El decepcionante gobierno de García en materia de derechos humanos (Amnistía Internacional)

Esta semana, Amnistía Internacional ha publicado (puede descargarlo aquí) su Informe Anual 2011 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Este informe, que será presentado en nuestro país el próximo 20 de mayo a las 19:30 hs. en el Centro Cultural El Olivar de San Isidro, incluye una evaluación sobre el Perú que es una buena conclusión sobre la decepcionante labor de García en esta materia. Las razones allí recopiladas son las siguientes:

1. Hubo protestas generalizadas contra el impacto social y ambiental de diversos proyectos de desarrollo en gran escala. La respuesta de García a los mismos fue promulgar un decreto aún vigente que permite el despliegue del ejército para controlar las protestas civiles.

2. En junio de 2010, García rechazó promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que era acorde con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que el Perú ha suscrito, y con la cual se buscaba evitar conflictos como el de Bagua en el 2009. Este proyecto de ley —es importante señalarlo— había sido consensuado en el Congreso con la participación de diversas comunidades nativas.

3. En relación con lo anterior, el gobierno de García tampoco acató la sentencia que en junio del mismo año emitió el Tribunal Constitucional, en la que se ordenaba crear un marco legal que garantizase la consulta de los pueblos indígenas afectados por proyectos de desarrollo. Al contrario, se pudo verificar la entrega de concesiones a empresas petroleras “sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas”.

4. No hubo progresos sustanciales en los procesos que debían hacer justicia por las 33 personas muertas durante el conflicto de Bagua. La impunidad con los responsables directos y el acoso a los dirigentes nativos es lo que se ha impuesto hasta el momento.

Caricatura de Heduardo publicada en El Otorongo.

5. Se ha puesto en riesgo la permanencia en suelo peruano de dos sacerdotes extranjeros que realizan labores de defensa de los derechos de las comunidades locales, con la excusa de que atentan contra la seguridad pública.

6. Se encarceló por siete meses a los líderes sindicales Pedro Condori y Claudio Boza, de manera totalmente infundada.

7. Las mujeres, especialmente indígenas y mujeres de ingresos bajos, siguieron teniendo obstáculos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

8. El uso excesivo de la fuerza pública, regulado por el Decreto Legislativo 1095, resultó en la muerte de cinco manifestantes en Chala (abril de 2010) y otros dos en Islay durante este año.

9. El gobierno de García, a pesar del reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha iniciado la reparación a las miles de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento por el gobierno de Alberto Fujimori, tal como se comprometió el Estado peruano en el 2003. Así tampoco se ha dado un esfuerzo satisfactorio por cumplir las reparaciones individuales propuestas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

10. El Gobierno promovió con el Decreto Ley 1097 una amnistía para los autores de violaciones de derechos humanos en el pasado. El Congreso derogó finalmente dicho decreto, pero mantuvo otros dos que permiten que se juzgue a los militares acusados por violaciones de derechos humanos en el fuero militar, y no en el civil como lo ha dispuesto también el Tribunal Constitucional.

Hugo Relva, representante de la institución, ha calificado por ello al gobierno de García como decepcionante. No se equivoca, pero poco era esperable que sobre esta materia hiciese quien, más allá de su “ego colosal”, ha revelado siempre en sus declaraciones y en sus escritos (como El perro del hortelano) un profundo desprecio por el diálogo (uno que sea auténticamente tal y no pretenda imponer una agenda de desarrollo), así como por las decisiones que las comunidades locales toman respecto de su entorno desde cosmovisiones distintas a la suya. Esta casi inexistente voluntad de diálogo ha sido una práctica sistemática dentro del régimen que culmina en los próximos meses, para el cual los que protestan son “ciudadanos de segunda categoría”. Esperemos que el próximo gobiernante no mantenga estas malas prácticas.

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