en su nota, no le basta a la autora del proyecto con el control de acceso a través de filtros en las cabinas públicas, sino que desea que haya un control ulterior en el ámbito de los servidores de Internet. Sin embargo, como a los tiranos de Egipto, Libia y demás, sus pretensiones chocan con la realidad, y en primer lugar con la realidad de su propia ignorancia. Sifuentes sugiere que Fujimori tiene una decidida aunque oculta pretensión autocrática. Yo creo que eso, en este asunto al menos, opera más en su subconsciente. Como se sabe, eso no significa que no se materialice, pero sí que está mezclado con lo otro que expresa, que serían “burradas” auténticas (y también, por supuesto, auténticas “burradas”). La primera de ellas es que buscar el origen de una determinada información a través de las direcciones I.P. no es algo seguro, pues existe infinidad de programas que permiten crear direcciones “artificiales” y mudarse continuamente entre ellas, de modo tal que no puedan ser rastreadas, no sólo por la policía, sino sobre todo por otros programas o páginas que así lo requieren. Por eso mismo en China, que no se andan con medias tintas y si tienen que aplastar con tanques a los opositores lo hacen, decidieron filtrar el acceso de todo el país a la Internet. Y aun así tienen que seguir enfrentando a los hackers. Lo otro es lo relativo a los programas Peer-to-Peer que ya he mencionado, sin olvidar que la información personal que uno dé en cabinas públicas puede ser tan falsa como las placas de los automóviles robados… En suma, demasiada necesidad de control y ninguna capacidad crítica para pensar estrategias más astutas contra las redes de pornografía infantil. ¿O será efectivamente sólo un pretexto?

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 el 22-04-2011

El Proyecto de Ley 02203/2007, presentado casi un año después, abandona la idea del registro de cabinas de Internet, lo que abona a la tesis de que eso no era lo que realmente les interesaba, y mantiene lo de la intervención y control de las comunicaciones privadas por medio del I.P. en casos excepcionales. ¿No es por lo menos curioso que la candidata Fujimori haya estado como congresista tan empeñada en ampliar las facultades de control del Estado en dichos casos de excepción? La respuesta la da en la respectiva exposición de motivos: es que lo excepcional es eficaz (justamente porque no hay tanto derecho que respetar). Y en este mismo documento muestra —sin querer queriendo— que la pedofilia era sólo un ejemplo útil entre otros como el tráfico ilícito de migrantes (que había sido incluido con la Ley 28950). En el proyecto de Fujimori cada uno de estos ejemplos no parece ser más que pretextos para ir ampliando el espectro de la excepcionalidad; es decir, convertir lo excepcional en práctica común bajo el alegato de que funciona. Y las empresas que no facilitaran la intervención de sus clientes incurrirían en responsabilidad penal. Por lo demás, el proyecto es el mismo y tiene las mismas fallas del anterior. Qué gusto el suyo por las facultades soberanas, sin oposición (estorbo legal) posible. Claro está que estas no son facultades presidenciales, pero, uno, nos dicen algo de la personalidad de su autora y, dos, desgraciadamente en el Perú (más aún en un régimen como el de su padre) el Poder Judicial no está tan separado del poder político como quisiéramos.

2. El riesgo autoritario:

Más allá de las torpezas de algún proyecto de ley, se deja entrever en Fujimori una clara vocación autocrática que no debiera preocupar menos que la del candidato con el que compite por la Presidencia de la República. En ese sentido, no deja de ser llamativo que en ambos proyectos concluya con un testimonio de parte acerca de por qué eligieron el tema de la pornografía infantil entre los pocos que a la legisladora Fujimori (que tiene más de 400 inasistencias al Congreso y sólo 17 proyectos en cinco años) se le ocurrió abordar:

La pornografía infantil y la pedof¡lia son temas que generan reacclones tan viscerales que mucha gente se muestra d¡spuesta a sacrificar sus propias libertades civiles en función de mayores controles que eviten la proliferación de material y perm¡tan la detección y desmantelamiento de sus redes. (p. 4)

Que Fujimori sabe manipular a la gente para empobrecerla más intelectualmente (por eso la apelación a lo visceral), vaya que lo sabe. Tantos años viviendo con “el tío Vladi” no han sido en vano. Si no, no estaría en segunda vuelta. Y que ahora diga que los estados excepcionales que justifican sacrificios de la libertad son cosa del pasado que no se repetirá, suena francamente muy poco creíble cuando se observa que es algo tan instalado en su mentalidad.

Un último punto de la nota de Sifuentes sobre el que quiero llamar la atención es la mención de The Great Firewall of China (la Gran ¿Muralla-filtro? de China). Detrás de lo anecdótico está un asunto serio: la transición de los autoritarismos al “mundo virtual”, especialmente por las redes sociales y de transmisión de información. Es hasta cierto punto un efecto esperable de la “digitalización” de la cosmovisión moderna, pero por ello mismo es algo interesante. Además, un simpatizante de la candidata Fujimori le comenta a Sifuentes que el candidato Humala está más cercano (por su presunto comunismo) a la ideología china. Es curioso cómo algunas personas sostienen que el mundo ya no funciona a partir de ideologías, que eso es cosa del pasado, y sin embargo se sirven de ellas para descalificar con una falacia al que supuestamente no se habría dado cuenta de esa “verdad”. En realidad, ni una cosa ni la otra son ciertas. La tesis que propugna el ocaso de las ideologías políticas es en sí misma ideológica, sólo que expone la ajena y oculta la suya. Y de igual manera, la tendencia autoritaria no depende propiamente de la ideología que se tenga, sino de condiciones intelectuales y hábitos que son, por decirlo así, previas a toda determinación ideológica. Y entre esas condiciones sobresalen dos: la tenencia de poder y la carencia de autocrítica y crítica externa. Lo primero lo da el mismo cargo de Presidente de la República (y de político en general). En lo segundo no son precisamente modelos de virtud ni la candidata Fujimori ni el candidato Humala. A ambos habrá que ponerles vallas eficaces (políticas pero también jurídicas) contra sus eventuales decisiones autocráticas. No obstante, en este punto, existe una diferencia importante entre ambos: la candidata Fujimori está rodeada de toda la gente (la que no está en prisión) que en el gobierno de su padre se volvieron expertos en saltar todas las vallas legales contra su pretendida re-reelección. En el Congreso lo hicieron descaradamente: destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional, controlaron a través de Montesinos (videos 806 y 807) el Consejo Nacional de la Magistratura (órgano de control de los jueces) y la Fiscalía de la Nación (controlando las acusaciones penales), interpretaron “auténticamente” el texto de la Constitución sobre la imposibilidad de una segunda reelección, amnistiaron a los miembros del Grupo Colina, etc. Claro, todos ellos, salvo Martha Chávez que se mantiene “en sus trece” y por eso ha sido desautorizada y silenciada, por alguna milagrosa razón y de un día para el otro se muestran arrepentidos y “resocializados”. ¿Deberíamos confiar en que, esta vez, si les colocamos las vallas necesarias no se las saltarán olímpicamente? En vista de que se trata de la misma red de corrupción perfectamente articulada y esperando capturar el Estado, yo no me permito una confianza tan ingenua. Como decía Alberto Fujimori hace algunos años: “en política no se puede ser caído del palto”.

Caricatura de Heduardo publicada en Perú 21 el 30-04-2011