“Lo no dicho en los conflictos de Puno” por Yonhy Lescano

Como congresista fui facilitador para buscar solución a los últimos conflictos en Puno. Sobre este asunto algunos han  tergiversado la verdad. Los hechos han sido los siguientes:  El primer conflicto se pudo resolver en 48 horas: comunidades aymaras del sur de Puno reclaman desautorizar a la mina Santa Ana de la transnacional Bear Creek Mining Company, que consiguió concesiones de 5000 hectáreas en el sistema hídrico del Titicaca utilizando testaferros, delitos y corrupción. Si el gobierno hubiera tenido voluntad política y hubiera revisado los documentos que revisé en una hora, los problemas se pudieron haber resuelto en 48 horas y no en más de 40 días. El segundo pedido de los comuneros aymaras era la cancelación de las concesiones mineras otorgadas al sur de Puno, pero la solución final contempla la consulta previa a los pueblos indígenas conforme al Convenio OIT 169.

Segundo conflicto: La provincia quechua de Ayaviri, Melgar, del norte de Puno, reclama el cierre de la mina La Poderosa y la cancelación de las concesiones mineras. El gobierno decide el cierre de dicha mina por no contar con autorización para uso de agua para explotación; e igualmente se contempla la consulta previa para resolver el pedido sobre las demás concesiones. En estos dos conflictos no se produce ningún enfrentamiento ni pérdida de vidas humanas.

Tercer conflicto: La provincia quechua de Azángaro reclama por la contaminación del río Ramis, afluente del Titicaca, causada por la minería informal. Este pedido se hizo hace 5 años, pero el gobierno no hizo las obras requeridas. Esto provocó los hechos del aeropuerto de Juliaca. Solicité 13 días antes en calidad de muy urgente, con reiterados escritos, que se reciba a los azangarinos, pero el gobierno recién lo hizo el 23 de junio. Horas después, el día 24, se estaban produciendo los muertos, heridos y daños en el aeropuerto de Juliaca. Ni aymaras ni quechuas de Ayaviri participaron en esos hechos. Sobre esto, algunos medios de prensa desinformaron, señalando que los aymaras fueron los autores.

En estos conflictos, que se produjeron separadamente, se infiltraron politiqueros y se cometieron actos violentos que no justificamos; pero eso no fue determinante en el reclamo de las comunidades. Lo cierto es que el gobierno ha otorgado concesiones en los lugares más increíbles, sobre plazas públicas, restos históricos y fuentes de agua, amenazando tierras, medio ambiente y actividades agrícolas. Para deslegitimar las protestas algunas mineras han contratado a “especialistas”, individuos pagados que por medios de prensa difaman y satanizan los reclamos y a quienes descubrimos la corrupción de algunas mineras. También se dijo que había pedido el 2004 que haya minería en un distrito aymara, lo cual es falso, pues solo se trasladó el pedido de un alcalde distrital para que sea resuelto por el Ejecutivo conforme a ley, pero ese hecho se trató de tergiversar y aprovechar  por el gobierno y las mineras.

Se ha llegado a la temeridad de mezclar los reclamos con contrabando, narcotráfico y terrorismo. El contrabando en Puno tiene varias décadas y el narcotráfico está enclavado en algunos lugares de la selva puneña del norte, lo cual no tiene conexión con los pedidos de las comunidades. Los subversivos también están en las manifestaciones, pero no tienen fuerza suficiente para dirigir las comunidades. Algunos son torpes al conceder a los violentistas atributos que no tienen.

Finalmente, se dice que producido el retiro de una concesión minera,  ingresará la minería informal. En los dispositivos que expidió el gobierno, me encargué que se diga que  no ingresará minería formal ni informal en las desautorizadas concesiones para cautelar el agua, los alimentos y  el medio ambiente que representa la vida. Esa es la verdad sobre los conflictos de Puno, todo está documentado y con pruebas.

Yonhy Lescano es Congresista de la República. Publicado en el diario La República (15-07-2011).

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2 Respuestas a ““Lo no dicho en los conflictos de Puno” por Yonhy Lescano

  1. Reproduzco este claro y necesario artículo del congresista Lescano porque a partir de él hay varias reflexiones que hacer.

    En primer lugar destaca la opinión fácil, altamente prejuiciosa y poco informada del ciudadano común de Lima, que ignora los matices de los conflictos (algunos con años de duración) que ocurren al interior del país. Desde luego que ello no tiene que ver sólo con el desconocimiento de los conflictos y sus contextos, sino incluso con el desconocimiento de los peruanos que allí habitan. ¿Cuánta gente en Lima sabe -aun ahora- que en Puno hay pueblos aymaras y también pueblos quechuas?

    Lo segundo es la alarmante desinformación de la prensa nacional, fundamentalmente la televisiva. Salvo un programa periodístico (Prensa Libre de Rosa María Palacios, que tampoco estaba tan informado pero era un poco más cuidadoso), todos los medios informaron del intento de toma del aeropuerto de Juliaca en el marco de las protestas de los aymaras en Puno, inculpando incluso al líder Aduviri, cuando en realidad se trataba de otro conflicto a causa de la minería informal, con cinco años de desatención y por comunidades quechuas (no aymaras). Esa misma desinformación la tienen para querer implicar irresponsablemente a los manifestantes con el contrabando (que el Estado permite), con el narcotráfico y hasta con el terrorismo. Quizá la Defensoría del Pueblo podría tomar un rol más activo para evitar en este punto calumnias que calan con facilidad en los limeños porque se condicen bien con el prejuicio de que esa gente sin educación son como borregos que se dejan llevar acríticamente por los azuzadores de turno.

    En tercer lugar, tenemos la ya habitual ineptitud del gobierno central para dar solución a problemas relativamente sencillos. Aunque obviamente esto no es sólo por incapacidad, sino también por desprecio a los habitantes “premodernos” de esas zonas y por intereses económicos que llevan a menudo a que el Estado avale actos de corrupción y abuso.

    Y un último punto puede ser la facilidad con la que el sector privado defiende los compromisos que el Estado asume con ellos, pero no los compromisos que el mismo Estado internacionalmente (como el Convenio 169 de la OIT), a los que no les importa contradecir, sin advertir que son de mayor jerarquía jurídica al punto de invalidar la eficacia de un determinado contrato.

    Un conflicto más, con muertos, con políticos que no se responsabilizan por ello y que mañana ni los diarios ni la gente en Lima recordará. “Un conflicto más, mientras no me quite mi dinero, qué importa”.

  2. gracias por la informacion esta vueno

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