Así como el viejo capitalismo inglés tenía a sus escuadras navales para “proteger sus intereses”, lo que implicaba ejercer la debida presión a través del miedo para concretar sus negocios, así también el gran capital de hoy, nacional y extranjero, tiene al Estado peruano. La avanzada de este capitalismo en el plano político ha consistido en volverse más sutil para no tener que obligar, con una exhibición armada en el Callao, a un Estado que, por su parte, se ha vuelto tanto menos coercitivo en relación con las masas como también más fácil de corromper por una partidocracia y una burocracia cada vez menos comprometidas con principios políticos. La cuestión era básicamente esta: ¿para qué amenazar a un Estado que se puede privatizar? Esto fue luego reforzado en el plano ideológico, incorporando en el sentido de la población, fundamentalmente urbana, la idea de que era mejor que en todos los campos dominara la mentalidad técnica*, bajo la promesa de la eficiencia como salvación ante todos los males, trayendo como contrabando que el sentido de lo público debiera prácticamente desaparecer bajo la égida de lo privado y su mito de la autorregulación. Bien pronto se hizo evidente la posibilidad de la tiranía allí y hubo que recurrir a distintas formas de regulación externa.** En ese sentido, las regulaciones jurídicas han seguido un largo trecho, de manera a veces quizá muy lenta, pero con paso seguro, aunque dentro de las limitaciones de su ámbito de acción. Empero, esto no se fue logrando sin la resistencia del capitalista y su escuela economicista del derecho, sobre todo cuando el derecho abrió la posibilidad de revisar y anular cláusulas de contratación abusivas u ominosas.
Ahora bien, es en lo propiamente político que el Estado viene quedándose atrás, no por inercia, sino por la acción directa de los beneficiados; a saber, aquellos que crean redes de financiamiento (como la de los congresistas cuyas campañas fueron auspiciadas por mineras) y que, consecuentemente, lo invocan para que defienda sus intereses. Claro que esto no sucede de manera explícita, sino en nombre de alguna abstracción biensonante que los oculte: el libre mercado, la libre competencia, etc. En verdad, nunca el concepto de libertad suena tanto a moneda barata como cuando se le usa para oprimir: si no quieres contratar conmigo, aunque mis condiciones te sean desfavorables, te amenazo con irme y con que te vas a quedar pobre. Como eso no funciona, no porque quieras quedarte pobre sino porque estás consciente (y no hay modo de que dejes de estarlo) de esas condiciones perniciosas, te acuso de “egoísta” (que es la acusación predilecta de la Confiep). Pero como no cedes y en verdad yo, en mi egoísmo, no tengo la más mínima intención de irme, le ordeno al Estado que saque a sus policías y militares para someterte y convencerte de “dialogar”, lo que en verdad no es diálogo alguno sino que aceptes mis condiciones.
En ese contexto, que no es el caso de los pequeños empresarios, no es sorprendente que las autoridades locales y regionales concentren la resistencia en contra de un Gobierno central que no es capaz de anteponer los intereses públicos a los privados. Si el Presidente se queja de que esos líderes están movidos por intereses electorales, algo que además es difícil de probar porque incursiona en el ámbito personalísimo de las intenciones, alguien debiera decirle que el mejor modo de desinflar intereses de ese tipo es mostrando que el Estado no está al servicio de intereses privados; esto es, resistirse a que la política toda caiga dentro del reduccionismo economicista. Es importante resaltar que también en ese sentido los políticos son responsables -sin que lo asuman- de aumentar el desprestigio de la minería y de la política representativa, así como la violencia. ¿De qué puede sensatamente servir una comisión multisectorial enviada por el Gobierno si todos esos sectores reducen el asunto político a un análisis de costo-beneficio? Hay que tener una ceguera y una sordera absolutas para no reparar que, de todos los reclamos de las poblaciones de Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Piura, Iquitos…, la mayoría no tiene nada que ver con si la minería crea suficiente empleo o no, o si mejora los servicios de los poblados o no. Hay también principios políticos, tradiciones ecológicas, principios morales, creencias sobre lo que implican la amistad, la confianza, la hospitalidad, etc. Y sin embargo incluso las acusaciones que se les lanza son meramente técnico-económicas: que son gente calculadora, que estarían siendo pagados… No se trata de santificar a nadie, pero mientras se siga pensando al desarrollo desde un punto de vista exclusivamente económico, y por más que se le califique como sostenible, no habrá relaciones sostenibles entre empresa, Estado y sociedad civil en el Perú.
Por otro lado, en cuanto a los empresarios mineros, si tomasen en serio sus propias palabras respecto a una minería responsable y un desarrollo sostenible, mal harían en pretender que la política se conduzca únicamente desde criterios económicos (así sean también microeconómicos o redistributivos). Esto no significa que deban ellos abandonar el predominio que le conceden a su racionalidad instrumental (alguien tiene que hacerlo), pero sí que no absoluticen y pretendan que todos la tengan y se atengan a ella. Es necesario que lo político no se reduzca a ello, pues sólo así pueden comprenderse posiciones de muy diversa índole que exceden ese reduccionismo ideológico.
Que nuestros grandes empresarios nunca hayan tomado una clara distancia con el fujimontesinismo y apostaran por volver a “contratar” con esa gente en las últimas elecciones, no se debe sólo a una cuestión de intereses y miedo por el otro candidato, sino que, en el fondo, ambos comparten la misma lógica: todo es negociable; todos tienen un precio. Por ello, si alguien se resiste, hay que comprar su conciencia. Si se sigue resistiendo, se le amenaza (de eso puede dar fe Marco Arana, como lo probó una unidad de investigación de La República). Si eso tampoco funciona y no se logra ensuciar su imagen pública (algo bastante recurrente), hay que hacerlo desaparecer (o al menos encerrarlo). La única diferencia es que en el gobierno de Fujimori era el mismo Estado quien tenía la sartén por el mango, gracias al control corrupto de Montesinos al que estos empresarios se habían sometido, mientras que ahora son estos últimos los que mantienen controlado al Estado con la anuencia de los gobiernos de turno y de no pocos periodistas.
Así como las comunidades tienen sus frentes de lucha, el Gobierno se dispone bien como el frente de lucha de los empresarios mineros. Por eso también hay comunidades que no tienen una comisaría, mientras que al costado, en el campamento minero, tienen una comisaría propia. ¡Por supuesto que la minera es tan generosa que está dispuesta a prestar a sus policías! Este es quizá el más aberrante ejemplo de cuánto ha logrado esa mentalidad económica someter en la realidad lo público a lo privado en manos de unos pocos: haciendo de ese Estado reducido su baja policía. Si hay que eliminar una laguna, ¿qué puede importar que se le considere divina? Ese es un pensamiento primitivo, como lo calificaban Alan García y su decimonónico antropólogo, Juan Ossio. Hay que decirlo nuevamente: mientras se siga pensando al desarrollo desde un punto de vista exclusivamente económico, y por más que se le califique como sostenible, no habrá relaciones sostenibles entre empresa, Estado y sociedad civil en el Perú.
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* Ya el mito de Prometeo en el Protágoras de Platón hablaba de cómo la técnica prometeica, con toda su astucia, no alcanzaba para obtener el saber político.
** No es casual que Fujimori prometiese tecnología. En su mismo gobierno, en el que promovió privatizaciones indiscriminadas, tuvo que echarse atrás un poco y conceder al menos entes reguladores para los servicios públicos privatizados.
Arturo Rivas
