Fujimori propone la despenalización de la difamación. Un argumento “kantiano” en contra

En sus exposiciones ante la prensa nacional e internacional en el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), los candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori han prometido respetar la libertad de prensa. La candidata Fujimori, sin embargo, ha ido más lejos proponiendo (complacientemente para los periodistas) la eventual despenalización del delito de difamación (artículo 132 del Código Penal). Que no se trata de una afirmación razonada sobre el estatuto jurídico de la calumnia, la injuria y la difamación, sino de una propuesta populista y vaciada de sustancia como las que comúnmente hace el fujimorismo y que esconde prerrogativas neoliberales, lo demuestra el hecho de que sólo se refiera a la difamación, pues está apuntando en realidad a un aspecto en específico: la sanción con pena privativa de la libertad (prisión), tras lo cual se esconde un velado intento por privatizar aún más el sistema jurídico peruano. Algo de esto se discutió, aunque de manera bastante ligera, cuando se encarceló a la popular conductora de televisión Magaly Medina, y los políticos —el Presidente de la República incluido— aprovecharon para jalar agua para sus molinos.

La pregunta es entonces doble: en primer lugar, si se debe sancionar este delito con prisión efectiva, que es lo que muchos ven como exagerado, y en segundo lugar si se debe despenalizar (sacar del Código Penal) la difamación (y asumimos que los otros dos tipos de delito contra el honor también), tal como la candidata ha propuesto, dejando su protección al dominio de lo privado y, por ende, únicamente en términos de las reparaciones económicas del Código Civil.

La tipificación de los delitos contra el honor en el ordenamiento penal responde a que se asume como un bien que es de interés público proteger y reparar, no en términos de los daños y perjuicios a los que hubiese lugar y que son atendibles en el fuero civil, sino en términos del daño hecho a la sociedad en su conjunto. Los “pragmáticos” del fujimorismo alegarán que “sociedad” es una abstracción engañosa, pero no es así. La permisividad frente a la difamación genera una alteración de la vida social; tal como la hubo, por ejemplo, en la época en que el gobierno de Alberto Fujimori, a través de Vladimiro Montesinos, pagó a diversos dueños de periódicos para que se dedicaran a insultar y difamar a los opositores al régimen. La prensa peruana aún no se repone del todo de esas prácticas (véase por ejemplo al diario Correo). Kant nos proporciona también una aguda reflexión que podríamos mencionar aquí para tener en claro por qué las reparaciones no pueden ser únicamente monetarias.

En su Metafísica de las costumbres (p. 332), a propósito del principio de igualdad en el derecho (que también opera en la valoración de la reparación), el filósofo observa el peso que tienen las diferencias de las posiciones sociales, sosteniendo que “la multa por una injuria verbal no guarda relación alguna con la ofensa, porque quien tiene mucho dinero puede permitírsela perfectamente por placer alguna vez”. A lo que apunta Kant es a la imposibilidad (teórica) de equiparar una suma de dinero con el daño hecho al honor. Para evidenciarlo, sin embargo, se sirve de un caso práctico que nos posibilita incluso a no compartir sus presupuestos filosóficos y seguir advirtiendo la desigualdad, la falta de correspondencia y la promoción de injusticia que allí se hace para aquél que por su dinero se puede permitir ser injusto. En el caso peruano fue peor aún, porque no sólo los dueños de la llamada “prensa amarilla” tenían todo el dinero que por publicidad o directamente les diera el gobierno de Fujimori, con el cual podían tranquilamente no preocuparse por pagar multas, sino que además éste les garantizaba impunidad a través de su control del sistema judicial (especialmente con los jueces provisionales y el Ministerio Público). Teniendo esto presente, no resulta tan cándida ni desinteresada la propuesta de la candidata Fujimori.

Pensando en los términos de su época, Kant proponía que “la ofensa inferida al pundonor de uno puede llegar a equipararse al daño infringido al orgullo del otro, si se obligara a éste, por juicio y derecho, no sólo a retractarse públicamente, sino también, por ejemplo, a besar la mano de aquél, aun cuando sea [socialmente] inferior”. A pesar de que la lejanía de su época se deje sentir, hay que reconocer el espíritu de estas líneas: causar daño al honor de alguien implica una ganancia en el orgullo de quien lo causa. Quizá el ejemplo de Magaly Medina sea en esto más que evidente, pues la conductora aumentó su orgullo y su vanidad a tal punto que se creía superior a la justicia misma, más aún con todo el dinero que gana en su programa, y lo llegaba a admitir públicamente, hasta que fue finalmente encarcelada según lo previsto en el Código Penal. Esto se dio por la consideración de una reincidencia frente a la cual la jueza estimó que el único modo de detenerla era ése (habiendo pasado ya por el servicio comunitario). A lo mejor, entonces, Kant estaba en lo cierto cuando proponía menoscabar ese orgullo de algún otro modo, y justamente unas líneas después, aunque en referencia a una situación más grave, agrega que puede ser conveniente la sanción a través de “un arresto aislado y doloroso [entiéndase en sentido moral], porque así, además de sufrir la incomodidad quedaría dolorosamente afectada la vanidad del autor y de este modo —mediante la vergüenza— se pagaría con la misma moneda, como es debido” (p. 332-333). Esto último es, desde luego, opinable, pero está claro el punto de que la retractación y la multa no parecen suficiente desagravio para el daño inferido, tanto a nivel individual como sobre todo en lo que se refiere al interés social por promover una sociedad mejor informada, menos agresiva y más respetuosa consigo misma. Lo que no hay que perder de vista, pues, es que la penalización de la calumnia, la difamación y la injuria responde precisamente a ese interés público en la protección del honor. Despenalizarlas supone abandonar el carácter social que tiene el mismo aun cuando los involucrados son dos particulares. La candidata Fujimori parece no comprender (o que no le conviene comprender) por qué a algunos nos interesa preservar la corrección pública de esa cosa exagerada para ella en nuestro ordenamiento: el derecho al honor.

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